El caso de Osmar “N” es el retrato perfecto de un sistema que le tiene más miedo a castigar a un adolescente armado con un AR-15 que a seguir enterrando maestras
El veredicto exprés
Un juez “certificado en justicia integral para adolescentes” decidió que tres años de prisión son suficientes para un chico de 15 años que asesinó a dos profesoras dentro de una preparatoria particular en Lázaro Cárdenas, Michoacán. La condena llegó vía procedimiento abreviado, con el visto bueno de la Fiscalía de Michoacán, porque hasta la justicia se pone en modo “saltarse intro” cuando el Estado quiere cerrar rápido un escándalo.
Feminicidio con descuento
La causa 19/2026 reconoce que se trató de feminicidio de dos mujeres, pero el castigo cabe en una cajita feliz de tres años de internamiento en el Centro Integral para Adolescentes. La ley de justicia para adolescentes funciona como una gran lavadora penal: lo que en el Código para adultos es un crimen brutal, aquí sale planchado como una etapa más del desarrollo juvenil.
Rifle en funda de guitarra
El 24 de marzo, Osmar llegó a la Preparatoria Antón Makárenko con un AR-15 calibre 5.56 escondido en una funda de guitarra, porque en México las balas pasan más fácil que un acorde de rock escolar. Entró al plantel, sacó el rifle y disparó contra sus dos profesoras: María del Rosario, de 36 años, y Tatiana, de 37, que murieron ahí mismo, en el salón de clases convertido en escena de ejecución.
Alumnos contra el chico armado
Después de la masacre, no fue una fuerza de élite, ni una célula táctica: fueron estudiantes y un trabajador quienes lo desarmaron y lo amarraron con cables para entregarlo a las autoridades. El Estado llegó tarde, como siempre, pero llegó listísimo para hacer lo que mejor sabe: procesar, encuadernar, firmar y archivar la tragedia.
Tres millones por dos vidas
El juez fijó una reparación del daño por 3 millones 280 mil 769.07 pesos para las familias de las víctimas indirectas, una tarifa oficial para cuantificar en pesos lo que no quiso garantizar en derechos. El mensaje es brutal: el país que no logra impedir que un adolescente entre con un AR-15 a la escuela sí puede calcular con centavos cuánto “vale” el feminicidio de dos maestras.
El arma fantasma y el celular perdido
Pese a que se trataba de un fusil AR-15 dentro de una escuela, la Fiscalía nunca pudo determinar el origen del arma ni localizar el teléfono celular del adolescente, el santo grial de cualquier investigación moderna. En un país atestado de operativos, retenes y discursos sobre seguridad, un rifle de guerra se volatiliza en la cadena de custodia, pero la responsabilidad siempre aterriza en el mismo lugar: “así dice la ley”.
Con información: ELUNIVERSAL/

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