Bajo el gobierno de Morena y de Américo Villarreal, Tamaulipas parece haber perfeccionado un viejo arte mexicano: el de disfrazar la transa con burocracia, sellos y una empresa que sirve para todo menos para lo que presume servir. Ahí está Casa Casve MX, la “consentida” que, nacida en 2020, ya presume 350 millones de pesos en contratos de seguridad pública, como si el erario fuera un cajero automático con vocación de beneficencia.
La elegancia de la transa y el montaje para justificarla es casi admirable, si no fuera porque el gobernador Villarreal Anaya lo paga con dinero de los contribuyentes.
La empresa aparece con un catálogo de actividades tan amplio que parece más un menú de buffet corporativo que una razón social seria: fotografía, construcción, telecomunicaciones, cómputo, inmobiliaria, consultoría y hasta obras eléctricas; un verdadero todóloga de utilería para una administración que, al parecer, confunde la seguridad pública con la subcontratación sin pudor.
Y para rematar el cuadro, los contratos no son una anécdota aislada ni una caída del sistema: según la información , vienen de 2023, 2024 y 2025, y se habrían firmado con funcionarios como Willy Zúñiga Castillo,ex-presidiaro reciclado del penal de Tamatan.
Igual ocurrió con Jorge Cuéllar Montoya y el actual General Carlos Arturo Pancardo Escudero. Es decir, no se trata de un desliz administrativo, sino de un método ordenado por el gobernador: el clásico modelo de siempre, ese en el que el dinero público viaja con una sonrisa institucional y regresa convertido en opacidad, exceso y sospecha.
Que dice la info:
El primer domicilio fiscal registrado por la empresa fue en calle Cristóbal Colón #2708, entre Yucatán y César López de Lara, en el fraccionamiento Valle Iraguayo, con una casa particular.
Posteriormente, Casa Casve MX cambió su domicilio fiscal a la calle Claveles #1247, entre avenida Las Torres y Ejevial, en el residencial Las Rosas, ubicada en otra vivienda.
El domicilio más reciente registrado por la empresa es en calle Loma Prieta #252, entre calle Mier y Terán y Pino Suárez, en el fraccionamiento Villarreal, que corresponde también a un domicilio particular.
Los tres domicilios están ubicados en zonas habitacionales de la capital tamaulipeca, sin que se identifique en ninguno de los casos una construcción con características de oficina corporativa, bodega o instalación industrial acorde al volumen de contratos que la empresa ha obtenido con el gobierno estatal.
El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF) faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a combatir la simulación de operaciones de empresas factureras.
El SAT tiene a la tarea de detectar cuando un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados.
Cuando esos supuestos se cumplan, el SAT “presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes”, es decir, que es una empresa facturera.
Una dinámica criminal contra los intereses ciudadanos, en la que el exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca (2016-2022) también era ducho en la transa.
Porque, al final de cuentas, lo único que los hace diferentes a los gobernantes, además del color del partido, es el nivel de sinvergüenzas que compiten por ser el peor.
Con información: NOTICIERO DE VICTORIA/
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