La brutalidad que azota Sinaloa bajo una estrategia que los combate, igual de bruta, pues no distingue culpables de inocentes, que acumula levantones,cabezas humanas, cuerpos desmembrados y ejecuciones a plena luz del día, es el retrato más descarnado del fracaso de la estrategia de seguridad encabezada por Omar García Harfuch, el Ejército Mexicano y el gobernador Rubén Rocha Moya. No hay matiz posible, ni como ayudarlos: la violencia no solo no ha cedido, sino que ha escalado a niveles inéditos, pese a los discursos oficiales y el despliegue de miles, miles de efectivos federales y militares poco efectivos.
Ayer nuevamente y como todos los dias,esta violencia azotó nuevamente los municipios de Navolato y Culiacán, en Sinaloa, donde fueron dejadas tres cabezas humanas, restos humanos y el cuerpo de un hombre maniatado, con múltiples huellas de tortura.
En el puente de San Blas, en la carretera La Costera (autopista Benito Juárez), cerca de la sindicatura de Villa Ángel Flores, en Navolato, fueron dejadas las cabezas sobre material presuntamente utilizado en un narcolaboratorio,ademas de un narcomensaje pegado a un tambo de químicos.
“2 cocineros de un narcolaboratorio del “300” que operaban en los terrenos del “11”, esto les va a pasar a todos los mugrosos sean pecheras, cocineros o punteros de los “CHAPOS” ,para que sepan que entramos a NAVOLATO y vamos a correr a todos, tienen 24 hrs para correr bola de “LACRAS”.
Automovilistas que transitaban por el lugar observaron un tambo azul y dos cajas de plástico de color negro, una con tapa azul y otra amarilla. Sobre una de éstas se halló una cabeza decapitada, y dos más sobre la otra.
Los torsos y extremidades de las víctimas se encontraban dentro de las cajas y el tambo azul, confirmaron fuentes locales.
Todo esto ocurre mientras Omar García Harfuch presume operativos, pero la realidad lo desmiente: tras anunciar con bombo y platillo el envío de 1,200 soldados y 400 policías federales adicionales, la violencia se recrudeció.
Sinaloa registró un incremento del 232% en homicidios en los primeros cuatro meses de 2025 respecto al año anterior, con escenas dantescas como la masacre de 20 personas y cuerpos colgados de puentes. El discurso triunfalista de la SSPC y de Harfuch, que presume “compromiso permanente” y cifras de aseguramientos, choca con la sangre derramada y la impunidad rampante.
El Ejército, rebasado y resignado: incluso un general de la III Región Militar admitió públicamente que la seguridad en Sinaloa “no depende de las fuerzas castrenses, sino de los grupos del crimen organizado”.
Esta declaración es una rendición tácita: el Estado mexicano, con más de 10 mil elementos desplegados, no controla el territorio ni la vida cotidiana de los sinaloenses, que viven entre balaceras, extorsiones y desapariciones forzadas,estan fallando como lo han venido haciendo sexenio tras sexenio y aun no aprenden de los errores y menos de los horrores.
El gobernador Rocha Moya, entre la negación y la impotencia: mientras la entidad suma más de 1,647 homicidios y semejante numero de levantados en 10 meses, el propio mandatario ha reconocido —en un ejercicio de autocrítica tardío— que “no hemos logrado frenar la inseguridad” y que la violencia sigue fuera de control.
A pesar de los decomisos y operativos, la realidad es que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa (“Los Chapitos” contra “La Mayiza”) ha convertido al estado en un campo de batalla, donde la gobernanza criminal se impone sobre la autoridad.
“No existe el Estado, reitero, en amplias zonas del país, eso es terrible. Son otros los que imponen la ley, los que cobran impuestos, los que extorsionan, los ciudadanos estamos a merced de la delincuencia”.
La sociedad, harta y aterrorizada: la población vive recluida, las escuelas y negocios cierran por miedo, y las protestas sociales empiezan a emerger ante la parálisis oficial.Las más de 1,689 desapariciones forzadas desde septiembre de 2024, ejecuciones masivas y ataques a plena luz del día son la norma, no la excepción.
La ola de violencia perpetua en Sinaloa, marcada por actos de crueldad extrema y mensajes de terror, representa la degradación última del tejido social bajo el yugo del crimen organizado. Estos hechos, perpetrados con una brutalidad que trasciende lo imaginable, son la manifestación más descarnada de una lógica de poder que se alimenta del miedo y la impunidad. Los autores de tales atrocidades no solo buscan eliminar rivales, sino instaurar un régimen de horror que sustituya la ley por el terror, la convivencia por la barbarie.
El gobierno
Sin embargo, resulta igualmente inquietante la respuesta —o la ausencia de ella— por parte de las autoridades. La ineficacia institucional, la parálisis operativa y la retórica vacía de los responsables de la seguridad pública configuran una omisión que raya en la complicidad. Cuando el Estado abdica de su deber fundamental de proteger la vida y la dignidad de sus ciudadanos, incurre en una forma de violencia institucional que, aunque menos visible, es igual de corrosiva y devastadora.
Así, Sinaloa se convierte en un escenario donde la barbarie criminal y la ineficiencia gubernamental se retroalimentan, condenando a la sociedad a una espiral de miedo, desconfianza y desamparo. Es un recordatorio doloroso de que la ausencia del Estado no es neutral: es, en sí misma, una traición a la promesa más elemental de la civilización.
La estrategia de seguridad en Sinaloa no solo ha fracasado: ha dejado al descubierto la incapacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, la simulación de resultados y la resignación ante el poder del crimen organizado. Ni Harfuch, ni el Ejército, ni Rocha Moya han podido —ni parecen saber cómo— devolver la paz a Sinaloa. La sociedad exige respuestas y acciones, no más excusas ni discursos huecos.
El asesinato del Subdirector de la Policía Municipal de Zamora, David Flores Sánchez, junto con sus escoltas Mario Méndez Silvay Daniel Hernández de los Santos, ocurrido la noche de ayer jueves 3 de julio de 2025, representa uno de los ataques más violentos recientes contra fuerzas de seguridad en Michoacán y evidencia la grave crisis de seguridad en la región.
Pero ademas,dejó ver la tecnología que poseen criminales y que inhibe las señales de GPS ,lo que echa abajo el optimismo de Omar García Harfuch al que le acaban de autorizar la localización de celulares en tiempo real,que bajo este escenario “nomas no sirve”.
Detalles del ataque
El atentado sucedió alrededor de las 23:20-23:45 horas en la colonia El Vergel, específicamente en la calle Olmos, cerca de su cruce con Jacarandas.
Los policías patrullaban en la unidad oficial PZ-072, una Chevrolet Silverado, cuando fueron emboscados por un grupo armado que viajaba en varios vehículos.
Los agresores, estimados entre seis y ocho sicarios, utilizaron armas largas tipo AK-47 y AR-15, disparando alrededor de 500 proyectiles contra la patrulla. Dos agentes murieron dentro del vehículo y el subdirector fue abatido al descender de la unidad.
En la escena, peritos recolectaron 397 casquillos de AK-47, 59 de AR-15 y 19 de pistola 9 mm. Los agresores abandonaron una camioneta Nissan Frontier con reporte de robo en Guanajuato, en cuya caja se hallaron chalecos tácticos, cargadores, bombas molotov, ponchallantas e inhibidor de señal GPS.
Tras el ataque, los responsables arrojaron artefactos ponchallantas para obstaculizar la persecución y huyeron del lugar.
Contexto e implicaciones
David Flores Sánchez era considerado un mando cercano a sus elementos y responsable del diseño de operativos policiales en Zamora.
Trascendió que el subdirector ya había recibido amenazas de grupos criminales, lo que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido.
Zamora es una de las ciudades con mayor índice de homicidios dolosos en México, con una fuerte disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios y Los Viagras, quienes se disputan actividades como el narcotráfico, extorsión y secuestro.
En la región, la violencia contra autoridades se ha recrudecido: en las semanas previas también fueron asesinados los presidentes municipales de Tacámbaro y Tepalcatepec.
Respuesta institucional y operativos
El Gobierno de Zamora y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán condenaron el ataque, expresaron condolencias y prometieron respaldo a las familias de las víctimas, además de reiterar su compromiso con la seguridad y la justicia.
Se desplegó un operativo conjunto con elementos del Ejército, Guardia Nacional, Guardia Civil y corporaciones estatales y municipales, pero hasta el momento no hay detenidos.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y analiza las grabaciones del sistema de videovigilancia C5i para identificar la ruta de escape de los sicarios.
Patrón de ataques a mandos policiales
El mismo día, en Igualapa, Guerrero, el subdirector de Seguridad Pública y tres policías municipales fueron asesinados en una emboscada similar, lo que evidencia un patrón de ataques directos contra mandos y fuerzas de seguridad en distintas regiones del país.
Conclusión El asesinato de David Flores Sánchez y sus escoltas se inscribe en una ola de violencia dirigida contra mandos policiales en contextos de disputa criminal, con operativos de alto impacto y uso de armamento militar. La impunidad y la capacidad de fuego de los grupos delincuenciales continúan desafiando la respuesta de las autoridades estatales y federales, mientras la inseguridad en municipios como Zamora sigue en aumento.
La escena es del exgobernador panista de Tamaulipas,”Pancho” García Cabeza de Vaca en Texas y tiene su origen en reciente video que publicó desde sus redes donde se exhibe recogiendo huevos orgánicos en una propiedad amurallada que semeja una granja pero bien protegida ,aunque “redepente” pareciera mas un jardín descuidado con gallinas.
El video es corto, pero suficiente para dejarnos ver que anda muy ocupado y preocupado,mientras nos presume parte de su familia y su perrita Nala.
Desde este exilio texano, el exgobernador al que le corre sangre politica azul y que siempre presumió tener muchos ‘huevos’ para gobernar, nos deja ver que ahora se dedica a recolectar huevos, pero de los que ponen las gallinas, bien orgánicos y lejos de México.
La granja es en apariencia modesta,se advierte un gallinero y algunas gallinas donde tambien se ven algunos arboles que sirven de escenario para que “Pancho” nos muestra orgulloso su cosecha semanal de los sabados, acompañado de su esposa en la cámara, su hija y la perrita Nala, mientras sostiene un cubo y un puro, como si fuera el rey de su pequeño imperio avícola.
Eso sí, con más huevos en el gallinero que valor para cruzar la frontera y enfrentar lo que dejó atrás que pronto lo perseguirá del otro lado del Río,si los cálculos no fallan, pues ya ven como es de conspirador el universo.
Pero el que antes presumía que tenía huevos para gobernar, ahora solo huevos para desayunar,eso si, con el puro en la siniestra para no perder el glamour, porque como dice la canción ,antes muerto que sencillo.
Aunque pareciera que lo que busca “Pancho Cabeza de Vaca es que ustedes no lo olviden, asi sea mostrándonos que sus “huevos son frescos” ,aunque el valor para regresar a México…siga en incubación.”
El contraste entre la imagen de poder y autoridad que él mismo se construyó con dinero de los TamaulIepcos, y la escena humilde, casi doméstica, en Texas,nos recuerda cuando cortaba “chilito del monte para hacer una salsa en el molcajete”, que tiempos aquellos, y también se niegan a volver.
La mas reciente declaración de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reconociendo que “no hemos mejorado” y que “el crimen va ganando en Sinaloa” tras el junio más sangriento en la historia del estado —con 212 asesinatos y 29 cuerpos hallados en fosas— no es un simple acto de sinceridad ni de cinismo: es, ante todo, la admisión pública de un fracaso rotundo en materia de seguridad que salpica a Omar García Harfuch,el Ejercito y la Marina.
El contexto es brutal: más de mil 600 personas asesinadas desde septiembre de 2024, masacres como la de Culiacán con 20 muertos en un solo día, y una ciudadanía atrapada entre balaceras, desapariciones y extorsiones. A pesar de la llegada de mil 600 elementos federales adicionales y el “despliegue robusto” de fuerzas, la espiral de violencia no solo no se ha contenido, sino que se ha agravado, mientras la confrontación interna en el Cártel de Sinaloa escala y la percepción de inseguridad se multiplica.
Cuando un gobernador admite, frente a los medios, que la estrategia no funciona y que la violencia sigue desbordada, no se trata de una muestra de valentía política ni de transparencia ejemplar: es el reconocimiento de que el Estado ha perdido el control y que las fórmulas aplicadas han fracasado. La sinceridad, en este caso, no exonera la responsabilidad ni mitiga el desastre; solo evidencia la magnitud de la derrota institucional.
En suma: Rocha Moya no es cínico por aceptar la realidad, ni especialmente sincero por verbalizar lo evidente. Es, sobre todo, un funcionario mas fracasado en su principal deber: garantizar la seguridad de la población. Y en un estado como Sinaloa, donde el crimen organizado marca el pulso social, ese fracaso tiene consecuencias mortales.
“Cuando el poder reconoce su derrota, la sociedad paga el precio más alto.”
“La sinceridad ante el fracaso no consuela a quienes viven bajo la sombra del miedo.”
“Admitir la derrota es apenas el primer paso; lo imperdonable es no cambiar el rumbo.”
“En Sinaloa, la verdad oficial es tan cruda como la realidad que se niega a cambiar.”
“Mientras el Estado baja los brazos, la esperanza de los sinaloenses se desvanece entre balas y silencios.”
La mas reciente y desafortunada declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum, abona al encono en vez de la cooperacion,resta en vez de sumarse a la colaboración con EE.UU al exigir que, si Ovidio Guzmán inculpa a alguien en México (…como Don AMLO,Rocha Moya,Americo), el gobierno de Estados Unidos debe presentar pruebas para que la Fiscalía General de la República (FGR) sea la que actúe (…que bonito, que padre), revela varios sesgos y omisiones relevantes desde una perspectiva jurídica y política.
Sesgo principal: Sheinbaum asume anticipadamente una postura de abogada defensora de posibles indiciados mexicanos al condicionar la actuación de la FGR exclusivamente a la existencia de pruebas materiales provenientes de Estados Unidos, en vez de reconocer que el simple testimonio o señalamiento de un testigo —como el propio Ovidio Guzmán en calidad de colaborador— ya constituye una prueba válida y suficiente para abrir una investigación en México, conforme al marco legal vigente.
“Si en este juicio sale una imputación a alguna persona en México, pues tiene que venir pruebas del Gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía General de la República para que haga su trabajo en nuestro País”, dijo Sheinbaum.
Explicación legal sobre el testimonio como prueba en México:
En el sistema penal mexicano, el testimonio es un medio de prueba fundamental y puede ser ofrecido y admitido en cualquier etapa del proceso, desde la investigación inicial hasta el juicio.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que toda persona está obligada a declarar la verdad cuando es citada como testigo, y su declaración puede ser suficiente para iniciar una investigación o incluso para sustentar una acusación, dependiendo de su solidez y corroboración con otros elementos.
No se exige que el testimonio esté acompañado desde el inicio de pruebas materiales adicionales para que la autoridad investigadora actúe; basta con que el señalamiento sea verosímil y relevante para que se abra una carpeta de investigación.
En la práctica, México utiliza el testimonio como prueba incluso ante el más mínimo señalamiento, sobre todo en delitos graves como delincuencia organizada, donde el testimonio de colaboradores o testigos protegidos ha sido clave para iniciar y sustentar procesos penales.
Sesgo político y de oportunidad:
Al enfatizar la necesidad de “pruebas” materiales extranjeras antes de que la FGR actúe, Sheinbaum minimiza el valor del testimonio y parece anticipar una defensa de funcionarios o ciudadanos mexicanos que pudieran ser señalados por Ovidio Guzmán, lo que puede interpretarse como una postura de protección política, en vez de una estricta sujeción al debido proceso y al principio de legalidad.
Esta narrativa también ignora que la cooperación internacional en materia penal contempla el intercambio de testimonios y declaraciones como parte de los mecanismos de asistencia jurídica, y que la FGR tiene la obligación de investigar cualquier señalamiento relevante, provenga de testigos, documentos o pruebas materiales.
Conclusión: La declaración de la presidenta revela un sesgo de defensa anticipada hacia posibles indiciados mexicanos al condicionar la actuación de la FGR a la entrega de pruebas materiales por parte de Estados Unidos, desconociendo que el testimonio —incluso el de un criminal confeso como Ovidio Guzmán— es reconocido en México como prueba válida y suficiente para iniciar investigaciones y acciones penales. Esto contradice la práctica judicial mexicana, donde el testimonio es frecuentemente utilizado y, en ocasiones, es el punto de partida para desahogar diligencias y recabar pruebas adicionales.
La Guardia Nacional (GN) informó que, de los 137 mil 716 elementos activos en 2024, desplegó 108 mil 089 efectivos en las 32 entidades federativas, deteniendo a más de 10 mil personas con actividad delictiva.
La GN también detalla en su desglose que las 10 mil 69 personas detenidas por actividades delictivas: 2 mil 704 fueron puestas a disposición del ministerio público federal, 2 mil 746 al ministerio público del fuero común y 4 mil 619 que cometieron faltas administrativas.
1. Discrepancias en cifras y falta de transparencia
El informe sobre la Guardia Nacional (GN) que reporta el despliegue de 108 mil efectivos y la detención de más de 10 mil personas en 2024 plantea serias dudas sobre la eficacia y eficiencia de la corporación, especialmente cuando se analiza la relación entre el tamaño del despliegue y los resultados obtenidos.
2. Eficacia operativa: baja productividad
La GN reporta 10,069 detenciones en 2024.Si se compara esta cifra con el despliegue de 108 mil efectivos, cada elemento realizó, en promedio, 0.093 detenciones al año (menos de una detención por cada 10 elementos). Investigaciones académicas lo confirman: la tasa de detenciones por efectivo de la GN es de apenas 0.071 por año, mientras que la Policía Estatal Preventiva logra 1.6 detenciones anuales por elemento. Esto evidencia una eficiencia significativamente menor respecto a otras corporaciones civiles.
3. Calidad de los resultados y pertinencia de la acción
El informe oficial destaca el crecimiento del despliegue territorial (75% en seis años), pero los resultados en decomisos y detenciones no son proporcionales al incremento de personal. Por ejemplo:
En 2024, la GN incautó cerca de la mitad de drogas que en 2019, a pesar de contar con más elementos desplegados.
El aseguramiento de armas y vehículos ha crecido, pero la cantidad de detenciones y la efectividad en la reducción de delitos de alto impacto no muestran un avance acorde al tamaño y presupuesto de la corporación, donde lo unico que crece son los abusos.
4. Distribución territorial y priorización cuestionable
El despliegue de la GN no necesariamente corresponde a las zonas con mayor incidencia delictiva. Por ejemplo, la Ciudad de México, con una de las policías locales más grandes, sigue concentrando más elementos federales que estados con mayores índices de homicidios, como Guanajuato. Esto contradice la narrativa oficial de priorización de áreas conflictivas y sugiere decisiones operativas poco alineadas con las necesidades reales de seguridad.
5. Militarización y debilitamiento de policías civiles
El predominio de personal militar y la subordinación a la Sedena han debilitado la función civil de la seguridad pública. A pesar de la inversión y el crecimiento, la GN no ha logrado reemplazar ni superar la efectividad de las policías estatales y municipales. La tendencia a la militarización ha sido criticada por su limitada capacidad investigativa y su débil impacto en la reducción de delitos complejos.
6. Costos y controles internos
El crecimiento del número de efectivos ha traído consigo un aumento en los casos disciplinarios: de cero sancionados en 2019 a más de 21 mil en 2024. Esto sugiere problemas de control interno y posibles deficiencias en la formación y supervisión del personal.
7. Conclusión argumentada
La cantidad de efectivos desplegados no se traduce en calidad ni cantidad de resultados en seguridad pública.
La baja productividad por elemento, la falta de transparencia en cifras y la cuestionable distribución territorial debilitan la justificación de la estrategia basada en la GN.
La militarización no ha resuelto los problemas estructurales de inseguridad ni ha fortalecido las capacidades de investigación y prevención del delito.
La eficiencia y eficacia de la GN, medidas por detenciones, decomisos y reducción de delitos, no justifican la magnitud de recursos y personal asignados, lo que exige una revisión profunda de la estrategia y un fortalecimiento de las policías civiles.
Por que ni eficacia, ni eficiencia
El contexto de la Guardia Nacional (GN) en México, con un despliegue masivo de efectivos y resultados operativos bajos, revela un choque frontal entre los conceptos de eficacia y eficiencia en la gestión de la seguridad pública.
Eficacia se refiere a la capacidad de cumplir los objetivos, es decir, lograr el efecto deseado (por ejemplo, realizar detenciones o reducir delitos). Eficiencia, en cambio, implica alcanzar esos objetivos utilizando la menor cantidad de recursos humanos y materiales posibles, optimizando tiempo, personal y presupuesto.
En el caso de la GN:
La eficacia es limitada: Aunque se reportan más de 10 mil detenciones en 2024, el número es bajo en relación al tamaño del despliegue (108 mil efectivos). Esto implica que, aunque se logra el objetivo de detener personas, el resultado es magro para la magnitud de recursos empleados.
La eficiencia es aún menor: La productividad por elemento es extremadamente baja: apenas 0.071 detenciones por efectivo al año, en comparación con 1.6 detenciones por policía estatal. Esto indica un uso poco óptimo de los recursos humanos y materiales disponibles.
La situación se agrava porque, además de la baja productividad, existen inconsistencias en los datos reportados y falta de transparencia, lo que impide evaluar con precisión si los recursos públicos están siendo utilizados adecuadamente para el fin propuesto.
El choque entre eficacia y eficiencia en este contexto se expresa así:
Se cumple parcialmente el objetivo (eficacia limitada), pero se hace con un enorme gasto de recursos (baja eficiencia).
La GN no logra justificar su tamaño y presupuesto con resultados proporcionales, lo que evidencia una gestión ineficaz e ineficiente de la seguridad pública.
La comparación con otras corporaciones muestra que es posible obtener mejores resultados con menos recursos, lo que subraya la ineficiencia de la GN.
En términos de políticas públicas, este choque implica que no basta con alcanzar metas mínimas (eficacia), sino que es indispensable hacerlo optimizando los recursos (eficiencia), especialmente cuando se trata de bienes públicos como la seguridad. La falta de equilibrio entre ambos conceptos en la GN genera un desempeño deficiente y cuestiona la sostenibilidad y legitimidad de la estrategia actual.
A que equivale
1. El elefante en la cristalería
Imaginen que contratan un elefante para limpiar una tienda de cristales. Aunque el elefante es grande y fuerte (como la GN con muchos efectivos), su tamaño y torpeza hacen que rompa más cristales de los que limpia. El resultado es desproporcionado respecto al esfuerzo y los recursos empleados: mucho movimiento, poco beneficio real.
2. Usar un cañón para matar una mosca
Es como si para eliminar una simple mosca en una habitación, utilizaras un cañón. El cañón representa el enorme despliegue de recursos (personal, presupuesto), pero el resultado (matar la mosca) es mínimo y el costo, desproporcionado. Hay un gran desperdicio de recursos para un resultado insignificante y en ocasiones no matas la mosca, pero siempre desmadras la mesa.
En sintesis,el análisis muestra que el informe oficial, lejos de reflejar un éxito operativo, evidencia deficiencias estructurales y una brecha significativa entre el discurso gubernamental y los resultados tangibles en materia de seguridad pública, son un fracaso.
