En Guerrero, siete campesinos siguen desaparecidos y ahora circula un video que, lejos de aclarar su paradero, añade más incertidumbre. Cinco de ellos aparecen sometidos a un interrogatorio y hacen declaraciones sobre una presunta pertenencia criminal. Sus captores, señalados como presuntos integrantes de La Nueva Familia Michoacana, parecen tener cámara y preguntas listas. Lo que sigue sin aparecer es una respuesta sobre dónde están los siete.
Los desaparecidos pertenecen al ejido El Balcón, una comunidad conocida por su trabajo de manejo forestal comunitario. Se los llevaron el 24 de septiembre. Sus vecinos denuncian que los cinco que aparecen en el video llevaban otra ropa cuando fueron privados de la libertad, no el camuflaje con el que ahora los presentan. También advierten “inconsistencias” en sus declaraciones. Porque una cosa es documentar los hechos y otra, muy distinta, vestir a los cautivos para el relato que alguien quiere vender.
Aquí conviene subrayar una palabra: presunta. Las declaraciones del video no acreditan por sí mismas una pertenencia criminal. No se sabe cuándo se grabó ni cuánto tiempo llevaban retenidos. Una persona conocedora del caso y de las comunidades de la sierra aseguró a EL PAÍS que “obviamente están obligados” a decir lo que dicen. Una cámara no convierte un interrogatorio en una investigación, ni una declaración bajo esas circunstancias merece circular como sentencia.
Los cinco identificados son Everardo Leon Atanacio, de 17 años; Fidel Quirino, de 54; Isidro Brito, de 32; Eulises Medrano, de 26, y José Leodanis Medrano, de 24. Además, en una fotografía aparece una sexta persona sin identificar. En esa imagen, todos tienen los ojos vendados y las manos atadas a la espalda: un detalle bastante incómodo para quien pretenda vender aquello como una declaración libre y espontánea.
Y, suponiendo sin conceder que existiera una pertenencia criminal, eso no borra a los desaparecidos ni le resta una sola obligación a la autoridad: debe continuar su búsqueda, esclarecer los hechos y aplicar la ley. Porque la justicia no se terceriza a los captores, ni un video sustituye a un tribunal. La presunta culpabilidad no es permiso para desaparecer a nadie ni coartada para que el Estado se lave las manos.
El ejido exige que los encuentren y defiende el trabajo de sus vecinos. Mientras tanto, la filtración desplaza la atención del paradero de siete personas hacia las acusaciones que sus captores quieren poner en circulación. El reclamo de la comunidad no necesita producción audiovisual: necesita que aparezcan.
Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS
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