En Guerrero y con gritos de auxilio ,el Congreso Nacional Indígena denuncia que “cientos de familias están siendo bombardeadas y desplazadas” por el grupo criminal Los Ardillos en la Montaña Baja, bajo protección del gobierno de Morena de Evelyn Salgado y la inacción del ejercito y la Guardia Nacional.
El CNI señala que desde el 6 de mayo se intensificaron los ataques armados —incluyendo drones— contra comunidades como Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán, con más de 800 familias desplazadas en unas horas de fuego sostenido.
Aqui claramente no hay “descontrol”, es una logística de guerra con geolocalización y tolerancia institucional: los agresores se mueven a escasa distancia de instalaciones militares, mientras la Guardia Nacional, la policía estatal y el Ejército se limitan a servir de escenografía para notas oficiales de “presencia” sin detener nada.
El CNI habla de 76 integrantes asesinados del CIPOG-EZ y 25 desaparecidos, en un patrón de hostigamiento que huele más a contrainsurgencia tercerizada que a “violencia aislada”.
La gobernadora aparece en el guion como “primera mujer” y como rostro amable de la 4T, mientras por debajo se sostiene una estructura de terror territorial contra comunidades indígenas organizadas, precisamente las que estorban a la combinación de narco, caciques y megaproyectos. El mensaje es claro: el problema no es que maten o desplacen, el problema es que las víctimas se organicen y denuncien, como esta ocurriendo.
De la simulación al crimen de Estado
Cuando un grupo como Los Ardillos bombardea comunidades durante horas, desplaza a cientos de familias, lo hace cerca de instalaciones militares y bajo denuncia sistemática de organizaciones indígenas, ya no estamos hablando de “fallas de coordinación”. Eso se llama tolerancia estructural, complicidad institucional o, si afinamos la puntería, crimen de Estado por omisión deliberada.
En Tamaulipas y Guerrero la constante es la misma: el aparato punitivo del Estado sí funciona, pero solo hacia donde le ordenan desde arriba: opositores internos, alcaldes incómodos, comunidades que resisten, medios críticos.
La diferencia es que en Guerrero la factura se paga en desplazamientos masivos, bombas desde el cielo y fosas futuras; un laboratorio perfecto para un régimen que aprendió que es más barato gobernar con narcos aliados que con instituciones fuertes.
Con informacion: ARISTEGUI NOTICIAS/
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