La propia “vocería de seguridad” que invita a unirse al canal oficial de WhatsApp se sostiene en un vocero con historial de cárcel por secuestro y expedientes “limpiados”; traducido a lenguaje llano, el gobierno pide confianza ciudadana montado en un exrecluso reciclado en funcionario y propagandista.
La pregunta correcta no es si los ciudadanos “pueden” confiar, sino si es mínimamente sensato hacerlo cuando el mensajero es producto de un Estado que borra antecedentes para luego venderse como garante del “Estado de Derecho”.
El dato duro: quién es Willy
Willy Zúñiga Castillo ,actual Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y vocero de seguridad de Tamaulipas, y que recientemente salió a respaldar públicamente al gobernador Américo Villarreal tras las revelaciones del Los Angeles Times sobre investigaciones de EE. UU. por tráfico de huachicol.
El mismo relato recuerda que no se trata de un simple “perfil polémico” que al inicio del gobierno de Americo Villarreal fue nombrado rector de la Universidad de Justicia, sino de alguien acusado de secuestro, encarcelado en el penal de Ciudad Victoria y liberado gracias a un expediente mal integrado, con antecedentes que luego fueron “borrados” ,como también cita el periodismo nacional.
El contraste: del penal al WhatsApp oficial
Mientras este historial se documenta con referencias a expedientes de amparo y crónicas previas, la vocería oficial promueve un canal de WhatsApp como vía directa de comunicación con la ciudadanía para temas de seguridad y denuncia.
Es decir, el Estado le dice al ciudadano “confía en este canal institucional”, pero pone como rostro de esa institucionalidad a alguien señalado por secuestro, reciclado en cargos clave y ahora encargado de legitimar al gobernador en medio de señalamientos de vínculos criminales.
La catadura institucional
El texto que reseña Revista Vertical describe a Willy como parte de una generación de cuadros que pasaron por cargos de antisecuestros, delitos de alto impacto, fiscalías de desaparición y la Universidad de Seguridad, después de haber estado presos y estudiar “con la gente del crimen organizado” en el reclusorio.
También apunta que otro implicado en el mismo episodio, Pedro Efraín González Aranda, hoy funge como vicefiscal de delitos de alto impacto y violaciones a derechos humanos.
Mientras el fiscal general Govea Orozco arrastra su propia detención previa por vínculos con el Cártel del Golfo.
El mensaje detrás del canal
En términos políticos, el reportaje sostiene que Willy no llega a Américo por mérito moral, sino por utilidad: se presenta como “nueva fuerza de Morena” tras una trayectoria priista, ofrece lealtad y “buena conducta” y recibe a cambio el control de una vocería estratégica.
Tener a un exreo de secuestro como voz de la seguridad pública no es un descuido, sino una señal: la lealtad al gobernador pesa más que la reputación ante la ciudadanía, y las instituciones son usadas como escenografía para sostener esa relación de dependencia.
¿Pueden confiar los ciudadanos?
Que el Estado abra canales de WhatsApp para denuncias o comunicación no es en sí problemático; de hecho, tanto en Tamaulipas como en otras entidades la Guardia Estatal Cibernética y consejos ciudadanos han impulsado chats y líneas de atención similares.
Lo insostenible es que se pida “confianza” mientras la propia autoridad predica “confianza cero” en redes sociales y, al mismo tiempo, recicla cuadros con antecedentes de secuestro y vínculos con estructuras criminales para encabezar la comunicación en materia de seguridad.
En plata limpia: el ciudadano puede usar el canal si le es útil, pero no debería depositar confianza ciega en una vocería construida sobre expedientes borrados, favores políticos y un historial penal maquillado; lo razonable es asumir que el canal pertenece a un Estado de derecho de cartón y actuar con cautela, verificando siempre por otras vías.
Con informacion: NOTICIERO DE VICTORIA/ REVISTA VERTICAL/
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