La promesa era épica: con la reforma judicial de la 4T —esa que vendieron como la purga definitiva contra jueces corruptos y puertas giratorias para delincuentes— ahora sí se acabaría el viejo vicio de liberar criminales. Incluso se apostó por un experimento de alto voltaje político: elegir jueces por voto popular. La narrativa era clara: el problema no era el sistema, eran los jueces… hasta que la realidad volvió a estrellarse contra el discurso.
Porque, sorpresa, las liberaciones siguen.
Ahí está el caso de “El Titán”, detenido en mayo en la colonia Portal de Huajuco, en Monterrey, en un operativo que fue presumido con bombo y platillo por el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, durante la mañanera presidencial. Foto, narrativa y mensaje: golpe contundente al huachicol.
Dos meses después, el guion cambió de género. En una audiencia nocturna, la jueza de Distrito María de los Ángeles Padrón Banda decidió no vincularlo a proceso. Traducción: libertad. ¿La razón? Según la juzgadora, no hay pruebas suficientes para imputarle delito alguno.
Y aquí empieza el déjà vu judicial. Padrón Banda no es cualquier jueza: fue una de las candidatas impulsadas con los famosos “acordeones” del gobernador Samuel García en la elección judicial. Sí, esa misma elección que prometía limpiar el sistema.
Pero la cadena no termina ahí. La liberación de “El Titán” se apoyó en un amparo definitivo concedido el 8 de julio por el juez Mario Melo Cardoso, quien detectó irregularidades en los cateos realizados en el domicilio del acusado. Es decir, el caso empezó a desmoronarse no por falta de narrativa política, sino por fallas básicas en la integración de la investigación.
Resultado: no solo salió “El Titán”. Con su liberación, ya están fuera los cuatro detenidos en aquel operativo espectacular del 9 y 10 de mayo en Monterrey, San Pedro y Allende. Entre ellos, Jesse Uresti, Juan de Dios Saavedra y Rosario Flores, señalada como su pareja.
En su momento, Harfuch los presentó como parte de una red dedicada al contrabando de combustible desde Estados Unidos, con vínculos que alcanzaban a Roberto Blanco Cantú, alias “El Señor de los Buques”, relacionado con operaciones ferroviarias ilegales y el aseguramiento de una embarcación en Tamaulipas en 2025.
Hoy, esa historia se desinfla en expedientes judiciales.
Fuentes del propio proceso confirman que se levantaron las medidas cautelares y que incluso se decretó el sobreseimiento parcial de la carpeta, pese a la oposición del Ministerio Público.
Así que la pregunta incómoda sigue en pie: si el problema era el viejo sistema judicial, ¿por qué el “nuevo” produce exactamente los mismos resultados? ¿Son los jueces… o la incapacidad de las autoridades para armar casos sólidos?
Porque al final, entre reformas históricas, acordeones electorales y conferencias triunfalistas, los expedientes mal hechos siguen siendo el mejor abogado defensor.
Con información: ELNORTE/
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