Al margen de la muerte del jefe de Seguridad del Penal del Topo Chico, Francisco Martínez Ramírez -hallado mutilado dentro de una caja de plástico en el 2011-, y del ex subdirector del reclusorio de Cadereyta Jiménez, David Alberto Cruz Medrano, asesinado en su vehículo en el 2020 ya fuera del cargo, nunca se ha atentado contra la vida de un alto directivo del sistema penitenciario en Nuevo León como ocurrió con el crimen de Alfonso Domene Flor Milán.
Fue un día como hoy, pero de 1980, cuando el entonces director del Penal del Topo Chico fue asesinado durante un motín, en uno de los episodios más oscuros de la historia carcelaria del Estado.
El Capitán Domene, como se le conocía, era director del Penal del Topo Chico y, tras ser tomado como rehén por internos, fue asesinado el 25 de marzo de ese año.
Domene tuvo sus primeras menciones en EL NORTE como jefe del Servicio Secreto del Gobierno del Estado.
A él le tocó estar involucrado en la investigación del crimen múltiple del 12 de octubre de 1959, cuando fueron asesinados los hermanos Martha, Hilda y Juan Manuel Pérez Villagómez, sobre la Carretera Laredo-Monterrey, un episodio polémico en la historia de la Ciudad.
Las autoridades detuvieron y sentenciaron sin pruebas al estadounidense Dykes Askew Simmons. Esto sucedió a pesar de que Domene había seguido la pista de otro estadounidense, Don Elbert Martin, detenido en Múzquiz, quien -tras atacar durante tres días una aldea kikapú con armas calibre .22 y sufrir de neurosis intensa-, reconoció haber agredido a la familia regiomontana. El sujeto, sin embargo, fue liberado.
Simmons sería condenado, pero el 6 de abril de 1969 se fugó del Penal del Topo Chico. Fue asesinado en una riña el 24 de septiembre de ese mismo año en Estados Unidos.
Martin murió en 1993, sin que se aclararan los sucesos.
No se sabe gran cosa sobre la trayectoria de Domene durante ese tiempo. Probablemente alternó su trabajo entre el entonces Servicio Secreto estatal y otras funciones.
En algunas notas periodísticas se le identifica como militar.
Designado director del oscuro Penal del Topo Chico durante la administración de Alfonso Martínez Domínguez, a Domene se le recuerda por convivir con los internos y por su carácter afable. Incluso, se dice, comía con ellos.
Todo se rompió cuando, el 24 de marzo de 1980, reos encabezados por Carlos López Atanasio “El Cubano” y Rodrigo Alcalá López “El Huevo” se amotinaron y tomaron como rehenes a Domene, a un chofer y a varias secretarias.
Hubo negociaciones: Martínez Domínguez habría aceptado dar un coche en lugar de un helicóptero, lo que pedían los internos para fugarse. Pero cuando se reveló que Domene ya había sido asesinado, el Gobierno no se contuvo.
“El director quiso sacar la pistola y ‘El Cubano’ le disparó, quería un carro y un helicóptero, nunca le dieron nada”, reveló en 1995 el interno Guillermo Urbina Morales, quien vivió el suceso.
Entonces se emprendió un operativo llamado “Bronco”, coordinado por la Dirección Federal de Seguridad, encabezada por Miguel Nazar Haro, quien paradójicamente sería encarcelado en el Topo Chico en el 2004, acusado del secuestro de Jesús Piedra Ibarra en 1975.
El ex Procurador Roberto Flores dijo que llevaba poco tiempo trabajando en juzgados -seis o siete meses- cuando se registró el motín.
“Me tocó vivirlo”, dijo en el 2019. “Me tocó cuando entraron los ‘Broncos’ y todo eso. Luego conocí al comandante de la dirección, Eduardo Colón Patiño. El asesinato de Domene fue cruel, despiadado. Fue una noticia importante en esos años”.
Mercedes Jaime de Fernández, del Centro Pro Penal, recordó que su madre, del mismo nombre, quien inició con las Damas Vicentinas el apoyo a internos en el Penal del Topo Chico, contó que ella y sus compañeras hablaron con los amotinados para disuadirlos, pero fue imposible.
“Tenían esperanza de que soltaran al Capitán Domene”, dijo Mercedes hija, “pero acabaron matándolo, así sucede, es un penal. No es el único caso: en todas partes suceden este tipo de cosas”.
El interno Urbina Morales relató en 1995 el desenlace protagonizado por el operativo “Bronco”: “Les dieron un coche donde supuestamente se iban a ir, entonces (El Cubano) vistió a un cocinero con la ropa de Capitán Domene, y subieron a las dos muchachas, un celador y otro reo, ‘El Huevo’.
“Ya iban para afuera, según ya habían negociado, y les cerraron las puertas. Les gritó: ‘¡Traidores!’, dieron en reversa y salieron las dos mujeres y el celador, entonces se dieron cuenta de que estaba muerto el capitán y los judiciales lo acribillaron con las metralletas”, dijo.
Una de las personas que aprovechó el último día de visitas al Penal del Topo Chico en el 2019, antes de su cierre, fue José Antonio Aguilar Macías, quien estuvo casi cuatro décadas encarcelado.
Fue detenido en 1976, tras enfrentar una acusación por delitos sexuales. Durante su reclusión, recordó haber atestiguado el asesinato del Capitán Domene.
“Lo balacearon ahí en la pared por el campo de futbol. Le metieron metralleta. Le decía el otro: ‘¡Ya!’, el cuerpo nada más se veía así (temblando)”.
Este suceso llevó al reforzamiento de la seguridad del viejo penal: bardas más altas, torres, guardias armados y mayor control sobre los internos.
Una calle aledaña al penal, que ya fue demolido, lleva el nombre del Capitán Domene. En el 2006, un nieto del funcionario, René Alfonso Garza Domene, abogado de los hermanos Jaime y Javier Valdez, fue asesinado de un balazo en la cara y un tiro de gracia, en la Colonia Residencial Cumbres Oro.
El asesinato del Capitán Domene era apenas un preámbulo de lo que vendría para Monterrey en años posteriores. Un pasaje oscuro de su historia.
Nadie puede sacarse la imagen de la cabeza: cientos de zapatos anónimos en un campo de adiestramiento del crimen organizado en Teuchitlán, decenas de ropas, mochilas, pintauñas, cepillos de dientes… Las prendas sin dueño han abierto un túnel siniestro en la imaginación de los mexicanos que les ha golpeado más que otros hallazgos recurrentes de cuerpos desmembrados en bolsas negras.
Las mujeres que llevan años buscando a sus hijos desaparecidos por los peligrosos territorios del narco se han enfrentado con pavor a la camiseta gris con un pato, a la que muestra un número 23, a la mochila azul o los zapatos rosas, porque ellas quizá pueden poner cara a esas prendas. Como en una película de terror, no sabían si cerrar con fuerza los ojos o abrirlos a la verdad más dolorosa.
Teuchitlán, en el corazón de Jalisco, que es lo mismo que decir en el corazón del sangriento Cartel Jalisco Nueva Generación, es ya la nueva imagen del holocausto, no en vano lo han bautizado como el Auschwitz de México. Pero en estas tierras en las que impera la ley del silencio, todos saben que el rancho Izaguirre, donde trasladaban a jóvenes para deshumanizarlos a base de mirar de frente la tortura y el crimen, no es el único centro de adiestramiento donde hallar huesos entre las cenizas. Es solo un árbol en el bosque.
En muchas zonas de México a los niños les enseñan a callar y si es posible a no ver ni oír. Se les inculca el mismo temor a los pandilleros del barrio que a la policía. No son la familia ni la escuela culpables de una sociedad que acusa podredumbre, sino el espacio público el que se ha perdido. Es del colegio a casa donde acecha el lobo, de la discoteca a la vivienda, y el lobo puede estar uniformado.
El escándalo de Teuchitlán y la necesidad política de ofrecer algunos resultados han abierto un pozo hediondo que extiende sus galerías por varios Estados del país, porque esos muchachos que dejaron sus ropas en el rancho, procedían de muchas partes, arribaron un día a la estación de autobuses de Guadalajara y su pista se perdió para siempre. Hoy se acusa a las autoridades de otras capitales de haberlos engañado con falsas ofertas de trabajo y se están practicando detenciones en la Ciudad de México de supuestos reclutadores de “carne fresca”, como llaman a los chiquillos recién llegados a estos campos. “¿Dónde están los sicarios?”, preguntó un fiscal de Jalisco, hace unos años, cuando llegó ante los policías que habían hecho una redada. Cómo iba a pensar que eran aquellos niños que tenía delante.
Hay Ayuntamientos donde la policía local apenas sirve para organizar el tráfico en una carrera ciclista o para delitos menores y estos últimos les pueden servir para ir ojeando quiénes entre los pillos tienen aptitudes para doctorarse en criminalidad. Las últimas noticias indican que algunos de los uniformados de Tala, una localidad cercana a Teuchitlán, están trabajando para el Cartel Jalisco, precisamente en el secuestro de muchachos para convertirlos en asesinos. ¿Pero quién no trabaja para el Cartel Jalisco en estas tierras? Hace dos años, la revista Science publicó un artículo que situaba al narco como el quinto empleador de México con unas 180.000 personas a su servicio y extendía una receta: había que acabar con el reclutamiento. Los 125.000 desaparecidos que figuran en el listado oficial en México indican que la enfermedad sigue su curso. Y probablemente con más virulencia que antes.
Llamémosle José. José fue un sicario al servicio del cartel de Sinaloa. Pasó 13 años en la cárcel y hoy es barbero en Guadalajara. Supo escapar de las garras de crimen, que les espera todavía a la salida de prisión con algunas facturas por cobrar.
José se fue voluntario a las filas de Rafael Caro Quintero, jefe del Cartel de Sinaloa: “Entonces te invitaban a ir y lo hacías por voluntad propia, quizá por las escaseces en la familia o porque veían que te gustaba esa música belicona, o los lujos. Te cambiaban el cuchillo por la pistola y la bicicleta por una camioneta”, explica. Y a matar. Por 3.000 pesos (140 euros) “a 10 o 15 güeyes”, dice el barbero. “Un hijo mío también fue voluntariamente a Zacatecas, no le gustó lo que vio y se regresó, dice. “Ahora no hay invitación, ahora hay secuestro. Ellos mismos [los carteles] han asustado a los muchachos con tanta violencia y esos cuerpos descuartizados, y ya no hay tantos que quieran entrarle a eso. Antes era diferente”. El crimen organizado es el mayor responsable de los 30.000 homicidios anuales en México.
Los carteles ya no son solo narcotráfico, aunque la droga al menudeo sirve para financiar a toda la tropa de sicarios, para que saquen buen billete y presuman con ello. El crimen está metido en decenas de negocios, cualquier cosa que dé dinero pasa por ellos, el fentanilo, sí, pero también la cerveza y los camarones, unas barcas de recreo para turistas al sur de la capital, los mercadillos de fruta o de calcetines, a quienes se les cobra cuota por vender, la agricultura y la ganadería.
La gran empresa no ha hecho más que crecer y en los últimos tiempos ha extendido su poder colocando en ciertos Ayuntamientos a los políticos a su gusto, lo mismo alcaldes que jefes de la policía, responsables de recursos humanos o tesoreros. Como en la mafia italiana, ellos son quienes imparten justicia y a ellos acuden los ciudadanos cuando hay que castigar a un ladronzuelo, pedir un crédito, pagar por la atención médica o cualquier otra necesidad básica. Una población agradecida (y siempre con miedo) recoge en Navidades juguetes regalados por El Mencho, dueño y señor de Jalisco, o roscones de Reyes o alimentos en tiempo de pandemia. No es que sean un Estado paralelo, dicen los expertos, es que en algunos lugares son ya el único Estado.
Teuchitlán lo ha sacado a relucir de nuevo y con virulencia. Los policías de la Fiscalía estatal entraron hace seis meses en ese mismo rancho, detuvieron a 10 personas, rescataron a dos secuestrados y sacaron un cadáver. ¿Qué se sabe de todo ello? Poco o nada. El rancho siguió con todas las pruebas adentro, no se tomaron las huellas dactilares como se debe, dos vehículos asegurados por la policía han sido robados en estos meses, y las declaraciones a los supervivientes fueron del todo ineficaces. Por no saber ni se sabe de quién es el rancho. La Fiscalía estatal no hizo su trabajo y será muy difícil enjuiciar a nadie. La ciudadanía ya sabe la razón: los policías no pueden ser tan idiotas, solo están al servicio del crimen. Tampoco lo hacen por gusto, sino bajo el poder de las amenazas. Nadie quiere pisar una mina y el narco lo tiene todo minado.
“¿Cómo desmantelar algo tan imbricado en la sociedad?”, se pregunta Augusto Chacón, de la organización Jalisco Cómo Vamos, que se encarga de radiografiar con estadísticas la vida en este Estado, los delitos y las detenciones, el presupuesto y los apoyos sociales. “La pobreza es un factor, pero no lo explica todo, si los muchachos fueran voluntariamente no habría estos secuestros”, afirma. “Lo que falta es Estado”. En Jalisco hay 15.000 desaparecidos, pero esa ausencia de Estado se da en amplias zonas del país, de Tamaulipas a Sinaloa, de Michoacán a Chiapas, de Nayarit a Coahuila.
El enorme pulmón verde de Guadalajara, la capital de Jalisco, se llama La Primavera y es un lugar boscoso donde vive gente con recursos. Allí tiene su rancho el hermano del Mencho, Doble R, le llaman, y así se lee en el portón de su casa, donde entran y salen las furgonetas blindadas y pasean los caballos pura sangre. También es lugar de residencia de los guardaespaldas de un gobernador del Estado, en perfecta convivencia. Es una zona tranquila, perro no come perro, lo que no impide que un día cualquiera de 2019 hallaran 119 bolsas con cadáveres en un pozo del bosque, o que se encontrara el cuerpo de un ingeniero prácticamente en el mismo trayecto que los niños usan para ir a la escuela, o que en uno de los bares que rodean la presa de la Vega, un paisaje idílico, los camareros anden una mañana contando dinero por fajos. Los vecinos lo saben, aunque solo alguno lo cuenta y sin dar su nombre, el miedo manda y dicta prudencia. Algunos de estos sucedidos no salen siquiera en las noticias, que también matan a los periodistas, como se sabe.
Donde viven los narcos y sus familias no entra ni el Ejército ni la policía. “En estos predios se puede dormir con las puertas abiertas”, resume una vecina. Aunque de tanto en tanto se intercambian un mensaje de whatsapp: “¿Has visto que el Ejército se ha llevado a X esta mañana? Lo sacaron de la casa”. Vida normal al lado del narco. Todos saben que cualquier lugar por donde pisan a diario puede ser un cementerio clandestino. De camino a Tala, otra de las localidades cercanas a La Primavera, los camiones trasladan hasta el ingenio la caña para convertirla en azúcar. Y los campos del agave tequilero atraviesan las lomas con mil espadas azules. Otros 30 kilómetros más allá está el precioso pueblo de Tequila, con sus famosas bodegas, muy turístico. Y algo más lejos, el mar, Puerto Vallarta: allí se bañaba Ava Gardner en La Noche de la Iguana y ahora los expertos sitúan la sede central de la gran empresa que es el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el de las cuatro letras. “Por eso allí no pasa nada”, dice Eduardo Guerrero, uno de los grandes expertos en las mafias mexicanas. La gente sigue yendo a bañarse entre olas y lujo.
Tala, al lado del bosque, también ha tenido sus campos de reclutamiento forzoso y sus exterminios en bolsas, que salieron a la luz en 2017. A los forestales que se meten a apagar fuegos en la montaña más allá de la línea prohibida les invitan amablemente a abandonar el bosque y ahí se queda el fuego prendido, cuenta una mujer que lo sabe bien. “Hay laboratorios de drogas”, traduce. “El olor es inconfundible cuando te acercas”. En este mismo mapa tequilero se ubican El Grullo y Villa Purificación, ahí sí, parada y fonda del Mencho. Nemesio Oseguera es uno de los capos más buscado por Estados Unidos. Los lugareños ríen: “No le estarán buscando mucho, porque allí tiene hasta su hospital privado para tratarse los problemas renales”, cuentan. ¿Por qué no lo detienen? “Ellos sabrán”.
¿Cómo desmantelar todo esto, que ha crecido como una hiedra durante lustros?, se preguntaba arriba Augusto Chacón. “Se necesita mucho valor, dinero y construir confianza”, responde él mismo. Son las peleas entre los distintos carteles las que siembran el terror de tarde en tarde, tiroteos, vehículos incendiados cortando las carreteras. Solo eso rompe la falsa tranquilidad en la que vive la gente. Por eso algunos expertos creen que con un solo cartel gobernando México la lucha sería más fácil. “Eso es lo que han buscado muchos gobiernos, dejar uno y atacar a los otros, pero nada se ha conseguido”, afirma Chacón.
El Cartel Jalisco tiene ahora unas 80 organizaciones aliadas y otras 80 células subordinadas, explica Eduardo Guerrero. Lo descubierto en Teuchitlán por las madres buscadoras ha dejado al aire un horror difícil de digerir incluso para una población curada de espanto, “ha pegado duro a la gran marca” que vende pacificación y justicia en los pueblos, dice el experto. Ocurre que a veces los de abajo desordenan la casa sin que los de arriba estén al tanto. “Ha habido un costo reputacional, y creo que castigarán a la célula”, explica Guerrero, de Lantia Intelligence. También a los políticos se les están pidiendo explicaciones y consecuencias. Al momento de escribir estas líneas, la policía está informando sobre detenidos en Ciudad de México relacionados con el infierno de Teuchitlán, pero también el secretario de Seguridad de Tulum ha caído de seis balazos. El crimen no descansa los fines de semana. Después del ruido llegará la calma y la gran empresa seguirá su curso. Necesitan personal para atender tanto negocio y los reclutamientos son imprescindibles.
La antropóloga social Danielle Strickland desarrolla sus investigaciones en la Universidad Jesuita de Guadalajara, el Iteso. Ha trabajado con muchos encarcelados del narco y con chicos del Cerro del Cuarto, uno de los miles de barrios periféricos donde puede estudiarse la pobreza y sus derivaciones sociales en México. “Cuando no se ha tenido nada y te ofrecen 5.000 pesos semanales sientes por primera vez que eres el rey del barrio, es una cuestión de adrenalina, de armas y camionetas, de mujeres y drogas, pero un día les mandan matar y ya no hay vuelta atrás. A veces salen de la cárcel y vuelven a la organización, pero estoy segura de que, si los cambiaran de país, harían con gusto una vida normal”, asegura quien los ha conocido de cerca. “La verdadera adicción es el dinero”, explicará también el sicario reciclado en barbero. “Se puede salir y trabajar en algo legal, pero nunca tendrán tanto dinero como vendiendo droga”. Esos chicos defienden lo que hacen, no quieren ser victimizados, añade la profesora Strickland. “No quieren que les carguen la culpa ni a sus padres ni al barrio, defienden su propia decisión, aunque no pueden dejar el cartel. Su sueño es no haber entrado, pero ya no pueden salir”.
Pero no todos son voluntarios, ni mucho menos, de ser así no habría miles de desaparecidos en México. “Cuando reclutan a un chaval de pandilla lo hacen a la fuerza, saben que si no se alinea con ellos algún policía le sembrará drogas o falsas pruebas y lo meterán al bote [a la cárcel]”, explica Strickland. No hay más opciones. La gran empresa nunca llena su estómago. De ese modo llegan miles de muchachos en plena pubertad a los centros de reclutamiento donde les obligan a presenciar atrocidades sin desviar la mirada y les piden su participación en el aquelarre. “Les hablan bonito, los seducen”, dice el barbero. “¿Quieres ser comandante o solo un perro?”. Agarran a chicos de otros carteles y los matan delante de ellos. Les ofrecen el cuchillo. “Si no quieren usarlo les dejan mirando, todavía un rato más, cómo se divierten con los contras. Cuando la psique ya se ha adaptado te dan un arma, ese es el premio, el poder”. El barbero no sabe qué pasó exactamente en ese rancho, pero tiene algunas hipótesis. Puede que llegaran otros contrarios y los mataran a todos, a mí me ha tocado hacer eso”. Sobre los hornos crematorios que las madres buscadoras observaron allí no tiene dudas: “Primero los queman en piletas subterráneas y después hay molinos especiales para triturar los huesos, o con simples martillos sobre planchas de acero”. Sí, definitivamente quien bautizó Teuchitlán como Auschwitz no andaba desencaminado.
La realidad de México es esa película de terror que la gente se ha acostumbrado a ver en las series cinematográficas tumbada en el sofá. Pero también es otra, la de millones de ciudadanos pacíficos cuyo concepto de bienestar es solo que no les agredan cuando caminan del trabajo a la casa, de la escuela al gimnasio, del bar a la cama. Guadalajara es una de las capitales más prósperas del país. La carretera a Teuchitlán deja ver empresas internacionales, acomodados predios de viviendas, buenos centros educativos. Son las dos realidades de México y se dan la espalda para no ver ni oír. El silencio es ley. El mismo vecino que viene a preguntarte si no huele mucho a gasolina es el que está queriendo sonsacarte que sí, que ahí al lado hay unos malandros traficando con combustible. No hay que caer en la trampa. Solo callar y eso se aprende desde la escuela.
Con informacion: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/CARMEN MORAN/
El gobierno federal alista la compra de aeronaves para vigilar la infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otras zonas estratégicas ante el incremento de la actividad del crimen organizado, de acuerdo con un documento al que accedió EL UNIVERSAL.
Una ficha técnica de la Secretaría de Marina (Semar) justifica el costo- beneficio de la compra de 20 aeronaves, operación que requeriría de 6 mil millones de pesos.
“La inseguridad es el mayor problema que aqueja a la ciudadanía y preocupa al gobierno actual. El incremento de la delincuencia organizada cada vez más violenta ha creado un ambiente de incertidumbre y desconfianza entre la población, y ha dado lugar a un proceso de descomposición de las instituciones públicas y de la convivencia social”, destaca.
Robo de hidrocarburos
“Ante este índice de inseguridad que se vive en el país (…) es indispensable contar con una fuerza armada que les haga frente a las amenazas externa e internas, mediante el fortalecimiento de su capacidad de respuesta logística y operativa, para contribuir dentro del marco de la legalidad a garantizar la preservación de la seguridad nacional con mayor cobertura en el territorio nacional y zonas marítimas”, señala.
Además, indica que las áreas que requieren la presencia permanente de las Fuerzas Armadas para mantener el Estado de derecho son la zona marítima petrolera de la Sonda de Campeche, los hoyos de dona (áreas petroleras transfronterizas en el golfo de México), el Istmo de Tehuantepec, el golfo de California, el archipiélago de Revillagigedo y el Caribe mexicano, así como las fronteras marítimas norte y sur.
“Las instalaciones estratégicas consideradas dentro de las áreas anteriormente citadas, son aquellas indispensables para la operación general del país, centros de decisión político-económica y forman parte de la estructura básica de comunicaciones, transporte o energía y, en consecuencia, son centros de gravedad de la estabilidad nacional”, apunta el documento.
Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), la adquisición es relevante ante la amenaza que implica la delincuencia organizada y la sofisticación que ha alcanzado, en el sentido de cuidar la infraestructura, combatir el robo de combustibles y proteger instalaciones cruciales para la seguridad energética del país.
De acuerdo con el documento de la Semar, se trata de aeronaves adecuadas para servicios de ambulancia, búsqueda y rescate, vigilancia y transporte logístico.
El programa, en espera de aprobación y asignación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), considera la adquisición de 20 aeronaves (10 aviones y 10 helicópteros), así como seis equipos de misión.
Javier Oliva, coordinador del Seminario en Estudio de Defensa, Seguridad e Inteligencia de la UNAM, expone que la actividad delincuencial ha crecido en el país al grado de que algunas poblaciones se han conformado como bases sociales del crimen y también se involucran en su expansión por omisión, complicidad y cometiendo delitos.
“Así pasa con los asaltos a trenes de carga, donde poblaciones enteras roban. Lo que se debe hacer es sólo aplicar la ley, pero no se hace. Hay que abrir carpetas de investigación, no se requiere inventar nada, sólo no se ha querido”, subraya.
“Vivimos una transformación del Estado, sí, donde los mexicanos y su sociedad convive cada vez más con prácticas ilegales y se ha expandido con los cárteles, ampliando sus actividades en el país”, detalla.
Robo en plataforma
El problema de la inseguridad en las instalaciones energéticas se refleja en el robo de hidrocarburos de la red de Pemex, pero también en otros casos, como ocurrió el 13 de febrero pasado, cuando un grupo de aproximadamente ocho individuos abordaron ilegalmente la plataforma satélite Zaap-D, del activo de producción Ku Maloob Zaap, en el golfo de México.
Ante ello, Pemex informa que reforzaron las acciones para proteger sus instalaciones en la zona.
“Pemex reforzó las medidas de seguridad en la Sonda de Campeche con un mayor número de agentes de seguridad física; asimismo, se coordinó con la Semar para aumentar el número de patrullajes con embarcaciones”, apuntó.
Los piratas sustrajeron dispositivos de radio, así como herramientas y equipos, añade la petrolera.
Por lo anterior, personal de Seguridad Física de Pemex en Ciudad del Carmen, Campeche, coordina el apoyo con personal de la Semar, a fin de activar el protocolo general de atención a eventos en las instalaciones marinas y costeras de Pemex Exploración y Producción.
Pemex enfrenta retos de seguridad, financieros y operativos, mientras sus volúmenes de producción han caído a niveles no vistos en 45 años.
A más de 29 meses, 906 dias de que inicio el gobierno “mañoso” de Morena y Américo Villarreal en Tamaulipas, las acciones penales contra presuntos desvíos de recursos públicos durante administraciones anteriores, entre ellas la del panista Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca (2016-2022), siguen sin materializarse en sentencias condenatorias o encarcelamientos, pese al discurso oficial de “cero tolerancia a la impunidad” que se ha convertido en vulgar rosario de promesas de castigo y dispendio de saliva.
Investigaciones y procesos en curso
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) a cargo de Jesus Eduardo Govea,un ex-presidiario del penal de alta seguridad de “Almoloya”, detenido en 2002 por servir al Cartel del Golfo de matamoros, dice que mantiene abiertas 52 carpetas de investigación contra funcionarios de la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca, incluyendo cuatro casos emblemáticos en instituciones educativas:
Institución
Monto observado
Implicados
Estatus legal
ITACE
$288.7 millones
Luis Fernando Campos, Mayra Armendáriz
Denuncia penal NUC 145/2024 e inhabilitación administrativa[
UTA
$8.6 millones
Isaac Rebaj, Eduardo Nader
Expediente NUC 138/2024
Universidad Politécnica Ribereña
Sin monto especificado
María Elena Reynoso
Investigación en curso
Colegio San Juan Siglo XXI
Sin monto especificado
Mauro Rojas, Julio Ortiz
Carpeta NUC 142/2024
Hallazgos clave en el ITACE:
$183 millones sin comprobar en 2019
Sobregiros de $24.8 millones en nóminas
Adeudo de $35.4 millones al sistema de pensiones estatal
Contrataciones irregulares sin documentación
Acciones vs resultados
Aunque se han implementado medidas administrativas como inhabilitaciones por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, las causas penales avanzan con lentitud. De 68 funcionarios citados a declarar en 2022, solo 8 comparecieron, y actualmente existen 22 expedientes de responsabilidades sin resolver.
La contradicción entre el discurso oficial y los resultados se evidencia en:
Plazos vencidos: Algunas observaciones de la ASF cumplen seis años sin resolverse
Opacidad institucional: Dependencias estatales declararon “incompetencia” para dar información sobre $8,777 millones observados
Falta de colaboración: Solo 11.7% de los citados en 2022 acudió a declarar
Mientras el gobierno actual enfatiza su “Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028” con énfasis en transparencia, la justicia penal sigue pendiente. Las únicas acciones concretas hasta marzo de 2025 son inhabilitaciones administrativas y denuncias formales, sin que se judicialicen los casos emblemáticos de corrupción. Esta brecha entre retórica y resultados sustenta la crítica sobre un “combate de saliva” sin consecuencias penales efectivas.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, dominada por Morena y aliados, rechazó ayer la propuesta presentada por la Oposición para crear una Comisión Especial para la investigación de desapariciones forzadas en el pais.
Los coordinadores parlamentarios del PAN, Elías Lixa, y de Movimiento Ciudadano, Ivonne Ortega, informaron que la petición que la semana pasada presentaron en diferentes propuestas sus bancadas y la del PRI, fue desechada por la mayoría con el argumento de que se trata de un tema que puede ser abordado por comisiones que ya existen.
Implicaciones políticas
La negativa expone dos narrativas: 1. Control legislativo: Morena evita abrir espacios que podrían fiscalizar su gestión, especialmente en un tema delicado como desapariciones. 2. Agenda priorizada: El gobierno federal buscaría imponer su propio enfoque mediante iniciativas propias, minimizando la injerencia opositora. “Que para ellos primero está el pueblo, que me digan cuál pueblo, si el que está sufriendo las atrocidades del crimen organizado lo ignoran” – Elías Lixa. Este episodio refuerza la percepción de polarización en el Congreso, donde las mayorías legislativas deciden temas sensibles sin consensos amplios, mientras la oposición utiliza plataformas mediáticas para presionar por reconsideraciones.
Un presunto enfrentamiento de elementos de Fuerza Civil ,donde abatieron ocho presuntos criminales que ubicaron en una camioneta en un área despoblada, ayer en Montemorelos,deja mas dudas que certezas al buscar entender la narrativa oficial.
De acuerdo a la informacion publicada por EL NORTE,los occisos son siete hombres y una mujer a quienes “dicen”, les aseguraron armas y equipo táctico.
Los hechos fueron reportados alrededor de las 17:00 horas, en una comunidad conocida como El Ranchito, en el sector de Campestre El Fraile.
De acuerdo con un informe de Seguridad Pública del Estado, ante el reporte de personas armadas, los elementos activaron el “Operativo Muralla” y dicen que cuando realizaban el recorrido estratégico por el sector, los policías fueron atacados a balazos en un área despoblada, por delincuentes que se desplazaban en una camioneta suv gris.
Los uniformados habrían respondido el fuego protagonizando una persecución contra los sospechosos, quienes al verse superados en número descendieron de la camioneta para tratar de escapar hacia un monte, por lo que se dio otro enfrentamiento.
Después de un intercambio de balas, los policías lograron someter y nulificar a los delincuentes, por lo que el mando del operativo ordenó un cese al fuego.
Al hacer una revisión en el área donde se dio el segundo enfrentamiento los policías encontraron a siete presuntos criminales abatidos, así como a una mujer.
De acuerdo con el informante, la camioneta donde viajaban los delincuentes era parte de un convoy de tres vehículos, por lo que se dijo que al menos otros 10 delincuentes alcanzaron a escapar.
Asimismo dijo la fuente, se cree que este grupo armado son los mismos que atacaron y dejaron gravemente herido a un elementos de la Policía de Allende.
En la escena del crimen, peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado aseguraron como evidencia del enfrentamiento 8 armas largas que portaban los occisos, así como equipo táctico.
Pero,siempre hay peros
Al analizar la imagen de la camioneta SUV gris en contraste con la narrativa proporcionada sobre el enfrentamiento en Montemorelos, se detectan varias inconsistencias significativas:
La imagen muestra una camioneta tipo SUV con las puertas abiertas, abandonada en un terreno con vegetación, pero con ausencia total de impactos de bala en la carrocería visible del vehículo. Si realmente hubo un “intercambio de balas” como describe el informe, sería esperable encontrar evidencia de impactos en el vehículo.
Otra inconsistencia importante es la capacidad de la camioneta versus el número de ocupantes. La narrativa afirma que 8 personas (7 hombres y 1 mujer) viajaban en este vehículo, cada una portando un arma larga. Sin embargo, esta camioneta SUV típicamente tendría capacidad para 5-7 personas como máximo. El transporte de 8 adultos más 8 armas largas resultaría extremadamente apretado e incómodo, especialmente para un grupo que supuestamente formaba parte de un convoy criminal.
El estado general de la camioneta tampoco corresponde con el escenario descrito. Un vehículo involucrado en un enfrentamiento armado debería mostrar señales de daño más evidentes, como cristales rotos o impactos de bala. La camioneta en la imagen muestra únicamente las puertas abiertas, como si los ocupantes hubieran descendido efectiamente,pero no esta cantidad.
Adicionalmente, la narrativa menciona que los sospechosos “al verse superados en número descendieron de la camioneta para tratar de escapar”, lo que implica una huida apresurada y luego simplemente se dice: “…policías encontraron a siete presuntos criminales abatidos, así como a una mujer.”
Estas discrepancias plantean serias dudas sobre la veracidad del relato oficial y sugieren la necesidad de una investigación más profunda para determinar qué ocurrió realmente durante este incidente.
No debe de perderse de vista, que mas alla de las simpatías ciudadanas que suele despertar cuando ganan los hombres de la ley, una actuación irregular enardece a criminales cuando ven que policias actuan como criminales y esto en vez de reducir la violencia la incrementa en la búsqueda de revancha bajo un interminable ciclo vicioso de violencia perpetua,el ojo por ojo es lo que esta dejando ciegos a todos, con los ciudadanos en medio.
Un informe reciente sobre la desaparición de personas en México, publicado por la organización “Causa en Común” ,no solo explica cómo el “nefasto y narco” gobierno de Morena y Andres Manuel López Obrador cometió numerosas ilegalidades, omisiones y sabotajes en perjuicio de las comisiones de búsqueda del pais,las únicas a quienes les interesan sus victimas.
Pero no solo eso, este informe sustenta la manipulación estadística de muchos gobiernos como el de Tamaulipas y Americo Villarreal,que han usado las cifras de “homicidios en descenso” para engañar al mismo tiempo que busca convencer de avances en materia de seguridad, cuando no para la fabrica de levantones de carteles que operan 24/7/365 en la entidad y van en ascenso,13 mil 352 al dia de hoy,la segunda cifra mas alta del pais,asi de ‘desmadrada” esta la seguridad humanista.
Y es que, aunque las familias de victimas siempre vivirán con la esperanza de encontrar vivos a sus desaparecidos ,hay una dolorosa realidad en esta entidad sede del Cartel del Golfo y Zetas con los que se han confabulado todos los gobernadores, el hecho de desaparecer en Tamaulipas “casi” equivale a morir, de tal suerte que no ser localizado es dolosamente aprovechado por este gobierno “mañoso y farsante” para enviar señales equivocadas de mejoria, cuando en los hechos se advierte que siempre se puede estar peor.
Y un solo gráfico ilustra claramente este fenómeno preocupante en Tamaulipas y aunque abarca desde el período 2015-2024, es desde 2022 con Americo Villarreal donde podemos observar patrones que no solo sugieren, confirman la transferencia entre las categorías de víctimas:
Entre 2015 y 2021, la curva de asesinatos (azul) generalmente superaba a la de desapariciones (roja). Sin embargo, a partir de 2022 ocurre una inversión notable: mientras los homicidios continúan su tendencia descendente (de 707 en 2021 a 412 en 2024), las desapariciones aumentan significativamente (de 392 en 2021 a 583 en 2024).
Esta inversión evidencia que la disminución en asesinatos registrados esta directamente relacionada con el aumento de personas desaparecidas, vulgo “levantadas”. En términos concretos:
Durante 2022, cuando los asesinatos bajaron a 492, las desapariciones aumentaron a 598
En 2023, con 493 homicidios, se registraron 650 desapariciones
En 2024, con 412 homicidios, se contabilizaron 583 desapariciones.
Si sumaramos ambas categorías por año, sin animo de demeritar la esperanza de cientos, miles de familias,notamos que la violencia letal no ha disminuido proporcionalmente como sugieren las cifras oficiales de homicidios:
La reducción en homicidios responder a un cambio en el modus operandi de los grupos criminales, estan optando por la desaparición de personas—un crimen que conlleva al asesianto pero su dinamica dificulta las investigaciones al eliminar la evidencia forense ,complica los procesos judiciales y le permite al gobierno decirte que “ya no hay asesiantos,pues son tan torpes que creen que sin cadaver no hay homicidio”, cuando en los hechos, aun y sin cuerpo, basta con demostrar que esta muerto y después que lo han matado.
Esta estadística comparada confirma que cualquier discurso oficial sobre mejoras en seguridad basado únicamente en la reducción de homicidios en Tamaulipas resulta incompleto y potencialmente engañoso si no contempla el fenómeno paralelo de las desapariciones de las que nunca hablan de “motu proprio”.
