En Tamaulipas no hace falta que el gobernador apriete el gatillo. Basta con aceitar la maquinaria, justificarla en público y dejar que los engranes —bien lubricados— hagan el resto. Así se ve el modelo bajo la administración de Morena y Américo Villarreal, donde los contratos no solo fluyen: encuentran una y otra vez, destinos curiosamente recurrentes.
Y otro de esos destinos es la empresa vinculada al llamado Casino Diamante, salpicada por señalamientos que cruzan la frontera. De acuerdo con reportes y sanciones del gobierno de Estados Unidos, su entorno empresarial aparece ligado a presuntas operaciones relacionadas con el narcotráfico. Aun así, en el ecosistema tamaulipeco no hubo cortocircuito institucional: hubo contratos.
Pero el asunto no termina en la firma de papeles. La trama se vuelve más interesante —o más incómoda— cuando aparece en escena el asesor. No cualquiera: un abogado vinculado con la defensa de figuras del Cártel del Noreste, incluido el entorno del Z-40, y que además terminó en la lista de sancionados por autoridades estadounidenses.
Un perfil que, en cualquier manual básico de control de daños, sería motivo de distancia. Aquí, en cambio, formó parte del firmamento cercano al poder que pronto enfrentará acusaciones por colaborar con el terrorismo,mas alla de sanciones,hay evidencia.
Y mientras los reflectores se concentran en contratos y asesorías, hay otro carril menos visible pero igual de revelador: el negocio paralelo con la Fiscalía de Tamaulipas. Porque cuando las relaciones institucionales empiezan a parecer redes de conveniencia, la línea entre procuración de justicia y operación política se vuelve peligrosamente difusa.
Por si faltaba contexto, el entramado empresarial también roza a personajes como Simón Levy, quien reconoció haber sido socio del dueño de una empresa posteriormente sancionada por Estados Unidos, aunque asegura haber roto vínculos antes de las medidas. El detalle no es menor: muestra cómo estos circuitos no son aislados, sino parte de una red donde política, negocios y sanciones internacionales se cruzan con sorprendente naturalidad.
Que dice EL UNIVERSAL:
José Benjamín Chow, dueño de una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a sus vínculos con elCártel del Noreste, fue socio de Simón Levy, ex subsecretario de Planeación y Política Turística en la Secretaría de Turismo federal, en dos empresas que se dedicaban a establecer vínculos entre el mercado latinoamericano y asiático.
De acuerdo con documentos del Registro Público del Comercio, Chow y Levy fundaron en 2005 la empresa Latinasia Trading Solutions Sociedad Anónima de Capital Variable. Consultado por EL UNIVERSAL, Levy señaló que también fue socio de Chow en la empresa Latinasia Travel Services, pero aseguró que ambas compañías fueron disueltas en 2010 y 2012.
De acuerdo con las actas que acreditan la disolución de las sociedades entregadas a este diario por Levy, la dirección registrada de ambas compañías fue Campos Eliseos 113, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, inmueble que ha sido el centro de un conflicto judicial por el que se giraron órdenes de aprehensión contra el exfuncionario.
En resumen:
El problema no es quién dispara. Es quién prepara el terreno, quién reparte los contratos, quién acerca a los asesores y quién convierte a las instituciones en piezas de una maquinaria que, más que fallar, parece funcionar exactamente como fue diseñada.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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