Bajo el gobierno de Morena y Américo Villarreal , la policía de Tamaulipas no ha sido “autoridad”: es sucursal uniformada del negocio del secuestro, la extorsión y el cobro de piso, perfectamente engrasada por un gobierno y un gobernador igual de capturado que posa para la foto mientras el crimen hace caja.
La información de que al menos ocho agentes de la policía estatal del estado fronterizo mexicano de Tamaulipas están bajo investigación por el presunto secuestro de un empresario local que se vio obligado a pagar un rescate por su liberación,es publicada hoy los periodistas Idelfonso Ortiz y Brandon Darby del portal estadounidense Breitbart.
El incidente ,como ya se sabe, tuvo lugar en mayo, pero no fue hasta esta semana que el jefe de la policía de Tamaulipas, el General Carlos Arturo Pancardo, se vio obligado a confirmar el secuestro y reveló que la división de asuntos internos estaba investigando el asunto, mientras la Oficina del Fiscal General de Tamaulipas estába llevando a cabo su propia investigación.
Según Pancardo, los ocho oficiales han sido trasladados desde Reynosa y se encuentran detenidos en el recinto de la policía estatal en Ciudad Victoria mientras se lleva a cabo la investigación. “No están funcionando”, dijo a Breitbart, aunque el caso —uno más— evidencia que quien no está funcionando es el general.
Policía de “seguridad” al servicio del secuestro
En el Tamaulipas de Morena, la patrulla ya no llega para proteger y servir al comerciante, sino para terminar de rematarlo: o paga cuota, o firma su sentencia de muerte, y si llama al 911 durante el saqueo de su negocio, la policía simplemente no llega o llega tarde,a veces a la hora del velorio.
El relato de cortinas de acero bajadas en Reynosa, fruterías despojadas en Ciudad Mante, comerciantes sometidos al cobro de piso en Victoria, Matamoros oEl relato de cortinas de acero bajadas en Reynosa, fruterías despojadas en Ciudad Mante, comerciantes sometidos al cobro de piso en Victoria, Matamoros o Tampico, y negocios que huyen del estado en medio de llamadas de auxilio ignoradas dibuja una fuerza policial que funciona como muro de impunidad: no detiene al cártel, lo protege con su omisión cuidadosamente administrada.
Gobierno capturado: el narco manda, la policía acata
La información describe un modelo de “extorsión disfrazada” donde el Cártel del Golfo decide quién vende papa, huevo, carbón, cerveza y hasta gasolina, y el comerciante está obligado a vender con sobreprecio para que el margen se lo lleve la estructura criminal, mientras el gobierno estatal se comporta como Secretaría de Imagen Pública del narco.
En paralelo, investigaciones muestran cómo estos esquemas de control de precios, cobro de piso y amenazas letales se reproducen en varios estados del país, mientras autoridades locales fingen que todo es “problema de seguridad” y no resultado de un Estado colonizado por mafias que administran mercado y miedo con la complicidad de las corporaciones policiacas.
Las fotos que sustituyen a la ley
El gobernador Américo Villarreal aparece retratado abrazando a Mario Guitián Rosas, “La Chispa”, identificado como lugarteniente del Cártel del Golfo en Reynosa, operador de una red que controla precios, alcohol, mercados y cobro de piso, exactamente en los territorios donde comerciantes huyen y la policía es invisible hasta que toca extorsionar.
En un estado donde el mandatario se indigna con medios estadounidenses que lo vinculan con huachicol y financiamiento criminal, pero no mueve un dedo cuando sus propios gobernados exhiben públicamente que la inseguridad les está arrancando el sustento, las fotos con lugartenientes del narco son más elocuentes que cualquier boletín oficial.
Policía como engrane del negocio criminal
Lo que Breitbart lleva documentando desde 2022 sobre el gobernador y su hijo beneficiados por el crecimiento de las redes de extorsion del crimen organizado ,encaja milimétricamente con la postal local: agentes que son incapaces de responder a un llamado de emergencia, pero muy eficientes cuando se trata de imponer multas de 80 mil pesos o acompañar “negociadores” del cártel que secuestran de facto al dueño del negocio y lo obligan a someterse al monopolio criminal.
En este contexto, hablar de “malos elementos” es casi un insulto a la inteligencia: lo que se exhibe es una policía funcional al esquema político‑criminal, donde el uniforme y la patrulla no son símbolos de autoridad, sino credenciales de complicidad en un modelo de gobierno que terceriza la violencia al narco y se queda con la parte política del botín.
Con información: BREITBART/
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