La novela sinaloense ya no trata de si hay acusaciones por narcotráfico contra funcionarios de alto nivel de MORENA, sino de si el sistema político mexicano está diseñado para que nunca pase nada y todo indica, que trabajan en eso.
La posible extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a Estados Unidos no se enfrenta a uno, sino a dos muros de contención perfectamente aceitados: el fuero constitucional y la voluntad política de la Presidenta Claudia Sheinbaum. Traducido al español real: la ley… y quien decide cuándo se aplica.
De entrada, el gobernador no está solo en el paquete incómodo que mandó Washington. También aparece el senador morenista Enrique Inzunza, ex secretario de Gobierno de Rocha. Ambos gozan de ese escudo institucional llamado fuero, que en teoría protege la función pública, pero en la práctica funciona como seguro contra consecuencias.
Para que Rocha pueda siquiera ser tocado por la justicia, primero hay que atravesar el ritual del desafuero: la Cámara de Diputados debe declarar procedente quitarle la protección, y luego el Congreso de Sinaloa decidir si le abre la puerta a su caída. Un proceso tan largo, enredado y convenientemente burocrático que podría consumir lo que le queda de mandato, hasta octubre de 2027. Justicia diferida… justicia enterrada.
Y aquí viene el detalle técnico que se vuelve político: el artículo 111 constitucional dice que el desafuero aplica para delitos federales. Pero cuando la acusación viene del extranjero, la interpretación se vuelve elástica. ¿Cuenta o no cuenta? Depende menos de la Constitución y más de quién quiera mover la maquinaria.
Porque sin Fiscalía General de la República no hay caso. Y sin señal política desde Palacio Nacional, la Fiscalía no se mueve. Así de simple.
Además, el Congreso federal ya cerró cortina. Para siquiera discutir un desafuero habría que convocar a un periodo extraordinario. Otro filtro más. Otra excusa más.
En términos reales, el destino de Rocha no está en un expediente judicial, sino en una decisión política: si Sheinbaum decide que se actúe, la mayoría de Morena en San Lázaro hará el resto. Si no, el caso se archivará en el limbo donde descansan tantas verdades incómodas.
Opciones hay, pero todas pasan por el mismo centro de poder:
Renuncia “voluntaria” del gobernador para facilitar su detención.
Desafuero impulsado desde el Congreso.
O la medida nuclear: desaparición de poderes en Sinaloa decretada por el Senado.
Mientras tanto, desde la mañanera, la narrativa oficial ya empezó a construirse: que si no hay pruebas contundentes, todo podría tratarse de un asunto político. La Presidenta pone en duda el caso y lo reduce, por ahora, a una hoja con una supuesta narconómina. Un papel incómodo… pero todavía insuficiente para activar el aparato judicial.
El mensaje es claro: sin evidencia “irrefutable” —y sin decisión política— no habrá consecuencias.
En México, la justicia no solo necesita pruebas. Necesita permiso.
Con informacion: ELNORTE/
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