Ah, Pancho Villa: el héroe inoxidable, el santo laico de la narrativa revolucionaria oficial. En esta versión, cuidadosamente pulida, no hay aristas, contradicciones ni sombras—solo un caudillo casi administrativo, eficiente y generoso, como si gobernar en guerra civil fuera equivalente a dirigir una oficina pública con vocación social.
Se nos presenta a Villa como eje moral de “el mayor movimiento social de la historia”, una afirmación que ya dice más de la intención épica del texto que de la precisión histórica. Porque sí: Villa fue protagonista, pero también fue un líder militar con prácticas de guerra crudas, decisiones arbitrarias y lealtades cambiantes. Nada de eso aparece. Aquí, en cambio, todo es orden, decretos y justicia redistributiva casi quirúrgica.
El relato convierte su brevísimo paso por el gobierno de Chihuahua —apenas un mes— en una especie de laboratorio de política pública ejemplar. Diecisiete decretos, banco estatal, moneda respaldada en bienes confiscados… contado así, suena a programa económico coherente. Lo que se omite es el contexto: economía de guerra, emisión monetaria con problemas de respaldo real, confiscaciones forzosas y una administración sostenida por control militar. No era precisamente un entorno institucional estable, aunque aquí se sugiera.
La confiscación de bienes de las élites —presentada como justicia social— se describe sin matices: no se menciona que también implicó arbitrariedad, disputas internas y, en muchos casos, falta de mecanismos legales claros. Tampoco se problematiza el uso del Banco del Estado como administrador de propiedades expropiadas en medio del conflicto. Todo queda envuelto en una lógica de “ricos malos, revolución buena”.
Luego viene el catálogo de medidas sociales que rozan lo milagroso: reducción del 85% en precios de alimentos, apertura de decenas de escuelas en semanas, reactivación de servicios públicos con soldados multitarea. ¿Posible? Quizá en parte. ¿Sostenible? Esa es la pregunta que el texto evita con elegancia. No hay evaluación de impacto, duración ni consecuencias económicas. Solo resultados inmediatos, casi propagandísticos.
El mismo patrón se repite en seguridad y orden: ley seca, disciplina militar, prohibición de abusos por parte de soldados. Todo suena a un Estado funcional emergiendo del caos, aunque la evidencia histórica muestre una realidad más ambigua, con episodios de violencia, ejecuciones sumarias y control territorial basado en la fuerza.
Particularmente revelador es el tratamiento de la expulsión de españoles. Se menciona, sí, pero suavizada bajo la etiqueta de “acusados de apoyar al usurpador”. No hay reflexión sobre xenofobia, represalias colectivas ni violaciones a derechos. Es un detalle incómodo que se menciona de paso, como quien barre bajo la alfombra.
El cierre tampoco sorprende: Villa queda “catapultado en la memoria de la justicia popular”, una frase que no describe un hecho histórico sino una postura ideológica. Porque la memoria no es neutra; se construye, se selecciona, se edita.
Y este texto hace exactamente eso: seleccionar al Villa útil para una narrativa contemporánea donde el poder fuerte, redistributivo y legitimado por “el pueblo” se presenta como modelo.
En suma, más que un análisis histórico, esto es una pieza de reivindicación política: una biografía sin conflicto, una revolución sin contradicciones y un caudillo convertido en gestor público ejemplar. Historia, sí… pero con filtro.
Que dijo la Ministra:
Francisco Villa ha sido símbolo, héroe popular de varias generaciones de mexicanas y mexicanos que vemos en él, junto con Emiliano Zapata, al corazón del mayor movimiento social que ha visto la historia de México y, probablemente, de América Latina: la Revolución Mexicana. Apoyó la lucha de Francisco I. Madero contra la dictadura porfirista. Tras el triunfo inicial de la revolución y posterior asesinato de Madero, en 1913, se unió a la lucha contra Victoriano Huerta. Reunió y organizó fuerzas revolucionarias de Chihuahua, Durango y la región lagunera bajo un mando militar unificado en la División del Norte.
Entre los principales triunfos militares de ese ejército villista se encuentra la toma de Ciudad Juárez, la ocupación de Chihuahua y la batalla de Zacatecas en 1914.
Conforme al Plan de Guadalupe, lanzado por Venustiano Carranza, asumió el gobierno de Chihuahua, en cuyo mando permaneció del 8 de diciembre de 1913 al 7 de enero de 1914. En ese breve mandato, emitió 17 decretos.
En materia económica, determinó la concentración del impuesto del timbre y anuló adelantos del Impuesto de Contribución y Ventas. Suprimió los impuestos de importación en la Aduana de Ciudad Juárez a los productos de consumo básico de la población. Creó el Banco del Estado, que acuñó monedas de plata y emitió papel moneda, respaldado con los bienes confiscados a grandes terratenientes, como los correspondientes a las familias Creel, Terrazas y Falomir.
La confiscación de bienes de los enemigos de la Revolución se concentró en el decreto publicado el 12 de diciembre de 1913, dirigido a las propiedades de Luis Terrazas e hijos, hermanos Creel, hermanos Falomir, José María Sánchez, hermanos Cuilty, hermanos Luján y J. Francisco Molinar. Los bienes serían administrados por el Banco del Estado. Tan sólo la familia Terrazas poseía 2.2 millones de hectáreas.
En cuanto a medidas de carácter social, ordenó la reducción inmediata de 85% del precio de la carne, el maíz y el frijol. La carne pasó de un peso a 15 centavos por kilo. Impulsó una reforma educativa para crear 50 escuelas en menos de un mes y reabrió el Instituto Científico y Literario (que después se transforma en la Universidad Autónoma de Chihuahua). Para mejorar los servicios públicos, ordenó a sus soldados apoyar en labores operativas en el sistema de tranvías, la planta eléctrica, los telégrafos y el suministro de agua potable.
Personas desempleadas de las madereras y minas destruidas por la guerra en Madera, Pearson (Mata Ortiz) y Casas Grandes, recibían diariamente raciones de alimentos con costo al Ejército Constitucionalista, por orden de Villa.
Decretó la ley seca y cerró cantinas. Reorganizó los ferrocarriles, instaló el primer telégrafo inalámbrico del norte e instaló molinos de harina y mataderos de ganado. Además, prohibió a los soldados tomar caballos o cualquier bien de la población. Emitió una “Manifestación Amnistía”, en la que perdonaba a los partidarios del huertismo, que iba acompañada de la orden de entregar todas las armas suministradas por el huertismo en el cuartel general. Sin embargo, expulsó a los españoles de la entidad, acusados de apoyar al gobierno usurpador.
En su gabinete integró a miembros de la Junta constitucionalista formada en El Paso, Texas, semanas después del golpe militar de Huerta contra Madero. El periodista Silvestre Terrazas, director de El Correo de Chihuahua, fue designado secretario general de Gobierno; Sebastián Vargas, tesorero general del Estado, y Matías C. García, director general de Instrucción Pública.
Este breve paso por el gobierno, junto con el posterior impulso de la reforma agraria, catapultó a Villa en la memoria de la justicia popular.
Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Con información: ELUNIVERSAL+/LENIA BATRES/
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