El proceso electoral que está en marcha desde septiembre pasado para renovar casi 23 mil cargos de elección popular entre ellos la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, ha dejado al menos 90 incidentes de violencia política, en contra de funcionarios en activo, candidatos , ex candidatos, ex funcionarios, activistas y hasta periodistas con un saldo de 109 víctimas, de las cuales 76 han perdido la vida hasta el momento.
La más reciente ejecución de un candidato fue el 5 de marzo cuando hombres armados ejecutaron al candidato del PRI a la presidencia municipal de Nuevo Casas Grandes, en Chihuahua, Yuriel Armando González Lara, junto con otra persona que viajaba con él a bordo de un automóvil.
Febrero del 2021, se perfila como uno de los más “rojos” en este proceso electoral con 4 ejecuciones en contra del presidente municipal de Chauites, Oaxaca, Leobardo Ramos, de Movimiento Ciudadano, el secretario de desarrollo Social de Puerto Morelos en Quintana Roo, Ignacio Sánchez Cordero, del PVEM, la ex presidenta municipal de Cosoleacaque, Veracruz, Gladys Merlín Castro del PRI y la precandidata de Morena Carla Enriquez Merlín, a esa misma presidencia municipal.
El 51.6% de los incidentes de violencia política fueron en contra de funcionarios en activo, 19.8% en contra de militantes y aspirantes a cargos de elección popular, 13.2% en contra de ex funcionarios y 15.4% en contra de activistas y periodistas de acuerdo a un análisis realizado por la consultora Integralia.
La violencia política se ciñe sobre todo contra funcionarios municipales, desde alcaldes, ex alcaldes o funcionarios de las presidencias municipales de todos los colores y partidos quienes sufren desde amenazas, agresiones, atentados, secuestros y asesinatos.
De hecho hasta el febrero del 2021, se ha asesinado a 24 funcionarios y ex funcionarios municipales: 3 presidentes municipales y 3 ex presidentes municipales y 18 funcionarios municipales.
El reporte, “Violencia política en México”, explica que la violencia política se enmarca en el contexto general de violencia homicida e inseguridad que aqueja al país perpetrada sobre todo por el crimen organizado.
“Buena parte de los incidentes los llevan a cabo miembros del crimen organizado que buscan coludir o controlar a gobiernos locales para control de mercados ilícitos como huachicoleo, tráfico de drogas, extorsión, etc”, advierte
Agrega que la violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad.
Destaca que un alto porcentaje de estos incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100 mil habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales.
LLEGA TARDE
El reporte recuerda que el pasado 4 de marzo, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó la estrategia del gobierno federal para ofrecer protección a candidatos amenazados durante el proceso electoral 2020-2021 pero considera que esa medida es tardía, pues el proceso ya está en marcha.
“Si bien el anuncio es una señal positiva, la estrategia tendrá un inicio tardío y será difícil de implementar, dada la magnitud de estas elecciones y muchos de los candidatos en riesgo se encuentran en comunidades alejadas con poca presencia de fuerzas federales”
Reviró que una estrategia integral de largo plazo buscaría reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos. Se enfocaría, asimismo, en detener el fortalecimiento de grupos del crimen organizado y sus esfuerzos de captura de gobiernos locales.
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