Circular por la vía Atlixcáyotl —esa vitrina de prosperidad aspiracional llamada Angelópolis— dejó de ser un trámite urbano para convertirse en una ruleta rusa con aire acondicionado. Durante meses, un hombre de 65 años, farmacéutico español, empresario, vecino “respetable”, salía a pasear en una GMC Denali blanca sin placas y, como quien cambia de estación en la radio, decidía a quién dispararle. Sin motivo aparente. Sin patrón. Sin prisa. Rafael Zabalza convirtió la avenida más pulcra de Puebla en un campo de tiro itinerante.
Once automovilistas y un motociclista lo saben mejor que nadie. Los alcanzó en distintos tramos, a distintas horas, con la misma lógica: ninguna. Mientras tanto, la ciudad hacía lo que hace cuando la violencia no encaja en el guion del narco: dudar. Los primeros indicios no llegaron a la Fiscalía, sino a las redes sociales, ese archivo informal donde aparecen autos agujereados antes que las denuncias. Videos, alertas, rumores: “hay un francotirador”. Y la autoridad, tarde y a rastras, mirando cómo el expediente se armaba solo en internet.
No fue sino hasta junio —dos meses después de los primeros disparos— cuando un joven herido puso el cuerpo y la firma para abrir una carpeta formal. Entonces sí: diez investigaciones, reconstrucciones, peritajes, y el descubrimiento obvio que durante semanas se resistió a ser oficial: no eran hechos aislados. Eran el mismo hombre, la misma camioneta fantasma, la misma ruta convertida en pasarela de impunidad.
La Fiscalía habla de “investigación quirúrgica”. Traducido: trazar un polígono criminal, exprimir cámaras privadas y del C5, y usar tecnología 3D —El Faro— para seguir la trayectoria de balas que ya habían hecho su trabajo. Algunas víctimas reconocieron al agresor; otras, apenas alcanzaron a entender que el lujo urbano también dispara. El secretario de Seguridad lo admite con un eufemismo involuntario: “fue una tarea dura”. Claro: perseguir a alguien que no sigue reglas en un sistema que depende de ellas siempre lo es.
El guion se cierra de madrugada, como mandan los operativos que buscan redención. A las 4:00 a.m., los agentes tocan la puerta. Zabalza responde como llevaba meses respondiendo: a balazos. Dispara contra policías y patrulla, suma otro intento de homicidio a la cuenta y, finalmente, cae.
En su casa: una pistola semiautomática, un rifle, una escopeta, cartuchos y la Denali sin placas, esa coartada rodante que nadie detuvo a tiempo. En otra propiedad: más armas —incluidas de uso exclusivo del Ejército—, 536 cartuchos calibre .22, municiones de 9 mm, dispositivos electrónicos y casi 800 mil pesos en efectivo. Parte del arsenal con papeles en regla, parte no. La legalidad, como la puntería, selectiva.
La autoridad presume que “gracias a Dios” solo hay un lesionado. La frase, más que alivio, retrata el estándar: que no haya muertos se celebra como eficiencia, no como excepción afortunada. Y mientras tanto, en redes, la memoria incómoda: disparos en 2023 en la misma zona, un motociclista, un ciclista, dos operadores de carga muertos meses después, balas que ya entonces pedían ser rastreadas. Sin detenidos. Sin cierre. Sin aprendizaje.
El personaje completa su ironía con un archivo previo: una entrevista donde promociona un torneo de dominó. Habla de valores, compañerismo, juego limpio. El contraste no es un detalle; es el corazón del caso. Empresario farmacéutico, sin antecedentes penales, vinculado a una asociación civil, firmante de convenios académicos, presunto dueño de gasolineras. El perfil perfecto para no levantar sospechas y, por lo mismo, para que cuando las levante ya sea tarde.
Zabalza no encaja en la narrativa cómoda del crimen organizado, y por eso descoloca. No hay cártel que explique su ruta ni plaza que justifique sus disparos. Solo un hombre, una camioneta sin placas y una ciudad que tardó meses en aceptar que el peligro también puede venir sin logotipo, sin manta y sin mensaje. A veces, basta con que nadie esté mirando a tiempo.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M GARRIDO.
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