Sheinbaum no solo se está equivocando políticamente: si persiste en bloquear extradiciones e investigaciones, se coloca en la franja donde la torpeza se vuelve delito tipificado en México y en Estados Unidos, exactamente como lo advierte Buscaglia.
El “escudo de la soberanía” made in Morena
Buscaglia describe a una presidenta con “capital político muy escaso” que pretende ganar tiempo parapetándose en la palabra mágica “soberanía”, como si fuera un amuleto constitucional que todo lo cura. El problema es que esa soberanía ya está jurídicamente limitada por tratados que México firmó muy gustoso entre champán y canapés, y que hoy la obligan a hacer exactamente lo contrario de lo que está haciendo.
México suscribió y el Senado ratificó, entre otros, tres instrumentos clave: la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada, la Convención contra la Corrupción y la Convención contra el Financiamiento del Terrorismo. Esas no son sugerencias “neoliberales” ni ocurrencias de la ONU: tienen el mismo rango de ley que el Código Penal mexicano, y limitan de forma directa lo que la presidenta puede o no puede hacer cuando hay solicitudes de cooperación e investigación.Lo que la ley sí le exige a Sheinbaum
De acuerdo con Buscaglia, cuando hay pedidos de extradición o investigaciones abiertas en otros países, México está jurídicamente obligado a: facilitar extradiciones, realizar investigaciones conjuntas y compartir datos y elementos que eventualmente puedan convertirse en prueba en juicio. No es un menú a la carta; no puede elegir en qué caso coopera y en cuál se hace la ofendida patriótica, porque esos tratados fueron aprobados por el Senado mexicano y, por tanto, forman parte del marco legal interno.
Cuando Sheinbaum se niega a cooperar invocando “soberanía”, lo que en realidad hace es usar ese concepto como pretexto de protección a la delincuencia organizada, aunque ella ni siquiera alcance a ver la dimensión penal de su postura. Buscaglia es brutal en la comparación: es como si le entregaran un bisturí para abrirle el tórax a alguien sin haber pisado jamás una facultad de medicina; acá la ponen al frente de un sistema de cooperación internacional que no entiende, y cada movimiento en falso tiene consecuencias jurídicas reales.
De disparates jurídicos a obstrucción de la justicia
Buscaglia subraya que todo lo que la presidenta viene diciendo hasta ahora se traduce, en los hechos, en bloqueos y obstrucciones a investigaciones y extradiciones. La obstrucción de la justicia, aclara, es un delito tanto en México como en Estados Unidos, y se configura cuando un político —por ignorancia, omisión o dolo— comienza a bloquear extradiciones e investigaciones que deben llevarse a cabo.
No se trata de una discusión abstracta entre académicos: si la jefa del Ejecutivo utiliza su cargo para detener, entorpecer o dilatar indebidamente solicitudes de cooperación, cruza la línea del error político hacia la responsabilidad penal. En el marco de las convenciones firmadas, bloquear de facto el trabajo de fiscales y jueces extranjeros implica incumplir obligaciones internacionales que México voluntariamente aceptó y que la vinculan a ella personalmente como cabeza del Ejecutivo.
Trump, terrorismo y la etiqueta que lo cambia todo
Buscaglia agrega otra bomba jurídica que Sheinbaum parece ignorar: Estados Unidos modificó su doctrina desde la llegada de Trump y dejó de tratar estos casos solo como delincuencia organizada para catalogarlos también como actos de terrorismo. Eso ocurre especialmente cuando se protege a organizaciones que exportan fentanilo, considerado por Washington como “arma química de destrucción masiva” por su letalidad y por las cientos de miles de muertes que ha provocado por sobredosis.
Cuando un político protege —por acción u omisión— a grupos que exportan estas sustancias, para Estados Unidos está participando en actos de terrorismo, con todo lo que eso implica en términos de recursos de inteligencia, capacidades militares y margen de maniobra jurídica. En ese contexto, la Presidenta puede patalear lo que quiera, pero Buscaglia advierte que con o sin su permiso Estados Unidos seguirá operando con equipos encubiertos en territorio mexicano si considera que el sistema político está protegiendo a mafias que cometen actos de terrorismo contra su población.
La salida que marca la propia ley
El mismo Buscaglia ofrece la ruta que una presidenta mínimamente interesada en el Estado de Derecho tendría que tomar si no quiere pasar a la historia como otra protectora de mafiosos. La clave es que la propia presidencia, a través de la Fiscalía General de la República, proponga un marco de investigación conjunta con Estados Unidos respecto de las diez personas ya señaladas y las decenas que vienen en la lista del Departamento de Justicia —políticos de Morena y de otros partidos— señalados por proteger a distintos cárteles.
Esas investigaciones conjuntas ya tienen precedente mexicano:a finales de los noventa, durante el gobierno de Zedillo, se montaron esquemas de trabajo coordinado que terminaron con el gobernador Villanueva de Quintana Roo en prisión por vínculos con la delincuencia organizada. Lo que plantea Buscaglia no es una genialidad personal, sino aplicar, artículo por artículo, las convenciones de la ONU para montar maxiprocesos que desmantelen la mafiocracia político–criminal y creen un fondo de reparación para víctimas con los bienes decomisados a políticos y sus redes familiares.
Entre estadista y madrina de la mafiocracia
El diagnóstico final de Buscaglia es demoledor: México arrastra más de 170 mil desapariciones forzadas y más de 400 mil muertes ligadas a la delincuencia organizada, mientras las causas penales impulsadas desde Estados Unidos solo atienden las muertes de ciudadanos norteamericanos. Las víctimas mexicanas siguen sin justicia, y es en esa grieta donde la presidenta tiene que decidir si utiliza el poder que tiene para iniciar maxiprocesos o para proteger la inercia mafiosa que heredó.
En palabras del propio experto, Sheinbaum está frente a una disyuntiva histórica: convertirse en estadista que aplica la ley, coordina extradiciones, impulsa grandes juicios y desmantela la mafiocracia, o consolidarse como una más en la lista de gobiernos que han funcionado como coraza política de la delincuencia organizada, del pasado priista al lopezobradorismo incluido. Si insiste en escudarse en una “soberanía” que ya está normada por tratados que México firmó y ratificó, el relato nacionalista no la va a salvar de algo mucho más pedestre: la figura penal de obstrucción de la justicia, dentro y fuera de México.
Con información: ARISTEGUI NOTICIAS/
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