En abril pasado reapareció Genaro García Luna, el polémico superpolicía del sexenio de Felipe Calderón convertido ahora en hombre de negocios y consultor internacional. Socio de la empresa GLAC, en la que participan jefes policiacos en retiro de Estados Unidos, Colombia y España, el exfuncionario calderonista descalifica las políticas en la materia adoptadas por la administración de Enrique Peña Nieto –son involutivas, dice, y “dieron al traste con lo avanzado en décadas”–, e insiste en reivindicar su vieja y fallida propuesta.
El gobierno de Enrique Peña Nieto logró lo que parecía impensable: aumentar la letalidad de civiles en la guerra a las drogas iniciada por su antecesor, Felipe Calderón. Al final de la administración priista, la realidad expresada en reportes nacionales e internacionales sobre seguridad y justicia coinciden:
México es ahora más violento que hace seis años, sin que se vea una pronta disminución. Para Calderón y quien fuera su hombre fuerte, Genaro García Luna, la culpa no es de su estrategia, sino de quienes los sucedieron, porque la echaron a perder.
“Los últimos seis años han sido más letales para los civiles mexicanos. A lo largo de 2016 y 2017, los homicidios no sólo superaron las cifras históricas de 2011, sino que se extendieron por más áreas del país”, dice el reporte Corrupción que mata, dado a conocer el jueves 3 en la Ciudad de México y elaborado por organizaciones de derechos humanos mexicanas y con el patrocinio de Open Society Justice Iniciative, de Nueva York.
Ante la incidencia delictiva, pero sobre todo ante la colusión de autoridades con el crimen organizado en la comisión de delitos de lesa humanidad, las organizaciones proponen la creación de un mecanismo internacional para investigar y sancionar esos casos, marcados también por la corrupción.
Apenas un día antes, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos había dado a conocer que entre el inicio de la declaración de la guerra al narcotráfico por Calderón en 2006 y 2017 tiene documentados los casos de 329 mil 917 personas que se han visto obligadas a salir de sus lugares de origen. Tan sólo el año pasado, registró 25 casos de desplazamiento interno forzado que afectaron a 20 mil 390 personas. Y esos son apenas los casos documentados.
Las cifras saltan por todos lados. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que dirige José Antonio Ortega, informó el 23 de abril que el primer trimestre del año ha sido el más violento en la historia reciente de México.
Con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabilizó 7 mil 667 víctimas por homicidio doloso. Un promedio de 85 asesinatos al día, un aumento de 16% respecto al mismo trimestre del año anterior. Siete de cada 10 víctimas fueron atacadas con armas de fuego. De acuerdo con la citada organización, Acapulco es ahora la tercera ciudad más violenta del mundo, en lo que es sólo una cara de los conflictos armados que se están dando en el país.
Defensa mediática
La explicación de Felipe Calderón es que todo eso se debe a que Peña Nieto no siguió su estrategia, a pesar de que en los hechos el actual gobierno mantuvo la militarización y la represión violenta contra los grupos de delincuencia organizada.
Según el expresidente, no hubo continuidad en su estrategia de combate y se “encerró” a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en una dependencia política como la Secretaría de Gobernación. En una entrevista con Radio Fórmula el pasado 30 de abril, dijo que el gobierno de Peña Nieto abandonó la estrategia de “no evadir a los criminales y no hacerse compinche de ellos”. Incluso, lo acusó de haber arrumbado la Plataforma México y sus 500 millones de datos del entorno delictivo.
En plena campaña electoral, en la que su esposa Margarita Zavala es candidata presidencial sin partido, Calderón continuó lo que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, inició unos días antes: la defensa mediática de su “estrategia” contra la delincuencia.
Parapetado en una de sus empresas, García Luna apareció incluso para ofrecer soluciones a la crisis de inseguridad en el país. Pese a su polémica gestión, su premisa es que lo hecho durante el gobierno de Calderón fue lo más adecuado para el país. Después de salir del gobierno, en su entender, vino el diluvio.
En la administración de Peña Nieto hubo una involución y se dio al traste con lo avanzado en décadas. La solución es retomar lo que se hizo en el sexenio pasado, dice quien fuera uno de los principales funcionarios de Calderón.
De plano, acusó al gobierno de Peña Nieto de haber demeritado lo hecho el sexenio pasado al crear la opinión de que fueron ellos quienes generaron la violencia en el país cuando el expresidente y expanista le declaró la guerra al narcotráfico en cuanto comenzó su gobierno.
García Luna decidió estar presente en la campaña presidencial al amparo de GLAC, una firma de consultoría establecida en México y Miami que alude a sus apellidos y a sus asociados para vender servicios de seguridad. Sus socios son jefes policiales en retiro de Estados Unidos, Colombia y España.
GLAC es sólo una de las empresas que tiene el superpolicía de Calderón, como se le conoció entonces por su influencia en el gabinete de seguridad, por encima incluso de la cúpula militar. La firma es parte de un entramado de empresas registradas en Estados Unidos pero que también operan en México con permisos federales y del gobierno de la Ciudad de México. García Luna salió del gobierno, pero no de los negocios en México.
Al tiempo de mantener su presencia en el país a través de empresas de seguridad, como la propia GLAC Consulting, García Luna se volvió maestro en administración y negocios, grado que le dio la Universidad de Miami. De acuerdo con el propio exfuncionario, hizo el posgrado entre 2013 y 2015.
García Luna se presentó el 19 de abril en el canal de televisión de El Financiero /Bloomberg, arropado, entre otros, por su excompañero de gabinete, Jaime Domingo López Buitrón, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el sexenio pasado y ahora director corporativo de Grupo Lauman, propietario del periódico El Financiero.
Un retorno estruendoso
Como si se tratara sólo de un experto que presenta su trabajo académico, García Luna apareció en vísperas de que los candidatos presidenciales hicieran sus propuestas en materia de seguridad en lo que fue el primer debate presidencial, el 22 de abril. Ahí presentó Seguridad con Bienestar. Un nuevo modelo integral de seguridad, en el que incluye el “Índice GLAC” sobre medición de los factores de la violencia y la inseguridad que ya había presentado en México desde 2017, incluso al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Publicado por Booktique Art Books and Publishing, SA de CV –una editorial que está en el anonimato, según su propia página digital, y que trabaja para empresas e instituciones– la publicación empezó a circular en versión electrónica, aunque carece de ISBN, las siglas que refieren al Número Internacional Normalizado del Libro; es decir, el identificador internacional que se designa a una publicación de forma exclusiva.
Además de reivindicar lo hecho por su gestión y de criticar las políticas de seguridad de Peña Nieto, habla ahora de “un nuevo modelo” de seguridad, fiel al estado de derecho.
Su propuesta de respeto a la legalidad, sin embargo, contrasta con su gestión, que estuvo marcada por montajes televisivos, el conflicto diplomático con Francia por la detención de la ciudadana de ese país Florence Cassez, sus peleas con periodistas y la mentira que según el gobierno de Peña Nieto difundió sobre el asesinato del líder de Los Caballeros Templarios, Nazario Moreno, El Chayo.
Bajo su mando, la Policía Federal vivió sucesivas crisis, como las numerosas bajas, secuestros y desapariciones de sus elementos en Michoacán, el ataque a agentes de la CIA por parte de policías federales o la balacera entre agentes de la corporación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en una disputa por narcotráfico.
García Luna arremete contra la gestión de Peña Nieto y quien fuera su encargado de seguridad, Miguel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación: “Con el cambio de gobierno se construyó una tesis política para demeritar el esfuerzo institucional” de lo hecho en seguridad. “Se creó la idea equivocada que para no generar violencia habría que dejar de combatir a las estructuras criminales: aún más, se planteó que la violencia era culpa del gobierno por combatir la delincuencia”.
Tuvieron que pasar cinco años para que se demostrara que estaban equivocados, dice el exjefe policial respecto a los índices de violencia registrados en el gobierno de Peña Nieto, que hasta ahora han hecho de 2017 el año más violento desde que Calderón declaró la guerra a las drogas.
Según García Luna, el incremento de la violencia a partir del inicio del gobierno de Calderón en 2007 fue una reacción a “los ajustes institucionales, legales y operativos para enfrentar la violencia” por el temor de los delincuentes a perder su control. En su justificación, dice que el número de muertos llegó a su máximo en 2011 porque estaban enfrentando frontalmente y desarticulando a los grupos de la delincuencia organizada. Y si la cifra bajó al inicio del actual gobierno fue la inercia de esas acciones, asegura.
Lo que pasó en 2017, cuando la violencia superó al peor año de Calderón, es que hubo una “involución de la estrategia de seguridad pública” por el abandono institucional, la corrupción y la creación de las autodefensas, dice de quienes le sucedieron.
La principal crítica que hace de las decisiones de Peña es la desaparición de la SSP y la concentración de las funciones de seguridad en la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene nivel de subsecretaría.
De acuerdo con el exsecretario, con esa decisión se involucró aún más a las Fuerzas Armadas y al propio Cisen en las tareas de seguridad pública, “lo que resultó en abandono a las tareas de seguridad nacional”.
Las críticas
García Luna critica también la decisión de convalidar a las autodefensas en Michoacán y Guerrero, la posposición de la certificación de los policías, lo que considera el abandono de la Plataforma México y, según él, el desplazamiento de los principales cuadros de la Policía Federal (PF) por uniformados improvisados de Hidalgo y de la Ciudad de México.
Sus dardos están llenos de alusiones a Osorio Chong, quien se convirtió en supersecretario al concentrar las funciones, presupuesto y toma de decisiones de dos dependencias; incluso cuestiona que sea candidato del PRI al Senado por la vía plurinominal:
“Es indispensable considerar que los funcionarios que ocupen cargos como titulares de las secretarías de Estado o equivalentes en las áreas de seguridad y justicia no puedan participar para cargos de elección popular los siguientes tres años posteriores a su responsabilidad
institucional.”
De esa manera, se evitará que se use la titularidad en el área de seguridad para promover su imagen o se haga campaña política partidista. Es más, para que rindan cuentas en caso de desvío de recursos o mal uso del encargo; es imprescindible que no ocupen cargos que les den fuero constitucional después de su responsabilidad.
Modelo inoperante
Al igual que casi todos los candidatos, García Luna pide la restauración de la SSP, pero habla de una reconstrucción y actualización de la Plataforma México “para compartir en un solo sistema de información nacional datos, voz e imagen para el almacenamiento, integración, análisis y generación de inteligencia operativa para el delito”.
Según el exsecretario, todo eso se perdió cuando él se fue: se desmantelaron los sistemas de interconexión de telecomunicaciones para todo el país al dejarse de invertir en equipo de cómputo, servidores, sistemas y licencias de software para el análisis de datos y en su lugar se crearon los centros de fusión de inteligencia, que lo único que hicieron, asegura, fue reproducir el modelo de operación contra blancos específicos de alto nivel de la delincuencia organizada desarrollado en el gobierno pasado.
Aunque fue muy criticado, este modelo fue el que le permitió al actual gobierno dar resultados en el combate a los grupos de delincuencia organizada, reprocha el expolicía convertido ahora en hombre de negocios y consultor internacional.
Sus críticas también apuntan a la creación de las autodefensas en el gobierno de Peña y la decisión de posponer de forma reiterada la certificación policial para “evitar la infiltración de delincuentes o personas con antecedentes criminales e impedir el uso de las instituciones por parte de la delincuencia organizada”.
Pero la primera propuesta ocurrió durante su gestión. Las corporaciones de seguridad pública tenían como plazo enero de 2010, a la mitad del gobierno de Calderón. Después Peña Nieto puso como límite octubre de 2013 y luego octubre de 2014, sin que a la fecha se sepa el nivel de certificación de los elementos de seguridad pública del país.
García Luna corona sus críticas con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, en julio de 2015. “Sin corrupción no existe fuga de reos”, escribe. En diciembre de 2006, el sistema penitenciario custodiaba al 3.8% de los internos del fuero federal. Para junio de 2012, al 34%, sin que haya existido ninguna fuga de un reo en ese periodo, se ufanó.
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