Dirigentes y legisladores de Morena en Nuevo León presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el Gobernador emecista Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez por presunta triangulación y desvío de recursos públicos que alcanzarían los mil 400 millones de pesos.
En la política a la mexicana hay una regla no escrita pero perfectamente comprobable: mientras haya amor, hay impunidad; cuando llega el divorcio, aparecen los expedientes. Y en Nuevo León parece que ya se rompió la vajilla.
La dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, decidió abrir la caja de Pandora y soltar una acusación que, de confirmarse, no es menor: triangulación de recursos públicos que, curiosamente, terminan en un despacho jurídico vinculado al propio gobernador Samuel García… y a su padre. Porque en México la política es negocio familiar o no es nada.
Según la denuncia, estamos hablando de presupuestos federales y estatales que salen del erario de Nuevo León, pasan por proveedores “intermediarios” y acaban en Firma Jurídica y Fiscal Abogados, un despacho que no solo comparte intereses con el mandatario, sino que además habría servido como estación de paso para financiar su promoción política. Todo muy institucional, todo muy transparente… en el papel membretado, claro.
La cereza del pastel: desde ese despacho se habrían canalizado casi 82 millones de pesos a Nauka Comunicación Estratégica, encargada de la pauta digital que ha impulsado la imagen del gobernador con aspiraciones presidenciales. Es decir, dinero público que, tras un elegante baile contable, termina convertido en propaganda personalizada. La democracia, pero con branding.
Jurídicamente, el señalamiento no es menor. Alcocer habla de posibles actos de peculado, tipificados en el artículo 223 del Código Penal Federal. Traducido al español no jurídico: uso indebido de recursos públicos para fines privados. Traducido al español político: depende de quién seas y de con quién te lleves.
Porque aquí es donde la historia se pone interesante. Durante meses —o años— Samuel García fue un aliado funcional del gobierno federal. Disruptivo, sí, pero útil. Incómodo, pero alineado cuando convenía. Y mientras ese equilibrio se mantuvo, las revelaciones, los reportajes y las sospechas quedaron en la congeladora política nacional.
Pero algo cambió.
Y cuando cambian las lealtades, aparecen los documentos. Cuando se enfrían las alianzas, se recalientan las investigaciones. Y cuando las comadres se disgustan… salen las cuentas, los contratos y las transferencias.
La pregunta ya no es si hubo triangulación —eso lo dirán las pruebas— sino por qué hasta ahora se vuelve tema prioritario. Porque en México, la justicia suele tener un timing sospechosamente político.
Así que el caso Samuel García no solo pone sobre la mesa posibles delitos financieros; también exhibe el mecanismo más viejo del sistema: la selectividad de la indignación y la justicia como herramienta de negociación.
Hoy el discurso es combate a la corrupción. Mañana, dependiendo de cómo se acomoden las piezas, podría volver a ser silencio administrativo.
Con informacion: ELNORTE/
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