En la oficina de Guadalupe Taddei, presidenta del INE, los cargos parecen servir para todo, menos para explicar qué hace cada quién. Hay un chofer contratado como “líder de proyecto” que también le cocina y otro acreditado para transportarla al que, según la información citada, no se le ve ni manejando sus vehículos ni en las oficinas del Instituto. Eso sí: ambos tienen una categoría administrativa más lucidora que la de conductor.
El sonorense Luis Alberto Bustamante Canizales percibe casi 70 mil pesos mensuales como “líder de proyecto”, aunque se le ha visto al volante del vehículo de la presidenta.
Según fuentes del organismo electoral citadas en el texto, también prepara sus alimentos. Un empleado multifuncional: del volante al sartén, con una plaza cuyo nombre no permite saber dónde termina el proyecto institucional y dónde empieza el servicio personal.
Bustamante acompaña a Taddei desde que ella encabezaba el organismo electoral de Sonora. En aquella etapa ocupó una plaza de “analista administrativo”. Ahora aparece como “líder de proyecto”, pero las labores descritas siguen teniendo bastante más de asistencia personal que de conducción de proyectos.
También se le vio manejar una camioneta blindada que no pertenecía a la flotilla del INE. Taddei explicó que se la habían “prestado”, pero no reveló quién. Una cortesía con blindaje y benefactor sin identificar: precisamente el tipo de favor que una autoridad electoral tendría que explicar sin rodeos.
El otro nombre es Jonathan Navarrete Torres. De acuerdo con lo publicado por Grupo REFORMA, está acreditado oficialmente como chofer de Taddei y tiene encomendada la función de transportarla “de manera segura y eficiente”. Sin embargo, su nivel en el tabulador es LC4, correspondiente a un “jefe de departamento”. Al parecer, hasta para llevar el volante hace falta membrete de oficina.
Pero el asunto rebasa la creatividad de la nómina. Según el Registro Público de Comercio citado en la información, Navarrete figura como apoderado para “pleitos y cobranzas” de Corporativo Zeg, una proveedora del INE que, de acuerdo con el mismo reporte, es investigada por la UIF por presunta corrupción. Esa relación exige aclaraciones: una investigación no acredita culpabilidad, pero tampoco vuelve irrelevante el vínculo entre un empleado de la presidencia y una empresa proveedora del Instituto.
Y queda la pregunta más elemental: ¿dónde está el chofer? Según la información proporcionada, a Navarrete no se le ve en las oficinas del INE ni conduciendo los automóviles de Taddei. El reporte lo presenta como un chofer “fantasma”; corresponde al Instituto documentar qué labores realiza, dónde las desempeña y cómo se comprueba su cumplimiento.
El contraste tampoco ayuda. De acuerdo con el directorio citado, el INE cuenta con 211 choferes en oficinas centrales y sus 332 delegaciones. Cuatro consejeros sí tienen registrados a sus conductores como tales, con remuneraciones de entre 31 mil y 39 mil pesos mensuales. El “líder de proyecto” que conduce y cocina para Taddei percibe casi 70 mil.
La diferencia relevante no es que ambos empleados tengan estudios de preparatoria: la escolaridad no demuestra una irregularidad. Lo que exige explicación es la correspondencia entre sus nombramientos, sus funciones efectivas, sus remuneraciones y, en el caso de Navarrete, su relación con una proveedora del organismo.
Una red de siete empresas proveedoras del INEy otros organismos electorales locales es indagada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por simulación de competencia, triangulación de recursos y operación de factureras.
Actualmente hay 70 cuentas bancarias bloqueadas, pero la investigación se encuentra en curso y la autoridad federal no ha informado de las firmas y sujetos sancionados.
Además, entre el 2023 y el 2024, la UIF bloqueó más de 400 cuentas bancarias de 13 personas físicas y siete empresas, como parte de la indagatoria a proveedores de materiales electorales.
También se investiga a empresas mexicanas sancionadas por la OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que recibieron recursos de alguna de esas firmas de proveeduría electoral investigadas.
La red de corrupción es encabezada, según la investigación, por los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco HernándezCasillas, vinculados a Corporativo Zeg y Cajas Graf, y cinco firmas más, a quienes se relaciona con el equipo administrativo de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aunque hicieron negocios desde el 2012.
Personajes como Jesús Octavio García González, quien fungió como director de Administración del INE entre septiembre del 2025 y abril del 2026, y Claudia Espino, quien fuera Secretaria Ejecutiva entre noviembre del 2024 y septiembre del 2026, son algunos de los investigados por estar involucrados directamente en contrataciones irregulares, aunque el foco principal está en los hermanos Hernández.
La indagatoria incluye licitaciones en el instituto electoral de Sonora, cuando Taddei fue presidenta del organismo, donde se acreditó simulación de competencia mediante propuestas que aparentaban ser independientes o alianzas entre sociedades vinculadas con el fin de favorecer al grupo de los Hernández.
«El análisis financiero, fiscal y corporativo», dice el reporte, «permitió identificar a una red de empresas presuntamente utilizadas para simular competencia entre proveedores, obtener contratos públicos millonarios y triangular recursos mediante sociedades relacionadas y empresas con características de factureras».
Las empresas relacionadas con los Hernández son Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Grupo REFORMA documentó que García fungió en distintas contrataciones con el INE y organismos electorales locales como representante de al menos Cajas Graf y Corporativo Zeg.
En esa condición fue nombrado en septiembre del 2025 por Taddei como director de Administración del INE.
El pasado 3 de febrero, Grupo REFORMA publicó que García había representado a Corporativo Zeg para ganar en el INE un contrato de casi 200 millones de pesos para proveer al Instituto de urnas, mamparas y marcadores para la elección judicial de junio del 2024.
Aún así fue nombrado por Taddei funcionario del Instituto, a pesar del evidente conflicto de interés.
El 20 de enero del 2026 fue denunciado ante el Órgano Interno de Control (OIC) del INE por conflicto de interés y abuso de funciones.
García tuvo que renunciar en abril pasado a su cargo como director de Administración en medio de la polémica de su relación empresarial.
Desde el 2025, también fue contratado en el INE como chofer de la presidenta del organismo, Jonathan Navarrete Torres, quien según el Registro Público de Comercio es apoderado de Corporativo Zeg.
Con información: ELNORTE/
