El recuento de ya casi 2,000 personas ejecutadas en menos de un año, de julio de 2024 y hasta el 27 de Agosto de 2025, como cita Noroeste,es una radiografía demoledora del fracaso absoluto de la estrategia de seguridad: la violencia sigue corriendo a raudales y los números bailan, cada vez más pesados, mientras funcionarios y mandos repiten los mismos discursos huecos que ya nadie cree.
Cifras que exhiben el desgobierno
1,914 homicidios dolosos en el periodo, con un promedio diario que no baja de los 5.4 muertos, traduciéndose en una especie de lotería macabra que parece no disminuir un ápice con el paso de las administraciones.
Los robos, levantones, detenciones y abatidos suman por miles y cada dato pinta un estado de cosas donde la vida vale lo mismo que un kilogramo de sorgo: lo que el cártel disponga y el gobierno tolere.
El caso Taxtes: Un síntoma brutal
El reciente asesinato del presidente del Módulo de Riego Taxtes, Francisco Galaviz, es un espejo de este descontrol rampante. Electo apenas en junio, apareció ejecutado dentro de su camioneta, con tiro de gracia, abandonado en una carretera de El Fuerte el 27 de agosto. Ni protocolo, ni fuero, ni visibilidad política: a Galaviz lo mataron con extrema facilidad, tan solo para mandarnos el mensaje de siempre: aquí, el que manda, trae cuerno de chivo.
El fondo de la violencia rebasa el narco tradicional o la disputa territorial: mafias imponen ahora rentas obligatorias por el uso de tierras y agua. Si te niegas a ceder tu parcela o tu riego, firmas tu sentencia de muerte; los cárteles usan el agua como herramienta de extorsión masiva en el “granero” mexicano, desplazando y sometiendo productores con el beneplácito de autoridades cómplices o inertes.
Balance real: Impunidad, miedo y fracaso
La suma imparable de ejecutados habla más fuerte que cualquier informe oficialista. Cada cifra es una tumba, cada emboscada un recordatorio brutal de para quién trabajan de verdad los fusiles y las leyes.
El asesinato del presidente de Taxtes no es excepción, es la regla: quien toque los intereses de los amos de la violencia, termina igual. Y mientras tanto, la estrategia oficial colecciona fracasos y el fenómeno sigue, incontenible y desafiante, con un largo listado de asesinados y ningun asesino detenido,es claro, van a seguir matando y no les importa si son hombres de la ley y el orden muy afectos a provocar el desorden.
El lunes, en una audiencia histórica ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continuada.
El antiguo líder del Cártel de Sinaloa llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para evadir la pena capital. Zambada admitió que, durante los últimos 55 años, fue el arquitecto de una operación de tráfico de cocaína, heroína y fentanilo; ordenó asesinatos en una escala masiva y sobornó a políticos, funcionarios, militares y agentes de seguridad mexicanos.
El juez Brian Cogan, el mismo funcionario judicial que llevó los casos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y de Genaro García Luna, emitió una orden de decomiso de activos por 15 mil millones de dólares. La cifra ratifica a Zambada como el capo más influyente de la radiografía de los cárteles de la droga en la historia reciente de México.
A pesar de ello, no existía una sola orden de aprehensión vigente en contra de Zambada en tribunales mexicanos. Este hecho pone de relieve que, por omisión o complicidad, el Estado mexicano ha garantizado la impunidad de los líderes de los cárteles durante décadas. Zambada llegó a tener procesos abiertos en 16 jurisdicciones federales de Estados Unidos. En cambio, en México, la sociedad del ‘Mayo’ y ‘El Chapo’, ‘La Federación del Cártel de Sinaloa’, fue protegida por altos mandos de los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, del priista Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador. Tres partidos unidos por una misma complicidad.
Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos, celebró la admisión de culpabilidad de Zambada como una victoria histórica: “Nos coloca un paso más cerca de alcanzar nuestro objetivo de la eliminación total de los cárteles”. Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York, declaró que “el Cártel de Sinaloa ha sido decapitado”. Matthew Galeotti, director de la división criminal del Departamento de Justicia, argumentó que la sentencia contra Zambada, que será emitida en enero de 2026, representa “una aduana significativa para la aniquilación de los cárteles”.
De manera implícita, el gobierno de México fue exhibido como un espectador ajeno a la toma de decisiones sobre el proceso judicial de Zambada, el criminal más importante en la historia reciente del país. Bondi hizo una breve mención de agradecimiento a la cooperación de la administración de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, también dejó claro que los mexicanos no son socios confiables para procesar a líderes de los cárteles o a políticos vinculados al crimen organizado. La fiscal general fue enfática cuando aseguró que más de cincuenta miembros de los cárteles, entregados a Estados Unidos de manera extrajudicial en los últimos meses, serán procesados, sin excepción, en tribunales norteamericanos.
En una conferencia de prensa tras otra, la presidenta Sheinbaum ha reclamado sin éxito al gobierno de Donald Trump que ofrezcan información contundente sobre la manera en que Ismael Zambada fue extraído de México para ser entregado a las autoridades estadounidenses en un aeródromo en Nuevo México. El caso de ‘El Mayo’ sienta un precedente peligroso para México: Estados Unidos puede actuar de manera unilateral para asegurarse de que los líderes de los cárteles enfrenten la justicia. Zambada alega que fue secuestrado por su ahijado, Joaquín Guzmán López, en una reunión a la que habría sido convocado el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
En el encuentro también fue asesinado el político sinaloense, y compadre de Ismael Zambada, Héctor Melesio Cuén. En el aparato de inteligencia mexicano entienden que la extracción de Zambada se trató de una operación coordinada por Homeland Security Investigations.
La captura de ‘El Mayo’ generó una escisión dentro del Cártel de Sinaloa: provocó una guerra paramilitar entre ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayitos’ que ha dejado más de dos mil muertes y un número similar de desaparecidos. La ruptura del cártel pudo haber sido una consecuencia intencional de alguna agencia de inteligencia de Estados Unidos. Stefano Ritondale, ex oficial de inteligencia del Ejército de Estados Unidos y director de información de la firma Artorias, argumenta que es altamente probable que el gobierno norteamericano haya planeado este quiebre para debilitar la operación de tráfico de fentanilo más importante del planeta. Hoy, Sinaloa es un estado caótico. Sorprendentemente, Rubén Rocha Moya, el gobernador señalado por pactos criminales, continúa en el poder.
El proceso contra ‘El Mayo’, un capo que fue extraído mediante una operación extrajudicial, implica que Washington está escalando sus tácticas de presión contra los cárteles por todos los medios posibles. Recientemente, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza el uso de fuerza militar contra las organizaciones criminales mexicanas designadas como grupos terroristas. “No es una estrategia de negociación. No es el arte de la negociación. El presidente ha sido claro que un ataque aéreo (contra los cárteles en territorio mexicano) es inminente, salvo que veamos grandes cambios”, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca a la revista Rolling Stone. La prensa estadounidense ha reportado que el Pentágono y la Presidencia han llevado a cabo reuniones para revisar los planes de un ataque dirigido en México. Trump habría pedido una lista de objetivos, de acuerdo a un funcionario federal que habló con Rolling Stone. El legislador republicano Tom Cotton, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, declaró recientemente que “los cárteles mexicanos son tan peligrosos y letales como cualquier grupo terrorista”.
En Washington, se habla de una “invasión suave” a México: ataques de drones, misiones de comandos especiales o bombardeos de laboratorios de drogas sintéticas. El objetivo más probable, asegura Stefano Ritondale de la firma de inteligencia privada Artorias, sería Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sin embargo, de acuerdo a expertos de seguridad nacional, ninguna de las opciones sería efectiva para desmantelar las amplias y complejas redes criminales de los cárteles. Estos ataques, advierten, podrían generar efectos de segundo orden como la crisis de sucesión que derivó en la guerra civil del Cártel de Sinaloa.
En la conferencia de prensa del lunes, la fiscal Pam Bondi cedió la palabra a Terry Cole, el director de la DEA que la semana pasada se enfrascó en una polémica con el gobierno mexicano por la presunta colaboración conjunta en el ‘Proyecto Portero’. Cole tiene décadas de experiencia en México. En el sexenio de Felipe Calderón fue el funcionario encargado de recabar la inteligencia que, en última instancia, sirvió como base de la acusación federal contra Genaro García Luna. De acuerdo a ProPublica, Cole también ha elaborado una lista de políticos mexicanos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador con vínculos a los cárteles.
El caso contra Zambada debe interpretarse como un ultimátum al gobierno de Claudia Sheinbaum para colocar en el banquillo de los acusados a los miembros de la 4T que tengan nexos visibles con el crimen organizado. La lista podría incluir a personajes como Adán Augusto López, actual coordinador de mayoría en el Senado, o el propio Rubén Rocha Moya.
Frank Pérez, el abogado de Zambada, declaró que su cliente no tiene intención de testificar contra políticos o socios criminales. Nadie lo cree. La información de las redes criminales del antiguo líder del Cártel de Sinaloa ya está disponible para ser presentada por el Departamento de Justicia, en secreto, a un Gran Jurado para la formulación de acusaciones en caso de que esto sea políticamente necesario. Última llamada para la presidenta Claudia Sheinbaum.
De la vecindad al edén de lujo: la metamorfosis de Noroña
Antes, los vecinos de la clásica vecindad de Santo Domingo podían apostar a que su vecino famoso —ese de las arengas rebeldes y la camisa siempre a medio planchar— se peleaba el agua caliente y los gises para marcar la raya del tendedero. El poeta en camiseta, el eterno aspirante a Quijote en sandalias que presumía austeridad hasta en el medidor de luz.
Pero, ¡sorpresa! Hubo mudanza y qué mudanza. De esas que hacen que hasta el portero se santigüe. Porque ahora, Noroña no vive en la vecindad… ¡Vive en Tepoztlán, pero no en cualquier “jacal”! Nada de techos de lámina ni pisos de cemento frío: hablamos de 1,200 metros cuadrados de puro glamour, decorados como de catálogo de revista fifí. Más plantas que en Coyoacán, más cojines que en Liverpool, más vistas panorámicas que en Google Maps.
¿Austeridad republicana?
Eso era en el pasado. Ahora, el senador revolucionado descansa en sillones mullidos, mientras afuera, el perfume del campo y el canto de los pájaros disipan cualquier recuerdo de vecindad goteando y regaños por la cuota del gas. La transformación inmobiliaria más mágica que Tlaloc y AMLO juntos.
Por algo la prensa nacional lo presume: aquí el único cambio verdadero fue de domicilio y de estilo de vida. El Chavo ya no vive en la vecindad. Y este compa, tampoco. ¡Aplausos a la 4T, que no solo le cambió la vida, le cambió el código postal!
El abogado Rafael Arturo Vila, hermano del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato, Alejandro Vila, fue asesinado a balazos en una cafetería del Municipio de Pichucalco, en la zona norte de Chiapas.
Imágenes de cámaras de seguridad captadas a las 21:56 horas del dia de ayer,muestran al hombre que llevaba un sombrero, entrar al establecimiento, saludar a la víctima con un apretón de manos y, poco después, accionó un arma de fuego para luego huir.
Café con pólvora en Pichucalco
En Chiapas como en Guanajuato,donde la vida no vale nada,puede valer menos que un café americano.
Rafael Arturo Vila, abogado y hermano de Alejandro Vila —delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato— lo despacharon a tiros en un lugar tan cotidiano como “The Italian Coffee”, en Pichucalco. Un apretón de manos, dos palabras triviales y luego la pólvora: ejecución de manual, sin máscaras ni prisa. Así de fácil desaparecen las vidas en un país que se acostumbró al plomo como si fuera parte del menú.
El verdugo vino desde Tabasco, y también allá se refugió después de cumplir el encargo. No fue un comando, ni una emboscada de película: un solo hombre, con sombrero, entró, saludó, disparó, salió.
El fiscal chiapaneco, Jorge Luis Llaven Abarca, dice que no habrá impunidad. ¡Vaya novedad! Declaran lo mismo cada vez que cae alguien acribillado bajo la falsa promesa de que esta vez sí, esta vez “hasta las últimas consecuencias”. La realidad: estadísticas maquilladas, investigaciones eternas, carpetas abiertas con destino archivador.
Y ojo: Vila no era novato en la ruleta rusa mexicana. En 2022 ya había probado el filo de un atentado y en 2023 sobrevivió, a duras penas, a un ataque armado mientras iba con su esposa en una camioneta blindada. Como si el destino no se cansara de recordarle que aquí no hay blindaje contra la impunidad ni chaleco antibalas contra un Estado fallido.
Lo ocurrido en Reynosa debería résonar como eco irónico: ahí, los balazos fueron indiscriminados contra cualquier transeúnte. Aquí, en Pichucalco, el mensaje fue quirúrgico, directo: nadie está a salvo, ni siquiera los que presumen de conexiones con la FGR.
La rutina macabra ya no sorprende: café, saludo, disparo, cuerpo al suelo. Y el asesino desaparece entre estados como quien cruza de una colonia a otra. Mientras tanto, la Fiscalía promete y promete como cura milagrosa que nunca llega.
En palabras crudas: matan a quien quieren, donde quieren, cuando se les pega la gana. Y lo saben. Porque en México, la verdadera garantía constitucional se llama impunidad, ahora con mucha inteligencia y coordinacion…del crimen.
Un juez federal condenó ayer a Luis Cárdenas Palomino a 5 años con 3 meses de prisión por torturar a cuatro presuntos plagiarios de la banda de “Los Zodiaco”, entre ellos a un hermano y un sobrino de Israel Vallarta Cisneros, liberado el pasado 1 de agosto.
Jesús Alberto Chávez, juez décimo tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, halló culpable al brazo derecho de Genaro García Luna del delito de tortura, en la hipótesis del servidor público que autoriza a terceros infligir a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psicológicos, con el fin de obtener información o una confesión.
De acuerdo con la resolución, el juzgador también le impuso el pago de 275 días multa, equivalentes a 17 mil 141 pesos, así como la inhabilitación por el mismo plazo de la pena de prisión y el pago de la reparación del daño.
Sin embargo, Chávez precisó que la cuantificación del daño y el cumplimiento de la pena de prisión deberá ser establecido por un Juzgado de Distrito Especializado en Ejecución de Penas.
En su sentencia, el impartidor de justicia le niega al ex mando policiaco los sustitutivos de la pena y el beneficio de condena condicional, al mismo tiempo que ordena amonestarlo para prevenir su reincidencia en la comisión de los hechos delictuosos.
El ex jefe de Seguridad Regional de la desaparecida Policía Federal tiene un plazo decinco días para apelar el fallo condenatorio.
Cárdenas Palomino lleva 4 años, un mes y 22 días en prisión, y en caso de que su condena fuera confirmada en todas las instancias judiciales, le restaría cumplir con un año, un mes y 8 días de reclusión, por lo que compurgaría su castigo en octubre de 2026.
El ex funcionario tiene en curso otro proceso por la omisión de impedir la introducción al territorio nacional de armas y municiones, por el caso “Rápido y Furioso”, así como cargos por otro asunto de tortura en agravio a María Elena Ontiveros Mendoza “La Güera”, una ex agente de la desaparecida PGR acusada del secuestro del adolescente Fernando Martí.
Y dan 4 años a subalternos
Tres ex agentes de la desaparecida Policía Federal, subordinados a Cárdenas Palomino, fueron sentenciados a 4 años con un mes y 15 días de prisión por la presunta tortura a cuatro supuestos miembros de “Los Zodiaco”.
Se trata de Marisela García Toledo, Horacio Parra Rubio y Fernando Valdez Aparicio, a quienes también se les condenó al pago de una multa de 237 días de salario, equivalentes a 14 mil 772.21 pesos, informaron fuentes federales.
El Juez Décimo Tercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Jesús Alberto Chávez Hernández, los halló culpables del delito de tortura, en la hipótesis de infligir dolores o sufrimientos graves, físicos o psicológicos, con el fin de obtener información o una confesión.
El juzgador les impuso también la inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público por el mismo plazo de la pena de prisión, así como la amonestación, la suspensión de derechos políticos y civiles, y el pago de la reparación del daño.
Sin embargo, el monto del resarcimiento deberá establecerse a través de un incidente o recurso que promuevan las víctimas en el mismo juzgado.
A los tres ex agentes también les negaron los beneficios de la sustitución de pena y la condena condicional.
Los ahora sentenciados fueron hallados culpables de las vejaciones en agravio de Mario Vallarta Cisneros, Sergio Cortés Vallarta, y Eduardo y Ricardo Estrada Granados, durante el operativo en el que fueron capturados el 27 de abril de 2012 en la Colonia Carlos Hank González, de la Alcaldía Iztapalapa.
El primero es hermano y el segundo sobrino de Israel Vallarta Cisneros, ex pareja sentimental de Florence Cassez y liberado el pasado 1 de agosto.
A todos ellos se les atribuye autorizar e infligir sufrimientos graves, físicos y psíquicos, con el fin de obtener una confesión, ya que los detenidos denunciaron que los agentes les sometieron a golpes y maltrato psicológico, para que confesaran su participación en un secuestro.
La Administración Trump añadió 35 mil nombres de individuos con ligas a los cárteles del narcotráfico en México y otras pandillas en América Latina a su lista secreta de sospechosos de terrorismo de Estados Unidos, lo que ayuda a evitar que estos entren a su territorio y facilita su detección.
Según el Centro Nacional Antiterrorismo (NCTC), la adición de los nuevos 35 mil nombres ya permitió bloquear la entrada a EU de 6 mil 525 individuos considerados “terroristas” tras la designación en febrero de 6 cárteles mexicanos y 2 pandillas latinoamericanas como Organizaciones Terroristas Extranjera (FTOs).
“El NCTC ha intensificado sus esfuerzos para aumentar los recursos y el personal para contrarrestar los cárteles y las pandillas terroristas”, dijo Joe Kent, jefe de dicho centro que surgió tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y que pertenece a la Oficina de la Directora de Inteligencia Nacional de EU.
Encargada para su compilación al NCTC, la lista secreta de sospechosos de terrorismo tiene como nombre formal Entorno de Datos de Identidades Terroristas (TIDE) y está compuesta sólo por individuos extranjeros; según la información oficial más reciente incluiría a alrededor de 2.5 millones de identidades.
“TIDE actualmente contiene identificadores biográficos, identificadores biométricos como imágenes faciales, números de referencia biométricos e información de carácter despectiva sobre terroristas internacionales conocidos (a las agencias) o sospechosos de terrorismo”, dice un reporte interno publicado en enero.
De acuerdo con el NCTC, la integración de los 35 mil nuevos nombres a la lista secreta de sospechosos de terrorismo permitió ya a EU evitar la entrada a miembros de al menos tres cárteles mexicanos pero evitó mencionar si a personajes del sector público o privado mexicano también les fue negada la entrada a EU.
“Nuestro trabajo no ha terminado; apenas estamos comenzando”, dijo Kent, el jefe del NCTC sobre el tema.
Los individuos que fueron detectados por la Administración Trump incluyen a Luis Alberto Dávila Salazar, del antiguo Cártel de Los Zetas (hoy Cártel del Noreste), a Edgar Omar Botello Rangel, del Cártel del Golfo, y a Edgar Martín Rosales Montoya, del Cártel de Sinaloa, al intentar cruzar irregularmente a EU.
Además de la lista secreta de sospechosos de terrorismo del NCTC, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) compila otra lista enfocada en individuos ubicados dentro de territorio estadounidense y que incluye a ciudadanos estadounidenses y residentes legales de EU sospechosos de actividades terroristas.
Para facilitar la distribución de información con otras agencias policiales en EU y fuera, el NCTC y el FBI optaron por crear una lista combinada con menos detalles y sin tantas restricciones de secrecía y es a la que normalmente se le refiere como la Lista de Sospechosos de Terrorismo (Terrorist Watchlist, en inglés).
Apenas en febrero, la Administración Trump designó como Organizaciones Terroristas Extranjeras a seis cárteles mexicanos: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste, a la Nueva Familia Michoacana así como a los Cárteles Unidos de Michoacán.
También en febrero EU designó como terroristas a dos pandillas latinoamericanas: la salvadoreña Mara Salvatrucha y la venezolana Tren de Aragua; en julio, EU añadió a dicha lista al llamado Cártel de los Soles, un grupo de narcotráfico supuestamente liderado por el Presidente venezolano Nicolás Maduro.
Si por la ley fuera, Gerardo Fernández Noroña debería estar transmitiendo desde Altiplano TV, no desde YouTube Live. Resulta que las diarias peroratas del senador morenista no son solo catarsis política, sino caja registradora digital: ahí se mezclan el sermón revolucionario con el “pásenme su donación en dólares, compañeros”.
Según la Ley de Responsabilidades Administrativas, un senador no puede recibir “donaciones” (sí, aunque vengan disfrazadas de sticker de ranita brincando en el SuperChat). Pero Noroña, muy creativo, ha convertido el botón de “aportar” en su propio “cover” de entrada al evento, como en antro fifí pero versión marxista.
Y mientras el Código de Ética del Senado le recuerda que no se vale recibir beneficios extras, él agradece en vivo: — “¡El Noroñatón, qué bárbaros! Mil 400 dólares”. Como quien junta para la tanda, pero en moneda gringa y ante los ojos de todos.
El problema no es menor: hablamos de 251 transmisiones solo en lo que va de 2025, con aportaciones que llegan hasta de identidades anónimas y desde el extranjero. Y si ya nos ponemos electoreros, pues peor: durante su precampaña y campaña siguió transmitiendo, recibiendo aportes digitales que jamás se reportaron en los gastos oficiales. Es decir: un “crowfunding outlaw”,un financiamiento colectivo fuera de la ley que ya quisiera cualquier candidato en apuros.
Porque aquí, en vez de “AMLOvers” o “Chairos”, tenemos la nueva secta digital: los Noroñalovers con tarjeta Visa.
Las cuentas mochas
No cuadran los $188 mil que declara como ingresos de YouTube, cuando nada más en un par de transmisiones en dólares ya rozó esas cantidades. Vamos, que sus números son como su discurso: largos, confusos y con cortes convenientes.
La ley es clara:
Artículo 52: prohibido aceptar donaciones.
Artículo 445 del INE: prohibido recibir recursos no reportados en campaña.
Pero Noroña ya encontró el truco de la ley, el vacío legal perfecto: camuflar la recaudación política como streaming de influencer. Ni Luisito Comunica, ni Yuya, ni Escorpión Dorado… el trovador del SuperChat ya domina ese mercado.
El verdadero “negocio de la 4T”
Lo irónico es que mientras muchos funcionarios del gobierno de Sheinbaum se queman las pestañas inventando contratos inflados o empresas fantasma, Noroña decidió algo más sencillo: prender la cámara, soltar la verborrea, y esperar a que los dólares virtuales vayan cayendo. El clientelismo político del futuro ya no está en las despensas, sino en los emoji pagados en el chat.
👉 Conclusión : Fernández Noroña pasó de ser “tribuno del pueblo” a “Youtuber en funciones de Estado”, demostrando que la corrupción también sabe adaptarse a los tiempos digitales. La Cuarta Transformación ya no solo se transmite por la mañanera, sino que ahora tiene su propio OnlyFans de la revolución, en versión SuperChat.
