Humberto Álvarez Machain hoy vende hotdogs en su natal Guadalajara, una realidad más cercana a lo que fue su vida antes de abril de 1990, cuando este ginecólogo, tras ser secuestrado y llevado a Estados Unidos por encargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), se convirtió en el protagonista de un duro choque entre México y Washington.
Álvarez Machaín era un médico en la capital de Jalisco en los ochenta, años caracterizados en esa ciudad por el sonido de los balazos. Ahí, el agente de la DEA Enrique Kiki Camarena Salazar fue secuestrado en la colonia Americana de Guadalajara en febrero de 1985; sus restos, con múltiples huellas de tortura, aparecieron en Michoacán un mes mas tarde.
El asesinato de Camarena Salazar removió los cimientos de la profunda desconfianza de Washington sobre la honestidad de los esfuerzos mexicanos para combatir el narcotráfico. La lerda respuesta policiaca de México a la hora de buscar al agente de la DEA exasperó al vecino del norte. Cuando al fin encontraron lo que quedaba de su policía antidrogas, los estadounidenses se obsesionaron con vengarlo.
En operaciones espectaculares, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, Don Neto, caerían presos a las pocas semanas. Eran dos de los principales cabecillas del llamado Cartel de Guadalajara. México tuvo que tragarse la vergüenza ante evidencias y testimonios de la protección policiaca de la que ambos narcotraficantes disfrutaban tanto en su tierra, Sinaloa, como en Jalisco. También fue exhibida la corrupción de policías federales.
La DEA no se conformó con las penas impuestas en México a Caro Quintero y Fonseca. La agencia inició su propia cacería, la llamó Operación Leyenda, y quiso cobrarse en la humanidad del doctor Álvarez Machain parte de la deuda por la muerte de su agente. Testigos en EEUU acusaron al, hasta entonces mundialmente desconocido médico, de inyectar a Kiki para reanimarlo en la tortura.
Nada de eso era público antes del 3 de abril de 1990, cinco años después de la muerte de Camarena, tiempo en que Caro Quintero y Fonseca ya purgaban su condena, y cuando también ya había sido apresado el jefe de jefes del Cartel de Guadalajara, antecedente del Cartel de Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo. Así que ese día de abril a todos sorprendió el secuestro de Álvarez Machain. Y más que a todos, al Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que se encontraba en arduas negociaciones con Estados Unidos y Canadá para alcanzar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
Este acontecimiento, cuenta Salinas de Gortari, en México, un paso difícil a la modernidad (Plaza & Janes, 2000), “introdujo una enorme tensión en las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos —y estuvo a punto de descarrilar la negociación del TLC”. Los paralelismos entre aquel momento y lo que vive hoy la relación bilateral por el caso de la ilegal sustracción de Ismael Mayo Zambada ameritan revisar cómo reaccionó la administración salinista.
Pero antes unos datos más sobre Alvarez Machain, revelados al inicio de su juicio en Los Ángeles: en aquella Guadalajara de los ochenta, asiento de la operación criminal de famosos capos sinaloenses, el médico sí conoció a Caro Quintero, pues según se estableció en las primeras audiencias en EEUU, y aceptó su propia defensa, como galeno trató a la familia del narcotraficante. Igualmente, se habló de un arresto del médico en 1979 por portación de arma de fuego. No sobra decir que las armas eran una extendida plaga en los años setenta en Jalisco.
A los pocos días del secuestro se estableció, sobre todo por reportajes de la prensa mexicana y estadounidense, que la DEA pagó un comando para que detuvieran con engaños, y desde luego sin ningún tipo de orden de aprehensión, al médico, lo metieran a la fuerza en una aeronave que horas después aterrizó en El Paso, Texas, donde Héctor Berrellez, encargado de la fase dos de Operación Leyenda, lo arrestó.
Desde el primer momento se habló de un pago por el extraterritorial secuestro del mexicano —Proceso mencionó que la recompensa a los captores fue de 100.000 dólares—. Inicialmente, el gobierno de George Bush negó estar involucrado, pero The Washington Post señaló a la DEA como responsable del ilegal operativo y la cancillería de Salinas envió una protesta formal de México ante el Departamento de Estado.
Salinas narra en sus memorias que el procurador general de la República nunca recibió solicitud de investigación o de un juicio contra Álvarez Machain y que ese mismo mes, al recibir al vicepresidente Dan Quayle, le expresó “con claridad y firmeza” el “rechazo a esas acciones intervencionistas”. Semanas después, el procurador mexicano habló con su homólogo estadounidense para señalarle que “independientemente de la presunta culpabilidad del acusado, el secuestro ponía en peligro las relaciones bilaterales de cooperación”.
Estados Unidos respondió que no devolvería al médico. Y en paralelo con el juicio en contra de Álvarez Machain, que arrancó en Los Ángeles, el Gobierno mexicano decidió impugnar en los tribunales, batalla que llegaría a la Suprema Corte. El máximo tribunal determinó que, independientemente de la forma en que fue detenido, el médico mexicano podía ser juzgado.
Salinas entonces procedió en dos vías. Su Gobierno solicitó formalmente la extradición de Berrellez y otro agente de la DEA identificados como “autores intelectuales del soborno”, y se definieron nuevas reglas sobre la cantidad de agentes y sus capacidades de operación, de la agencia antidrogas de EE UU en suelo mexicano. Esto último de inmediato fue resentido por instancias estadounidenses.
Salinas dice además: “Desde México desarrollamos una intensa actividad diplomática para hacer notar, ante la opinión pública y los foros multilaterales, que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos atentaba contra el derecho internacional. Seis jefes de Estado de países sudamericanos solicitaron al Comité Jurídico Interamericano del Consejo Permanente de la OEA”.
Además de lograr que el citado comité de la OEA apoyara nueve a uno a México, el tema fue llevado a la segunda Cumbre Iberoamericana, (en Madrid, 1992), donde los presidentes pidieron a la Asamblea General de la ONU “que solicitara una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia”. En el plano interno, en julio de 1992 se publicaron las nuevas reglas para la operación de la DEA en México.
Álvarez Machain regresó ese año a México. El juez consideró inverosímiles las versiones de los testigos que la DEA acercó a la fiscalía (básicamente, expolicías mexicanos tan corruptos que ni más ni menos se habrían visto involucrados en el secuestro del propio Camarena Salazar y/o en el asesinato de otros ciudadanos estadounidenses en Jalisco).
Durante los siguientes años, investigaciones periodísticas como las realizadas por el reportero Fredric N. Tulsky de Los Angeles Times, dieron cuenta de los pagos a esos expolicías convertidos en testigos, varios de ellos se quedaron a vivir en Estados Unidos, y de la fabricación de las versiones “a la carta” de lo que tramó la DEA para encarcelar a Álvarez Machain, cosa que no logró, pero sí sucedió en el mismo caso judicial contra el también jalisciense Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría Álvarez.
Hasta ahí, un somero recuento del caso Álvarez Machain y algunas de las acciones gubernamentales que se acreditan al propio Salinas de Gortari en sus memorias al respecto de ese secuestro flagrantemente violatorio de la soberanía mexicana.
Es importante agregar un dato. En medio de esa batalla diplomático-jurídica, cuenta el propio Salinas, se entrevistó en julio de 1992 con el presidente George Bush en San Diego, California. El mandatario mexicano iba en su cuarto año, y esa sería su décima reunión entre ambos. La presidenta Sheinbaum lleva casi dos años en el cargo, y no registra un solo encuentro —formal, uno a uno— con Donald Trump.
La extracción de Ismael El Mayo Zambada es a todas luces una afrenta a la autoridad mexicana. Se trata —a diferencia de Álvarez Machain, donde hubo y hay dudas de su real participación en la tortura de Camarena (el médico acusó a otro colega de ser quien reanimaba con inyecciones al agente)— de un criminal confeso, pero Washington, sus agencias, sus ciudadanos incluso, no pueden hacerse justicia por propia mano en México.
En dos semanas se cumplirán dos años del rapto del “Mayo”, acción violatoria de la ley que atropella el espíritu de colaboración en materia de seguridad y sobaja a las autoridades mexicanas. A los tres meses de ese suceso, Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de la República. Y desde entonces su Gobierno no ha podido producir ni una operación diplomática de envergadura que exhiba el abuso de Estados Unidos, ni convocar apoyo de países para promover medidas en la OEA y la ONU, ni mucho menos ha definido nuevas acciones administrativas para limitar a los agentes de Estados Unidos en México.
Ahora que se ha publicado que el FBI presume la aeronave donde Zambada fue trasladado, la vehemente denuncia mañanera que toda la semana la presidenta Sheinbaum ha hecho al respecto de lo que vendría a confirmar el involucramiento de una instancia oficial en el operativo ejecutado por un hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán, su gobierno no puede presumir, como sí lo hizo el de Salinas, que encarceló a cuatro de los involucrados en el secuestro.
Y ni qué decir del bochorno nacional al saberse que los colaboradores de la presidenta tuvieron hace meses en sus manos al piloto que participó en el rapto, y que sin sacarle toda la información del caso, lo devolvieron a Estados Unidos.
La afrenta de Washington es flagrante, tanto como la impericia de la administración Sheinbaum.
Fuente: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/SALVADOR CAMARENA/
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