La escena es simple: Sheinbaum quería foto de “luna de miel” con Washington y salió retratada como fiadora política de gobernadores incómodos para la justicia de EE.UU.
La visita que salió mal
La reunión con MarkWayne Mullin, Secretario de Seguridad Nacional de los EE.UU, estaba pensada como relanzamiento de la relación bilateral, con narrativa de “nueva etapa” y cooperación ejemplar. Lo que terminó ocurriendo fue lo contrario: los funcionarios estadounidenses la describen como un encuentro frío, sin acuerdos sustantivos y con choques directos en el tema que más les importa: las redes político-criminales en México.
Desde el minuto uno, Washington puso sobre la mesa su prioridad: reforzar la lucha contra lo que ya llaman “grupos narcoterroristas” mexicanos, no sólo a balazos ni con discursos, sino desmontando la protección política que los mantiene intocables.
La exigencia: entreguen a Rocha Moya
Mulling fue directo: México tiene que entregar a Rubén Rocha y a los otros siete implicados en la trama que ya reventó en tribunales de Estados Unidos, después de que Gerardo Mérida (ex secretario de Seguridad) y Enrique Díaz (ex secretario de Finanzas) se entregaran, se declararan culpables y entraran en proceso judicial allá.
Ese movimiento cambió el estatus legal del resto del grupo, empezando por el gobernador Rocha, que pasó de presunto a pieza central de un caso donde ya hay confesiones y cooperación con fiscales estadounidenses. La respuesta de Sheinbaum fue el manual clásico: “los juzgamos en México, no hay pruebas suficientes”, como si la frontera fuera un muro también contra la presión judicial internacional.
La lista negra: gobernadores en la mira
Y ahí no paró la cosa: EE.UU. avisó que la justicia va por más, y no precisamente por regidores de pueblo. En la mira inmediata, según lo planteado en la reunión, están cuatro gobernadores:
- Américo Villarreal, Tamaulipas.
- Marina del Pilar, Baja California.
- Ramírez Bedoya, Michoacán.
- Alfonso Durazo, Sonora.
Más varios funcionarios de su círculo cercano, cuyos nombres —según se subraya— ya están listados y perfectamente ubicados.
En Tamaulipas el “secreto” es de dominio público: están en el punto uno de la mira estadounidense. A Marina del Pilar, de plano, ya le cancelaron la visa, y como efecto dominó el castigo estaría alcanzando a muchos otros funcionarios de su entorno.
La realidad pega más duro que el mensajero
La reunión terminó helada: sin acuerdos, con desacuerdos y con un mensaje implícito de Washington de que ya no se traga el cuento de la “soberanía selectiva” que protege a aliados con expediente criminal. Eso es lo que se ha reflejado en los medios en los últimos días, mientras la presidenta se enfurece más con lo que se escribe que con lo que realmente pasa.
El periodista lo dice sin anestesia: el problema no es quien narra la historia, es la realidad misma. Y la realidad es que la relación México–Estados Unidos en seguridad está lastimada por una negativa sistemática del gobierno mexicano a entregar políticos ligados al narco a la justicia norteamericana.
El nudo: redes político-criminales intactas
Mientras no se toque el corazón del problema —las redes políticas de complicidad que protegen al crimen organizado— todo lo demás es escenografía de cooperación. Puedes tener mesas de trabajo, comunicados conjuntos y fotos sonrientes, pero si los gobernadores con expediente en EE.UU. siguen blindados desde Palacio, la agenda de fondo con la Unión Americana no se va a mover ni un milímetro.
En resumen: Sheinbaum quería relanzamiento diplomático y Homeland Security le contestó con una lista de gobernadores, un reclamo por Rocha Moya y un recordatorio brutal de que la realidad, tarde o temprano, siempre se impone.
Con informacion: Jorge Fernandez Menendez/
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