La nota publicada hoy por el diario español, El País es, en resumen, el parte médico de una prensa nacional en terapia intensiva: seis periodistas asesinados en medio año, un Estado que bosteza y un país que ya normalizó la morgue como espacio de trabajo.
Medio año de terror
Seis periodistas ejecutados desde enero no son “casos aislados”, son un sistema: balas, desapariciones y amenazas alineadas como política no escrita de control informativo.
A los asesinatos se suman agresiones constantes contra reporteros locales, esos que cubren seguridad y derechos humanos en estados donde la violencia ya es paisaje y la impunidad, costumbre.
Solo hay detenidos en uno de los casos, porque en México matar periodistas sigue siendo, de facto, un delito de bajo riesgo y alta rentabilidad política y criminal. Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en 2025, lo que se traduce en un ataque cada 19 horas: el periodismo como deporte extremo, patrocinado por autoridades y grupos criminales.
Del fusil a la demanda
La censura ya no solo se mide en balas, sino en demandas, carpetas y jueces convertidos en sicarios con toga. El informe “Estructuras del silencio” registra que el abuso del poder público y el acoso judicial crecieron hasta representar más de un tercio de las agresiones: el gobierno descubrió que es más elegante matar la nota que matar al reportero, aunque hace ambas cosas.
En paralelo, organizaciones como Voces del Sur documentan que México duplicó el acoso judicial contra la prensa en un año: de 15 a 48 procesos civiles o penales, usando el sistema legal como herramienta de desgaste y castigo a la cobertura incómoda. La consigna es clara: si no te callas por miedo al balazo, te doblan con el terror de los tribunales y la ruina económica.
Presidenta en modo negación
Mientras organizaciones internacionales advierten que México sigue siendo uno de los países más letales para la prensa, el discurso oficial se mueve entre el autoelogio y la negación selectiva. Claudia Sheinbaum presume un país “más democrático” y con “mayor libertad de expresión”, al tiempo que recomienda no ver TV Azteca desde el púlpito presidencial y minimiza los diagnósticos sobre violencia contra periodistas.
Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras llevan años señalando que una de cada dos agresiones proviene de autoridades; el Estado no solo falla en proteger, también participa en amedrentar, estigmatizar y acorralar a los medios. La combinación es letal: crimen organizado con licencia de terror y poder político con licencia de difamar y judicializar.
Zonas de silencio y exilio interior
El resultado de medio año de terror no es solo la estadística de muertos, sino la expansión de las “zonas de silencio”: regiones donde ya nadie cubre crimen, corrupción o desapariciones porque la siguiente nota puede ser la última. Hay reporteros que cambian de fuente, de ciudad o de oficio, no por vocación, sino por supervivencia; otros se quedan y se convierten en redactores fantasma de un país que prefiere no saber.
México encabeza la lista regional de violencia letal en una América Latina sin guerra formal, pero con una guerra extraoficial contra la prensa, donde la desaparición y el asesinato son la forma más extrema de censura. El medio año de terror que describe El País no es un episodio, es el capítulo más reciente de una política sostenida: gobernar entre cadáveres de periodistas y expedientes que jamás llegan a sentencia.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/ERIKA ROSETE/
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