Un nuevo testimonio ,publicado hoy por el diario Español, El Pais,en la investigación sobre la red de huachicol fiscal que creció dentro de la Secretaría de Marina apunta que una de sus cabezas pidió la ayuda de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, para autorizar un barco con combustible de contrabando.
Tras el decomiso de una primera embarcación en marzo de 2025 en Tampico, Miguel Ángel Solano Ruiz, apodado Capitán Sol, le dijo a un militar que trabajaba en la aduana de Guaymas en Sonora que iba a hablar con Ojeda Durán para “controlar la situación” del Torn Agnes, otro buque cargado de combustible ilegal que había llegado a ese recinto fronterizo por las mismas fechas.
Este nuevo indicio se suma a más evidencias que han surgido desde que estalló el caso y que cuestionan el grado de conocimiento que Ojeda Durán tenía de esta conspiración de militares, trabajadores de aduanas y empresarios para introducir en México cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos.
Y que Ojeda Durán aparece, una y otra vez, no como ingenuo marinero sorprendido por la tormenta, sino como el almirante que ve el barco criminal entrar a puerto, escucha la denuncia, ofrece omertà y deja que el huachicol fiscal navegue a toda máquina bajo su mando.
El exsecretario como jefe de banda institucional
El testimonio que cita, el oficio adjunto y el audio revelado por Aristegui dibujan lo mismo: la red de huachicol fiscal no es un accidente administrativo, sino una estructura donde mandos navales, aduanas y empresarios se coordinan para meter cientos de millones de litros de gasolina sin pagar impuestos.
El combustible se disfraza en papel como otra cosa, se reparte soborno en millones y se guarda el dinero en el pañol de armas, la armería, como si la corrupción fuera otro insumo logístico de la Marina.
En ese contexto, Ojeda no es un espectador casual: el propio contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcantar le expone el esquema y él responde con dos rutas mafiosas —“destapamos todo y que caiga quien caiga” o lo cerramos “con el cambio de toda esta bola de cabrones”, reubicando personal como si se tratara de mover contenedores, no de limpiar crimen.
Esa lógica es clásica de jefe de organización: o se rompe la omertà o se preserva el negocio moviendo piezas, no de servidor público obsesionado con el Estado de derecho.
El círculo íntimo: sobrinos, operadores y el “Capitán Sol”
La carpeta de investigación y el oficio que pide su comparecencia dejan claro que el hilo sube hasta él por la vía familiar y operativa: los hermanos Farías Laguna, sobrinos del exsecretario, usan su influencia para colocar marinos de confianza en aduanas clave, y desde ahí autorizan barcos, acuerdos “en áreas centrales” y la ruta del soborno.
El testigo J.C.S.P. relata cómo se acordó la entrada del Seaways Citron en 2023 con autorización de los Farías, y cómo se repartieron 2.5 millones de pesos entre cargos civiles y militares, en un esquema que ya era rutina, no excepción.
En esa misma línea, Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, al ver que el Challenge Procyon se convierte en caso mediático y el Torn Agnes está en riesgo, lanza la frase que desnuda la cadena de mando: ya le iba a hablar al secretario de Marina y a meter el nombre de Andy, el hijo del presidente, para “controlar la situación”. Nadie que crea que el secretario es ajeno al negocio dice que va a subir el problema a ese nivel para arreglar un buque de contrabando: se recurre al eslabón más alto de la estructura porque ahí es donde se supone que se protege el tráfico.
Omertà, carta y un testigo asesinado
El audio publicado por Aristegui es demoledor porque deja oír directamente la matriz de conducta del exsecretario: su reacción frente a la denuncia interna no es activar protocolos de investigación, sino plantear la omertà como opción respetable de política institucional.
Encima, en ese mismo relato, aparece el dato de que Fernando Farías dice que el almirante secretario ya les había llamado la atención varias veces por el asunto, lo que prueba que no sólo conocía la trama, sino que estaba en posición de sancionarla y no lo hizo.
Tras la reunión y la orden de que Guerrero ponga todo por escrito, viene la secuencia que huele a silenciar al testigo clave:carta manuscrita que describe el esquema, nuevas reuniones con el sucesor de Ojeda, cambio de adscripción y, meses después, asesinato con sicarios en moto, misma plaza y modus operandi que otro crimen vinculado a Marina y FGR.
La propia indagatoria de la FGR infiere relación directa entre el homicidio y la denuncia sobre la red en aduanas, mientras Semar dice que no tiene el audio, desvía preguntas a la Fiscalía y admite que Ojeda no entregó información del caso a su sucesor, como si el expediente del huachicol fiscal fuera basura administrativa, no alerta institucional.
El oficio: la calidad de “hampon” descrita en jurídico fino
El documento que se adjunta es, en lenguaje jurídico, una acusación brutal disfrazada de petición técnica: la defensa de los Farías Laguna solicita la entrevista del exsecretario bajo el argumento de que él fue “la primera autoridad” con conocimiento del caso huachicol fiscal, citando expresamente el audio donde ofrece cerrar el asunto moviendo mandos.
El oficio recupera la entrevista del testigo J.C.S.P. y subraya que el exsecretario “tuvo conocimiento” y “presumiblemente podría estar relacionado” con los hechos, al ser el nivel jerárquico superior al que se acudía cuando el barco ya se había “salido de control”.
Además, el escrito remarca que, durante todo el periodo en que se operó el esquema de contrabando, la Secretaría de Marina no era una instancia ajena: tenía funciones de Autoridad Marítima Nacional, control sobre zonas marinas y recintos portuarios, y coordinación con autoridades aduaneras, es decir, era el actor con capacidad real de frenar el negocio y no lo hizo. Traducido del lenguaje técnico: si el huachicol fiscal floreció años bajo mando naval, con denuncias internas y cartas en mano, y el máximo jefe responde con omertà y reacomodo, la calidad de “hampon” no es una metáfora periodística, es una hipótesis procesal sustentada en pruebas.
Muralla política y blindaje mediático
Desde que estalla el caso, el Gobierno intenta levantar un muro entre Ojeda y los Farías Laguna, con discursos que no cuadran con fechas ni hechos, mientras mantiene sueldos de varios militares involucrados pese a la gravedad de la trama. La Marina insiste en que coopera y que actúa con “una sola brújula: honestidad y transparencia”, pero al mismo tiempo declara que no tiene el audio, que no es competente para opinar del caso y que el exsecretario no entregó nada a su sucesor, un triple movimiento de lavado institucional y borrado de memoria.
El resultado es el clásico escenario de crimen de cuello blanco con uniforme: estructura criminal descrita en causa penal, testigos asesinados, grabaciones filtradas, cartas manuscritas, pero el personaje que aparece en todos los cruces —el exsecretario— permanece detrás de un muro político y mediático, sin comparecer, como si el sistema lo protegiera del mismo Estado de derecho que dice encabezar. Ese contraste —entre el discurso de “combate a la corrupción” y la práctica de omertà, silencios y negativas procesales— es precisamente lo que eleva su calidad de hampon de alto rango: no opera la pipa, opera la impunidad.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ CARLOS CARABAÑA/
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