Luisa Maria Alcalde, aun lideresa nacional de Morena en vías de ser sustituida (…por la Secretaria del Bienestar) salio a las redes a contradecir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con su habitual manual de negación: intenta vender como “descontextualización” lo que en realidad es una reacción defensiva frente a una resolución internacional gravísima. La ONU no está jugando al comentario de WhatsApp; está diciendo que hay indicios bien fundados de desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad y que el caso de México merece la atención de la Asamblea General.
Que dice Luisa:
«En los últimos días se ha hablado mucho sobre el tema de desaparición a raíz de un informe publicado al respecto y, sobre todo, ante la cantidad de información falsa que se ha tratado de difundir, es importante señalar lo siguiente. Primero, que no se trata de un informe de la ONU,sino de un grupo de expertos que trabaja para la ONU. Segundo, que el análisis que se hace se basa en datos de 2009 a 2017.
Y tercero, que se considera únicamente los datos de cuatro entidades federativas. Por otro lado, indebidamente no se toman en cuenta todas las acciones realizadas a partir de 2018 por los gobiernos de la Cuarta Transformación y, más grave aún, se cometen errores en la clasificación atípica de casos en los que el Estado no tiene participación como desaparición forzada, generando una confusión conceptual que, lejos de contribuir a resolver el problema, lo oscurece. Un informe que no distingue con precisión la responsabilidad estatal de otras formas de violencia como desapariciones por crimen organizado o desapariciones que no tienen que ver con delitos, no solo debilita el instrumento internacional, sino que dificulta que haya respuestas efectivas.
Ahora bien, respecto al registro de desaparecidos en México, la presidenta hace unos días presentó un informe que explica con toda claridad cuál es la situación actual. En 2017, derivado de una serie de reformas, se abrió a la posibilidad de que cualquier persona pudiera entrar a la base de datos y levantar un registro de desaparición, pero no había ningún rigor en este llenado. Esto generó que de los 132.534 registros de desaparecidos, 46.742, es decir, el 36%, no esté hoy vinculado a una persona.
Se trata de registros incorrectos, donde hay puntos, palabras, frases, signos de interrogación uotros elementos, pero que no puede hacerse un vínculo con una persona. Por otro lado, 40.308 registros, hoy identificados con personas a través de la CURP, se encontró que cuentan con actividades posteriores a su desaparición. Por ejemplo, altas en el IMSS, registros como beneficiarios de programas sociales, o que cambiaron su domicilio en el INE, o incluso alguna actividad como actas de matrimonio, divorcios, o cualquier otra actividad administrativa.
Este dato permite presumir que estas personas se encuentran con vida. Ahora, de ellas, 5.200 ya han sido ubicadas en sus domicilios y hoy se cuenta con la prueba de vida. Finalmente, existe un tercer grupo de 43.128 personas que están identificadas, asociadas con un CURP y de las cuales no se tiene información posterior a su desaparición, por lo que se mantiene una búsqueda intensa y permanente, hoy incluso derivado de las reformas reforzando a las comisiones de búsqueda.
En conclusión, nunca en la historia de este país se había tenido un compromiso tan firme con la búsqueda y con la localización de personas desaparecidas.
Lo que sí dice la ONU
El Comité contra la Desaparición Forzada decidió llevar la situación de México a la Asamblea General, una medida excepcional que no se toma por capricho ni por caprichitos de partido. El propio texto difundido por la ONU señala que recibió información que apunta a desapariciones forzadas cometidas de manera continua y que pidió cooperación técnica, apoyo forense y mecanismos eficaces para verdad, búsqueda y protección de familias.
También hay un punto que Morena quiere borrar con retórica de espuma: el comité no dijo que exista una política federal explícita para desaparecer personas, pero sí habló de indicios de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos en muchos casos, además de vínculos con crimen organizado. Traducido al español llano: no hace falta una orden firmada en Palacio Nacional para que exista responsabilidad estatal cuando el aparato público falla, encubre o mira hacia otro lado.
La maniobra de Alcalde
Cuando Luisa María Alcalde descalifica la información, no refuta el fondo; intenta contaminar la discusión con la vieja fórmula de la duda conveniente. Esa estrategia sirve para ganar tiempo, no para responder por el tamaño de la crisis ni por el señalamiento internacional que ya quedó formalmente activado.
El problema del discurso morenista es su doble fondo: minimiza el contenido del informe, pero no ofrece una explicación equivalente sobre los hallazgos, las cifras ni la razón por la que un órgano de la ONU decidió escalar el caso. En vez de contestar con datos, responde con adjetivos; en vez de abrir archivos, cierra filas; en vez de atender a las víctimas, protege la narrativa del partido.
El sesgo del relato
La versión de Alcalde no es inocente: está diseñada para desplazar el foco desde la crisis hacia la supuesta mala fe de quien la denuncia. Ese giro es útil políticamente, porque convierte un señalamiento internacional en un pleito de comunicación, como si las desapariciones fueran un problema de encuadre y no de Estado.
Ahí está el sesgo: se habla de “desinformación” antes que de fosas, de “contexto” antes que de búsqueda, de “golpe político” antes que de impunidad. Pero la realidad que recoge el sistema ONU es brutalmente concreta: miles de restos no identificados, fosas clandestinas, investigación deficiente y una crisis que no se resuelve con propaganda de partido.
Con informacion: ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS/(ONU)
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