La Fiscalía General de la República ha decidido regalarnos, una vez más, ese género literario tan mexicano: la exoneración exprés con aroma a soberanía ofendida. Rubén Rocha,gobernador de Morena con licencia de Sinaloa y su séquito pasan de sospechosos a inmaculados no porque se haya despejado la bruma, sino porque —según la narrativa oficial— Washington no trajo la tarea hecha. No hay pruebas, dicen. Como si en este país las verdades incómodas necesitaran sello notarial extranjero para existir.
El guion es conocido: cuando la evidencia estorba, se cuestiona la fuente; cuando el mensajero incomoda, se denuncia la intromisión. Y así, entre la indignación diplomática y el nacionalismo de utilería, la FGR voltea el chirrión por el palito y convierte una investigación sobre presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa en un pleito de patio entre Estados.
Ernestina Godoy eleva la apuesta: habla de “violaciones graves”, de secuestros en suelo mexicano, de pactos al margen de la ley. Todo muy solemne, muy jurídico, muy digno… si no fuera porque la misma institución que hoy exige respeto a la soberanía ha administrado, con notable parsimonia, expedientes donde la frontera entre gobierno y crimen organizado se difumina con sospechosa frecuencia.
Y mientras tanto, el episodio del Mayo Zambada se vuelve tragicomedia. Un capo histórico que cruza la frontera en un vuelo digno de serie de streaming, un piloto detenido, liberado, reciclado y finalmente “ofrendado” en paquete a Estados Unidos. Un personaje clave que en cualquier país funcional sería pieza central de la investigación aquí es apenas nota al pie en un intercambio diplomático que parece más negociación que justicia.
La Cancillería, por su parte, practica el deporte nacional de la transparencia selectiva: abre la puerta, pero deja el cerrojo puesto. Sí, se informará… pero no lo importante. No las notas diplomáticas. No lo que realmente podría incomodar. Transparencia, pero con reservas; verdad, pero administrada.
El resultado es una coreografía perfectamente ensayada: la FGR exonera, la SRE dosifica, Washington niega, y en medio queda una ciudadanía a la que se le pide fe, no evidencia. Fe en que no hay vínculos. Fe en que no hay pactos. Fe en que todo es un malentendido internacional.
Pero la fe, a diferencia de la justicia, no debería ser requisito para entender el funcionamiento del Estado.
Porque cuando un gobierno necesita explicar demasiado por qué no está coludido, lo que realmente está haciendo es confirmar que la sospecha dejó de ser una anomalía y se volvió sistema.
Con información: ELNORTE/
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