"OTRA FUNDACIÓN con...CHISPA ?": "EX-COORDINADOR de SHEINBAUM DECEPCIONADO de AMERICO pero ALIADOS del MISMO GOLFO ANUNCIA APOYO ALIMENTARIO para 500 FAMILIAS en REYNOSA"...quiere saciar apetitos politicos.

Un nuevo “programa de apoyo alimentario” en Reynosa,loable en su propósito, viene con moño, eslogan cursi y coartada de tinte humanista, pero huele a recalentado de la misma cocina donde el lugarteniente del CDG, Mario Guitian Rosas,alias La Chispa , guisaba las despensas que el gobierno de Americo Villarreal entregaba cuando Luis Miguel Iglesias fungía de Director Regional de la Secretaria del Bienestar,cargo que le entrego el gobernador y el le regresó al mandatario cuando asomaron las diferencias y traiciones contra quien se desempeñó como Coordinador de la campaña de Claudia Sheinbaum,quien bajo esta óptica,resulta beneficiaria del desorden.

La fundación “blanca y pura” de Luis Miguel

De acuerdo con Hoy Tamaulipas, el ex-funcionario estatal, ahora activista Luis Miguel Iglesias ,lanzó el programa “Luis Miguel está contigo” para 500 familias, operado por la flamante fundación Personas Independientes de Corazón A.C., con discurso de trato “digno”, sin intermediarios y todo el rollo de la sensibilidad social, pero no se debe de perder de vísta  «Bajando Bendiciones» que opera el lugarteniente criminal socio del gobernador exhibido en imagenes cenando juntos.

La narrativa es de manual: reconocimiento de la crisis, amor a la gente y promesa de impacto directo en la calidad de vida, como si la pobreza fuera un problema que se resuelve con foto, nota amable y 500 bolsas de frijol etiquetadas con el nombre del benefactor.

De la fundación “independiente” a las mañas encubiertas de La Chispa

El problema es que el libreto ya lo vimos: antes de esta fundación pulcra, ya circulaba otra bodega de “ayuda” ligada al exmilitar Mario Guitián Rosas, alias La Chispa, operador de Los Metros del Cártel del Golfo en Reynosa, exhibido con empresas fachada, contratos oficiales y antecedentes de huachicol, secuestro, extorsión y homicidios.

A La Chispa lo documentan cenando y abrazando al gobernador Américo Villarreal, mientras sus negocios florecen a la sombra de la 4T: su círculo familiar cobra contratos de seguridad privada al gobierno estatal y su empresa Llantires amarra adjudicaciones directas con la propia FGR, como proveedor VIP, no como objetivo prioritario.

Américo, el cártel y la filantropía de utilería

El reportaje de  ADN Noticias detalla cómo el gobierno de Américo Villarreal le paga a la pareja de La Chispa por “guardias de seguridad privada”, y al mismo tiempo la red empresarial del lugarteniente factura más de seiscientos mil pesos en contratos con la Fiscalía, mientras las víctimas lo señalan por asesinatos y amenazas.

La autoridad responde con la nada absoluta: ni detenciones, ni cateos, ni siquiera un anuncio mediático; el fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco, con pasado de proceso por delincuencia organizada, está acusado de negarse a encausarlo penalmente, mientras la percepción de inseguridad en Reynosa se dispara arriba del 80 por ciento.

La nueva fundación: misma trama, otro logo

En ese contexto aparece la fundación Personas Independientes de Corazón A.C. vendida como iniciativa ciudadana, encabezada por el mismo Luis Miguel Iglesias que en investigaciones previas ha sido señalado como ex-contador de Luis Alberto Blanco Flores,ex-lider del Cartel del Golfo y durante su estadía en la SEBIEN,las despensas fueron manufacturadas por La Chispa en su fundación.

Cuando te dicen que ahora sí las despensas son “sin intermediarios”, lo que omiten es que el verdadero intermediario no está entre la bodega y la colonia, sino entre el palacio de gobierno y la oficina de cobro del cártel, donde los contratos, las fotos y los programas sociales sirven más de blindaje político que de política social.

Tabla del reciclaje “humanitario”

Elemento clave	Fundación «Bjando Bendiciones», de La Chispa (bodega Nayarit–Zacatecas)	Fundación Personas Independientes de Corazón A.C.
Operador visible	Mario Guitián Rosas, exmilitar, lugarteniente CDG.	Luis Miguel Iglesias, activista en Reynosa.
Producto estrella	Manufactura de despensas para la SEBIEN/Estatal	Programa “Luis Miguel está contigo” para 500 familias.
Conexión con gobierno estatal	Contratos de seguridad,INE,FGR y otros servicios con la administración de Américo Villarreal.	Presentado como esfuerzo ciudadano, en vísperas de elecciones.
Beneficiario real	Red político-criminal vinculada al CDG	Capital político y lavado de imagen para viejos socios del mismo sistema, reciclados como filántropos.

En resumen: cambian el nombre de la fundación, el logo y el eslogan motivacional, pero el guion sigue igualito; si antes la bodega de Nayarit y Zacatecas servía para maquillar la alianza Americo-Amériquin–Iglesias-La Chispa-CDG ,ahora la nueva A.C. de Luis Miguel Iglesias parece el siguiente capítulo del mismo negocio, solo que con empaque más presentable para la prensa de un hombre decepcionado de sus antiguos socios aun en el gobierno, pues renuncio a Morena,no a sus aspiraciones políticas ya no tan de AVANZADA.

Con informacion: HoyTamaulipas/

LA «BAJA de 2012 de HARFUCH por REPROBAR EXAMENES de CONTROL de CONFIANZA FUE VISTA CASI 600 MIL VECES en X»…el poligrafo se volvia loco cuando le preguntaban vínculos con el narco.

El hilo en «X» ha sido visto mas de medio millon de veces y exhibe con contundencia,aunque de manera abreviada,la hoja de vida de Omar García Harfuch a su paso por la extinta y nefasta Policia Federal,donde nunca aprobó un examen de control de confianza y muy difícil aprobarla uno de conciencia, pero aun asi la mercadotecnia y su lista de contactos, lo tienen al frente de una estrategia que hace agua en Sinaloa y avanza imparable a casi dos años de guerra.

El tuit afirma como el expediente interno de 2012 ordenó la baja de Omar García Harfuch de la Policía Federal por no aprobar el control de confianza, requisito obligatorio para permanecer en la corporación que entonces dirigía «Genarco» García Luna.

El archivo que no se borra

Resulta que el expediente de 2012 no “sugiere”, no “insinúa” y tampoco “deja entrever”: según el post que ha sido corroborado, se ordenó la baja de Omar García Harfuch de la Policía Federal por no pasar el control de confianza, ese filtro que en teoría separa a los policías confiables de los que no deberían andar cargando placa ni discurso de integridad.

Y claro, cuando aparece un documento así, la narrativa oficial se pone nerviosa. Porque una cosa es vender la imagen del funcionario guapo,eficiente, serio y técnico, y otra muy distinta es que el pasado, ese que recurrentemente se hace presente, se empeñe en recordar que hubo una decisión interna que lo quería fuera de la corporación y que en la actualidad ha servido de pretexto para despedir policías en Sinaloa y gran parte del pais.

La versión incómoda

El punto delicado no es el chisme, sino el contenido político del documento: si un expediente interno efectivamente ordenó la baja por no acreditar control de confianza, entonces estamos hablando de un antecedente que toca el corazón mismo del discurso de “trayectoria limpia” y “perfil confiable” que no es la única acusación sin resolver.

Y ahí es donde el relato se complica. Porque en México hay currículums que se construyen con cargos, y otros que se sostienen a punta de silencio institucional, versiones cuidadosamente editadas y una memoria oficial que trabaja horas extra para olvidar lo que no conviene.

Lo que implica

El documento existe , ha sido publicado antes por la periodista Anabel Hernadez que igual acusó en su momento de poder a Garcia Luna y no es un tropiezo burocrático, sino un antecedente grave que termina convertido en nota al pie, cuando en realidad debería ser parte central de cualquier evaluación pública del personaje.

En un país donde la memoria institucional suele tener alzheimer selectivo, un expediente como éste no es una anécdota: es una advertencia. Porque cuando el poder se acostumbra a maquillar su biografía, tarde o temprano aparece un archivo, una firma o una baja administrativa para recordarle que el pasado no siempre coopera con el relato.

Con informacion: @Mr.Lotario/ Medios/

«CAYÓ el PATRÓN»: «ARRASTRANDO HISTORIAL de ARRESTOS en 2020 y 2018 la FISCALIA POTOSINA DETUVO al 9 VECES CAMPEON MUNDIAL de LUCHA por VIOLENCIA MACHISTA»…la esposa pidió que le pusieran las esposas.

Alberto del Río, alias “El Patrón”, volvió a demostrar que los “titulares” en su carrera ya no se ganan arriba del ring, sino en el expediente policiaco: fue detenido en San Luis Potosí tras una agresión física contra su esposa, según la nota de el diario español, El País. El caso no cae del cielo; arrastra antecedentes de violencia familiar en Estados Unidos y otra denuncia por abuso sexual en 2020.

La caída del “campeón”

La escena es tan brutal como conocida: una llamada de emergencia, una detención en Lomas del Tec y el traslado a la Fiscalía potosina. La diferencia entre espectáculo y realidad es que aquí no hubo cuenta de tres, sino una denuncia por violencia machista que lo devuelve al terreno donde nadie aplaude.

Un historial que no ayuda

El problema no es un “mal día” ni un arrebato aislado. El reportaje recuerda que en 2018 ya había sido arrestado en Estados Unidos por violencia familiar contra su expareja, y que en 2020 enfrentó otra acusación por abuso sexual.

El personaje y la marca

Rodríguez Chucuan construyó una carrera grande: WWE, AAA, CMLL, TNA, MMA, nueve campeonatos mundiales y hasta presencia reciente en reality shows. Pero todo ese currículum no borra lo esencial: el deporte y la fama no funcionan como amnistía moral cuando hay agresiones contra una mujer.

Lo que deja el caso

La historia no habla de un luchador caído en desgracia; habla de una estructura de impunidad que muchas veces protege al personaje mientras la víctima queda al centro del golpe. Y también deja una lección incómoda para el mundo del espectáculo: el aplauso no exime de responsabilidad penal.

Con información: DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/VERONICA M. GARRIDO

«NO LLEGÓ a la FIESTA»:»HALLAN EJECUTADO en PARAJE a SECRETARIO MUNICIPAL de ALCALDIA MICHOACANA»…el poder publico huele a pólvora.

Pedro Valencia Cerecero no llegó a la fiesta a la que se dirigía el 1 de abril. Llegó a una fosa improvisada en “La Silleta”, un paraje del oriente michoacano donde los silencios hablan más fuerte que las sirenas. Secretario del Ayuntamiento de Ocampo —bajo el gobierno de la alcaldesa petista Lety Arriaga—, terminó convertido en el último expediente que el Estado “investiga con diligencia”… es decir, que archiva con prontitud.

La Fiscalía General del Estado informó ayer con su habitual tono de misa burocrática que ya abrió carpeta por “secuestro y homicidio” de “Pedro N.” (porque hasta la muerte, el anonimato procesal es más importante que la justicia). El cuerpo apareció con las manos amarradas, una bolsa negra en la cabeza, y las señales de un mensaje que nadie en el poder quiere leer.

El cadáver fue hallado a veinte kilómetros de su municipio, en un terreno entre Rincón de Soto y Aporo, donde, casualmente, también se extravían investigaciones completas. La dependencia asegura que “se investigan tres personas posiblemente relacionadas”. Es decir: tres chivos expiatorios en proceso de selección.

Ocampo, como gran parte del oriente michoacano, vive bajo una administración paralela donde los ayuntamientos presumen obra pública mientras pactan su propia supervivencia con los grupos armados. En ese tablero, un secretario municipal no es una autoridad: es un rehén de la geografía.

En Michoacán, uno no necesita leer la nota roja para saber que el poder público huele a pólvora. Basta con revisar la nómina del Ayuntamiento.

Con informacion: ELNORTE/

«NO le GUSTÓ INFORME de la ONU»: «AUN LIDERESA NACIONAL de MORENA en VIAS de ser SUSTITUIDA CUENTEA a la MILITANCIA de MANERA SESGADA,DOLOSA y ENGAÑOSA»…en vez de atender a las víctimas, protege la narrativa del partido.

Luisa Maria Alcalde, aun lideresa nacional de Morena en vías de ser sustituida (…por la Secretaria del Bienestar) salio a las redes a contradecir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con su habitual manual de negación: intenta vender como “descontextualización” lo que en realidad es una reacción defensiva frente a una resolución internacional gravísima. La ONU no está jugando al comentario de WhatsApp; está diciendo que hay indicios bien fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y que el caso de México merece la atención de la Asamblea General.

Que dice Luisa:

«En los últimos días se ha hablado mucho sobre el tema de desaparición a raíz de un informe publicado al respecto y, sobre todo, ante la cantidad de información falsa que se ha tratado de difundir, es importante señalar lo siguiente. Primero, que no se trata de un informe de la ONU,sino de un grupo de expertos que trabaja para la ONU. Segundo, que el análisis que se hace se basa en datos de 2009 a 2017.

Y tercero, que se considera únicamente los datos de cuatro entidades federativas. Por otro lado, indebidamente no se toman en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por los gobiernos de la Cuarta Transformación y, más grave aún, se cometen errores en la clasificación atípica de casos en los que el Estado no tiene participación como desaparición forzada, generando una confusión conceptual que, lejos de contribuir a resolver el problema, lo oscurece. Un informe que no distingue con precisión la responsabilidad estatal de otras formas de violencia como desapariciones por crimen organizado o desapariciones que no tienen que ver con delitos, no solo debilita el instrumento internacional, sino que dificulta que haya respuestas efectivas.

Ahora bien, respecto al registro de desaparecidos en México, la presidenta hace unos días presentó un informe que explica con toda claridad cuál es la situación actual. En 2017, derivado de una serie de reformas, se abrió a la posibilidad de que cualquier persona pudiera entrar a la base de datos y levantar un registro de desaparición, pero no había ningún rigor en este llenado. Esto generó que de los 132.534 registros de desaparecidos, 46.742, es decir, el 36%, no esté hoy vinculado a una persona.

Se trata de registros incorrectos, donde hay puntos, palabras, frases, signos de interrogación uotros elementos, pero que no puede hacerse un vínculo con una persona. Por otro lado, 40.308 registros, hoy identificados con personas a través de la CURP, se encontró que cuentan con actividades posteriores a su desaparición. Por ejemplo, altas en el IMSS, registros como beneficiarios de programas sociales, o que cambiaron su domicilio en el INE, o incluso alguna actividad como actas de matrimonio, divorcios, o cualquier otra actividad administrativa.

Este dato permite presumir que estas personas se encuentran con vida. Ahora, de ellas, 5.200 ya han sido ubicadas en sus domicilios y hoy se cuenta con la prueba de vida. Finalmente, existe un tercer grupo de 43.128 personas que están identificadas, asociadas con un CURP y de las cuales no se tiene información posterior a su desaparición, por lo que se mantiene una búsqueda intensa y permanente, hoy incluso derivado de las reformas reforzando a las comisiones de búsqueda.

En conclusión, nunca en la historia de este país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda y con la localización de personas desaparecidas.

Lo que sí dice la ONU

El Comité contra la Desaparición Forzada decidió llevar la situación de México a la Asamblea General, una medida excepcional que no se toma por capricho ni por caprichitos de partido. El propio texto difundido por la ONU señala que recibió información que apunta a desapariciones forzadas cometidas de manera continua y que pidió cooperación técnica, apoyo forense y mecanismos eficaces para verdad, búsqueda y protección de familias.

También hay un punto que Morena quiere borrar con retórica de espuma: el comité no dijo que exista una política federal explícita para desaparecer personas, pero sí habló de indicios de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos en muchos casos, además de vínculos con crimen organizado. Traducido al español llano: no hace falta una orden firmada en Palacio Nacional para que exista responsabilidad estatal cuando el aparato público falla, encubre o mira hacia otro lado.

La maniobra de Alcalde

Cuando Luisa María Alcalde descalifica la información, no refuta el fondo; intenta contaminar la discusión con la vieja fórmula de la duda conveniente. Esa estrategia sirve para ganar tiempo, no para responder por el tamaño de la crisis ni por el señalamiento internacional que ya quedó formalmente activado.

El problema del discurso morenista es su doble fondo: minimiza el contenido del informe, pero no ofrece una explicación equivalente sobre los hallazgos, las cifras ni la razón por la que un órgano de la ONU decidió escalar el caso. En vez de contestar con datos, responde con adjetivos; en vez de abrir archivos, cierra filas; en vez de atender a las víctimas, protege la narrativa del partido.

El sesgo del relato

La versión de Alcalde no es inocente: está diseñada para desplazar el foco desde la crisis hacia la supuesta mala fe de quien la denuncia. Ese giro es útil políticamente, porque convierte un señalamiento internacional en un pleito de comunicación, como si las desapariciones fueran un problema de encuadre y no de Estado.

Ahí está el sesgo: se habla de “desinformación” antes que de fosas, de “contexto” antes que de búsqueda, de “golpe político” antes que de impunidad. Pero la realidad que recoge el sistema ONU es brutalmente concreta: miles de restos no identificados, fosas clandestinas, investigación deficiente y una crisis que no se resuelve con propaganda de partido.

Con informacion: ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS/(ONU)

«SUPREMA CORTE le REGALA a PAJARO de CUENTA de la UIF de HARFUCH la FACULTAD de CONGELAR CUENTAS BANCARIAS SIN ORDEN JUDICIAL».. el dinero puede quedar secuestrado primero y discutido después.

La Suprema Corte acaba de darle a la UIF lo que muchos gobiernos sueñan y pocos admiten en voz alta: el poder de congelar cuentas sin pasar primero por un juez, siempre que alegue indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. En español llano: primero te inmovilizan el dinero y luego, si alcanza, te explican por qué.

La nueva liturgia del “plano preventivo”

La Corte decidió que bloquear cuentas no es una condena, sino una “medida cautelar” en nombre de la seguridad financiera. El argumento suena pulcro: no hay pena, no hay declaración de culpabilidad, no hay sustitución del Ministerio Público; solo una inmovilización temporal revisable y con audiencia administrativa.

La traducción política es más áspera: el Estado se reserva el derecho de apretar el botón rojo antes de que un juez revise el caso. Y cuando una autoridad presume que actuar “en prevención” justifica todo, la frontera entre combate al delito y castigo sin debido proceso se vuelve delgada, muy delgada.

El alcance real

El fallo no solo valida el bloqueo; también ordena el ritual burocrático posterior. El banco debe notificar a la persona afectada, esta tiene cinco días hábiles para pedir audiencia, la UIF debe celebrarla en diez días hábiles y resolver en quince.

Eso significa que el golpe económico llega primero y la defensa llega después, con reloj en mano y la cuenta ya congelada. Para un empresario, un comerciante o cualquiera que dependa del flujo diario de dinero, eso equivale a una sanción de hecho, aunque jurídicamente le llamen otra cosa.

Lo que preocupa

La Corte sostiene que no se viola la presunción de inocencia porque no se está declarando culpabilidad. El truco está en que, en la vida real, bloquear una cuenta puede destruir operaciones, nóminas, contratos y reputación antes de que llegue cualquier revisión formal.

Por eso el debate no es menor: si la UIF puede cortar liquidez con base en “indicios”, el poder financiero del Estado crece sin necesidad de una orden judicial previa. Y cuando el expediente se maneja desde Hacienda, el riesgo es obvio: que la prevención se convierta en una herramienta de presión política, administrativa o selectiva, incluso si el discurso oficial insiste en que todo es por seguridad.

Redacción irreverente

La Corte decidió vestirse de guardia de seguridad del sistema financiero y le entregó a la UIF el botón del apagón bancario. El argumento es elegante, casi de manual: no te castigan, solo te “previenen”; no te condenan, solo te inmovilizan; no te juzgan, solo te apagan la cuenta mientras llega tu turno en la ventanilla administrativa.

En la práctica, el mensaje es brutal: el dinero puede quedar secuestrado primero y discutido después. Y en un país donde el poder suele llegar antes que la prueba, esa “medida cautelar” puede terminar funcionando como un decomiso express con corbata institucional.

Con informacion: ELUNIVERSAL/