Alberto “Beto” Granados quiere otro periodo al frente de Matamoros. Su intención de reelegirse ya fue reportada, y dio el primer paso al registrarse como aspirante a una coordinación municipal de Morena rumbo a 2027. Sin embargo, apuntarse en el partido no equivale a obtener una candidatura, y mucho menos a merecer otros tres años de gobierno.
La fotografía del registro acredita entusiasmo; la capacidad de gobernar sin complicidades necesita de mas pruebas.
Porque aquí está el primer argumento contra su continuidad: antes de pedir que le renueven la confianza, tendría que explicar qué hizo para merecerla. La presidencia municipal no es una suscripción que se renueva automáticamente porque al titular le gustaron las prestaciones y las ligas con «Escorpiones».
El alumno que se pone diez y solicita otra beca
Gobernar no consiste en anunciar que a tu juicio ya cumpliste;consiste en permitir que cualquiera compruebe qué prometiste, cuánto gastaste, qué entregaste, qué resultado produjo y que vinculo guardas con el Cartel del Golfo.
Una lista de obras no sustituye una evaluación. Un presupuesto ejercido no demuestra, por sí solo, dinero bien utilizado. Y un alcalde satisfecho consigo mismo no necesariamente significa una ciudad satisfecha con su alcalde.
Si pretende convertir su gestión en argumento electoral, que entregue el expediente completo: compromisos originales, indicadores verificables, contratos, costos, beneficiarios, pendientes y someta al escrutinio su complicidad con el Cartel del Golfo.
Sin esa comparación, el “cumplimos” es publicidad. Muy sonriente, muy institucional y muy pagada con la paciencia del ciudadano.
Los señalamientos no son sentencia; tampoco son confeti
En infinidad de notas en Valor Tamaulipeco hemos atribuido a Granados y a su administración vínculos con el Cártel del Golfo y hemos cuestionado nombramientos municipales.
Una y otra vez, su nombre y sus apellidos han sido vinculados con la delincuencia política y criminalmente organizada.
Son acusaciones graves y precisamente por eso no conviene convertirlas en rumores, ni tampoco en sentencias anticipadas antes de las carpetas federales.
Pero tampoco procede el truco contrario: tratar cada señalamiento como ruido electoral y seguir repartiendo sonrisas.
Hay un episodio periodísticamente relevante: Elefante Blanco reportó el 10 de septiembre de 2026 que Granados evitó responder preguntas sobre versiones de cancelaciones de visas a integrantes del Cabildo y sobre el presunto arresto de un contratista municipal en Estados Unidos.
El medio señaló que no ofreció explicaciones y que su equipo de seguridad cerró el paso.
Aunque eso no basta para formular una crítica o inventar culpables: quien administra recursos públicos debe responder preguntas sobre contratistas y funcionarios. La escolta puede cerrar el paso; no debería cerrar la rendición de cuentas de obra publica ejecutada incluso por el Cartel del Golfo.
Ni que decir de patrullas obsequiadas a Transito Matamoros por el Cartel del Golfo.
En octubre de 2024, el Cártel del Golfo adquirió flamantes patrullas que están siendo utilizadas para el «halconeo» en favor del crimen organizado: lo mismo detienen la marcha de cualquier ciudadano —para ellos, un sospechoso— que instalan retenes urbanos con cualquier pretexto vial para averiguar «quién anda ahí» y avisarle al Cártel.
Morena no debería funcionar como lavandería de reputaciones
La cuestión partidista también merece lupa. Si Morena pretende postularlo nuevamente, tendría que explicar con qué evaluación moral respalda esa continuidad y presentar resultados comprobables, una revisión de su administración y respuestas a los cuestionamientos sobre su presunta complicidad, que lo llevaron a perder la visa de Estados Unidos tras un interrogatorio de ocho horas que se prolongó de un día para otro.
La disciplina partidista sirve para organizar una candidatura; no para sustituir el juicio ciudadano. Si el único examen consiste en llevarse bien con quienes deciden la boleta, no estaríamos premiando necesariamente al mejor alcalde, sino al mejor acomodado en ambos extremos, el politico y el criminal.
Primero las cuentas…con la ley; después, la campaña
El argumento más sólido contra la reelección de Beto no necesita declararlo culpable de delitos solapados por el gobernador que ocupa otra vez los votos del Cartel del Golfo.
Necesita exigir algo bastante menos espectacular y mucho más incómodo: que se someta al imperio de la ley y entregue al capo de Matamoros, Alfredo Cárdenas, alias «El Contador», de quien es, atípica y sospechosamente, el supervisor de la medida cautelar que evitó su extradición a Estados Unidos por nueve cargos federales.
Matamoros no tiene por qué financiar más episodios de política y crimen ni pagar una segunda temporada de la misma proteccióndescarada al Cártel del Golfo, a cambio de que el gobernador pueda sumar puntos y no salga raspado ante la presidenta Claudia Sheinbaum.
La silla es pública, tanto como la colusión entre la alcaldía de Matamoros y el Cártel del Golfo, que ejerce el gobierno a plenitud… Si es un infundio, con gusto nos retractamos.
Con información: MATAMOROS PRESS/
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