Hay propuestas que suenan a solución porque simplifican el problema hasta volverlo irreconocible. Desaparecer las policías municipales y entregar el país, llave en mano, a la Guardia Nacional es una de ellas: una idea limpia en el papel, quirúrgica en el discurso y peligrosamente miope en la práctica.
El argumento del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla se sostiene en hechos que nadie serio discute: sí, hay policías municipales infiltradas; sí, hay mandos coludidos; sí, hay casos como el de Zacapu, donde director y subdirector terminan señalados por vínculos con el CJNG y por su presunta participación en una emboscada que dejó cinco agentes muertos.
A eso se suman Coeneo, Zinapécuaro y una lista que crece con la constancia de un parte de guerra. El diagnóstico es brutal, pero no es novedoso: la captura criminal de lo local existe desde hace décadas.
El salto lógico —y ahí está la trampa— es concluir que, porque lo local está penetrado, lo federal-militar es la cura. Traducido al castellano llano: militarizar lo último que queda de policía civil en el país. Como si cambiar de uniforme borrara las inercias, los incentivos y, sobre todo, las tentaciones.
La Guardia Nacional, presentada como un cuerpo disciplinado, territorial y “listo” para asumirlo todo, dista de ser ese dechado de virtudes que la narrativa oficial necesita.
No es una institución inmune a la corrupción ni a los abusos; es, en buena medida, una extensión operativa de las Fuerzas Armadas con entrenamiento policial parcial y controles civiles débiles. Y los hechos, otra vez, se atraviesan: en Ciudad Juárez, la reciente aprehensión de elementos de la propia Guardia Nacional por su presunta participación en delitos graves —un botón de muestra entre muchos— rompe la fantasía de que el problema se resuelve con más verde olivo y menos proximidad civil.
La propuesta, además, elude una pregunta incómoda: si el criterio para desaparecer corporaciones es la infiltración criminal, ¿por qué la Guardia Nacional quedaría exenta de esa lógica cuando ya existen casos documentados de abusos, extorsiones y colusión?
¿Qué hace pensar que una estructura más centralizada, con menor escrutinio local y mayor opacidad castrense, será menos permeable? La historia comparada sugiere lo contrario: a mayor concentración de poder y menor rendición de cuentas, mayor riesgo sistémico.
Hay otro costo, menos estridente pero igual de profundo: la erosión del principio civil en la seguridad pública. Las policías municipales, con todos sus vicios, cumplen una función que no se reemplaza con despliegues federales: proximidad, conocimiento del territorio fino, capacidad de prevención cotidiana. Desaparecerlas no corrige sus fallas; elimina el espacio donde deberían corregirse. Es amputar en lugar de rehabilitar.
Porque el problema no es solo “quién patrulla”, sino cómo se recluta, se paga, se supervisa y se sanciona. Es la cadena completa: controles de confianza que no sean simulación, salarios que compitan con la renta criminal, fiscalías que sí investiguen, tribunales que sí castiguen y órganos internos que no encubran. Nada de eso se arregla cambiando el membrete por “Guardia Nacional”.
El discurso de “cero impunidad” suena bien hasta que se vuelve selectivo. Detener a policías municipales corruptos es necesario; hacerlo mientras se expande una corporación con controles opacos es, como mínimo, inconsistente. La justicia no puede ser un bisturí para unos y un velo para otros.
En el fondo, la propuesta de desaparecer policías municipales es políticamente seductora porque ofrece una salida rápida a un problema estructural. Pero las salidas rápidas, en seguridad, suelen salir caras: concentran poder, reducen contrapesos y normalizan la excepcionalidad. Y la excepcionalidad, en México, tiende a volverse regla.
Si de verdad se quiere enfrentar la infiltración criminal, el camino es más ingrato y menos vendible: depurar, profesionalizar, supervisar y descentralizar con controles efectivos. Fortalecer lo civil, no enterrarlo. Porque sustituir instituciones débiles por instituciones más opacas no es una reforma; es un traslado del problema a un lugar donde cuesta más verlo y, por tanto, más corregirlo.
Con información; ELNORTE/
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