La narrativa de Morena y de Américo Villarreal en Tamaulipas ha insistido en vender orden, estrategia y “pacificación”; pero en Reynosa la realidad ofrece otros datos: una percepción de inseguridad del 86.1% según INEGI, es decir, ocho de cada diez ciudadanos viven con miedo, mientras el discurso gubernamental presume control y forma parte de la propia enfermedad.
La llamada Guardia Estatal,antes solo Policia Estatal,renombrada por Americo Villarreal para desaparecer La llamada Guardia Estatal, antes Policía Estatal, fue renombrada por Américo Villarreal para borrar sus mañas por decreto. —Encabezada por el general Arturo Pancardo— se ha convertido en guarida de maleantes, de un “puerco de policía” al servicio del Cártel del Golfo, al que compite en lugar de combatir.
Ahí está el expediente NUC/029/2026: ocho elementos señalados por el presunto secuestro, robo y extorsión de un comerciante en Reynosa. No es rumor, no es percepción: hay denuncia formal, certificados médicos, videos, identificación de patrullas y agentes.
Según el abogado de la víctima, la propia Dirección de Asuntos Internos ubicó a los responsables en cuestión de horas. La pregunta incómoda es otra: si sabían quiénes eran, ¿por qué la Fiscalía que ahora dirige un ex-presidria no ha hecho prácticamente nada ?
Porque ese es el patrón: reacción administrativa, contención mediática… y congeladora judicial. Los policías no patrullan, pero tampoco enfrentan consecuencias. Se concentran en Ciudad Victoria, como si el problema fuera geográfico y no penal. Tres meses de “investigación interna” que, en términos reales, suelen traducirse en desgaste, olvido o negociación.
Mientras tanto, el relato oficial sigue intacto.
El caso ,nada aislado describe una mecánica que inquieta: detención ilegal, violencia física, exigencia inicial de 35 mil dólares, pago final de 7 mil, y despojo de bienes personales. Es decir, prácticas que en cualquier otro contexto serían atribuidas al crimen organizado. Aquí, la acusación apunta a quienes deberían combatirlo.
Y en medio de todo, una Fiscalía que —según la defensa— recibió pruebas, testimonios y documentación médica, pero no ha citado a declarar ni a víctimas ni a testigos. La omisión no es técnica, es estructural. En un sistema funcional, este tipo de expediente detonaría órdenes de aprehensión, audiencias y medidas cautelares. En Tamaulipas, apenas genera silencio.
El problema no es solo la conducta de ocho agentes que se repite un dia si y otro también bajo este ecosistema criminal con uniforme que permite que un caso así no avance. Una cadena de mando que administra daños, una institución que posterga justicia y un gobierno que sigue apostando a que la percepción —ese 86.1%— se desgaste antes que la impunidad.
Porque al final, la pregunta no es si hubo abuso —eso lo deberá determinar un juez—, sino por qué, teniendo los elementos iniciales, el aparato de justicia parece diseñado para no llegar a esa respuesta, pero lo tendrá que hacer,no hay de otra.
Con información: ELNORTE/
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