En enero de 2021, el periódico Noroeste en Sinaloa publicó información que ventilaba que Omar García Harfuch había sido implicado por un testigo protegido de la FGR; es decir, el hoy estratega federal recibia 200 mil dólares mensuales de parte del Cartel de Guerreros Unidos (…esos que militares les vendían armas) por lo que estaba siendo investigado, y muy probablemente esa pesquisa pernocte hoy en el archivo muerto de la misma FGR, junto con múltiples evidencias más de muchos otros casos,pues se le hizo vicio.
El preambulo es para citar lo cómodo y casi obsceno que resulta convertir a un alcalde ejecutado en el centro del expediente mora,pues resulta que a decir del Secretario de la Seguridad Federal,el Alcalde de Temoac, Valentín Lavín Romero, ejecutado dentro del Palacio Municipal, estaba relacionado con dos células delictivas.
El funcionario identificó a las organizaciones como «Los Aparicio» y «Los Huazulcos», vinculadas con secuestros, extorsiones, cobros de piso, narcomenudeo y homicidios en la región oriente de Morelos.
Soslayando que lo urgente aun sigue sin resolverse: ¿quién lo mató y por qué siguen sueltos los responsables? Primero lo silencian a balazos dentro del Palacio Municipal y luego, con la frialdad de quien archiva vidas ajenas, lo reducen a una ficha más dentro del catálogo de “relaciones” y “líneas de investigación”.
Esa costumbre de narrar el crimen como si bastara con sembrar una sospecha para lavar la impotencia institucional es vieja, pero no por repetida deja de ser indecente. Porque una cosa es investigar a fondo —lo que debe hacerse, sin privilegios ni blindajes— y otra muy distinta es lanzar sobre el muerto la sombra suficiente para que el asesinato parezca menos asesinato y más trámite.
Si el Estado ya sabía de amenazas, de presuntos vínculos, de denuncias y de la violencia que rodeaba a Temoac, entonces la pregunta no es qué tan “relacionado” estaba el alcalde, sino por qué lo dejaron llegar a ese final dentro de su propia presidencia municipal. Lo demás es paja discursiva: mucha insinuación, poca captura, y una desvergonzada inclinación a narrar la tragedia como culpa de la víctima antes que como fracaso del aparato de estado.
No basta con mencionar presuntos vínculos del alcalde asesinado para aparentar firmeza. Lo verdaderamente grave es que lo mataron dentro del Palacio Municipal y, hasta ahora, los ejecutores siguen sin ser detenidos; todo lo demás suena a justificación de saldo rojo, no a justicia.
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