EL SUPLENTE que MATO a DIPUTADO "FINALMENTE CAYO PRESO" DESPUES de 7 AÑOS HUYENDO...queria la curul el cul..pable.

A un día de cumplirse siete años del asesinato del diputado electo por Cajeme, Eduardo Enrique Castro Luque, la Fiscalía de Jalisco detuvo a Manuel Alberto Fernández Félix, de 31 años de edad, considerado el autor intelectual del homicidio.

La detención de quien era el suplente de Castro Luque ocurrió este viernes a las 11:20 horas en Zapopan, Jalisco, y en poco tiempo fue trasladado vía aérea a Hermosillo.

Fernández Félix, quien enfrentará cargos por el delito de homicidio calificado, era buscado en diversos países desde el 24 de septiembre.

De acuerdo con la versión de la extinta Procuraduría de Sonora, ahora Fiscalía, el diputado suplente planeó el asesinato porque buscaba convertirse en propietario de la curul, por lo que presuntamente ordenó el asesinato horas antes de que Castro Luque rindiera protesta en el Congreso del Estado. 

Su familia espera un juicio justo

La madre del detenido dijo a Medios Obson que espera un proceso legal equilibrado, que no torturen a su hijo con “toques” y que no le “siembren” evidencia.

“Este es un llamado a las autoridades, porque sabemos que en el gobierno (del exgobernador Guillermo Padrés) se sembraron pruebas y mi hijo es una víctima, es un preso político”, expresó.

El viernes 14 de septiembre de 2012, a las 20:30 horas, un individuo que circulaba en una motocicleta por la calle Quintana Roo, en la colonia Chapultepec, se detuvo frente al diputado electo fingiendo tener una falla mecánica.

Y justo cuando Castro Luque se acercaba a brindarle ayuda, el sujeto le disparó en cinco ocasiones con una pistola calibre .45.

El legislador electo, postulado por el PRI en el distrito 17 de Cajeme, Sonora, fue trasladado de emergencia a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no logró superar la gravedad de las lesiones.

Un informe de la entonces Procuraduría, con fecha del 24 de septiembre de 2012, diez días después del atentado, detalla que el asesinato del diputado Eduardo Enrique Castro Luque fue un “elaborado plan” que quedó al descubierto y derivó en la captura de cuatro implicados, mientras que se mantenía prófugo el presunto autor intelectual, su suplente Manuel Alberto Fernández Félix.

“No vamos a detenernos en la búsqueda de Manuel Alberto Fernández Félix, no le vamos a dar tregua, se va a cansar primero él que nosotros en la búsqueda que hemos emprendido desde hace varios días”, dijo en esa ocasión la entonces procurador, Carlos Navarro.

Por el delito fueron detenidos: Sergio Román Gil Zavala alias “El Sergio”, entonces de 24 años y presunto operador para llevar a cabo el plan; Wilfredo Álvarez Félix “El Willy”, hoy de 47, autor material confeso del homicidio; Juan Manuel Rodríguez Hernández “El Juanito” y/o “El Güero”, con apenas de 24 años y encargado de conseguir la motocicleta utilizada para el homicidio; y Wilver Joel Sánchez Quezada “El Wilver”, de 34 años, encargado de contactar al sicario.

En su declaración ministerial, Sergio Román Gil Zavala señaló que, al término de las elecciones, luego de que ganaran la diputación en 2102, uno como titular y otro como suplente, Manuel Alberto Fernández Félix le comentó que si Castro Luque no “existiera”, él ocuparía su lugar en el Congreso del Estado.

Añadió que fue a finales de agosto (de 2012) cuando vino de vacaciones de la Ciudad de México, lugar donde trabaja, que Fernández Félix le solicitó expresamente su ayuda para “eliminar” a Castro Luque a cambio de brindarle apoyos una vez que lograra ser legislador.

Gil Zavala presuntamente ayudó a contactar a un sicario, conseguir el arma de fuego y una motocicleta para llevar a cabo el plan.

Más intriga

Por su parte, Wilfredo Álvarez Félix declaró que fue contactado por Wilver Joel Sánchez Quezada para llevar a cabo el homicidio, por lo que Sergio y Juan Manuel le pagaron 40 mil pesos.

Expuso que además de proporcionarle el arma de fuego y una motocicleta para ir al lugar del homicidio, los que lo contrataron le mostraron fotos de Castro Luque para que lo identificara y lo llevaron a su casa.

El otro detenido

Sobre su participación en los hechos, Juan Manuel Rodríguez Hernández declaró que Manuel Alberto Félix (el aprehendido en Zapopan este viernes) y Sergio Román Gil le pidieron que les consiguiera una pistola para “aventarse un jale”, siendo un sujeto de nombre Diego, apodado “El Pichón” y/o “El Matón”, quien se las proporcionó.

Añadió que en su auto fue a recoger a “El Willy” después de que privara de la vida a Castro Luque, que Wilfredo le entregó el arma homicida y que estuvo presente cuando Sergio le pagó 20 mil pesos al sicario por el trabajo realizado. Además, dijo tener conocimiento de que Sergio le dio a Wilver otros 10 mil pesos por haber conseguido al autor material. 

Otro hilo a la madeja

Por separado, Wilver declaró que Juan Manuel Rodríguez le pidió que privara de la vida a una persona, contestando que no se dedicaba a eso, por lo que contactó a “El Willy” para que cometiera el homicidio y por hacerlo le dieron 10 mil pesos.

Durante las indagatorias realizadas, los agentes investigadores recuperaron la motocicleta que utilizó “El Willy” para cometer el homicidio, dos vehículos que los presuntos utilizaron para trasladarse durante la planeación y ejecución del crimen, así como la pistola calibre .45 milímetros, a la que le practicaron los exámenes de balística, mismos que dieron positivo a los casquillos percutidos recuperados en la escena del crimen.

Los detenidos, la motocicleta, la pistola y los dos vehículos asegurados –una camioneta Dodge RAM color rojo y un sedán Eclipse de la marca Mitsubishi, color negro–, fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común, quien los dejó bajo arraigo.

Debido a la ausencia de Castro Luque, se convocó a una elección extraordinaria el 7 de julio de 2013 en la que resultó ganadora su esposa, la priista Rossana Coboj.

fuente.-

VIDEO ENTREVISTA "BALCONEA" a MIRELES PRESUMIENDO NOVIA de 17 AÑOS...sin ruborizarse o avergonzarse.

Una entrevista de Carmen Aristegui a José Manuel Mireles,publicada en Mayo de 2014,el Ex-autodefensa Michoacano que se placeaba con el "Viejo Narco" de Tamaulipas Octavio Leal Moncada,admite en entrevista tras el accidente de aviación que sufrió en 2014,que el quinto pasajero que iba en el avión el cual se desplomo, era su novia,una menor de edad de 17 años. (VIDEO)

fuente.-Youtube/redes/

LA EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES son el ROSTRO del "PUERCO POLICIACO y MILITAR" en GUERRA ANTI-NARCO en TAMAULIPAS...el remedio es otra enfermedad.

Carlos se tomaba una cerveza sentado en una silla a la puerta de su casa cuando dos camionetas de la Armada se detuvieron frente a él, lo interrogaron, lo golpearon hasta la extenuación y se lo llevaron.

Unos días antes, Antonio ponía gasolina con un amigo cuando dos patrullas se acercaron, los subieron a un vehículo y se los llevaron. Así hasta 30 casos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, de unos 600,000 habitantes, y en un periodo de cuatro meses. Éste es el peor rostro de la guerra contra el narco en México. 

Más descarado, relata el diario El País, fue el caso de José Luis, que esta en una fiesta con decenas de familias cuando unos 20 marinos se presentaron en el lugar y obligaron a todos los invitados a tirarse al suelo, incluidos decenas de niños.

Entre todos los invitados, el mando que dirigía la operación eligió a José Luis, lo hincó y lo golpeó con un trozo de madera. Después lo subieron a un vehículo y abandonaron el lugar.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las fuerzas de seguridad están involucradas en la mayoría de las desapariciones en Nuevo Laredo, y entre las víctimas también están menores de edad.

La realidad es que el secuestro y posterior ejecución de 8 presuntos sicarios del municipio no son los primeros procesos extrajudiciales que ocurren. Entre 2011 y 2014 varios militares fueron suspendidos por ejecuciones extrajudiciales.

Nuevo Laredo es el tercer municipios de Tamaulipas con número mayor de desapariciones , según la organización Desaparecidos Tamaulipas (FOTO: CUARTOSCURO)

Los jóvenes Martín y Bryan Almaza, fueron asesinados arbitrariamente en un retén militar el 3 de abril de 2010 en Matamoros, Tamaulipas. Soldados modificaron la escena de los hechos y afirmaron que su fallecimiento fue el resultado del fuego cruzado.

Un testimonio recogido por el diario español relata que Jesica aún recuerda la luz roja del fusil que le apuntaba a la frente y los gritos de la marina mientras abofeteaban a su esposo..

Ocurrió en marzo de 2018, cuando seis marinos encapuchados entraron a su casa buscando a un tal "Willy". Aunque ellos sabían que estaban en el lugar equivocado, aquella noche los uniformados desactivaron las cámaras de las casa pero olvidaron la que estaba en la casa de a lado.

Hasta el día de hoy, este junto con otras voces han sido un zumbido molesto que recorre cada día la fiscalía exigiendo resúestas.

Ejecución extrajudicial cimbra a Tamaulipas 

Las pruebas que revelarían un montaje en el enfrentamiento del pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas (Video: Facebook)

En un México acostumbrado a ver y leer de muertes de sicarios del crimen organizado, la noticia sobre 8 miembros del Cártel del Noreste abatidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 5 de septiembre, pasó desapercibida. Pero una denuncia sobre una posible ejecución extrajudicial a manos de Policías de Estatales, trajo a relucir, nuevamente, el caso.

Una camioneta blindada, ocho cadáveres y armas de alto calibre eran las pruebas que el 5 de septiembre los agentes estatales enseñaron como trofeo de una batalla (ganada) contra el narcotráfico.

Cinco hombres y tres mujeres asesinados se convirtieron en el saldo del cruce de balas en el que ningún policía resultó herido.

Poco después, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo presentó una serie de pruebas para demostrar que todo habría sido un montaje de las autoridades de seguridad.

Las imágenes difundidas por la Policía del Estado fueron clave para demostrar la hipótesis de la CDHNL.

Cuando la camioneta era trasladada al punto donde supuestamente fue decomisada, se encontraba sin ningún tipo de blindaje. En las fotografías publicadas por la Policía Estatal, se muestra a la camioneta con bisagras y cerrojos (Foto: Twitter/loba_indomable)

En un video de dos minutos de duración, la organización señaló que las autoridades manipularon las evidencias, sembraron armas y pusieron vestimentas y aditamentos tácticos a las ocho víctimas.

Las fotografías mostradas de una camioneta Tundra que lleva en la parte posterior un armazón de blindaje artesanal y la patente tapada, es parte de una de las pruebas para desmontar la versión oficial.

El día del supuesto fuego cruzado, siendo las 07:43 horas, Eladio Martínez, comandante del área de grúas y vialidad en la ciudad fronteriza, recibió una llamada telefónica, ordenándole enviar una unidad a la calle Francisco I. Madero, casi esquina con Ozuna.

De inmediato, fue enviado un conductor de nombre Ramón, quien dijo que a las 08:00 horas, llegó con su grúa a la dirección solicitada. Ahí se encontraba una camioneta Tundra negra y elementos de la Policía Estatal.

La unidad oscura fue llevada por una grúa de Tránsito desde Madero cuadra 68 hasta Avenida 7, número 902 en la colonia Valles de Anáhuac.

Como se observa en los videos de la Comisión, la camioneta tenía bisagras y cerrojos para ocultarlos hacia el interior de la caja, por ello, durante el trayecto, la camioneta lucía sin ningún armazón. 

En algunas fotografías publicadas por los Policías Estatales, la camioneta aparece con una torreta. En otras no (Foto: Twitter/loba_indomable)

Una vez que la camioneta se encontraba en el lugar, los elementos de la Policía armaron el blindaje, tomaron fotos y las enviaron a las páginas vinculadas al Gobierno de Tamaulipas.

La organización argumenta que la camioneta habría sido manipulada en varias ocasiones, ya que en algunas fotografías el vehículo aparece con una torreta y en otras no.

En el lugar del abatimiento, también se encontraban los cadáveres vestidos con uniformes militares, chalecos con la sigla CDN, vestimenta identificada como Cártel del Noreste, y armas largas.

De acuerdo a un informe de la CDH Nuevo Laredo, al menos tres víctimas dieron negativo en la prueba de radizonato, la cual sirve para saber si una persona accionó o manipuló un arma de fuego.

Igualmente destaca que cuatro de las 15 armas encontradas junto a los cuerpos "nunca fueron accionadas", sino más bien colocadas junto a los cadáveres.

Incluso, una de las personas abatidas traía puestas las botas tácticas al revés, no había cartuchos percutidos a su alrededor y tampoco impactos de balas en las paredes.

Uno de los abatidos traía puestas las botas tácticas al revés, además el tamaño del uniforme no era de su talla (Foto: Especial)

El levantamiento de ocho personas 

En la denuncia hecha por la Comisión de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, se revela que las autoridades habrían secuestrado a las ocho personas, luego las ejecutarían en una casa y posteriormente colocarían los cuerpos en la casa número 902 en la colonia Valles de Anáhuac.

Una joven de 18, con el nombre de Kassandra Treviño, fue la primera en denunciar ante la justicia lo sucedido.

El pasado domingo se acercó a la Fiscalía local a declarar que una veintena de agentes había ingresado a su casa de manera violenta y habían obligado a su padre, Severino Treviño, a vestir el uniforme militar.

Según el testimonio de la joven, los policías se la llevaron a ella y a su bebé, de 2 años, a unas cuadras de la vivienda, donde las liberaron. No volvió a saber de su padre hasta el momento que se reportó el supuesto enfrentamiento.

Pero no sólo fue Severino. Los testigos advierten haber visto llegar un vehículo blindado en los que viajaban siete personas con la cara cubierta y esposadas, las cuales, después fueron ingresadas al domicilio.

El mapa del recorrido de los Policías Estatales. La camioneta fue trasladada 5 kilómetros de Madero al lugar del supuesto enfrentamiento. Las personas levantadas pertenecían a la colonia Buenavista (Mapa: Infobae)

Los instantes después del enfrentamiento 

Otras de las pruebas presentadas por el Comité son una serie de videos que muestran a los agentes que presuntamente participaron en el enfrentamiento dentro de una tienda, comprando botellas de agua, refrescos y frituras sin ninguna preocupación o estado de alerta después de haber participado en una supuesta persecución con integrantes de un grupo criminal.

Las grabaciones también desnudan la presencia de militares, quienes acudieron al sitio para acordonar la zona, mientras los policías estatales realizaban las ejecuciones.

Según las autoridades, los militares impidieron mediante insultos y amenazas que familiares de Severiano pudieran acercarse a su domicilio, antes de ser asesinado.

Información recabada señala que las personas levantadas fueron sacadas de la colonia Buenavista. Una de las personas era Jenifer, estudiante del Estado de México y recién llegada a Nuevo Laredo con su novio. Ninguno de los dos tenía antecedentes penales.

Después del supuesto enfrentamiento, Policías Estatales aparecieron en una tienda de conveniencia sin ninguna preocupación (Foto: Especial)

Las voces de las autoridades 

La entidad fronteriza se encuentra en un escenario grave que podría poner en jaque el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, por ello, informó que solicitará que la Fiscalía General del Estado solicite asistencia técnica del FBI y de otras agencias internacionales para investigar la presunta ejecución de ocho personas para dar mayor fortaleza y transparencia a las investigaciones. 

Asimismo, dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública suspendió a los elementos que participaron en el operativo.

(Foto: Twitter/fgcabezadevaca)

"Cumpliremos las medidas cautelares dictadas por la CNDH. En caso de que las investigaciones concluyan en responsabilidad de los funcionarios estatales, se actuará con toda la fuerza de la ley", escribió el mandatario en su Twitter.

fuente.-

VIDEOS: EL "TRUCO VERASTEGUI" SECRETARIO de GOBIERNO de CABEZA ORDENO EJECUCIONES y APOYABA a ZETAS con GASOLINA y DIESEL para "COCINAR CUERPOS"...amenazaron con tirarle la familia en pedacitos.

En octubre de 2017,sicarios del "Cartel de Los Zetas" que operaron bajo el mando de los extintos Francisco Carreón alias Pancho Carreón y su hermano Ricardo Carreón alias El Calo, señalaron al Secretario General de Gobierno de Tamaulipas Cesar Verastegui Ostos alias El Truco, se proteger al grupo delictivo que opera en El Mante y Xicoténcatl,de proporcionarles facilidades para cometer ejecuciones, algunas que el mismo ordenaba e incluso los apoyo con gasolina y diesel para "cocinar" a víctimas y asi desaparecer los cuerpos, narran testimonios en VIDEO.

Los testimonios que fueron vertidos señalaban tambien al hermano del Secretario de Gobierno de Garcia Cabeza de Vaca identificado como  Vicente Verastegui Ostos alias El Chente quien fungiera como alcalde de Xicoténcatl en 2007 y luego en 2018,hoy actual Diputado local y que  de acuerdo a los dos testigos,protegian a Los Zetas y orquestaron su muerte para evitar que pudieran declarar en su contra,la revancha del crimen degenero en amenazas a la familia del funcionario en 2018 y fue exhibida por los Zetas en redes sociales.

NOTA RELACIONADA:

EJECUTAN a "TOM el CABEZON",LUGARTENIENTE ZETA de PANCHO CARREON LIGADO al "SECRE" de GOBIERNO de TAMAULIPAS...asi cambia el viento.

SECRETARIO DE GOBIERNO EN TAMAULIPAS ENREDADO EN LA TRAMA DELICTIVA.

Sergio Buenrostro, quien opero durante dos años como sicario en el “grupo operativo” de Pancho Carreón y El Chino, quien lo hizo durante dos años y medio, fueron testigos cuando El Truco Verastegui le entrega al líder de Los Zetas, fuertes sumas de dinero, además de surtirlo de diésel, que era utilizado para “cocinar” a las personas asesinadas y desaparecerlas.

Aunque fue lo ultimo que dijeron antes de que estos "desaparecieran" y afirmaran estar dispuestos a declarar ante las autoridades federales o militares, que garantizaran que se actuara en contra de "Los Trucos" o que sus crímenes y relaciones con el cartel de los Zetas no queden impune.

NARRAN SICARIOS:

“El tiempo que anduve con Pancho Carreón, El truco apoyaba con dinero, con diésel, Pancho era el fuerte de la región porque siempre tuvo la protección de Los Trucos –Cesar y Vicente Verastegui-; el recibía también instrucciones de ellos, para amenazar o desaparecer a sus enemigos”, señaló Sergio Buenrostro, en entrevista grabada en video y que circula en redes sociales.

Detallo que Vicente tiene un rancho “ahí por la brecha Benito Juárez, por donde está el hotel Caracol, ahí Chente le prestaba a Pancho para que pusiera un halcón, se le conoce como Punto 5 y era el que nos avisaba cuando las unidades operativas se embrechaban”.

Destaco la importancia de este punto de halconeo, ya que era por donde ellos entraban a una zona donde tenían a las personas secuestradas, donde las mataban y cocinaban con el diésel que les daban en la gasolinera por órdenes de El Truco. Las fosas donde ponían los restos de sus víctimas, están en un terreno frente al rancho de El Chente.

El mismo sicario cuenta como en una ocasión El ahora Secretario General de Gobierno ordeno al líder de Los Zetas para que amenazara a una candidata priista.

“Yo fui con Pancho, cuando Laila Charur del PRI iba como candidata  a la presidencia municipal y Mariela Lopez –protegida de El Truco- por el PAN, yo estaba presente cuando Cesar le dice a Pancho, que le fuera a ver a Laila, que le dijera que se la cortara que ahí en Xico los votos eran para el PAN; la reunión fue en el rancho de El Chifoscas, primo de los Trucos”, asentó Sergio Buenrostro. 

El sicario de Los Zetas, ahora denominados de La Vieja Escuela, atestiguo cuando en una ocasión Cesar Verastegui entrega 5 millones de pesos a Pancho Carreón. “Se los llevo en una caja de aceite Patrón y Pancho se los pidió para pagar la nómina, no podía negarse porque estaba comprometido.

Además Vicente Verastegui le regalo a Pancho un carro blindado, una Máxima 2000, color café.

En torno a la muerte de Pancho Carreón y de su hermano El Calo, el sicario de Los Zetas asegura “Yo creo, porque es lógico, que el Truco mato a los dos, para quedarse con el control y poder acabar con Julio (Julio Aguilar, priista y quien tiene el monopolio en la zona de la compra-venta de ganado, ´quien fue “desterrado” de Xico por órdenes del Truco.

Otro sicario de Los Zetas Vieja Escuela, apodado El Chino y quien tras la muerte de los dos líderes delincuenciales deserto para evitar ser asesinado, narra en la entrevista que circula en redes sociales e internet como fue testigo en dos ocasiones cuando Pancho Carreón recibía dinero de El Truco.

“Una vez el truco le llevo dinero, diez millones de pesos llego en una colorado blanca, llego con otro señor y de ahí se subió y se fue, que era para los gastos que requerían, fue atrás de las pichoneras” dijo El Chino.

La segunda ocasión fueron 5 millones de pesos, recuerda el sicario, ese día se bajó el Sapo a agarrar el dinero, El Truco le dijo que ahí estaba el dinero, para que no dijera nada, que no fuera a decir nada. La relación era muy fuerte. Se miraban para darle dinero o para que amenazara gente.

El Chino fue sicario de Pancho Carreón durante dos años y medio, operando en la zona de Mante, Xico y Atempo. Atestiguo cuando El Truco los apoyaba con gasolina y diésel, este último usado para “cocinar” a personas ejecutadas por el grupo delictivo.

En los dos años y medio de estar bajo el mando de Pancho Carreón, El Chino participo en el secuestro y ejecución de 60 personas, “dos de ellas, fueron por órdenes de El Truco”. Todas fueron cocinadas, es decir sus cuerpos fueron desaparecidos quemándolos y diseminando los pocos restos entre el monte, en fosas clandestinas, que ya han sido halladas por personal del Sedena y la Marina.

“El truco nos apoyaba con mandado, dinero, comida, se la llevaba a Pancho hasta donde estaba en las brechas”, recuerda el sicario.

VIDEOS:

Con informacion de: medios/Redes/Frontera/

"SIN CERTIFICAR": Se ACABO el "PLAZO LEGAL" a POLICIAS y SOLO 1 de CADA 4 le ENTIENDE en ATENDER a la GENTE BUENA...porque si saben atender a la "gente mala".

Esta semana concluyó el plazo legal de 3 años que los gobiernos pactaron para certificar las habilidades y confiabilidad de sus policías, y no cumplieron. La policía de CDMX entre las peores: solo 9% de sus elementos cuenta con certificado.

En México, solo 1 de cada 4 policías locales y federales cuenta con el certificado oficial que avala su formación, capacidades y confiabilidad. 

Este documento, llamado Certificado Único Policial (CUP), es requisito obligatorio para permanecer en el puesto. En 2016 los gobiernos se dieron un plazo de tres años para certificar a todos sus elementos. Sin embargo dicho plazo concluyó esta semana y no lo hicieron.

Datos oficiales obtenidos vía transparencia por Animal Político revelan que de los 330 mil 776 policías federales y locales en activo en nuestro país, apenas 84 mil 255 que equivalen a un 25.4% cuenta con el CUP emitido. Las otras tres cuartas partes no lo tiene y, si se respetara lo que marca la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no deberían estar trabajando.

Hay 10 entidades, entre ellas Ciudad de México, donde la proporción de policías certificados es incluso inferior a 20%. De hecho, en solo 5 de las 32 entidades federativas se reporta a más de la mitad de los policías certificados.

El Certificado Único Policial es el documento que avala que un policía en el país cumple con cuatro elementos clave para desempeñar esa función: formación inicial o su equivalente, evaluación de desempeño académico, evaluación de competencias básicas, y proceso de evaluación de control de confianza.

Los artículos 41 y 69 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que contar con esta certificación es un requisito “indispensable” para ingresar o para permanecer en las instituciones de seguridad pública o de procuración de justicia (fiscalías).

El 9 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la Emisión del Certificado Único Policial aprobados en la Cuadragésima Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En el artículo cuarto transitorio de dicho acuerdo se estableció que en un periodo máximo de tres años todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública, sin excepción, deberían de contar con el Certificado único. Dicho plazo se venció el martes pasado.

Por su parte, el diagnóstico del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica que el actual gobierno federal se encuentra preparando reconoce que hay un severo retraso en la certificación de los agentes de seguridad.

Animal Político solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) conocer las razones por las cuales se incumplió el plazo para certificar a los agentes así como el nivel de retraso, pero hasta la publicación de esta nota se continúa en la espera de una respuesta. 

Foto: Especial

De mal en peor

Los datos proporcionados vía transparencia por el SESNSP revelan que México cuenta con una fuerza total de 288 mil 7 policías a nivel local (estatales, municipales y ministeriales) y 42 mil 769 de nivel federal (policías federales y de la Fiscalía General de la República).

En el tema específico de los policías de nivel local los datos arrojan que 79 mil 291 contaban al cierre de agosto con su CUP, que equivale solo al 27.5% de todos los agentes estatales y municipales en funciones. No hay ni una sola entidad federativa en donde la certificación se haya cumplido al 100% dentro del límite establecido, aunque algunas están mucho más atrasadas que otras.

Por ejemplo, Querétaro y Durango son las entidades con la mayor proporción de policías certificados con poco más del 75%. Esto significa que 3 de cada 4 de sus policías sí cumplen con los requisitos legales para desempeñar ese cargo.

Después le sigue Colima en donde se reporta al 60% de los policías locales que cuentan con el CUP, mientras que Guanajuato y Campeche reportan niveles de entre 50 y 55% de sus policías certificados.

Estas cinco entidades son las únicas en donde se reporta a más de la mitad con el certificado obligatorio que marca la ley. Todas las demás se encuentran por debajo de 50% y hay casos dramáticos.

Por ejemplo, datos proporcionados muestran que en Tlaxcala apenas un 0.6% de los policías – 20 de los más de tres mil 200 agentes locales en la entidad – cuenta con el CUP. Le sigue Guerrero con solo un 8.3% de todos sus policías certificados.

La tercera entidad con el mayor retraso es justamente Ciudad de México con apenas un 9.7% de sus policías debidamente certificados. Dicho de otra forma, en la capital del país solo 1 de cada 10 agentes cumple con la certificación obligatoria que respalda que tiene las habilidades necesarias para hacer ese trabajo.

Lo anterior cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que la policía de la Ciudad de México es la más numerosa del país.

Baja California Sur es la cuarta entidad con la menor proporción de sus policías certificados al cierre del plazo establecido con apenas un 10%. Y hay otras seis entidades que reportan menos de 20% de sus policías evaluados: Sonora, Jalisco, Chiapas, Zacatecas, San Luis Potosí y Nayarit.

En una situación igual de mala se encuentran las fuerzas federales. Los datos oficiales del SENSP muestran que apenas 5 mil 266 de los 42 mil 769 elementos, un 12.3%, cuenta con su CUP. Es un porcentaje aún menor que el de las policías estatales.

En lo específico llama la atención el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) en la cual solo 7 de cada 100 elementos de la Policía Federal Ministerial cuenta con el certificado que avala su formación, capacidades y confiabilidad.

Fuente.-

"NO ME MATEN,SOY SECUESTRADA":DESCALZA y ESPOSADA la "EJECUTO el CAIET" BRAZO ARMADO de "CABEZA" en TAMAULIPAS...en los hechos una banda de asesinos de distinto bando.

Luego de que el gobierno de Tamaulipas informara a través de la Secretaría de Seguridad Pública que personal del Grupo de Operaciones Especiales del Centro de Análisis, Información y Estudios de Tamaulipas (CAIET) “repelió una agresión en su contra hecha por varios sujetos armados en las inmediaciones del aeropuerto de la ciudad de Nuevo Laredo”,casi enseguida la realidad de lo que ocurrió contradecia la versión policiaca del "Brazo armado y ejecutor" utilizado por el Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca.

Se mencionó que fueron siete los agresores, que portaban armas de alto poder y quienes fallecieron. Los Informes iniciales indicaron que los policías de CAIET circulaban realizando recorridos de vigilancia cuando desde una camioneta RAM, con placas de Texas, los sujetos comenzaron a dispararles.

“Los agresores llevaban uniformes tipo militar con insignias y equipo táctico. Pertenecen al grupo que en días anteriores agredió a policías estatales cuando instalaban un filtro de seguridad y luego en un hotel de Nuevo Laredo”.

Sobre el acto violento, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, informó a Revolución TRESPUNTOCERO que el grupo de agentes de investigaciones de la Policía Estatal de Tamaulipas habría asesinado de manera extrajudicial a una mujer secuestrada “para después hacerla  pasar como integrante del grupo armado”.

De acuerdo con el testimonio de dos personas que presentaron una queja ante el Comité por detención arbitraria, la mujer identificada como ‘Silvia’, de 45 años, al momento de ser herida por los agentes estatales se encontraba esposada, con las manos en la espalda y les gritaba que estaba secuestrada, que no le dispararan.

Lo agentes de la Policía Estatal pertenecientes al Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas, (CAIET), lejos de prestarle auxilio a la mujer, le dispararon al menos en dos ocasiones, uno de ellos directamente en la cabeza, “para no dejar testigos”, se informó al Comité.

“Estábamos detenidos arriba de un vehículo blindado de la Policía Estatal cuando ocurrió la balacera y vimos como los agentes se acercaron a la camioneta azul y le dispararon a la mujer y a un muchacho que no estaban disparando, que no traían armas”, explicó uno de los testigos, quien también presentó su queja este jueves 29 ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

La mujer víctima de esta ejecución extrajudicial, tenía su domicilio en en la colonia Nueva Era, perteneciente a Nuevo Laredo. “Al momento de ser asesinada vestía short color rojo y blusa blanca, descalza y no portaba ningún tipo de arma ni tampoco uniforme tipo militar, como falsamente lo informaron autoridades de Tamaulipas”, puntualizó al Comité.

El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez informó a este medio que “se está elaborando un informe ante organismos naciones e internacionales defensores de los derechos humanos para que se exija al gobierno de Tamaulipas clarificar la información sobre la ejecución arbitraria y extrajudicial de la mujer identificada como ‘Silvia’ y ordenar una investigación sobre estos hechos”.

Familiares de la víctima se presentaron este miércoles en las oficinas de la Fiscalía General de Justicia para su identificación oficial, siendo informados que todavía no pueden entregarles el cuerpo porque aún no cuentan con un informe de hechos por parte de los agentes de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones Especiales (CAIET) que participaron en este enfrentamiento armado ocurrido el martes 27 de agosto al poniente de Nuevo Laredo y que dejó al menos seis personas muertas, del sexo masculino.

Ramos agregó que, es importante señalar que la criminalización de víctimas, el ocultamiento de información y la manipulación de escenarios y evidencias no es la primera ocasión que se registra en Tamaulipas por parte de autoridades estatales.

Con información de:RevolucionTRES PUNTO CERO/ 

LA "CABEZA" de CABEZA de VACA y la DUDOSA REPUTACION del FISCAL TAMAULIPAS AUTOR del "MICHOACANAZO"...miembros destacados de la politica criminalmente organizada.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, cometerá un error político fatal si no dimensiona el tamaño del problema que tiene encima con el grave caso de las ejecuciones extrajudiciales y el montaje que policías de su gobierno habrían realizado en contra de ocho personas a las que, según denuncia del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y testimonios de familiares y vecinos, los agentes estatales secuestraron, torturaron, asesinaron y luego sembraron sus cadáveres para hacerlos pasar como víctimas mortales de un supuesto enfrentamiento a tiros con su misma policía el 5 de septiembre pasado.

No sólo porque el tema ya está en la mira nacional e internacional y es objeto de una investigación federal, tanto de la Fiscalía General de la República, ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y por otra indagatoria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sino porque con este caso, el mandatario panista que hoy lidera el Grupo de Gobernadores de Acción Nacional se juega la credibilidad y la estabilidad de su gobierno que de por sí mantiene una muy tensa relación con la Federación y en esta coyuntura, sus adversarios y enemigos, tanto de la 4T como incluso de su propio partido, tendrían una oportunidad inmejorable para hacerle daño a su administración y a cualquier proyecto político futuro que tuviera en mente.

El primer síntoma de que Cabeza de Vaca no ha dimensionado que su propia cabeza pende de un hilo si no va al fondo de este asunto y se deslinda completa y creíblemente de un crimen brutal contra civiles que —inocentes o presuntos delincuentes o incluso de ambos— no debieron ser ejecutados y utilizados para simular un enfrentamiento por las fuerzas de seguridad de su gobierno, es que el gobernador se limitó a solicitar “una investigación a fondo” del asunto a su procurador estatal, Irving Barrios Mojica, que a pesar de que goce de su confianza, no es precisamente un fiscal con las mejores cartas de credibilidad y eficiencia, además de que por el vínculo político directo que mantiene con él, difícilmente podría presentar una conclusión imparcial y objetiva en un caso tan delicado que involucra al mismo gobierno al que pertenece.

Irving Barros llegó a la Procuraduría de Tamaulipas con un historial dudoso en la procuración de justicia. Él fue, como subprocurador de Delitos Federales de la PGR, el encargado de armar y presentar el llamado “Michoacanazo” con el que el gobierno de Felipe Calderón pretendió acusar de vínculos con el crimen organizado a 11 alcaldes, 16 altos funcionarios y un juez del estado de Michoacán en mayo de 2009. Las detenciones y encarcelamiento de todos esos servidores públicos, ejecutadas por Barros Mojica, terminaron por caerse una a una y ante la “falta de elementos” los jueces liberaron a todos los acusados un año y medio después. De hecho, cuando en el Congreso de Tamaulipas votaron su ratificación, a propuesta del gobernador, sólo la mayoría panista avaló su nombramiento, mientras que 12 diputados del PRI y otros partidos se abstuvieron al declararse “preocupados por los antecedentes del señor Irving Barros”.

No fue la única vez que el rotundo fracaso del “michoacanazo” le sería recordado a Barros Mojica. Entre 2012 y 2013, luego de ser despedido de la PGR, buscó ser consejero de la Judicatura Federal, pero en las comparecencias ante el Senado, el expediente de los 35 alcaldes y funcionarios de Michoacán acusados y luego liberados volvió a pesar en su contra y no pasó de las primeras rondas de selección. Después buscó ser fiscal en Guerrero con el gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, donde tampoco tuvo suerte y no fue seleccionado por sus antecedentes en el ámbito de la procuración de justicia. Así pasó varios años sin poder ocupar un puesto, hasta que en 2016 el recién llegado gobernador de Tamaulipas lo rescató y lo propuso para ocupar el primer cargo de Fiscal General del Estado.

Recientemente en el caso del asesinato del periodista tamaulipeco Carlos Domínguez, asesinado en Nuevo Laredo el 13 de enero de 2018, la defensa de los acusados de la autoría material de ese crimen acusó al procurador Irving Barros y a su director de Procesos Penales, Natanael Castelán, de haber “fabricado culpables y testigos” en este delicado caso en el que se acusó, con base en un solo testimonio inducido mediante sobornos, a dos jóvenes originarios de Zacatecas, David Mejía y Adrián Montes, a quienes se les ofrecieron 500 mil pesos a cambio de autoinculparse en el asesinato del periodista Domínguez, por parte de un intermediario del director de Procesos Penales de la Fiscalía de Tamaulipas. El ofrecimiento nunca se los cumplieron y terminaron siendo acusados y procesados con una serie de irregularidades que aún se desahogan en un juicio totalmente irregular, en el que la esposa de uno de ellos ha interpuesto una denuncia de juicio político contra el procurador Barros y contra el mismo gobernador Cabeza de Vaca.

La pregunta es si con ese fiscal, a quien le encargó la investigación de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, el gobernador confía en tener una conclusión creíble y que no genere dudas sobre lo ocurrido en Nuevo Laredo. Por algo, en su desesperación tras estallar el escándalo esta semana, mientras él andaba de visita política en Washington, visitando el Pentágono junto a su amigo y asesor, el exsenador panista Roberto Gil Zuart, Cabeza de Vaca pidió “el apoyo del FBI” en las investigaciones del multihomicidio en la frontera de su estado.

Y es que, si antes de este delicado asunto, en el que se acusa no sólo una grave violación de derechos humanos sino también un montaje para simular un enfrentamiento y denunciar un clima de violencia desbordada en su estado, al gobernador panista no lo habían querido recibir en Palacio Nacional, después de estos hechos ni siquiera le han tomado la llamada y la orden del presidente López Obrador, para que la FGR investigue y atraiga las ejecuciones de Nuevo Laredo, fue tajante. “En este gobierno no vamos a permitir masacres”, dijo el mandatario nacional.

Para colmo, además del fiscal Gertz Manero y su equipo, hay dos funcionarios federales que recaban pruebas sobre las ejecuciones extrajudiciales y la responsabilidad del gobierno de Tamaulipas en presuntos montajes. El primero es Alejandro Encinas, quien lleva la parte de derechos humanos, y el segundo Ricardo Peralta, quien ve la parte de la participación del gobierno estatal en todo este escándalo. A los dos subsecretarios de Gobernación, Cabeza de Vaca les debe facturas recientes: a Encinas no le quiso financiar centros de Atención Migratoria en el territorio de Tamaulipas; y a Peralta lo acusó de reunirse con grupos de autodefensa criminales en el estado. Y ahora ambos lo investigan. Las vueltas que da la vida. Por eso, en este momento, el gobernador Cabeza de Vaca lo que más debe cuidar es la primera parte de su apellido.

Fuente.-Salvador Garcia Soto/ (imagen/web)

CABEZA de VACA se RETRATA con "ARMADOS y PELIGROSOS",PERO FUE a WASHINGTON a PEDIR FRENO al TRAFICO de ARMAS...realidad y discurso.

Al concluir una gira por Washington que inició este lunes, el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, pidió al Gobierno de Estado Unidos, frenar el tráfico de armas de ese país hacia México,aunque como mandatario ha hecho poco o nada por frenar el trafico ilícito que ingresa al territorio por los cruces fronterizos, de cuyo segmento solo se ha interesado en el lucrativo contrabando de mercancías,amen de haber sido exhibido en imagenes con pistoleros armados con rifles y pistolas de grueso calibre.

El Mandatario indicó que se reunió con autoridades del Departamento de Estado, a quienes planteó la urgente necesidad de frenar el tráfico de armas de Estados Unidos,en un acto simulador mas que efectivo, en los hechos si lo quisiera,Garcia Cabeza de Vaca podria contribuir al freno del trafico de armas calculado en mas de 200 mil mensuales. 

"Queremos que las armas no lleguen a México y mucho menos a manos de criminales, porque ellos generan la violencia en nuestro país", indicó el Mandatario tamaulipeco acostumbrado a gobernar con discursos.

Durante una conferencia con el congresista de Texas, Henry Cuéllar, ante medios estadounidenses, el Gobernador dijo que el Estado ya no se encuentra en el ranking de los más violentos a nivel nacional, aunque no dijo que figura en los ranking a nivel mundial.

Lo anterior, en torno al tema de las alertas emitidas por el Gobierno de los Estados Unidos, que señalan a Tamaulipas, como una entidad insegura.

"Tamaulipas ocupa el lugar número 23 de dicha lista. Es una decisión del Departamento de Estado", expresó.

Al referirse al tráfico de armas, Cuéllar planteó una colaboración interinstitucional entre el Gobierno de Tamaulipas, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), y otras agencias para encontrar una solución a la problemática.

Con informacion de:

CASI 100 MIL MILITARES: LOPEZ "HABLADOR" DECIA QUE NO,AHORA "USA y ABUSA" del EJERCITO MAS que "PEÑA y CALDERON...el resultado es el que cuenta.

En el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido movilizados casi 63 mil militares, sin contar los 30 mil que son habilitados para la Guardia Nacional.

Esta cantidad es 14 por ciento mayor a los desplazados en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, y 19 por ciento frente a los de Felipe Calderón.

Conforme datos oficiales, 62 mil 954 elementos militares han sido enviados a distintas tareas de seguridad y erradicación de plantíos ilegales, así como para los operativos antihuachicol.

COMO CHIMOLTRUFIOS:

FOTO: ASI OPINABA "SATRAPA" LIDER de DIPUTADOS de MORENA de la MILITARIZACION DESDE la "COMODA OPOSICION"...les deben una disculpa a las Fuerzas Armadas.

Una parte ha sido desplazada para cumplir el Plan DN-III de protección civil.

Entre los efectivos del Ejército que se han integrado a la Guardia Nacional, una parte labora en el plan de freno a la migración por el sur del País.

Cifras de la dependencia indican que en el 2011, con Calderón, el Ejército utilizó 52 mil 690 efectivos, mientras que en el 2018 Peña desplegó 54 mil 980 para frenar a la criminalidad.

De acuerdo con un reporte militar del 29 de agosto, los desplegados están destinados a reducir los índices de violencia, a apoyar a las autoridades civiles en materia de seguridad pública y contra el narcotráfico, y a evitar el tráfico de armas.

Una mínima parte se enfoca en tareas de apoyo a la población en casos de desastre, a menos que una contingencia lo amerite, reportaron las fuentes consultadas a Grupo REFORMA.

El grueso de elementos se concentra en la Primera Región Militar, que abarca la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y Estado de México, con 7 mil 757 soldados, que representa un incremento de 56 por ciento respecto al 2018.

La Décima Región Militar, que opera en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, fue la que aumentó más su cobertura porcentualmente, ya que creció 83 por ciento, al registrar 2 mil 697 este año.

Otra que elevó significativamente el despliegue es la Octava Región, con sede en Oaxaca, al incrementarse 39 por ciento, a 3 mil 932, y la Séptima Región, con influencia en Tabasco y Chiapas, con 34 por ciento, a 3 mil 880 militares.

Fuente.-