Si alguien pensaba que la corrupción en México ya no podía sorprender, este caso viene a recordarle que siempre hay espacio para el ridículo… y para el cinismo.
Un empresario oaxaqueño, Pedro Luis Morlet Sánchez, soltó más de 15 millones de pesos para “desaparecer” una investigación por lavado de dinero que, sorpresa: nunca existió. Lo estafaron con todo y membrete institucional.
Todo empezó el 26 de octubre de 2019, cuando Mario Ochoa y Josué Matus Meléndez se le acercaron con el clásico susurro que en este país suena más a amenaza que a advertencia: la FGR lo investigaba. Pero tranquilos, también traían la solución bajo el brazo. Le ofrecieron conectarlo con José Óscar Valdez Ramírez, supuesto mandamás de la Unidad Especializada en Delitos Fiscales y Financieros.
Morlet no lo dudó mucho. Entre el miedo y la lógica torcida del “más vale pagar que comprobar”, aceptó. Además, Valdez —alias “El Sultán”— ya tenía cierto historial turbio: semanas antes, su chofer había sido detenido con casi 4 millones de pesos en efectivo en la México-Toluca. Nada que no huela a normalidad en ciertos círculos.
El 1 de noviembre, en el restaurante Lipp del Marriott en Polanco —porque hasta para delinquir hay niveles—, le pusieron precio a su tranquilidad: 20 millones de pesos. Diez por adelantado y diez al final, con carpeta cerrada y asunto olvidado. Todo muy profesional, si uno ignora que era una farsa.
Morlet aceptó de inmediato. Incluso pidió un préstamo formal por más de 15 millones a una empresa, con notario incluido, para tener efectivo listo. El 8 de noviembre regresó al mismo restaurante y entregó los primeros 10 millones en una maleta. Así, sin pudor.
Días después, en un restaurante japonés de Plaza Artz, el empresario empezó a inquietarse: “El Sultán” había renunciado a la FGR. Mala señal cuando tu supuesto salvador abandona el barco. Pero Valdez tenía respuesta para todo: que regresaría como subprocurador en CDMX, que lo respaldaban desde Presidencia, que estaba “blindado”… y por si faltaba algo, hasta le ofreció una diputación plurinominal como seguro extra. Porque en México, al parecer, la impunidad también se legisla.
Para reforzar la ilusión, el 19 de noviembre le entregaron un documento “certificado” de no ejercicio de la acción penal. Trece páginas, firmas, sellos… y hasta un notario del Estado de México validando algo que la FGR ni siquiera certifica así. Un montaje con todos los accesorios.
Convencido, Morlet volvió a pagar. Dos días después, en el Hotel Diplomático, soltó otros 5 millones. Solo faltaba el último tramo.
El 4 de marzo de 2020 llegó con otra maleta… pero incompleta: 1.5 millones. Ahí se acabó la cortesía. Los supuestos funcionarios se pusieron estrictos: nada de abonos, solo pagos completos. La reunión terminó mal y, curiosamente, ese mismo día Morlet decidió hacer lo que no había hecho antes: acudir a la FGR.
Ahí vino el golpe de realidad: la carpeta FED/SEIDF/UEIDFF/OAXACA/00345/2017 jamás existió. Todo era un montaje. Había pagado millones para borrar un problema inventado.
La historia cerró con detenciones el 1 de diciembre de 2020: Valdez en Toluca, Pino en la Ciudad de México. Algunos implicados negociaron con la Fiscalía para salvarse. Valdez no corrió con la misma suerte: 27 años y medio de prisión por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Y aquí viene el remate digno de tragicomedia: durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Valdez ni siquiera era funcionario. Después, la propia FGR tuvo que admitir que sí lo era cuando cometió los delitos.
En resumen: un empresario pagando por una investigación fantasma, un falso —o verdadero— funcionario vendiendo impunidad, documentos “certificados” que no valen nada y una institución que no logra decidir si el culpable trabajaba ahí o no.
México, donde el fraude incluye factura, notario… y, si te descuidas, hasta curul.
Con informacion: ELNORTE/
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