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domingo, 20 de abril de 2025

“OIGAN y SI MEJOR las EVITAMOS ?”: “BECKY PROPONE KIT FORENSE para FACILITAR a la AUTORIDAD la IDENTIFICACION de NUESTROS RESTOS el DIA que NOS DESAPAREZCAN”…pero eso es lo unico que deberia desaparecer.


En México, donde más de 127,000 personas permanecen desaparecidas,13,426 en Tamaulipas,el segundo mas peligroso en este segmento del delito en Mexico, la bióloga y activista Becky Bios ha propuesto una solución individual ante un problema sistémico: un kit forense personal. 

Esta iniciativa, que ha generado tanto adeptos como críticos, plantea una disyuntiva entre la preparación para una eventual desaparición y la urgencia de abordar las causas estructurales que permiten que las desapariciones sean un fenómeno tan extendido en el país. 

Nuestro análisis busca examinar los méritos de la propuesta publicada por el Diario Español,EL PAIS,en medio del debate que ha generado en un contexto donde la crisis forense y la impunidad ,perpetúan uno de los problemas más dolorosos que enfrenta la sociedad mexicana bajo la incapacidad y complicidad de todos los niveles de la pudrición politica y gubernamental. 

La crisis de desapariciones en México: Un problema sistemático

México enfrenta una emergencia humanitaria de proporciones alarmantes. Según datos de la Secretaría de Gobernación, más de 127,307 (…al dia de hoy) personas permanecen en paradero desconocido. Esta crisis ha sido calificada por la ONU como “sistemática y generalizada”, aunque el gobierno mexicano ha intentado minimizar su magnitud, llegando incluso a sugerir que las denuncias forman parte de una “estrategia para descarrilar” a la administración actual.

El problema se agrava con lo que algunos expertos denominan “crisis forense”. Las autoridades han reconocido la existencia de entre 26.000 y 36.000 restos humanos sin identificar en servicios médicos forenses, panteones ministeriales y fosas comunes a lo largo del país. Esta situación refleja no solo la magnitud del problema de las desapariciones, sino también las graves, muy graves deficiencias institucionales para dar respuesta a las familias que buscan a sus seres queridos.

Las desapariciones en México responden a múltiples factores, pero es la actividad del crimen organizado, la corrupción institucional y la intervención directa o indirecta de agentes estatales, incluido el ejercito , la Marina y hasta gobernadores,quienes operan la exitosa fabrica de “levantones” perpetuada bajo el humanismo cuatrero.

Como señalan algunos estudios, “las desapariciones ocurren frecuentemente con la intervención directa e indirecta de agentes gubernamentales”. Esta realidad ha llevado a una profunda desconfianza en las instituciones y ha motivado respuestas ciudadanas ante la percepción de abandono estatal.

El kit forense de Becky Bios: Una respuesta desde la sociedad civil

Becky Bios, bióloga molecular y maestra en Ciencias forenses por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha desarrollado como parte de su trabajo académico un “kit forense” que busca facilitar la identificación de personas en caso de desaparición. Este proyecto surge de su experiencia personal como víctima de intento de feminicidio y de su trabajo como activista.

El kit, que tiene una duración de cinco años, contiene elementos clave para la identificación forense:

  • Huellas dactilares completas
  • Mechones de cabello con raíz
  • Uñas de manos y pies
  • Muestras de hisopado bucal para ADN
  • Fotografías actualizadas cada seis meses
  • Ficha para búsqueda con características físicas
  • Prenda de vestir usada (para binomios caninos)
  • Odontograma con el mapa dental completo

Según Bios, este kit fue concebido como “una herramienta de prevención y precaución por si llegara a desaparecer alguien cercano a nosotros”. La activista explica que notó que en casos de feminicidio, frecuentemente la antesala es la desaparición, lo que la llevó a buscar formas de facilitar los procesos de identificación y búsqueda.

El proceso de recolección genética propuesto por Bios cuenta con respaldo académico, incluyendo la supervisión de sus docentes en la UNAM y el trabajo previo del licenciado en ciencia forense Carlos Uriel Hernández Figueroa sobre la “Obtención de perfiles genéticos mediante polimorfismos”[1]. Su objetivo declarado es “acercar la genética a la población”.

El fenómeno viral: De la academia a las redes sociales

La propuesta de Bios ha trascendido el ámbito académico, convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales. Diversos usuarios, particularmente mujeres jóvenes, han compartido tutoriales sobre cómo crear sus propios kits forenses caseros.

Una tiktoker conocida como “La Prota Feminista” publicó un video que acumuló más de 3.4 millones de reproducciones, donde muestra cómo tomar sus propias huellas dactilares usando lápiz y cinta adhesiva. En la descripción del video, argumenta: “Evidentemente la mayoría de las personas que me siguen son mujeres pero de hecho todos deberíamos hacer un kit forense, ya se demostró que las personas a las que les pasa algo no es porque ‘andaban en algo’… a veces solo iban a comprar un horno, iban a una entrevista de trabajo o iban regresando de la escuela”.

Este fenómeno refleja el miedo cotidiano que experimentan muchas personas, especialmente mujeres, ante el riesgo de desaparición. Comentarios en estos videos reflejan experiencias personales, como el de una usuaria que señaló: “Me mudé de ciudad, y con lágrimas en los ojos dejé en casa de mi mamá mi kit forense y sí, fue horrible hacerlo”.

Adeptos y detractores: El debate sobre los kits forenses

La iniciativa de Bios ha encontrado tanto apoyo como críticas. Entre quienes han adoptado la propuesta se encuentra Berenice Ayala, una joven de 23 años de Puebla que creó su propio kit y lo mantiene guardado en un lugar conocido solo por personas de su confianza. Ayala considera que “definitivamente, es un problema que se necesita atender [la inseguridad] y que no tiene una solución pronta. Es un tema bastante complejo y, mientras tanto, no nos queda de otra más que cuidarnos y prevenir lo más posible”.

Otro caso es el de Florencio Bautista, un hombre de 66 años del Estado de México, quien ve el kit como una “medida de seguridad” especialmente útil considerando su edad y discapacidad visual.

Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas significativas. Algunos especialistas en criminalística y colectivos de búsqueda han señalado que este tipo de iniciativas pueden “normalizar” la crisis humanitaria. La Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas ha manifestado su preocupación: “Genera molestia porque lejos de solicitar que el Estado asuma su responsabilidad, le deja la responsabilidad a la sociedad de la identificación de personas desaparecidas y localizadas sin vida […] Estas acciones promueven miedo”.

El colectivo Casi Creativos ha expresado un sentimiento compartido por muchos: que ninguna persona debería tener que prepararse para su propia desaparición. En sus palabras: “Duele porque lo entendemos. Porque muchas ya lo han hecho. Porque muchas ya no están”. Añaden que estos kits “creados desde el miedo y el amor, no son una exageración: son una respuesta desesperada ante un país donde buscar a una hija, una amiga, una hermana… se ha vuelto parte de la rutina”.

Entre la autoprotección y la responsabilidad estatal

El debate sobre los kits forenses refleja una tensión fundamental entre las estrategias de autoprotección ciudadana y la responsabilidad del Estado en garantizar la seguridad de sus habitantes. Por un lado, estas iniciativas pueden verse como una forma pragmática de enfrentar una realidad dolorosa, proporcionando herramientas concretas a las familias en caso de desaparición.

Ante las críticas, Becky Bios ha defendido su propuesta argumentando que no busca normalizar las desapariciones: “La razón de este kit no es, para nada, con el objetivo de normalizar la desaparición. Esa nunca ha sido mi intención. De hecho, todo lo contrario. Estoy proponiendo a las familias mexicanas que puedan tener un instrumento, una herramienta que les pueda ayudar a que busquen con mayores recursos a sus familiares en caso de una adversidad”.

Sin embargo, su declaración “Es claro que el Estado no puede cuidarnos, así de plano” refleja un reconocimiento implícito del fracaso institucional que ha llevado a los ciudadanos a buscar soluciones por cuenta propia. Esta afirmación encarna el dilema central: ¿deben los ciudadanos adaptarse a vivir con miedo y prepararse para lo peor, o debería enfocarse la energía social en exigir que el Estado cumpla con su obligación fundamental de proteger la vida y seguridad de las personas?

La crisis forense y sus implicaciones

El problema no es solo la desaparición de personas, sino también las graves deficiencias del sistema forense mexicano para identificar a quienes son localizados sin vida. 

Esta “crisis forense” se caracteriza por la fragmentación de la información entre instituciones, problemas de volumen en el procesamiento de casos, y carencias en infraestructura y equipamiento. Las autoridades han reconocido estas deficiencias y han prometido priorizar las tareas de búsqueda e identificación, aunque los avances concretos han sido limitados.

En este contexto, propuestas como el kit de Bios pueden ayudar a agilizar la identificación de personas desaparecidas al proporcionar muestras de referencia directa. Sin embargo, también evidencian una adaptación ciudadana a un problema que debería ser abordado desde una perspectiva estructural e institucional.

¿Prevenir desde la raíz o prepararse para lo peor?

La pregunta planteada en el título de consulta, “¿Y SI MEJOR las EVITAMOS?”, apunta a la necesidad de soluciones preventivas que ataquen las causas del problema, en lugar de medidas paliativas para gestionarlo. Este es quizás el punto más crítico del debate.

Las desapariciones en México persisten por múltiples razones, entre ellas “su naturaleza clandestina, la construcción de personas ‘desechables’, la utilidad de la política económica, y la pérdida ambigua como control social” . Abordar estas causas requiere transformaciones profundas en las instituciones y políticas públicas.

Sin embargo, mientras estas transformaciones no ocurren, muchas personas se enfrentan al dilema de cómo protegerse a sí mismas y a sus seres queridos en un contexto de riesgo constante. Los kits forenses representan una respuesta pragmática ante una realidad dolorosa, pero no deben sustituir la exigencia ciudadana de un Estado que garantice seguridad y justicia.

Conclusión: Entre el pragmatismo doloroso y la exigencia de cambio

El kit forense propuesto por Becky Bios y su adopción por parte de diversos sectores de la sociedad mexicana refleja una adaptación dolorosa pero pragmática a una crisis humanitaria que el Estado no ha podido o querido resolver. Su existencia misma es un testimonio de la magnitud del problema de las desapariciones en México y de la desconfianza ciudadana en las instituciones.

La disyuntiva no debería plantearse como una elección excluyente entre prepararse para lo peor o exigir que las desapariciones cesen. En el contexto actual, ambas aproximaciones son necesarias. Los kits forenses pueden proporcionar una herramienta útil para las familias que enfrentan la pesadilla de la desaparición de un ser querido, mientras que la presión social y política debe mantenerse para transformar las condiciones que permiten que estas desapariciones ocurran.

Como señala el colectivo Casi Creativos, estos kits “no son un llamado a vivir con miedo. Es una herida abierta. Una que se siente todos los días. Y que todavía no cierra”. Quizá el mayor valor de iniciativas como la de Becky Bios no sea solo su utilidad práctica, sino su capacidad para mantener visible una crisis que no debe normalizarse, y cuya solución requiere un compromiso social e institucional que aún está pendiente.

Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ANDRES RODRIGUEZ/RNPDNLO

“FUE SABADO de PONCHALES las LLANTAS y…que PAGUE el NARCOESTADO”: EL “CDS DESATA MASACRE SIMULTANEA de NEUMATICOS en MEDIA DOCENA de PUNTOS en CULIACAN”…cada caucho desgarrado narra su historia de impunidad.


La noche del sábado 19 de abril,en Culiacán ,se caracterizó por un patrón coordinado de colocación de artefactos “ponchallantas” en múltiples zonas estratégicas de la ciudad, perpetrado por su majestad “Morena”, el Car tel de Sinaloa.

Los reportes indican que estos dispositivos metálicos fueron arrojados en al menos seis puntos distintos, causando daños a vehículos particulares durante un período de aproximadamente tres horas. 

Cronología y Ubicación de los Incidentes

El despliegue de los “ponchallantas” siguió un patrón temporal y geográfico específico que sugiere una acción planificada. Los primeros reportes comenzaron a registrarse entre las 6:30 y 7:30 de la noche del sábado 19 de abril, concentrándose inicialmente en tres ubicaciones principales.

Primeros Reportes (6:30-7:30 PM)

Los incidentes iniciales fueron documentados en:

  • Bulevar Pedro Infante: Frente al Congreso del Estado de Sinaloa, específicamente a la altura del puente peatonal.
  • Avenida Álvaro Obregón: En dos puntos distintos: a la altura del Tecnológico de Culiacán y cerca de una conocida plaza comercial en Colinas de San Miguel.

Segunda Oleada (Aproximadamente 9:15 PM)

Aproximadamente dos horas después, se reportó una segunda oleada de incidentes en cuatro ubicaciones adicionales:

  • Sector Humaya: Específicamente en el Infonavit Humaya.
  • Bulevar Enrique Sánchez Alonso: En la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos.
  • Bulevar Universitarios: Punto estratégico de circulación en la ciudad.
  • Bulevar Diego Valadez Ríos: También conocido como “Malecón Nuevo”.

Esta distribución geográfica revela un patrón de colocación en arterias principales y zonas de alto tráfico vehicular, afectando la movilidad en puntos neurálgicos de Culiacán.

Impacto y Respuesta Ciudadana

Los “ponchallantas”, objetos de acero de fabricación artesanal con puntas afiladas, provocaron daños en varios vehículos particulares que transitaban por las vialidades cuando fueron arrojados. El impacto inmediato para los ciudadanos fue considerable.

Afectaciones Documentadas

  • Múltiples vehículos particulares sufrieron daños en sus neumáticos, aunque hasta el momento no se ha reportado una cifra oficial exacta de unidades afectadas.
  • Los conductores afectados se vieron obligados a implementar soluciones de emergencia: algunos llamaron a servicios de llantera móvil mientras otros recurrieron a colocar sus llantas de refacción para continuar su trayecto.

La respuesta ciudadana refleja la normalización de estos incidentes en Culiacán, donde los conductores han desarrollado estrategias de adaptación ante estas situaciones recurrentes de inseguridad.

Respuesta de las Autoridades

Tras los reportes al número de emergencias 9-1-1, diversas corporaciones de seguridad movilizaron recursos para atender la situación.

Operativo de Respuesta

  • Elementos preventivos se encargaron de retirar los “ponchallantas” para evitar más percances.
  • Las autoridades desplegaron un operativo en los sectores afectados con el objetivo de localizar a los responsables.
  • Personal de seguridad ofreció asistencia a los conductores afectados, aunque no está documentado si esta ayuda llegó a todos los casos.

Análisis de los “Ponchallantas” como Táctica Disruptiva

Los “ponchallantas” representan una táctica deliberada de obstaculización que cumple varios propósitos para quienes los utilizan.

Características y Fabricación

Estos artefactos son:

  • Objetos de acero de fabricación artesanal con puntas afiladas diseñados específicamente para perforar neumáticos.
  • Su diseño simple pero efectivo permite su rápido despliegue en vialidades para provocar daños inmediatos.

Objetivos Tácticos

El uso de estos dispositivos parece orientado a:

  1. Obstaculizar la movilidad: Tanto de civiles como de autoridades en zonas estratégicas.
  2. Crear confusión y caos: Afectando el tráfico normal en la ciudad.
  3. Proyectar control territorial: La capacidad de desplegar estos artefactos en múltiples puntos simultáneamente transmite un mensaje sobre la presencia y capacidad operativa de grupos criminales.

El patrón de uso de “ponchallantas” en Culiacán evidencia una táctica que ha sido incorporada al repertorio de acciones disruptivas por parte de grupos armados en la región.

Responsabilidad por Daños Causados por “Ponchallantas” en Culiacán: Análisis Legal 

La colocación de “ponchallantas” en Culiacán el dia de ayer sabado,plantea interrogantes complejas sobre la responsabilidad civil y patrimonial del Estado mexicano. A partir del marco normativo analizado, se identifican tres vías potenciales de reparación para las víctimas:

1. Responsabilidad Directa de los Autores Materiales

Los responsables primarios son quienes colocaron los artefactos, ya que su acción constituye un delito de daños (vandalismo) tipificado en el Código Penal. Las sanciones incluyen:

  • Prisión de 1 a 3 años y multas.
  • Reparación integral del daño (restitución, indemnización material/moral, lucro cesante)

Sin embargo, la efectividad de esta vía depende de la identificación y captura de los responsables


2. Responsabilidad Subsidiaria del Estado bajo la Ley General de Víctimas

Cuando los autores no son identificados o carecen de recursos, el Estado podría intervenir mediante la compensación subsidiaria prevista en los artículos 64 y 68 de la Ley General de Víctimas:

  • Requisitos:
  • Delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
  • Daño al libre desarrollo de la personalidad o deterioro incapacitante.
  • Responsables fugados, fallecidos o insolventes.
  • Límites:
  • Monto máximo de 500 UMAs mensuales.

En Culiacán, los afectados podrían solicitar esta compensación ante la Comisión Estatal de Víctimas, demostrando la imposibilidad de obtener reparación directa. No obstante, este mecanismo enfrenta críticas por su limitación cuantitativa y exclusiones categóricas.


3. Responsabilidad Patrimonial del Estado por Actividad Administrativa Irregular

La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado (LFRPE) y su homóloga en Sinaloa establecen que el Estado debe indemnizar cuando:

  • Exista nexo causal entre la actividad estatal y el daño.
  • Se demuestre irregularidad en la prestación de servicios públicos (ej.: fallas en operativos de seguridad).

Argumentos a favor de la responsabilidad estatal:

  • Omisión en prevención: La recurrencia de “ponchallantas” en Culiacán (4 eventos en 6 meses) sugiere deficiencias en inteligencia policial y vigilancia vial.
  • Retraso en respuesta: Aunque las autoridades retiraron los artefactos, no detuvieron a los responsables ni implementaron medidas disuasorias.

Contrargumentos del Ayuntamiento de Culiacán:

  • Los daños son causados por particulares, no por fallas en servicios públicos.
  • La LFRPE solo aplica a irregularidades administrativas, no a actos delictivos de terceros.

5. Recomendaciones para las Víctimas

  1. Denuncia penal: Registrar el hecho ante el Ministerio Público para activar la obligación de reparación del daño.
  2. Solicitud de compensación subsidiaria: Presentar documentación ante la Comisión Estatal de Víctimas, incluyendo:
  • Informe policial del incidente.
  • Presupuestos de reparación vehicular.
  • Constancia de insolvencia de los responsables.
  1. Demanda administrativa: Argumentar negligencia estatal en prevención bajo la LFRPE, respaldada con:
  • Historial de incidentes similares en la zona.
  • Informes de falta de patrullaje o cámaras de vigilancia.

Conclusión: Hacia un Enfoque Integral de Reparación

La responsabilidad recae principalmente en los autores materiales, pero el Estado tiene obligaciones subsidiarias y potenciales responsabilidades por omisión. Para casos masivos como el de Culiacán, se requiere:

  • Mecanismos colectivos: Aplicar el artículo 68 de la Ley General de Víctimas para reparación grupal.
  • Fondos específicos: Ampliar el Fondo de Reparación del Daño (actualmente limitado a 300 mil pesos por caso).

La negativa inicial del Ayuntamiento de Culiacán no exime al Estado de su deber constitucional de garantizar seguridad y acceso a la justicia. Una solución duradera exige combinar sanciones penales, compensaciones ágiles y estrategias de inteligencia para desarticular redes criminales,lo que evidentemente no esta ocurriendo.

Con informacion: NOROESTE/

LE “LEYERON sus DERECHOS al CHUECO ?”: EL “OPERATIVO QUIRURGICO de la MARINA ATORÓ MANDO de MEDIO PELO pero le DIO CATEGORIA de GRAN CAPO para AMPLIFICAR CAPTURA”…y dicen jala pa’l CJNG.


Un operativo federal, citado en medios como quirúrgico, en Bahía de Kino, Hermosillo, la Secretaría de Marina (Semar) capturó a Iván Fernando Zepeda, alias “El 4-40”, a quien identifican como un operador clave y relevante de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Sonora. 

De acuerdo al comunicado oficial, que recicla el mismo “machote”: “Fue a través de labores de inteligencia y seguimiento en campo, que las autoridades ubicaron a Zepeda en una zona costera de Hermosillo, un punto clave para las operaciones logísticas del CJNG. La FGR ejecutó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud, específicamente relacionados con la exportación de narcóticos”.

Zepeda, según investigaciones navales, era un actor relevante en las operaciones del CJNG en Nogales e Ímuris, dos municipios fronterizos que funcionan como corredores críticos para el tráfico de drogas y armas. Bajo las órdenes de un líder criminal actualmente encarcelado.

La Amplificación Mediática de las Capturas: Análisis del Caso “El 4-40” y la Estrategia Comunicativa de García Harfuch

Antes de adentrarnos en el análisis detallado, es importante destacar que la reciente captura de Iván Fernando Zepeda, alias “El 4-40”, representa un caso paradigmático de cómo las autoridades federales construyen narrativas alrededor de las detenciones. 

Esta práctica, que busca maximizar el impacto mediático de los operativos, forma parte de una estrategia más amplia de comunicación implementada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana bajo el mando de Omar García Harfuch, donde la presentación de resultados “ENSALSADOS EXAGERA el VALOR NUTRICIONAL de las CAPTURAS” para mandar señales a la percepción pública sobre efectividad en el combate al crimen organizado.

La Construcción Mediática de “El 4-40”: ¿Operador Clave o Figura Secundaria?

El Perfil Oficial vs. Las Interrogantes Pendientes

Según los comunicados oficiales, Iván Fernando Zepeda “El 4-40” fue detenido el 19 de abril de 2025 en Bahía de Kino, Hermosillo, Sonora, en una operación conjunta de la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las autoridades lo presentan como un “operador relevante” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaba en zonas estratégicas de Sonora, particularmente en los municipios de Nogales e Ímuris.

El comunicado oficial señala que Zepeda usaba un “yonke” (chatarrería) como fachada para acondicionar vehículos, almacenar armas y estupefacientes, y que vivía en Ímuris con su pareja y cuatro menores de edad. Se le imputa el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud, específicamente por la extracción de narcóticos del país.

Sin embargo, el análisis detallado de los informes disponibles deja interrogantes importantes sobre el verdadero nivel jerárquico de “El 4-40”. Mientras la Secretaría de Marina lo describe como un “actor relevante”, se menciona que operaba “bajo el mando de un líder criminal actualmente recluido”, lo que sugiere que no era un cabecilla principal sino un operador de nivel intermedio.

La Amplificación en el Contexto de Resultados Rápidos

La presentación de “El 4-40” como una figura significativa del CJNG debe analizarse en el contexto de la necesidad institucional de mostrar avances concretos. Esta detención se enmarca en la búsqueda de resultados visibles de la estrategia de seguridad impulsada por García Harfuch, quien apenas en marzo de 2025 consolidó la creación de un grupo de élite especializado en operaciones contra el crimen organizado.

El Valor Mediático de las Capturas en la Estrategia Nacional de Seguridad

La Necesidad de Visibilizar Resultados

La forma en que se comunican las detenciones como la de “El 4-40” revela una estrategia deliberada para construir una narrativa de eficacia. Cada captura se presenta como un golpe significativo a las estructuras criminales, independientemente del nivel jerárquico real del detenido dentro de la organización, como lo han hecho con el resto.

Esta práctica responde a la necesidad política de mostrar resultados tangibles y visibles en la lucha contra el crimen organizado. Las detenciones de figuras presentadas como “relevantes” permiten construir una percepción de avance, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda respuestas inmediatas al problema de la inseguridad.

Los Riesgos de la Amplificación

Sin embargo, esta estrategia conlleva riesgos importantes. La exageración sistemática de la importancia de los detenidos puede generar escepticismo público cuando la realidad de violencia no coincide con la narrativa oficial. Además, el enfoque en figuras individuales puede desviar la atención de los problemas estructurales que permiten la continuidad de las organizaciones criminales.

Conclusión: Entre la Eficacia Real y la Construcción Narrativa

La captura de Iván Fernando Zepeda “El 4-40” refleja un patrón consistente en la comunicación oficial sobre detenciones: la amplificación de su importancia como parte de una estrategia más amplia de percepción pública. La tendencia a magnificar el perfil de los detenidos plantea interrogantes sobre la transparencia en la comunicación gubernamental.

La estrategia mediática de García Harfuch parece orientada a consolidar una imagen de eficiencia y resultados concretos.Sin embargo, el verdadero éxito de su gestión dependerá no solo de capturas individuales y su comunicación efectiva, sino de lograr una reducción sostenida y verificable, que no maquille cifras como hasta ahora y que sea tangible la reducción de la violencia y la presencia del crimen organizado en el territorio nacional que esta fracasando en Sinaloa donde la violencia crecen decrece y exhibe la falacía de capturas.

Bajo este contexto, el periodismo de investigación tiene la responsabilidad de analizar críticamente tanto los resultados reales como las narrativas construidas alrededor de ellos, proporcionando a la ciudadanía elementos para evaluar la efectividad de las políticas de seguridad más allá de los titulares y comunicados oficiales.

Con informacion: ELNORTE/