En el Sinaloa de Rocha Moya los policías no se “caen en cumplimiento del deber”: los están tirando como casquillos usados y el gobierno sigue presumiendo “estrategia”.
El “gobierno humanista” que le explota la estadística
En números fríos, el sexenio de Rubén Rocha Moya es una masacre uniformada: de 2022 a abril de 2026, 88 policías estatales y municipales asesinados en Sinaloa, frente a los 48 que se acumulaban hasta 2025. Eso implica un incremento de 1100% si se compara 2022, con cuatro agentes ejecutados, contra el pico de 48 policías asesinados en 2025, el año estrella de la violencia bajo su gestión. La progresión parece parte del plan de gobierno: 4 policías asesinados en 2022, 5 en 2023, 16 en 2024, 48 en 2025 y 15 más solo entre enero y abril de 2026.
A nivel nacional, el cementerio tampoco da tregua: de 2022 a abril de 2026 han ejecutado a 1,596 policías estatales y municipales, pero Sinaloa se da el lujo de competir entre los punteros, como si fuera medallero olímpico del fracaso en seguridad. En ese ranking sangriento, Guanajuato va a la cabeza con 213 policías asesinados, seguido de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Zacatecas y Estado de México, mientras Sinaloa se encarama con sus 88 muertos, arriba de Veracruz, Nuevo León y Baja California. El “estado de los abrazos” terminó convertido en paredón de fusilamiento para corporaciones desprotegidas.
Policías desechables, instituciones desfondadas
La radiografía es menos ideológica y más incómoda: Causa en Común documenta que en Sinaloa hay abandono crónico de las instituciones de seguridad pública, con deterioro de condiciones laborales, falta de capacitación y certificación, y ausencia de mecanismos básicos para que un policía tenga siquiera la mínima posibilidad de no morir en turno. Traducido del burócrata al castellano: mandan a los agentes a enfrentar a grupos armados con chaleco vencido, capacitación improvisada y un discurso oficial que presume “coordinación” mientras crecen las cifras mortales.
El investigador Asael Nuche lo dice con elegancia: incumplimientos crónicos de la ley, corporaciones sin formación y elementos sin capacidades suficientes para enfrentar los retos que tienen enfrente. En versión cruda, los policías están puestos como carne de cañón en un sistema que maquilla cifras, recorta la realidad y luego reparte discursos de condolencia cada que matan a otro agente. Si a eso se suma la guerra entre grupos criminales —con pugnas entre cárteles que llevan meses convirtiendo el estado en campo de tiro—, el resultado es la tormenta perfecta para que los uniformados sean la primera línea de muertos y la última prioridad presupuestal.
Rocha Moya: del “no es reto” al “ya estamos trabajando”
Mientras corren los homicidios de policías y civiles, el gobernador con licencia construyó toda una narrativa de autoindulto: los asesinatos de mandos y agentes no eran “reto a la autoridad”, solo pequeños detalles del día a día en Sinaloa. Cuando le reventaron las cifras de homicidio doloso en la cara, respondió que “no es nota”, como si los más de 200 asesinatos de junio fueran un pie de página y no evidencia de que su famosa “pacificación” era pura fantasía estadística.
Para rematar, otro análisis de Causa en Común y el investigador Adrián López Ortiz documentó que su administración reclasificó homicidios y maquilló estadísticas de violencia, reduciendo artificialmente el conteo de víctimas mientras en la realidad Sinaloa vivía su año más violento del siglo XXI. Durante la gestión de Rocha Moya, de noviembre de 2021 a mayo de 2026, el estado acumuló 4,580 víctimas de homicidio doloso, feminicidio, secuestro y extorsión, según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero el discurso oficial insistía en que “todo bajo control”. En resumen: la estrategia no era combatir la violencia, sino recategorizarla.
El saldo: policías enterrados, narrativa viva
La línea oficial presume “combate a la delincuencia”, “operativos especiales” y “atención permanente”, mientras las cifras exhiben un sexenio donde ser policía en Sinaloa es estadísticamente una actividad de alto riesgo y políticamente una molestia comunicacional. Rocha Moya pidió licencia con un Sinaloa que cierra con 88 policías asesinados, instituciones debilitadas, miles de víctimas de delitos graves y un historial de manipulación de cifras que debería interesar más a fiscales y auditores que a los publirrelacionistas del gobierno. La narrativa de “vamos combatiendo todo, todo, todo” queda reducida a una frase hueca cuando el conteo real está en el panteón, no en los comunicados.
Con informacion: ELUNIVERSAL/
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