El uniforme sirve para presumir disciplina, vender autoridad y envolver de confianza los nombramientos en seguridad. Pero cuando toca rendir cuentas, las insignias no explican nada. En Sinaloa, el Gobierno separó de la dirección del penal de El Castillo, en Mazatlán, al capitán segundo de Infantería retirado Enrique Mora García. No para reconocerle los servicios prestados, sino para que su permanencia no entorpezca las investigaciones por dos enfrentamientos que dejaron 12 muertos y 16 heridos.
La confianza, tan socorrida para justificar que un militar encabece tareas civiles de seguridad, terminó cediendo el asiento a una explicación bastante menos presumible: hay que quitar al director para investigar lo sucedido bajo su administración.
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, lo dijo sin demasiados adornos: “Va a ser removido para no entorpecer tanto la investigación del Órgano Interno de Control de la Secretaría como de la Fiscalía”. La gobernadora morenista Graciela Domínguez Nava también confirmó la medida.
Y aunque aun no se demuestra, al menos públicamente que Mora García haya cometido un delito. Sí deja mal parado el recurso de presentar la trayectoria castrense como certificado automático de capacidad, control y resultados.
El grado militar no sustituye la rendición de cuentas ni vuelve inexpugnable una cárcel, aunque lo usan como armadura medieval.
Mora García ocupaba el cargo desde el 19 de septiembre de 2025. El 8 de octubre, un primer enfrentamiento dejó nueve internos muertos y cobró también la vida de un niño de dos años que se encontraba en el área de visita familiar. Al día siguiente, pese al despliegue de fuerzas federales y a los operativos de la Marina, otro choque dejó dos reclusos muertos. Mucha presencia armada; el control efectivo del penal, en entredicho.
Después vinieron las medidas de emergencia: el traslado de 48 reos de El Castillo y uno de Aguaruto a otros reclusorios del país. Según el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, una de las pugnas estuvo relacionada con disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la liberación de un liderazgo criminal.
Y llegó también la promesa de una nueva cárcel, ahora en un predio de Culiacán colindante con Navolato. Porque, ante el desastre, nunca falta el anuncio de una obra.
Pero el problema no cabe únicamente en los planos de un edificio nuevo. También está en quién manda, qué supervisa y cómo responde cuando el encierro bajo custodia del Estado se convierte en escenario de una matanza. Separar al director permite investigar; no explica todavía cómo ocurrieron los hechos ni quién debe responder. Y mucho menos rescata la vieja coartada de que, con poner a un militar al frente, la seguridad ya está garantizada.
En Sinaloa, el Gobierno ya encontró qué presumir: no que la gente viva segura, sino que una proporción menor diga sentirse insegura. La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, atribuyó a la estrategia de seguridad la reducción de ese indicador en Culiacán. El detalle que le arruina el festejo es que el 81.6 por ciento de la población todavía considera inseguro vivir en la capital. Más de ocho de cada diez. Vaya tranquilidad para sacar pecho.
La disminución existe en las cifras frías: la percepción de inseguridad pasó de 90.8 por ciento en junio a 81.6 por ciento en septiembre de 2026. Lo engañoso no es reconocerla, sino venderla como demostración de que la estrategia funciona.
Una encuesta sobre cómo se siente la población no acredita, por sí sola, que hayan disminuido los delitos ni demuestra qué produjo el cambio. La mandataria puso la conclusión donde todavía hacía falta la prueba: “Yo creo que eso es resultado entonces de esta estrategia”. Creerlo desde el templete no lo convierte en evidencia
Y mientras en Culiacán el Gobierno presume el vaso un poco menos lleno de miedo, en Mazatlán se le desborda: la percepción de inseguridad subió de 78.4 a 85.8 por ciento. El puerto quedó como la tercera ciudad del país con mayor proporción de habitantes que se sienten inseguros.
Para ese resultado también hubo explicación de catálogo: una estrategia “muy, muy focalizada”. Si mejora, es mérito de la estrategia; si empeora, hay que esperar a que la estrategia haga efecto. Así cualquiera gobierna el discurso.
Fuera del micrófono, los titulares de Noroeste cuentan otra historia: dos hombres asesinados dentro de un negocio de sushi en Villa Bonita, Culiacán; un artefacto explosivo lanzado al interior de una vivienda en Terranova, Mazatlán; y un adolescente de 16 años asesinado a balazos en una casa de la colonia Presas del Valle, también en el puerto. Un restaurante, una vivienda, un menor de edad: escenarios y víctimas que no caben en la postal oficial de la tranquilidad recuperada.
El balance de Noroeste titulado “Los saldos de la Ola”, con corte del 9 de septiembre de 2024 al 22 de octubre de 2026, dimensiona el desastre en tres renglones: 4,089 homicidios dolosos, 4,525 personas privadas de la libertad y 12,772 vehículos robados.
Son cifras acumuladas de ese periodo, no un termómetro exclusivo del último trimestre ni un saldo atribuible íntegramente a la actual gobernadora. Pero sí son el contexto que cualquier discurso triunfalista tendría que enfrentar, no esconder detrás de una mejoría en una encuesta.
El mismo recuento registra 4,039 personas detenidas y 214 abatidas. Las detenciones forman parte del balance operativo; no son, por sí mismas, un certificado de paz. La gobernadora presume capturas y decomisos como acciones para recuperar la tranquilidad.
La pregunta incómoda sigue intacta: ¿qué resultados verificables están dando para proteger a quienes todavía viven entre el miedo y los ataques?
No se trata de negar una mejoría estadística intermitente. Se trata de impedir que la conviertan en coartada. Porque bajar del 90.8 al 81.6 por ciento de percepción de inseguridad merece registrarse, no coronarse como victoria. Y porque una estrategia no se acredita a fuerza de llamarla “focalizada”, mientras los titulares siguen contando muertos. A la retórica oficial la atropella una realidad que no pide permiso para desmentir el festejo.
Veinticuatro nombres al pie de una carta,la mayoría de moral tatemada, no constituyen una prueba: constituyen una alineación. El pronunciamiento de respaldo a la lideresa nacional de Morena, Ariadna Montiel ,tras acusaciones de gobernadora que la vincula al narco,exhibe una certeza que no se molesta en explicar: sus firmantes ya saben quién merece solidaridad, quién merece reproche y qué debe pensar el público.
Para demostrarlo ofrecen trayectoria, afecto y pertenencia. Datos verificables sobre la acusación que rechazan, ninguno. La cartita pide que aceptemos como esclarecimiento lo que apenas es un abrazo colectivo con membrete político.
Ahí aparece el paralelismo con la Cosa Nostra: no como una equivalencia penal —esta carta no demuestra que sus firmantes integren una organización criminal,aunque hay suficientes indicios—, sino como una metáfora de la lealtad cerrada.
Primero se protege a la familia; después, si queda tiempo, se examina el asunto. La causa pública se encoge hasta convertirse en causa de los nuestros. De la cosa de todos a «nuestra cosa», pero con una precisión incómoda: ese «nuestra» no incluye al ciudadano; incluye a la camada.
La palabra que desnuda el comunicado es «cobijo». No transparencia. No esclarecimiento. No una petición de investigación independiente. Cobijo. El documento lo ofrece expresamente, junto con solidaridad y reconocimiento. Como declaración de afecto, se entiende. Como respuesta de gobernantes ante una acusación grave, resulta insuficiente: un paraguas partidista no despeja una sospecha.
El contexto: una acusación no es una prueba; un respaldo tampoco
El epicentro del más reciente acto de solidaridad política y criminalmente organizada es la acusación directa y sin tapujos que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, formuló contra Ariadna Montiel por presuntos vínculos con el crimen organizado durante una entrevista con Carlos Loret de Mola.
Pero la misma regla funciona al revés. La indignación de los gobernadores no demuestra que la acusación sea falsa. Ni el micrófono de una gobernadora acredita culpabilidad ni la firma de otros mandatarios certifica inocencia.
El ciudadano no tiene por qué escoger entre dos actos de fe.
Quien atribuye vínculos criminales debe sostener el señalamiento. Sin embargo, la carta salta de exigir pruebas a descalificar las acusaciones como «calumnia», «difamación» y «mentira», sin exponer en el propio documento los elementos que permitirían al lector comprobar esa conclusión que tiene demasiados indicios en el caso Tamaulipas.
Ahí está la trampa: exigir rigor al adversario mientras se pide indulgencia para la propia certeza.
Una respuesta seria habría separado los hechos atribuidos, las pruebas disponibles y las razones concretas para rechazarlos. La cartita prefiere otra ruta: describe la maldad de acusar, pero no esclarece el contenido de lo acusado.
Mucho juicio sobre las intenciones ajenas; poca información sobre el asunto.
«Cerramos filas»: la disciplina no sustituye al esclarecimiento
«Cerramos filas» es una expresión reveladora porque anuncia una posición colectiva antes de ofrecer una explicación verificable. La pertenencia aparece como argumento: respaldamos a «nuestra compañera», conocemos su vocación, reconocemos su trayectoria.
Sin embargo, conocer a alguien no equivale a conocer todos sus actos. La cercanía puede explicar la confianza personal; no convierte esa confianza en una conclusión obligatoria para el resto del país.
Aquí encaja el paralelo con la familia cerrada: la crítica al integrante se recibe como agresión al conjunto, y el conjunto responde mostrando unidad. El problema no es que exista solidaridad. El problema empieza cuando se pretende que la solidaridad haga el trabajo de los documentos recurrentemente soslayados cuando se trata de la «famiglia».
La ciudadanía pidió claridad y recibió una fotografía de grupo escrita.
«Su trayectoria […] exige un respeto absoluto»
No. Una trayectoria puede merecer reconocimiento; no exige obediencia intelectual. Y ninguna biografía, por elocuente que se redacte, concede inmunidad frente al escrutinio.
El comunicado invoca el «amor al pueblo» y el compromiso con millones de familias como fundamento de ese «respeto absoluto». Son elogios políticos, no respuestas a una acusación específica. Haber servido a determinadas causas no demuestra, por sí mismo, que un señalamiento posterior sea verdadero o falso.]
El respeto a la dignidad de una persona no debe confundirse con la intocabilidad de su actuación pública.
«Respeto absoluto» es una fórmula demasiado cómoda para quien ejerce poder y demasiado exigente para quien debe vigilarlo. El ciudadano no debe arrodillarse ante un currículum.
«Por el bien de todos, primero los pobres»
La frase funciona aquí como un desplazamiento sentimental. Se discuten presuntos vínculos criminales y la respuesta introduce la vocación social de Montiel y su trabajo por quienes menos tienen.
Pero una cosa no resuelve la otra.
Los pobres no pueden convertirse en un biombo para evitar preguntas sobre los poderosos. Defender una política social y exigir cuentas a quienes la administran no son tareas incompatibles. Al contrario: cuanto más importante es una responsabilidad pública, menos aceptable resulta envolverla en reverencias.
Los beneficiarios de una causa no son fiadores personales de quienes hablan en su nombre.
«La difamación y la mentira jamás podrán sustituir el respeto»
Tampoco el respeto puede sustituir la rendición de cuentas.
La carta acierta al rechazar la mentira, pero no basta con bautizar una acusación como falsa para haberla refutado. Hace falta mostrar dónde falla: qué hecho es incorrecto, qué documento la contradice, qué afirmación carece de sustento. El pronunciamiento no desarrolla esa refutación; ofrece una condena general de las malas prácticas y una defensa general de la compañera.
Así se fabrica un callejón retórico: si preguntas, lastimas; si insistes, difamas; si no aceptas el respaldo colectivo, participas en la «guerra sucia».
El poder no puede reservarse el derecho de definir qué preguntas son legítimas según a quién incomoden.
«Frente a la guerra sucia»: el expediente contra el expediente
El cierre promete que «la verdad, la integridad y el trabajo honesto» terminarán por imponerse frente a la «guerra sucia». La verdad aparece, así, como patrimonio del grupo; la suciedad, como atributo del adversario.
Es un reparto demasiado conveniente.
Una respuesta institucional defendible habría podido decir:rechazamos condenas anticipadas, exigimos pruebas y respaldamos que cualquier señalamiento se esclarezca sin privilegios. Eso protegería derechos sin convertir la amistad en certificado.
La cartita escoge otra cosa: «cuentas con nuestra total solidaridad, cobijo y reconocimiento». No condiciona ese respaldo al esclarecimiento ni explica cómo llegó a sus conclusiones.
Por eso la metáfora de «nuestra cosa» resulta pertinente: señala la tentación de tratar el poder como una pertenencia familiar y la crítica como una intromisión. No demuestra una mafia,la presume al describir una lógica de protección entre los propios.
Y esa lógica merece una respuesta sin reverencias:gobernadores, su compañera tiene derechos, pero ustedes no tienen derecho a exigirnos fe. La presunción de inocencia protege a las personas; no vuelve incuestionables sus explicaciones. La solidaridad permite acompañarlas; no autoriza a clausurar las preguntas.
Una cartita puede arropar a la camada. Lo que no puede es pedirle al país que se haga el desentendido.
Alberto “Beto” Granados quiere otro periodo al frente de Matamoros. Su intención de reelegirse ya fue reportada, y dio el primer paso al registrarse como aspirante a una coordinación municipal de Morena rumbo a 2027. Sin embargo, apuntarse en el partido no equivale a obtener una candidatura, y mucho menos a merecer otros tres años de gobierno.
La fotografía del registro acredita entusiasmo; la capacidad de gobernar sin complicidades necesita de mas pruebas.
Porque aquí está el primer argumento contra su continuidad: antes de pedir que le renueven la confianza, tendría que explicar qué hizo para merecerla. La presidencia municipal no es una suscripción que se renueva automáticamente porque al titular le gustaron las prestaciones y las ligas con «Escorpiones».
El alumno que se pone diez y solicita otra beca
Gobernar no consiste en anunciar que a tu juicio ya cumpliste;consiste en permitir que cualquiera compruebe qué prometiste, cuánto gastaste, qué entregaste, qué resultado produjo y que vinculo guardas con el Cartel del Golfo.
Una lista de obras no sustituye una evaluación. Un presupuesto ejercido no demuestra, por sí solo, dinero bien utilizado. Y un alcalde satisfecho consigo mismo no necesariamente significa una ciudad satisfecha con su alcalde.
Si pretende convertir su gestión en argumento electoral, que entregue el expediente completo: compromisos originales, indicadores verificables, contratos, costos, beneficiarios, pendientes y someta al escrutinio su complicidad con el Cartel del Golfo.
Sin esa comparación, el “cumplimos” es publicidad. Muy sonriente, muy institucional y muy pagada con la paciencia del ciudadano.
Los señalamientos no son sentencia; tampoco son confeti
En infinidad de notas en Valor Tamaulipeco hemos atribuido a Granados y a su administración vínculos con el Cártel del Golfo y hemos cuestionado nombramientos municipales.
Una y otra vez, su nombre y sus apellidos han sido vinculados con la delincuencia política y criminalmente organizada.
Son acusaciones graves y precisamente por eso no conviene convertirlas en rumores, ni tampoco en sentencias anticipadas antes de las carpetas federales.
Pero tampoco procede el truco contrario: tratar cada señalamiento como ruido electoral y seguir repartiendo sonrisas.
Hay un episodio periodísticamente relevante: Elefante Blanco reportó el 10 de septiembre de 2026 que Granados evitó responder preguntas sobre versiones de cancelaciones de visas a integrantes del Cabildo y sobre el presunto arresto de un contratista municipal en Estados Unidos.
El medio señaló que no ofreció explicaciones y que su equipo de seguridad cerró el paso.
Aunque eso no basta para formular una crítica o inventar culpables: quien administra recursos públicos debe responder preguntas sobre contratistas y funcionarios. La escolta puede cerrar el paso; no debería cerrar la rendición de cuentas de obra publica ejecutada incluso por el Cartel del Golfo.
Ni que decir de patrullas obsequiadas a Transito Matamoros por el Cartel del Golfo.
En octubre de 2024, el Cártel del Golfo adquirió flamantes patrullas que están siendo utilizadas para el «halconeo» en favor del crimen organizado: lo mismo detienen la marcha de cualquier ciudadano —para ellos, un sospechoso— que instalan retenes urbanos con cualquier pretexto vial para averiguar «quién anda ahí» y avisarle al Cártel.
Morena no debería funcionar como lavandería de reputaciones
La cuestión partidista también merece lupa. Si Morena pretende postularlo nuevamente, tendría que explicar con qué evaluación moral respalda esa continuidad y presentar resultados comprobables, una revisión de su administración y respuestas a los cuestionamientos sobre su presunta complicidad, que lo llevaron a perder la visa de Estados Unidos tras un interrogatorio de ocho horas que se prolongó de un día para otro.
La disciplina partidista sirve para organizar una candidatura; no para sustituir el juicio ciudadano. Si el único examen consiste en llevarse bien con quienes deciden la boleta, no estaríamos premiando necesariamente al mejor alcalde, sino al mejor acomodado en ambos extremos, el politico y el criminal.
Primero las cuentas…con la ley; después, la campaña
El argumento más sólido contra la reelección de Beto no necesita declararlo culpable de delitos solapados por el gobernador que ocupa otra vez los votos del Cartel del Golfo.
Necesita exigir algo bastante menos espectacular y mucho más incómodo: que se someta al imperio de la ley y entregue al capo de Matamoros, Alfredo Cárdenas, alias «El Contador», de quien es, atípica y sospechosamente, el supervisor de la medida cautelar que evitó su extradición a Estados Unidos por nueve cargos federales.
Matamoros no tiene por qué financiar más episodios de política y crimen ni pagar una segunda temporada de la misma proteccióndescarada al Cártel del Golfo, a cambio de que el gobernador pueda sumar puntos y no salga raspado ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
La silla es pública, tanto como la colusión entre la alcaldía de Matamoros y el Cártel del Golfo, que ejerce el gobierno a plenitud… Si es un infundio, con gusto nos retractamos.
