En el México donde las coincidencias siempre huelen a combustible, la Fiscalía General de la República soltó una bomba a medias: el Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el Contralmirante Fernando Farías Laguna, no sólo habrían operado una red de huachicol fiscal en aduanas, sino que —según la propia narrativa oficial— lo hacían bajo el cómodo paraguas del parentesco con su tío, el entonces Secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.
El detalle no es menor. El problema es que la FGR lo dice… pero no lo desarrolla. Lo menciona como quien deja caer una pista incómoda en una carpeta judicial que, por ahora, se limita a solicitar órdenes de aprehensión contra 15 empresarios, apoderados y agentes aduanales. Ojeda, por supuesto, no figura como imputado. Apenas como referencia incómoda en un expediente que parece cuidarse de no mirar demasiado hacia arriba.
Pero el expediente se pone más turbio cuando entra en escena un asesinato.
El 8 de noviembre de 2024, en Manzanillo, fue ejecutado el Contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Según la FGR, no fue un crimen cualquiera: fue un silenciamiento quirúrgico. ¿La razón? Evitar que hiciera pública su denuncia contra los Farías Laguna.
La narrativa fiscal dibuja un escenario inquietante: Guerrero se reunió previamente con el Almirante Raymundo Morales (hoy titular de Marina), informó con precisión sus planes vacacionales —incluyendo Manzanillo y Mazatlán— y esa información, supuestamente restringida al círculo naval, terminó facilitando su localización y ejecución.
Traducido al español sin eufemismos: alguien con acceso interno habría filtrado su ubicación. Y el mensaje fue claro: quien hable, se calla.
La FGR lo dice con lenguaje técnico, pero el fondo es brutal: una red con capacidad no sólo de corrupción institucional, sino de eliminación física de riesgos. Una estructura que, según el propio documento, amenaza, coacciona y mata a quienes no obedecen o se atreven a hablar, respaldada por servidores públicos “corruptos” que reciben sobornos millonarios.
Y mientras tanto, en la superficie política, la negación.
El 19 de febrero, la presidenta engañabobos, protectora de criminales como beneficiaria indirecta , Claudia Sheinbaum ,aseguró que no existe ninguna línea de investigación contra Ojeda Durán por este caso. Es decir, el supuesto vínculo familiar que la FGR considera relevante no alcanza —al menos oficialmente— para abrirle una carpeta al exsecretario.
Como si el parentesco fuera jurídicamente anecdótico, aunque operativamente decisivo.
Por si fuera poco, la propia investigación tropieza con sus límites: el 29 de marzo, una jueza federal devolvió la solicitud de órdenes de aprehensión por “deficiencias técnicas”. Traducido: el caso aún no está lo suficientemente armado ni siquiera para sostener capturas, pese a la gravedad de lo que describe.
Y en este rompecabezas de silencios y medias verdades, aparecen más muertos.
Los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga murieron en circunstancias oficialmente clasificadas como suicidio y accidente. Pero la FGR, en un raro momento de franqueza, sugiere otra cosa: posible ajuste de cuentas.
Pérez Ramírez, por ejemplo, habría recibido 100 mil pesos para permitir el paso de combustible ilegal en Tampico. Terminó “suicidado” en su oficina. Un cierre demasiado conveniente en una trama donde los cabos sueltos tienden a desaparecer… junto con quienes podrían atarlos.
Y mientras la Fiscalía describe una maquinaria criminal con tentáculos dentro del Estado, el principal señalado, Manuel Roberto Farías Laguna, insiste desde prisión que todo es un montaje sin pruebas. En su quinta carta a la presidenta, denuncia que la información clave está reservada por “seguridad nacional”, lo que —según él— lo deja en indefensión total.
La paradoja es perfecta: un caso donde se habla de redes criminales con protección institucional… pero donde la información para probarlo (o desmentirlo) está blindada por el propio Estado.
Así, entre expedientes incompletos, asesinatos oportunos y parentescos incómodos, el caso Farías Laguna avanza como suelen avanzar los escándalos en México: insinuando demasiado… pero demostrando muy poco, porque sin decirlo,tambien han sido parte del «marranero,no solo marineros».
Aunque la verdad ya se asoma, pero todo dependera de que el Contralmirante Farias sea extraditado desde Argentina a EE.UU y no Mexico.
Con informacion: ELNORTE/
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