Pedro Valencia Cerecero no llegó a la fiesta a la que se dirigía el 1 de abril. Llegó a una fosa improvisada en “La Silleta”, un paraje del oriente michoacano donde los silencios hablan más fuerte que las sirenas. Secretario del Ayuntamiento de Ocampo —bajo el gobierno de la alcaldesa petista Lety Arriaga—, terminó convertido en el último expediente que el Estado “investiga con diligencia”… es decir, que archiva con prontitud.
La Fiscalía General del Estado informó ayer con su habitual tono de misa burocrática que ya abrió carpeta por “secuestro y homicidio” de “Pedro N.” (porque hasta la muerte, el anonimato procesal es más importante que la justicia). El cuerpo apareció con las manos amarradas, una bolsa negra en la cabeza, y las señales de un mensaje que nadie en el poder quiere leer.
El cadáver fue hallado a veinte kilómetros de su municipio, en un terreno entre Rincón de Soto y Aporo, donde, casualmente, también se extravían investigaciones completas. La dependencia asegura que “se investigan tres personas posiblemente relacionadas”. Es decir: tres chivos expiatorios en proceso de selección.
Ocampo, como gran parte del oriente michoacano, vive bajo una administración paralela donde los ayuntamientos presumen obra pública mientras pactan su propia supervivencia con los grupos armados. En ese tablero, un secretario municipal no es una autoridad: es un rehén de la geografía.
En Michoacán, uno no necesita leer la nota roja para saber que el poder público huele a pólvora. Basta con revisar la nómina del Ayuntamiento.
Con informacion: ELNORTE/
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