Cuatro meses lleva Claudia Sheinbaum administrando una colección bastante incómoda: gobernadores propios bajo sospecha y un vecino del norte que no deja de aventar gasolina al fuego. Mientras desde Palacio se invoca la soberanía como escudo multiusos, en Washington parecen tener otra agenda: señalar, filtrar y presionar, aunque oficialmente todo siga envuelto en llamadas “cordiales” con Trump.
El último episodio tiene nombre y apellido: Marina del Pilar Ávila. Audios filtrados la exhiben negociando lo que suena a trueque diplomático de bajo nivel: información a cambio de recuperar su visa y, de paso, suavizar cualquier problema legal. En las grabaciones incluso se desliza una cita en Panamá con gente del Departamento de Estado. Nada menor, considerando que su entorno cercano ya carga con investigaciones por presuntos vínculos con el crimen.
La reacción oficial en México ha sido la de siempre: matar al mensajero. Sheinbaum cuestiona quién filtra y con qué intención; García Harfuch asegura que en esas reuniones “no se comparte información sensible”, como si el problema fuera semántico. De paso, marcan distancia con Maru Campos —oposición— para dejar claro que la vara no mide igual en todos lados.
Pero el ruido no empezó con esos audios. Hace semanas, The New York Times soltó otra bomba: al menos diez políticos de Morena habrían servido como informantes para el gobierno de Trump, desobedeciendo la línea oficial de cerrar filas ante cualquier injerencia extranjera. En la lista aparecen nombres pesados como Alfonso Durazo y Américo Villarreal. La respuesta fue en bloque: negarlo todo y desacreditar la fuente.
En Tamaulipas, Villarreal arrastra acusaciones más específicas: financiamiento de campaña ligado al llamado “Rey del Huachicol”, según versiones que vienen desde dentro del propio obradorismo. En Sonora, Durazo navega entre señalamientos más administrativos que criminales, aunque con una frontera estratégica que lo vuelve pieza clave en el tablero.
Y luego está Sinaloa, el caso que realmente duele. Estados Unidos no se anduvo con rodeos: acusa a Rubén Rocha Moya y a su círculo de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de millones. No es insinuación, es imputación directa. Ya hay funcionarios entregados del otro lado, y el silencio sobre si están cooperando dice más de lo que cualquier comunicado oficial admitiría.
Para cerrar el cuadro, el Departamento de Estado dejó caer otra pieza: el crimen organizado no solo trafica drogas o combustible, también invierte en política. Financian campañas, colocan operadores y aseguran posiciones clave. No como teoría conspirativa, sino como modelo de negocio.
Así que mientras en México se habla de soberanía y cabeza fría, el mensaje que llega desde Estados Unidos es otro: el problema no es solo el narco, es quién se sienta en el poder… y para quién trabaja realmente.
Con información: DIARIO ESPAÑOL EL PAIS CARLOS CARABANA
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