En el oficialismo Moreno en Mexico hay una peculiar devoción por la justicia… siempre y cuando venga a modo, con dedicatoria y, de ser posible, con aplauso de fondo. Porque si de verdad creyeran en la ley como un instrumento imparcial, no haría falta el espectáculo: se pondrían solos las esposas —metafóricas o no— y dejarían que los tribunales hicieran su trabajo contra los suyos sin coreografía política.
Pero no. Lo que se observa, una y otra vez, es algo más cercano a la vendetta con barniz jurídico. Un expediente aquí, una filtración allá, y de pronto el debido proceso se convierte en una escenografía útil: suficiente para simular legalidad, insuficiente para disipar la sospecha de consigna.
El caso del exgobernador Ernesto Ruffo, como documenta Zeta Tijuana, abre precisamente esa grieta incómoda: abogados que no cuestionan sólo el fondo, sino la forma, el procedimiento, la prisa selectiva. Y en derecho, la forma es fondo cuando el Estado es quien acusa.
Que dice Colegio de Abogados:
“Sin emitir juicio alguno en cuanto al fondo de la indagatoria ni respecto a una hipotética responsabilidad de índole penal, este Colegio enfatiza que toda persona es titular del derecho humano a que se presuma su inocencia”, manifestó la organización profesional presidida por Viviana Lozoya Rodríguez en un pronunciamiento difundido el día de ayer, sábado 18 de julio.».“
«La exposición pública de individuos sujetos a una investigación de naturaleza penal puede implicar una vulneración a su dignidad humana, honor, imagen y prestigio, además de propiciar un prejuzgamiento social contrario a los postulados que sustentan un sistema de justicia penal acusatorio, democrático y garantista”
Colegio de Abogados Constitucionalistas A.C./Zeta Tijuana
Ese patrón —porque ya parece patrón— permite dibujar un paralelismo inevitable con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No porque los casos sean idénticos en sus hechos, sino porque comparten el mismo clima político: el de una justicia que llega con timing quirúrgico y narrativa prearmada. En ese contexto, la resistencia del exgobernador tamaulipeco “del otro lado del río” deja de ser un simple acto de evasión para convertirse, al menos en el discurso de sus defensores, en una estrategia de supervivencia frente a un aparato que consideran hostil, ademas de mañoso.
Morena, mientras tanto, juega a dos pistas. Por un lado, reivindica la lucha contra la corrupción como bandera moral incuestionable; por el otro, permite —o tolera— procedimientos que generan más dudas que certezas. El problema no es perseguir delitos; es hacerlo de tal forma que parezca una cacería con guion. Porque cuando la justicia parece selectiva, deja de ser justicia y empieza a ser herramienta.
Y ahí está la paradoja: cada expediente mal armado, cada proceso cuestionado, cada irregularidad señalada por la defensa no debilita sólo el caso en cuestión; erosiona la narrativa completa del combate a la corrupción. Le da oxígeno a quienes, como Cabeza de Vaca, pueden presentarse no como investigados, sino como perseguidos. Y en política, esa diferencia lo es todo.
Al final, el oficialismo parece olvidar que la legitimidad no se decreta: se construye caso por caso, prueba por prueba, procedimiento por procedimiento. Si de verdad quisieran que nadie dudara, no bastaría con señalar culpables desde la tribuna. Tendrían que garantizar que, cuando llegue el momento de cerrar las esposas —las reales, no las discursivas—, nadie pueda decir que fueron forjadas a la medida de una vendetta.
Con información: ZETA TIJUANA/
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