En una empresa, el director tiene que explicar cuándo dejará de consumir dinero y cómo empezará a generar valor. En Mexicana de Aviación, la respuesta es noviembre de 2030. Mientras tanto, la factura sigue teniendo un destinatario bastante seguro: el contribuyente.
La aerolínea estatal presentó en Palacio Nacional un plan que llama “integración de capacidades” a 2026, “maduración” al periodo de 2027 a 2029 y “consolidación” a 2030. El vocabulario luce impecable. El problema es que ninguna de esas palabras paga combustible, mantenimiento o nómina.
La lámina lo dice sin maquillaje: “Punto de equilibrio. Nov. 2030”.
Conviene traducirlo: alcanzar el punto de equilibrio no significa recuperar todo el dinero público invertido ni convertir a Mexicana en un negocio rentable. Significa llegar al momento en que los ingresos cubran los costos considerados en esa proyección. Y el texto presentado no aclara qué incluye ese cálculo ni ofrece elementos para comprobar que la fecha sea alcanzable.
Una empresa sostenida desde afuera
El dato que desnuda el modelo no está en el discurso sobre conectividad, sino en el presupuesto.
Según las cifras del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación citadas por REFORMA, Mexicana prevé disponer en 2027 de mil 012 millones de pesos: 882 millones de apoyos fiscales y alrededor de 130 millones de ingresos propios.
Es decir, el 87.1% de sus recursos vendría del erario.
Por cada peso disponible, apenas unos 13 centavos serían generados por la propia empresa; los otros 87 llegarían del bolsillo público. Esa proporción no demuestra, por sí sola, que la aerolínea jamás podrá funcionar. Sí exhibe algo mucho más concreto: para 2027, su capacidad de sostenerse con recursos propios seguirá siendo profundamente insuficiente.
No es independencia financiera. Es dependencia presupuestaria con itinerario de vuelos.
Más aviones no equivalen a un mejor negocio
La dirección presume una flota de 12 aeronaves al cierre de 2026 y de 20 durante 2027. También reporta un aumento de 83% en la oferta de asientos desde junio y de 31% en pasajeros durante el año.
Son indicadores de expansión. No son certificados de rentabilidad.
Comprar aviones demuestra que se está ampliando la capacidad. Transportar más pasajeros demuestra que existe actividad. Ninguno de esos datos responde la pregunta decisiva: ¿cuánto cuesta producir cada peso de ingreso?
Además, los aumentos de asientos y pasajeros corresponden a periodos distintos. Compararlos directamente para concluir que la ocupación cayó sería tramposo. Lo que sí puede exigirse es información comparable sobre ocupación, ingresos por pasajero, costos por asiento y resultados por ruta.
Un director que presume crecimiento sin explicar sus márgenes presenta movimiento, no necesariamente progreso financiero.
Tulum: conectividad o factura adicional
Mexicana anuncia 24 vuelos adicionales hacia Tulum mientras Aeroméxico dejó de operar ese destino y Volaris prevé suspenderlo a partir de enero de 2027, de acuerdo con la información presentada.
La salida de competidores no demuestra automáticamente que Mexicana deba retirarse. Pero tampoco convierte la expansión estatal en una genialidad comercial.
La pregunta es incómoda y legítima: ¿la empresa identificó una oportunidad rentable o el Gobierno decidió cubrir con dinero público una operación que otros están reduciendo?
Si la respuesta es que se busca garantizar conectividad, entonces corresponde presentar el costo de esa política, sus beneficiarios y sus resultados. El servicio público puede justificar un subsidio; no justifica esconderlo detrás de un discurso de éxito empresarial.
El fracaso que sí puede señalarse
Con estos datos no puede decretarse un fracaso definitivo. Pero sí puede hablarse de un fracaso de autosuficiencia financiera y cuestionarse una gestión que presume expansión mientras proyecta seguir dependiendo mayoritariamente del presupuesto.
Los pasajeros transportados, la carga movilizada y los empleos reportados describen actividad. Falta demostrar que sus beneficios justifican el costo público.
Mexicana no necesita más nombres elegantes para sus etapas. Necesita metas verificables, costos transparentes y responsables que expliquen qué ocurrirá si noviembre de 2030 llega y el equilibrio no.
Porque anunciar una fecha es fácil. Lo difícil es dejar de pedirle al contribuyente que financie la distancia entre el discurso y los resultados.
Con informacion: ELNORTE/
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