Ya han caído las dos piezas de caza mayor. Pero Washington no se conforma. Las cadenas perpetuas para Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada -confirmada esta última el lunes por un tribunal de Nueva York- que ambos cumplirán en centros de Estados Unidos no suponen el final del camino de la lucha contra el narcotráfico en México y sus conexiones con políticos corruptos.
Son, acaso, un hito sobre el que la Administración de Donald Trump quiere seguir avanzando. Así lo dejó claro el lunes Terrance Cole, director de la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) frente al juzgado de Brooklyn que minutos antes había sentenciado a Zambada a pasar el resto de sus 76 años entre rejas, así como al decomiso de 15.000 millones de dólares para resarcir a las víctimas de décadas de contrabando de cocaína, heroína y fentanilo.
Por qué la presión de EE.UU. es necesaria
Estados Unidos tiene razón en ir tras los capos, pero si de verdad quiere cambiar el equilibrio de poder del crimen organizado, primero tiene que ir por quienes, desde el gobierno, convierten al Estado en sucursal del cartel: sin esos funcionarios, los narcos dejan de ser intocables y caen por gravedad política
El crimen organizado en México no es solo una cadena de suministro de drogas, es una estructura que se incrusta en municipios, estados y dependencias federales aprovechando instituciones débiles mal gobernadas.
Frente a esa captura del Estado, la presión externa de Washington —investigaciones federales, cargos penales, congelamiento de activos— introduce un factor que muchos funcionarios locales no pueden controlar ni corromper tan fácilmente
La colusión gobierno–crimen como núcleo del problema
Diversos estudios documentan que, desde hace al menos dos décadas, cárteles como el de Sinaloa, Los Zetas o el CJNG lograron colocar a sus aliados dentro de gobiernos estatales y municipales: policías, fiscales, secretarios de seguridad y hasta gobernadores ,como ahora ocurre con Morena con Americo Villarreal y Ruben Rocha Moya,Marina del Pilar y muchos otros mas, muchos.
En gran cantidad de municipios, como ocurre en Sinaloa o TamaulipaZ ,las bandas deciden quién será comandante policial, qué empresas reciben contratos y cuánto del presupuesto se desvía por extorsión.
La línea entre alcalde y operador criminal se vuelve administrativa, no moral, como acontece en Matamoros con Alberto «Beto» Granados y gran parte del pais donde el comun denominador en 2024 fue otorgarle votos a Claudia Sheinbaum,corresponsable por añadidura.
Cuando el Estado se vuelve arma del cartel
La corrupción no solo implica “dejar hacer”, sino usar el aparato estatal para reforzar el poder criminal: proteger rutas, limpiar expedientes, desaparecer pruebas y perseguir a rivales de la organización aliada.
En esa lógica, un gobernador coludido es más peligroso que un capo aislado, porque convierte a toda la burocracia bajo su mando en red de protección del crimen, multiplicando el daño y dificultando cualquier reforma de seguridad.
El giro de Washington hacia los políticos
La nueva línea del Departamento de Justicia de catalogar a ciertos cárteles como “organizaciones terroristas” permite acusar a políticos mexicanos por proporcionar apoyo material a terrorismo, con penas que incluyen cadena perpetua.
En reuniones internas, funcionarios como Aakash Singh han instruido a fiscales federales a triplicar investigaciones contra servidores públicos que usen sus cargos para beneficiar a los carteles, dejando claro que el objetivo ya no son solo los capos, sino la red política que los sostiene.
Gobernadores bajo la lupa
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, señalado en vínculos con el cartel del Mayo y “Los Chapitos”, fue presentado por Washington como el inicio de una ofensiva más amplia contra funcionarios coludidos que también incluye a Americo Villarreal de Tamauliaps,Alfonso Durazo de Sonora y Marina del Pilar en BC.
Medios estadounidenses como Los Angeles Times asi lo han reportado, gobernadores —como los de Sonora y Tamaulipas— están bajo investigación por sus conexiones con grupos criminales, lo que demuestra que la estrategia apunta a desmontar la alianza entre poder político regional y crimen organizado.
Por qué deben caer primero los de arriba
Un capo sustituible depende siempre de dos cosas: protección institucional y tolerancia política; cuando se rompe ese paraguas, el crimen pierde su blindaje y se expone a una combinación de persecución interna y externa.
En cambio, si caen solo los narcos mientras permanecen intactos los gobernantes coligados, la estructura se recompone: aparece otro líder, otra facción, el mismo andamiaje de complicidades, y el resultado es un ciclo infinito que solo cambia de nombre y siglas.
Que caigan gobernantes… y que caigan solos
El gran argumento a favor de la estrategia de Washington es simple: cuando EE.UU. investiga y procesa a políticos por su relación con carteles, está atacando el corazón de la impunidad que permite que el crimen sobreviva a cualquier operativo militar,tambien recurrentemente coludidos.
Pero el énfasis debe estar en que esos gobernantes caigan solos, sin arrastrar al Estado como víctima heroica: son ellos, no las instituciones en abstracto, quienes se enriquecieron vendiendo seguridad, justicia y soberanía al mejor postor.
Con información: LUIS DONCEL/ZEDRIK RAZIEL/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/
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