«APUNTAN EXTORSIÓN PAGADA con la VIDA al ESTILO TAMAULIPAS: 5 EMPRESARIOS y EXALCALDE entre EJECUTADOS de ZACATECAS»… pero ya no se preocupen, ya mandaron 400 soldados más.

En Zacatecas la “estrategia de pacificación” funciona con una precisión casi quirúrgica… si el objetivo fuera normalizar la barbarie. Porque mientras el discurso oficial insiste en mesas, coordinaciones y despliegues militares, en el terreno hay otra autoridad: la que decide quién paga “impuestos” con dinero… y quién los paga con la vida.

El sábado dejó una escena digna de un país en guerra no declarada: diez personas secuestradas, ejecutadas y repartidas como mensaje en Pánuco, Morelos y Saín Alto. No eran anónimos ni daños colaterales. Eran empresarios de la minería y la construcción —sectores donde el crimen organizado no solo infiltra, sino administra—, un ex alcalde, funcionarios municipales, un político y un ganadero. Es decir, perfiles que retratan mejor que cualquier informe oficial quién manda realmente en ciertas regiones: el que cobra, regula y castiga.

Entre los muertos está Ignacio Castrejón Valdez, ex alcalde de Sombrerete y empresario minero. También figuran varios nombres ligados a cadenas productivas que, casualmente, suelen ser “gravadas” por grupos criminales con tarifas más eficientes que las del SAT. La lista la completan servidores públicos y actores locales que, en otro contexto, serían parte del engranaje institucional; en este, apenas piezas sustituibles en un tablero controlado por otros.

¿Responsables? Ninguno detenido, por supuesto. La Fiscalía promete investigaciones, inteligencia y coordinación. Traducción: tiempo. El mismo que se acumula entre masacres mientras los expedientes engordan y la impunidad se mantiene esbelta.

Los cuerpos aparecieron colgados de puentes y abandonados en caminos, porque en Zacatecas la violencia no solo mata: comunica. Es pedagogía criminal en espacio público. Un recordatorio de jurisdicción real para quien todavía crea que el Estado conserva el monopolio de la fuerza.

Y como marca el protocolo de cada tragedia, llegó el refuerzo: más de 400 elementos federales para “coadyuvar” en la seguridad. Un déjà vu con uniforme. Soldados por doquier para custodiar un territorio donde los criminales ya definieron reglas, tarifas y castigos. La pregunta no es cuántos efectivos llegan, sino a quién responden los hechos.

Porque mientras la narrativa oficial habla de coordinación, en Zacatecas la soberanía se disputa cadáver a cadáver.

CON INFORMACION: ELNORTE