En México, la justicia no se aplica: se calibra. Se estira, se encoge, se dobla según el personaje en turno. Y el caso del ex-gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, vuelve a confirmar que el sistema penal no es una balanza, sino un acordeón: suena distinto dependiendo de quién lo toque y aunque todos somos iguales ante la ley, no asi ante aquellos que la administran.
Un juez federal decidió absolver al ex gobernador de Quintana Roo por delincuencia organizada. No porque los hechos desaparecieran, no porque el daño patrimonial —cercano a los mil millones de pesos— se haya evaporado, sino porque, en términos estrictamente procesales, la Fiscalía General de la República,esa turba de ineficaces e ineficiente$ “no acreditó el ilícito”. Traducido al lenguaje de calle: no supo armar el caso.
Así, el delito más grave —el que podía costarle entre 20 y 40 años de prisión— se desmoronó como expediente mal cosido. El resultado: Borge sale del encierro tras casi seis años… para irse a casa. Literalmente. Prisión domiciliaria en el Estado de México, brazalete incluido, en lo que enfrenta un proceso mucho más ligero por lavado de dinero.
El contraste es grotesco. La acusación central no era menor: la presunta creación de una estructura para rematar 22 predios del estado a familiares y allegados, a precios de ganga, generando un boquete de más de 900 millones de pesos al erario. Una operación quirúrgica de despojo institucional. Pero sin “delincuencia organizada”, según el tribunal.
Aquí es donde la justicia del acordeón, la sedicentemente elegida por el pueblo ,muestra su partitura completa. Porque los hechos son los mismos en ambos procesos: el saqueo, las operaciones, los beneficiarios. Sin embargo, uno no alcanza para acreditar organización criminal, pero sí alcanza —todavía— para sostener un caso de lavado. Una lógica fragmentada que termina beneficiando al acusado y desfondando la narrativa de persecución penal.
Más inquietante aún: en el fuero común, Borge ya fue absuelto de todo. Peculado, concesiones irregulares, venta ilegal de predios. Carpetas que en su momento fueron presentadas como emblemas del combate a la corrupción hoy son archivo muerto. No por falta de escándalo, sino por falta de solidez judicial.
El mensaje es brutalmente claro: en México, el problema no es solo la corrupción, sino la incapacidad —o la selectividad— para castigarla. La FGR ,PGR o como se llame ,construye casos que no resisten juicio, los jueces aplican estándares que rara vez se ven en delitos menores, y al final, los expedientes se convierten en simulaciones costosas.
Borge no es una anomalía. Es un síntoma.
Porque mientras el discurso oficial presume combate frontal a la corrupción, en los tribunales se despliega una coreografía distinta: acusaciones espectaculares que se desinflan, procesos que se diluyen y sentencias que llegan tarde o nunca. La justicia, como acordeón, se contrae para el ciudadano común y se expande generosamente para la élite política.
Y en medio de ese vaivén, lo único que permanece intacto es la impunidad.
No porque no haya delitos. Sino porque nadie logra —o quiere— probarlos correctamente, ya ve que cada dia y con mas frecuencia desde la mañaneras arguenderas argumentamos la falta de pruebas, aunque tampoco tenemos vergüenza.
Con informacion: ELNORTE/
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