El uniforme sirve para presumir disciplina, vender autoridad y envolver de confianza los nombramientos en seguridad. Pero cuando toca rendir cuentas, las insignias no explican nada. En Sinaloa, el Gobierno separó de la dirección del penal de El Castillo, en Mazatlán, al capitán segundo de Infantería retirado Enrique Mora García. No para reconocerle los servicios prestados, sino para que su permanencia no entorpezca las investigaciones por dos enfrentamientos que dejaron 12 muertos y 16 heridos.
La confianza, tan socorrida para justificar que un militar encabece tareas civiles de seguridad, terminó cediendo el asiento a una explicación bastante menos presumible: hay que quitar al director para investigar lo sucedido bajo su administración.
El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, lo dijo sin demasiados adornos: “Va a ser removido para no entorpecer tanto la investigación del Órgano Interno de Control de la Secretaría como de la Fiscalía”. La gobernadora morenista Graciela Domínguez Nava también confirmó la medida.
Y aunque aun no se demuestra, al menos públicamente que Mora García haya cometido un delito. Sí deja mal parado el recurso de presentar la trayectoria castrense como certificado automático de capacidad, control y resultados.
El grado militar no sustituye la rendición de cuentas ni vuelve inexpugnable una cárcel, aunque lo usan como armadura medieval.
Mora García ocupaba el cargo desde el 19 de septiembre de 2025. El 8 de octubre, un primer enfrentamiento dejó nueve internos muertos y cobró también la vida de un niño de dos años que se encontraba en el área de visita familiar. Al día siguiente, pese al despliegue de fuerzas federales y a los operativos de la Marina, otro choque dejó dos reclusos muertos. Mucha presencia armada; el control efectivo del penal, en entredicho.
Después vinieron las medidas de emergencia: el traslado de 48 reos de El Castillo y uno de Aguaruto a otros reclusorios del país. Según el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, una de las pugnas estuvo relacionada con disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa tras la liberación de un liderazgo criminal.
Y llegó también la promesa de una nueva cárcel, ahora en un predio de Culiacán colindante con Navolato. Porque, ante el desastre, nunca falta el anuncio de una obra.
Pero el problema no cabe únicamente en los planos de un edificio nuevo. También está en quién manda, qué supervisa y cómo responde cuando el encierro bajo custodia del Estado se convierte en escenario de una matanza. Separar al director permite investigar; no explica todavía cómo ocurrieron los hechos ni quién debe responder. Y mucho menos rescata la vieja coartada de que, con poner a un militar al frente, la seguridad ya está garantizada.
Con información: ELNORTE/
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