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miércoles, 22 de septiembre de 2021

"DIPUTADOS MALANDROS AVALAN REFORMAS BALINAS" y FISCAL de CABEZA de VACA TENDRA CHAMBA hasta el AÑO 2032 y FUE NOMBRADO en 2016...con candados "dizque irrompibles" para evitar su remoción.



Sin debate en reunión de la Comisión Permanente del Congreso de Tamaulipas, diputados locales avalaron ayer las reformas a la Constitución del Estado para evitar que la próxima Legislatura remueva al Fiscal General del Estado, Irving Barrios Mojica, y también pueda reelegirse otros siete años, a partir del 2025 que concluye el período para el que fue nombrado.

Con las modificaciones propuestas a la Carta Magna local que aprobaría la aplanadora panista en la próxima sesión extraordinaria que se lleve a cabo, buscan que Barrios, además, acumule un mandato por al menos 16 años consecutivos, que terminaría hasta diciembre del 2032 tras comenzar en 2016.

El ahora Fiscal fue nombrado por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, Procurador General de Justicia del Estado, en octubre de 2016.

Después en diciembre de 2018 el Congreso de Tamaulipas lo designó Fiscal por un período de siete años, que terminan en 2025.

La iniciativa de decreto que presentó ayer ante el Pleno la bancada del PAN fue aprobada sin discusión en la reunión de hoy de la Comisión Permanente por tres votos a favor, dos del PAN y uno de su aliado el PRI, por dos en contra de la fracción de Morena.

El documento que presentó el diputado local del PAN, Joaquín Hernández, plantea reformar el artículo 125, párrafo séptimo, fracción IV y octava, de la Constitución Política local, que elimina el impedimento para buscar la reelección del titular de la Fiscalía y darle rango constitucional.

"A efecto de que esté en condiciones de darle continuidad a su proyecto de consolidación institucional, en caso de que la legislatura estatal así lo crea conveniente al finalizar el período constitucional de su gestión", precisa.

"Se crea el mecanismo de ratificación de la remoción del Fiscal General de Justicia del Estado por la misma mayoría calificada del Congreso del Estado que designó al propio Fiscal General", agrega.

Lo anterior, tras el argumento de evitar que "una decisión política fundamental del Congreso pueda ser desbandada unilateralmente por el Poder Ejecutivo o una mayoría simple del Congreso".

La actual Legislatura de mayoría panista a partir del próximo 1 de octubre deja el control del Congreso a los diputados locales de Morena.

Además, luego de la reforma se homologa el procedimiento para la remoción de los Fiscales Especializados, al de remoción del Fiscal General de Justicia.

"A fin de dotar de la misma autonomía al conjunto de órganos que integran la Fiscalía, el Consejo de Fiscales y el Consejo Estatal de Política Criminal", puntualiza.

Esta homologación excluye al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, que se nombra a propuesta del titular de la FGJE en turno y por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado.

Quien es Barrios Mojica



El actual fiscal de Garcia Cabeza de Vaca,nombrado en el cargo en 2016,actualmente es indagado por autoridades federales en el contexto de una carpeta iniciada en marzo de 2014, cuando el ex-comisario de la  entonces Policia Federal de Caminos Javier Herrera Valles, denunció a la entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Marisela Morales y a su entonces coordinador de fiscales Irving Barrios Mojica y 3 Ministerios Públicos que participaron en la integración de una averiguación previa en su contra con testigos los protegidos Pitufo, Roberto López Nájera, con nombre clave Mateo", y Roberto López Nájera, identificado como "Jennifer" y que al final se derrumbo, como ha ocurrido con importantes casos en Tamaulipas. 


Autor del fallido "Michoacanazo" que detuvo a 35 y libero a 35.

Un ex presidente municipal arrestado en el 2009 durante una sonada operación antidrogas fue absuelto y liberado en 201l,era el último de los 35 funcionarios y alcaldes que permanecía detenidos bajo cargos de proteger a un cartel de las drogas en un operativo concebido desde la entonces SIEDO bajo responsabilidad del hoy Procurador de Tamaulipas Irving Barrios Mojic, al que por su fracaso se denomino "Michoacanazo" por haber sido realizado en Michoacán, el estado natal del entonces presidente Felipe Calderón.


Era una operación sin precedentes, pues autoridades federales detuvieron en mayo de 2009 a 30 funcionarios, policías y alcaldes de Michoacán, por supuestamente integrar una red de protección a La Familia, uno de los carteles más violentos y considerado el principal traficante de metanfetaminas. Al paso de las semanas se detuvo a otras cinco personas. 

Al paso de los meses, sin embargo, comenzaron a ser liberados al considerar falta de pruebas o sentenciarlos de manera absolutoria. 

Para el segundo semestre del 2010 ya habían sido liberados 34, y sólo quedaba en prisión Medina,liberado en 2011.

RIMBOMBANTE OPERATIVA de MUCHO RUIDO y NADA de NUECES

El michoacanazo arrancó el 26 de mayo del 2006 con un impresionante operativo en varios municipios, casa de gobierno y dependencias públicas de Michoacán, con la participación de elementos del Ejército, Marina y Policía Federal, deteniendo en paquete a los primeros 27 presuntos responsables. 

Cifra que aumentó los días posteriores hasta sumar 38 supuestos integrantes del crimen organizado dtenidos.

Tras la medida cautelar aplicada por la PGR fueron liberados: Audel Méndez Chávez presidente municipal de Coahuayana, José Cortés Ramos de Aquila y Osvaldo Esquivel Lucatero de Buenavista Tomatlán, al no encontrar la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) elementos para consignarlos. 

Los primeros en ser absueltos por falta de pruebas y libres de cualquier otro cargo fueron 12, entre ellos los expresidentes municipales de Tepalcatepec, Uruapan, Ciudad Hidalgo y Tumbiscatio. 

Así continuó el otorgamiento de libertades y todos fueron declarados inocentes luego de que las autoridades no encontraron elementos suficientes para fincarles alguna responsabilidad.

A MARCHAS FORZADAS:


Con informacion :El Economista/medios

martes, 21 de septiembre de 2021

"MUY OJON PA'PALOMA": "LENGUAS MALAS de la GENTE BUENA SEÑALAN que el VOLADO de CABEZA de VACA YA BUSCA VUELO y hasta SABEN DONDE VA ATERRIZAR"...pero tiene mucho que aterrizo en el endeble sistema de justicia y la estulticia 4T.



El futuro de Francisco Javier García Cabeza de Vaca es una cuestión de semántica: unos dicen que está por “irse” de México y otros dicen que “abandona” el país, pero los más enterados aseguran que el término correcto es “huir”.

Fuentes cercanas al gobierno de Tamaulipas contaron a EMEEQUIS que el aún mandatario ya prepara sus maletas para llegar a Estados Unidos, donde posee varias propiedades que forman parte de la investigación federal en su contra.

La principal hipótesis es que Cabeza de Vaca arribaría pronto a la ciudad de Hidalgo, Texas, donde él y su familia habrían adquirido, al menos, tres propiedades celosamente vigiladas por guardias privados, según la indagatoria federal contra Cabeza de Vaca por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude. 



Por ejemplo, el fraccionamiento Cimarron –donde el gobierno federal asegura que Cabeza de Vaca es el propietario de la casa 1704 en la calle Trinity, con un valor de 7.7 millones de pesos– tiene un acceso controlado por guardias armados y cámaras de vigilancia hasta en el campo de golf privado. Ese es el tipo de ambientes que buscaría el gobernador.


Otro posible destino para Cabeza de Vaca está en McAllen, Texas, donde él nació hace 54 años y también tiene una larga lista de propiedades millonarias que se le atribuyen y amigos poderosos. 

La razón para su rápida salida del país es que el tiempo se le agota: este 1 de octubre arranca la nueva legislatura en el Congreso estatal con mayoría morenista. Y Cabeza de Vaca cree que los nuevos legisladores tienen prisa para quitarle protección a nivel local.

Despojado del fuero por la Cámara de Diputados en la Ciudad de México –y probablemente por la mayoría morenista en el Congreso estatal– el gobernador de Tamaulipas quedaría sin blindaje contra una posible orden de aprehensión.

Y, debido a que los delitos que se le imputan ameritan prisión preventiva oficiosa, el panista sería enviado directamente a prisión, con altas probabilidades de que su nueva habitación sea una celda en la cárcel de máxima seguridad “El Altiplano”, antes conocida como “Almoloya”, en el Estado de México.

ALERTA MIGRATORIA POR AIRE, TIERRA Y MAR

La salida del país de Cabeza de Vaca sería un plan trazado con minuciosidad, debido a que desde el 19 de mayo el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el gobernador de Tamaulipas.

La alerta surgió horas después de que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto, informó que había ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias de Cabeza de Vaca.

Desde entonces, el panista asegura que la denuncia penal en su contra es una represalia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por su militancia opositora en la alianza de gobernadores que lanza dardos hacia Palacio Nacional.

Por otro lado, la Unidad de Inteligencia Financiera tiene un expediente de más de mil hojas que apuntan a que el gobernador de Tamaulipas se habría hecho millonario en el servicio público con dinero sucio proveniente del crimen organizado.


El caso, aseguran en la UIF, es imposible de perder: desde hace meses cuentan con elaborados mapas mentales que justifican cada línea de la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República.

EL QUE SE FUE A LA VILLA...

Pese a la solidez del caso, la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha emitido órdenes de aprehensión contra el gobernador o contra su familia, quienes por no gozar de fuero constitucional ya podrían ser aprehendidos.

Entre los morenistas más ruidosos para exigir que la Fiscalía General de la República se mueva con celeridad ante los rumores crecientes de la salida del país de Cabeza de Vaca, está el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, quien busca ser el candidato de Morena en las elecciones del 2022 para renovar la gubernatura de Tamaulipas.

“Sería una mentada de madre, una burla y una traición a los #tamaulipecos si dejan impune y libre al #goberladrón Cabeza de Vaca. La justicia no se negocia ¡@fgcabezadevaca debe ir a la cárcel ya!”, tuiteó Díaz Durán este domingo.

Sin embargo, hay aspirantes en Morena con mayores posibilidades, como Rodolfo González Valderrama, director general de Radio, Televisión y Cinematografía. También alzan la mano el senador Américo Villarreal y Maki Ortiz, alcaldesa saliente de Reynosa. 

Las elecciones para la silla grande de Tamaulipas son en 2022, pero dicen cercanos al gobierno de Tamaulipas que muy pronto quedará vacía: ya sea porque el mandatario “se va” o “huye” de México.

Fuente.-@emeequis /(Enlace Original)


"MULTIASESINOS del GOPES LLORAN en PRISION y se DICEN ENGAÑADOS por el GOBIERNO de CABEZA de VACA,"VAN a INCRIMINARLOS con CONFESIONES que DICEN FIRMARON SIN LEER"...la prision es el verdadero castigo que la muerte cancela.



“Nos quitaron las armas y posteriormente nos hicieron ir a la fiscalía con engaños, que nos iban a entregar las armas y los vehículos. Nunca nos dijeron que estábamos como sospechosos”. Es el testimonio de Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, policía estatal de Tamaulipas y una de las 12 imputadas por la masacre de Camargo en la que fueron asesinadas 19 personas, de ellas 17 migrantes centroamericanos.

Según su relato, el 29 de enero, una semana después del hallazgo de los cuerpos, fue citada junto con varios compañeros para declarar como testigos, pero se les obligó a entregar sus celulares y sus armas, que se convertirán luego en prueba contra ellos. Actualmente se encuentra en prisión vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.


Animal Político tuvo acceso a las audiencias celebradas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los días 2 y 8 de febrero. En ella, los acusados denunciaron irregularidades en el proceso y aseguraron haber sido conducidos con engaños a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGE) y sufrir presiones para sus declaraciones.

Vázquez Santillana estaba adscrita a la dirección de operaciones de la Policía estatal de Tamaulipas y era la oficial de mayor rango cuando tuvo lugar la masacre. No entró en detalles sobre dónde se encontraba el día de la masacre ni quiso rechazar las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Se centró en denunciar las presuntas irregularidades practicadas por los investigadores para sentarles en el banquillo de los acusados.

En aquellas audiencias solo declararon esta oficial y el comandante Horacio Rocha Nambo, quien el día de los hechos estaba al frente de las unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) que fueron señaladas por participar en la masacre. Su abogado, Jesús Eduardo Govea, insistió en que el modo en el que se obtuvieron las pruebas fue irregular y que no hay pruebas de que cada uno de los imputados tenga responsabilidad en los hechos.

Según el relato de Vázquez Santillana, los policías fueron citados en la sede de Seguridad Pública el día 29 por la mañana. Una vez allí les instruyeron para desplazarse a Fiscalía General del Estado (FGE) donde debían declarar en calidad de testigos. Sin embargo, fueron interrogados y obligados a entregar sus teléfonos celulares y sus armas.

“Nos retuvieron ahí, no nos dejaron agarrar el teléfono ni hacer llamadas. Nos tuvieron desde las 6 de la tarde del 29 hasta el 30, hasta las 7, 8 de la mañana”, dijo, con voz temblorosa, la oficial. Durante los interrogatorios, aseguró, los ministerios públicos les presionaban para que sus declaraciones fueran iguales entre sí. “Yo estaba declarando, el licenciado decía que los demás no decían lo mismo, y me estaba presionando”, afirmó la policía. “Nos decían que nos iban a meter de jale si no decíamos la verdad”, aseguró, ya entre lágrimas.

Una vez tomada la declaración de todos los policías quedaron en libertad, aunque sin armas y sin teléfonos celulares.

Posteriormente, el 2 de febrero fueron nuevamente citados en Fiscalía, donde ya les comunicaron su condición de imputados. Ese mismo día comenzó la audiencia inicial en la que fueron vinculados a proceso.

La ubicación de los celulares es clave

Para el abogado defensor Govea, la forma en la que se incautaron los celulares fue irregular, ya que no contaba con la autorización de un juez. Esto fue rebatido por la Fiscalía, que asegura que el proceso se dio con todas las garantías. El modo en el que se obtuvieron los teléfonos será una clave en el proceso. Las sábanas de llamadas y la geolocalización de los aparatos constituyen una prueba clave que explica la vinculación a proceso de los policías.

Como adelantó Animal Político, los teléfonos sitúan a los policías entre las 10 y las 11 de la mañana en las inmediaciones de la brecha de Camargo en la que aparecieron los cuerpos y las camionetas calcinadas.

El relato del comandante Nambo, el segundo en declarar en aquella audiencia, es coincidente con el de Vázquez Santillana. El oficial de los GOPES aseguró que el 29 de enero fueron citados en Fiscalía, donde les comunicaron que debían rendir entrevista como testigos. “Accedí, ya que se me dijo que iba como testigo. Estuvimos toda la noche, se me pidió mi teléfono, así como mi armamento”, explicó.

Esto motivó las sospechas del policía, quien preguntó por los motivos de este trato. “Pregunté si estaba detenido, me dijeron que algo así”, explicó. “Me hicieron sentir como un testigo, pero me custodiaban, me sentía privado de mi libertad”, afirmó. Horas después pudo regresar a su base aunque sin armas y sin teléfonos. Días después, el 2 de febrero, fue requerido nuevamente para trasladar los blindados de los GOPES ante el Ministerio Público. Al llegar le se leyeron sus derechos y quedó detenido, situación en la que permanece hasta la actualidad.

No ha trascendido al público el contenido de las entrevistas que los policías mantuvieron en la Fiscalía antes de ser detenidos, que ambos policías aseguran haber firmado sin leer.

“Se pretende utilizar sus entrevistas, a partir de su contenido, como declaración en la que se autoincriminen como partícipes”, denunció Govea, el abogado defensor.

Por ahora la única versión sobre cómo ocurrieron los hechos según los oficiales aparece en el informe policial homologado firmado por Vázquez Santillana. En él se asegura que llegaron al lugar de los hechos pasadas las 14.00 horas después de ser alertados sobre un tiroteo por parte de una persona que no quiso identificarse. Sus teléfonos celulares, sin embargo, los ubican en la zona cuatro horas antes, justo en el momento en el que los migrantes fueron asesinados y calcinados.

Las líneas de la defensa

La línea que marca el abogado defensor: las pruebas fueron obtenidas de forma irregular y, además, actualmente no hay modo de saber qué estaba haciendo cada uno de los imputados durante aquella patrulla. La Fiscalía, por el contrario, asegura que los policías persiguieron, tirotearon y calcinaron a las 19 víctimas, para posteriormente intentar ocultar las pruebas. La jueza por el momento ha dado credibilidad a la versión del Ministerio Público, ya que ordenó la prisión preventiva mientras se realizan las investigaciones complementarias. Está previsto que el próximo 8 de octubre tenga lugar la audiencia intermedia en la que deberá realizarse el desahogo de las pruebas de cara al juicio, ya que se amplió el proceso de investigación en dos ocasiones.

La masacre de Camargo fue perpetrada el pasado 22 de enero. En ella, 17 migrantes (16 guatemaltecos y 1 salvadoreño) y 2 mexicanos que trabajaban cruzando indocumentados a EU fueron asesinados y sus cuerpos quemados.

EL JEFE DEL GOPES INTOCABLE:


Actualmente existen dos investigaciones sobre el caso. Por una parte, la FGE de Tamaulipas mantiene la acusación contra 12 policías estatales, Jorge Chavarria Bárcenas, Hector Javier Alfaro Acuña, Ismael Vázquez León, Carlos Rodríguez Rodríguez, Jorge Alfredo Castillo Miranda, Williams Figueroa Medellin, Jose Luis Lopez Morales, Cristian Eduardo Gonzalez Garcia, Horacio Quirós Sanchez, Mayra Elizabeth Vazquez Santillana, Horacio Rocha Nambo y Edgar Manuel Antonio.

Por otra, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene abierta una carpeta en la que analiza una trama de corrupción derivada del hallazgo de un vehículo que había sido asegurado meses atrás en otro operativo contra la migración irregular. Por este caso hay vinculados a proceso 2 funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y 8 policías de Escobedo, Nuevo León.

Fuente.-(imagenes/twitter)

"NO VENIMOS a GANAR la GUERRA": DICE "DOÑA" ROSA ICELA RODRIGUEZ la "SESUDA e IN-UTIL" SECRETARIA de SEGURIDAD de lo que QUEDA de PAIS...inecesario aclarar lo evidente.


Al comparecer ante el Senado de la República, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que, lejos de buscar ganar la guerra, llegó a procurar la pacificación del País.

Arropada por los titulares de la Defensa, Marina y Gobernación, la funcionaria advirtió que, sin la pacificación de México, la 4T no podrá consolidarse.

Además, reclamó la participación de todas las fuerzas en la búsqueda de la pacificación.

"Estamos obligados a no politizar los temas de seguridad. Quienes nos conocen saben que no politizo la administración. Nuestro objetivo es servir con honestidad. En materia de seguridad tenemos que trabajar juntos: no debe haber distingo de colores", sostuvo.

La funcionaria alegó que el Gobierno de López Obrador busca combatir las causas que originan la violencia.

"No venimos a ganar una guerra. Venimos a ganar la paz", puntualizó.

"Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro Gobierno".

La sucesora del ahora Gobernador sonorense Alfonso Durazo aseguró que todos los días, desde temprana hora, trabaja para buscar la pacificación.

"Sería muy fácil evadir la responsabilidad de pacificación del País señalando que se trata de delitos del fuero común, pero ahí estamos todos los días", repuso.

Rosa Icela Rodríguez presumió indicadores a la baja en algunos delitos. En homicidios, de ocho por ciento; en secuestro, del 46 por ciento; en robo de vehículo, 40 por ciento; en transporte colectivo, 37 por ciento, y en hidrocarburos, 94 por ciento.

Al inicio de la primera ronda de preguntas, el titular de Gobernación, Adán Augusto López, se retiró de la comparecencia.

Fuente.-

"VIVA MEXICO ?": PARAJES del AGUERRIDO GUERRERO antes CONTROLADOS por la GESTA de INDEPENDENCIA YA SON TERRITORIO de la DELINCUENCIA ORGANIZADA"...resultado de uno o muchos esfuerzos mediocres.



Las regiones, parajes y actuales ciudades del estado de Guerrero que fueron escenario de la gesta de la Independencia en México, son actualmente controlados por la delincuencia organizada.

Acapulco, Chilpancingo, Tixtla, Zirándaro, Teloloapan, Iguala y Tepecoacuilco, sitios donde José María Morelos y Pavón y Vicente Guerrero Saldaña protagonizaron importantes batallas, se encuentran ahora hundidos en una crisis de violencia, corrupción, muerte, desaparición y desplazamiento forzado.

A 200 años de la proclamación de Independencia, en la mayoría de las regiones de Guerrero no hay libertad de prensa, hay nuevas formas de esclavitud –como la que sufren los campesinos, entre ellos menores de edad, obligados a sembrar enervantes– y la opulencia y la indigencia, como planteó Morelos en Los Sentimientos de la Nación, no han sido moderadas.

Apenas el pasado 13 de agosto el gobierno federal inició el programa Tianguis del Bienestar en el municipio indígena mixteco de Atlamajalcingo del Monte, en la región guerrerense de la Montaña, donde en 1815 el general Vicente Guerrero se atrincheró en el cerro de La Purísima y utilizó las dos campanas de la iglesia de San Juan Bautista para fundir municiones en su lucha contra los realistas.

El programa federal está enfocado a entregar de manera gratuita los bienes y recursos confiscados y decomisados en las aduanas del país a las poblaciones más vulnerables de 70 municipios considerados de extrema pobreza en cuatro estados: Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Incluso se mantiene una explotación minera sin precedente en Mezcala, Cocula, Teloloapan y Arcelia, donde está una de las vetas más importantes del país, conocida como “el cinturón de oro del río Balsas” y que actualmente beneficia a empresas canadienses como Leagold Mining y Torex Gold, asentadas en los municipios de Eduardo Neri y Cocula, respectivamente.

En esa franja de la entidad, donde el aire quema la piel y los cerros cortados en tajo se tiñen de rojo al atardecer, actualmente operan grupos armados que mantienen una confrontación por el control de las ganancias que genera la industria minera a cielo abierto, así como la producción y trasiego de heroína de Guerrero a Estados Unidos, de acuerdo con reportes oficiales difundidos por Proceso en abril de 2019.

Un informe de la empresa canadiense Torex Gold Resources, propiedad de Fred Staford, indica que en 2019 los complejos mineros Los Guajes-El Limón y Media Luna, en el municipio de Cocula, produjeron 449 mil 337 onzas de oro, que dejaron a la compañía extranjera ingresos por 632.5 millones de dólares. En 2018 esta compañía vendió 347 mil 640 onzas oro que le generó ingresos por 438.3 millones de dólares, indica el reporte.

Al mismo tiempo, la ausencia de justicia en la entidad es evidente y la inconformidad social se ha manifestado ante masacres y violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado, como el caso Ayotzinapa.

Sólo el año pasado ocho periodistas de Iguala y Chilpancingo fueron desplazados por la violencia criminal y durante el último sexenio del priista Héctor Astudillo Flores han sido asesinados seis comunicadores. Todos estos crímenes se mantienen impunes, según denunciaron públicamente trabajadores de los medios, que protagonizaron una protesta durante una gira que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 17 de julio en Chilpancingo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en Guerrero se han registrado oficialmente 12 mil 247 homicidios dolosos de 2015 a julio de este año; es decir, un promedio de 2 mil asesinatos al año en una entidad habitada por 3 millones 541 mil personas.

Las campañas de Morelos

Tres años antes del Primer Congreso de Anáhuac –realizado la noche del 13 de septiembre de 1813 en la iglesia de Santa María de la Asunción, de Chilpancingo–, José María Morelos y Pavón se había sumado a la lucha por la Independencia iniciada por Miguel Hidalgo, quien lo designó lugarteniente y le encomendó liberar la costa sur del virreinato.

El 7 de noviembre de 1810 Morelos tomó la provincia de Tecpan, lugar ubicado en lo que ahora se conoce como la región Costa Grande del estado de Guerrero, donde los hermanos Hermenegildo y Pablo Galeana se suman a la lucha y su bastión fue la legendaria hacienda de El Zanjón.

En su primera campaña, Morelos avanzó hacia Acapulco y al pasar por los actuales municipios de San Jerónimo y Coyuca, se incorporó a sus fuerzas Juan N. Álvarez y seis días después, el 13 de noviembre de ese año, se registró el primer enfrentamiento entre las tropas insurgentes y el Ejército realista de Luis Calatayud en el cerro del Veladero, considerado el anfiteatro del principal puerto del estado de Guerrero.

Documentos históricos refieren que el 6 de diciembre de 1810 Morelos fracasó en su intento de apoderarse del puerto de Acapulco y a partir del 5 de enero de 1811 comenzó a sitiar esa plaza estratégica del Pacífico desde el punto conocido como Paso Real de la Sabana, hoy un pueblo del mismo nombre, en la periferia con dirección a Chilpancingo.

Después, el 8 febrero del mismo año, Morelos atacó Acapulco desde el cerro de Las Iguanas, pero las fuerzas del realista Antonio Carreño rechazaron el embate con bombardeos desde el cerro de La Mira.

Actualmente, el puerto de Acapulco es considerado por la SSPC como uno de los municipios más violentos del país; después de su esplendor en la actividad turística, se convirtió en plaza estratégica del narco, donde el Cártel de Sinaloa se afincó durante el gobierno del exgobernador priista, recientemente fallecido, René Juárez Cisneros.

En mayo de 1811 Morelos se reagrupó –junto con Hermenegildo Galeana y los hermanos Leonardo, Vi´ctor, Ma´ximo, Miguel y Nicola´s Bravo– en la hacienda de Chichihualco, en la región Centro, actualmente colapsada por la confrontación armada entre grupos criminales, la cual se recrudeció en 2018 por el control de las zonas de producción de amapola y las concesiones mineras que se otorgaron durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El 24 de mayo de 1811 Morelos entró a Chilpancingo y el 13 de julio del mismo año ordenó acuñar moneda de cobre en Tixtla, para preparar y consumar la toma de Chilapa, un mes después, el 16 de agosto de 1811.

Así termina la primera campaña de Morelos en la región Centro de la entidad, donde ahora los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Tlacos protagonizan una brutal disputa por la plaza de Chilpancingo.

Mientras grupos de autodefensa donde participan niños han surgido en localidades indígenas nahuas del municipio de Chilapa, para confrontar a Los Ardillos, organización criminal que dirige la familia del actual diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez, indican reportes oficiales del gobierno estatal.

En noviembre de 1811 Morelos salió de Chilapa y avanzó a la región de la Montaña, donde comenzó su segunda campaña insurgente, sumando aliados como el cura de Huamuxtitlán, en la zona de la Cañada de la Montaña guerrerense.

En 1812 Morelos tomó las plazas de Izúcar y Cuautla, en el actual estado de Morelos. Entró además a Taxco y preparó desde Chilapa el asalto a Oaxaca, que se consumó el 25 de noviembre y donde participaron los insurgentes guerrerenses Nicola´s Bravo y Hermenegildo Galeana, así como Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria.

En febrero de 1813 Morelos salió de Oaxaca rumbo al puerto de Acapulco por la ahora llamada región de la Costa Chica y comenzó su cuarta campaña. Un mes después, en marzo, nombró a Vicente Guerrero comandante militar de Ometepec.

Del 6 al 12 de abril de ese año Morelos tomó Acapulco. El comandante realista Pedro Antonio Ve´lez se refugió en el Fuerte de San Diego. Después de sitiar la guarnición, los insurgentes sometieron a los realistas el 20 de agosto. Así concluyó la cuarta campaña de Morelos.

Así es como Morelos preparó el primer Congreso de Anáhuac en Chilpancingo para el 14 de septiembre de 1813, en la iglesia de Santa María de la Asunción, para sustituir a la Junta de Zitácuaro y declarar la independencia de la América Septentrional de la corona española, donde el insurgente se definió como Siervo de la Nación.

En el mismo lugar se emitió el documento Sentimientos de la Nación y la declaratoria que reivindica los derechos humanos y elimina la esclavitud y las castas.

Para 1814 los miembros del Congreso de Anáhuac se refugian en Tlacotepec, actual municipio enclavado en la zona de la Sierra de Guerrero, ante los embates del ejército realista y comenzó la debacle de Morelos, quien fue atacado en las montañas de Pilcaya, en la zona norte de Guerrero, y posteriormente fue capturado el 5 de noviembre en el poblado de Temalaca, Puebla, por las tropas del teniente coronel Manuel de la Concha.

Los registros históricos refieren que el enfrentamiento entre los insurgentes al mando de Morelos y los realistas en Temalaca dejó un saldo de al menos 300 muertos y 30 prisioneros, que fueron trasladados a Atenango del Río, hoy Guerrero, y en ese entonces bastión realista.

Luego, Morelos fue llevado a la Ciudad de México, donde lo sometieron a un juicio militar y eclesiástico en el fortín de La Ciudadela para ser fusilado y sepultado en San Cristóbal Ecatepec el 22 de diciembre 1815.

Guerrero continuó la lucha de Morelos. Entre sus batallas más emblemáticas destacan las del 15 de septiembre y 30 de septiembre de 1818. Al frente del Regimiento de San Fernando venció al comandante del Sur, José Gabriel de Armijo, en la batalla de El Tamo, Michoacán, y en la batalla del Cerro de Barrabás, en Zirándaro.

Guerrero protagonizó enfrentamientos desde la cuenca del río Balsas hasta su desembocadura en el Océano Pacifico del lado de la región de Costa Grande y los límites con Michoacán.

El 16 de noviembre de 1820 Agustín de Iturbide salió de la Ciudad de México al sur del país para combatir a Guerrero. En diciembre de ese año, Pedro Asencio de Alquisiras, lugarteniente del caudillo de Tixtla, derrotó a los realistas en las montañas de Tlatlaya, que actualmente es territorio del Estado de México, colindante con Acapetlahuaya y Arcelia, en Guerrero, donde el grupo delictivo de La Familia Michoacana mantiene el control.

En febrero de 1821 Iturbide pactó una tregua con Guerrero y se registró el episodio histórico conocido como “el abrazo de Acatempan”, en el municipio de Teloloapan, en la zona Norte de la entidad suriana y considerado bastión actual del grupo delictivo Guerreros Unidos.

El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Guerrero firman el Plan de Iguala, conocido también como El Plan de las Tres Garantías, donde refrendaron la independencia de México y proclamaron una religión única, la católica, así como la unión de los grupos sociales.

Hablar de Iguala en la actualidad es sinónimo de tragedia e impunidad, luego de que en septiembre de 2014 agentes del Estado, en coordinación con miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, atacaron y desparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.

Fuente.-

LOS "MATAN y TAMBIEN SOBORNAN a BANDIDOS": QUIERE la JUSTICIA FEDERAL "BLINDAR sus JUECES" con 844 MILLONES de PESOS MAS a su PRESUPUESTO...muchos son muy efectivo$.



Tras negarse a informar el número de jueces y magistrados amenazados en el país —a fin de salvaguardar su integridad—, el Poder Judicial de la Federación (PJF) solicitó a la Cámara de Diputados una ampliación en la partida contemplada en el presupuesto 2022 para garantizar medidas de protección inmediatas a los juzgadores.

MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2019


En total, el PJF estima destinar, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), 844 millones de pesos en 2022 (18 millones más que en 2021) para brindar medidas de protección a jueces y magistrados amenazados, del total de 76 mil 723 millones 20 mil 424 pesos que solicitó a los diputados para el próximo año.

SE PROTEGEN ENTRE ELLOS:

En el proyecto del PEF 2022, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destacó que, para blindar a los juzgadores de las amenazas del crimen organizado, modificó los procesos de asignación de medidas de protección.

“El Poder Judicial de la Federación mantiene como prioridad garantizar la protección y seguridad de juezas, jueces, magistradas y magistrados, de modo que la impartición de justicia quede blindada ante los embates de la delincuencia organizada y de quienes pretenden afectarla mediante actos de corrupción”, señala el documento.

FALLOS Y FALLAS:

“Ello ha conllevado la mejora de sus procedimientos de asignación de medidas de protección y seguridad para las personas juzgadoras, para evitar que los procesos administrativos obstaculicen esa acción prioritaria y así lograr menores tiempos de respuesta y determinaciones que auténticamente atiendan a cada tipo de riesgo”, agrega.

ASI DE EFECTIVO$:

Además del incremento presupuestal para proteger a los juzgadores, el PJF ha decidido mantener en secreto la cifra sobre jueces y magistrados amenazados.

En conferencia de prensa del pasado 8 de septiembre, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, fue cuestionado sobre este dato, pero rechazó darlo a conocer al considerar que aumentarían los riesgos.

DOMINGO, 26 DE NOVIEMBRE DE 2017

ASALARIADOS NECESITARIAN 12 AÑOS para GANAR lo QUE GANAN MINISTROS de (IN) JUSTICIA del PAIS...ademas de caros,chafas.

“Por razones de seguridad, nunca daré públicamente ningún comentario ni dato sobre la seguridad de los jueces, ni siquiera cifras”, comentó.

“La seguridad de las juezas, los jueces, de las magistradas y de los magistrados está por encima de cualquier otra cuestión y es mi deber cuidarlos y cuidarlas. Si damos cifras, si damos datos, si decimos en qué consiste la seguridad los hacemos vulnerables”, aseguró el magistrado.

Esto, a pesar de que en su primer informe de labores Zaldívar indicó que al cierre de 2019 en total 303 juzgadores solicitaron medidas de seguridad, de las cuales fueron asignadas 42.

En total, ese año 91 jueces y magistrados contaban con vehículos blindados; 89, con escoltas, y 89, con chalecos antibalas.

En enero de 2020, el CJF informó que se coordina con instituciones de seguridad federal para garantizar la protección a los jueces y magistrados que han recibido amenazas.

Para febrero siguiente, el consejo rechazó vía transparencia actualizar la cifra de juzgadores amenazados alegando razones de seguridad y reservó la información durante cinco años.

En junio de ese año, un comando armado entró al domicilio del juez Uriel Villegas y lo mató a él y a su esposa, Verónica Barajas, en la ciudad de Colima.

El juez, que conocía asuntos relacionados con el narcotráfico, fue amenazado indirectamente en abril de 2018. Se le implementaron medidas de seguridad, pero en febrero de 2019 renunció a ellas porque, dijo, se sentía fuera de riesgo.

En el informe de labores de 2020, el CJF eliminó los datos estadísticos sobre las medidas de seguridad implementadas a jueces y magistrados amenazados.

En una consulta de los registros del PJF, EL UNIVERSAL pudo constatar que, de los 826 millones de pesos que se destinaron para el rubro de seguridad de jueces y magistrados, el CJF contrató la compra de hasta 140 playeras antibalas.

Por estos productos, según el contrato adjudicado de manera directa con fecha 30 de septiembre de 2020, el CJF destinó un presupuesto de un millón 271 mil 70 pesos a pagar a la empresa Blindajes Urbanos, S. A de C. V.

Las medidas de seguridad y protección no sólo se implementan a juzgadores que han sido amenazados, también a aquellos que por razón de los asuntos que conocen, principalmente relacionados con el narcotráfico, el consejo determina asignarlas.

A pesar de los incrementos en el presupuesto para 2022, el Poder Judicial de la Federación estableció en el proyecto que el próximo año implementará más medidas de austeridad para concluir proyectos, como la instalación de la segunda etapa de los tribunales laborales, los nuevos centros de justicia penal y la creación de nuevos órganos jurisdiccionales.

Una de las medidas de austeridad anunciadas es que para 2022 jueces, magistrados y funcionarios del PJF de mando medio y superior no tendrán incrementos salariales.

fuente.-(imagen/twitter)

"BIEN INTENCIONADO" CUENTA su PESADILLA TRAS ser VICTIMA de la "IGNORANTE" GUARDIA NACIONAL que "CONVIRTIO ACTO de BUENA FE en TRAFICO de ILEGALES"...ahi donde empieza la ignorancia termina la razón.



A pocas horas de la pesadilla de ir a la cárcel y quedar libre, Jesús de León dijo que su único pecado fue haber dado raid a haitianos migrantes, luego de dirigirse a Reynosa a comprar medicinas para un familiar que no pudo conseguir en San Fernando.

El ciudadano originario de San Fernando, Tamaulipas, contó la historia que vivió por trasladar a migrantes de Haití para llegar a la frontera y cruzar a Estados Unidos.

Precisó que el pasado viernes tomó su camioneta, un vehículo americano, para dirigirse a Reynosa, luego de que en su municipio no encontró medicinas para un familiar.

Tras salir de su domicilio contó que se topó con grupos de haitianos que habían arribado el viernes a San Fernando procedentes de Poza Rica, Veracruz, y se le hizo fácil darles un aventón hacia Reynosa.

Sin embargo, cerca de 30 kilómetros antes de llegar a la ciudad fronteriza por la carretera Victoria-Reynosa, a la altura del parque eólico, agentes federales en varias unidades le indicaron que se detuviera.

Antes de llegar a la aduana de Reynosa paró su camioneta y fue detenido.

"Fui detenido casi llegando a Reynosa, antes de llegar a la aduana y me dicen que ahorita me van a bajar a los indocumentados y van a dejar que me vaya", relató.

"Un momento más llegan y me dicen que me vaya con ellos y me suben a una persona de migración y me dicen que los acompañe, que los siga a la patrulla, los sigo y van y me meten a la FGR", agregó.

Durante en el trayecto los agentes del Instituto Nacional de Migración le aseguraron que lo dejarían libre.

"Y por eso todo tranquilo, a todos los que les avisaba no pues aquí estoy, pero me van a dejar ir y pues ya más de rato nos dicen que no, que estamos detenidos y pues ya nos encierran, y nos quitan las pertenencias y me pasan a las celdas", añadió.

Desde una prisión en Reynosa alcanzó a publicar un mensaje en sus redes sociales sobre la situación por la que estaba pasando.

Sus familiares, entre ellos su hermano Ismael de León, comienzan a movilizarse para liberarlo y contactaron al activista del colectivo "Justicia Tamaulipas", Geovanni Barrios Moreno.


Barrios, después de horas de trámites y alegatos, consigue ponerlo en libertad, luego de 48 horas de permanecer en prisión.

"Estuvimos en la cárcel, pero no fue por delincuente, fue por hacer un bien y pues eso no nos va a detener, vamos a seguir adelante y vamos a apoyar a la gente que lo necesite", externó.

Durante su estancia en una celda dijo que le asignaron un defensor de oficio, aunque dijo que parecía más quien lo acusaba.

"El (defensor) de oficio prácticamente me estaba juzgando antes, en lugar de ayudarme, en lugar de que lo hayan nombrado defensor parecía el acusador", señaló.

"Sí es ilegal, pero ahí hay una parte donde dice que si es como una ayuda humanitaria cancela todo lo demás, todo acto delictivo, porque no hubo dinero de por medio, nadie me ofreció dinero a nadie le pedí dinero, entonces, con ese párrafo que dice ahí, ya nos beneficiaba", manifestó.

Aunque fue liberado, la camioneta donde trasladó a los haitianos aún permanece bajo resguardo de autoridades federales.

Para liberar el vehículo requiere que un ciudadano americano realice trámites de regularización de la unidad o de lo contrario la perderá.

"Es que tengo que buscar a algún ciudadano americano para que pase para el otro lado y haga los papeles", apuntó.

A su regreso a San Fernando, luego de quedar libre, fue recibido como un "héroe sin capa", por decenas de habitantes del Municipio.

"Llevaba dinero para un medicamento que aquí en San Fernando no lo encontraba, me lo consiguieron en Reynosa y para eso me moví, pues para conseguirlo", subrayó.

Y que dice la "Ley que se pasa por el arco del triunfo la ignorante Guardia Nacional".


La Ley Federal de Migración Artículo 159, establece que se impondrá pena de ocho a dieciséis años de prisión y multa de cinco mil a quince mil días de salario mínimo vigente del Distrito Federal, a quien “albergue o transporte por el territorio nacional, con el objeto de obtener directa o indirectamente un lucro, a uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión migratoria”.

Pero también señala que: “No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular, aún cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria”.

Asimismo, detalla que “las empresas dedicadas al transporte internacional terrestre, marítimo o aéreo que trasladen al país extranjeros sin documentación migratoria vigente, serán sancionadas con multa de mil a diez mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de que el extranjero de que se trate sea rechazado y de que la empresa lo regrese, por su cuenta, al lugar de procedencia”.

Con informacion.-Medios/

EL "IETAM" le TUMBA DIPUTACIONES PLURINOMINALES al PAN y se las ASIGNA a sus 'SOCIOS MALANDROS" del PRI...y dicen impugnaran ante el TRIFE.



El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) aprobó quitar 2 diputaciones plurinominales al Partido Acción Nacional (PAN) para reasignarlas en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que el tricolor se convierte de una fracción a un grupo parlamentario en la LXV Legislatura estatal.

La nueva asignación de curules de representación proporcional tiene un fuerte impacto para el PAN, quien perdió la posibilidad de turnarse, solamente con el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas.

De acuerdo con el nuevo acuerdo del Ietam, la bancada del PRI se integrará con las y los legisladores Edgar Melhem Salinas, Alejandra Cárdenas Castillejos, Luis Alejandro Guevara Cobos y Julianna Rosario Garza Rincones.

El grupo parlamentario blanquiazul se conformará con Luis René Cárdenas Galván, Danya Silvia Arely Aguilar Orozco, Carlos Fernández Altamirano, Myrna Edith Flores Cantú y Sandra Luz García Guajardo. Además, Gustavo Cárdenas Gutiérrez será el único representante de Movimiento Ciudadano.

Úrsula Patricia Salazar Mojica, Armando Javier Zertuche Zuani, Nancy Ruíz Martínez y Javier Villarreal Terán Morena serán los 4 diputados plurinominales de Morena, como se dio a conocer en el primer acuerdo del Ietam.

PAN impugnará reasignación

En rueda de prensa, el presidente estatal del PAN, Luis René Cantu Galván, anunció que impugnarán la reasignación de diputaciones plurinominales en la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación.

“En este caso la reasignación es arbitraria, con base en una metodología inventada y apartada de todo precepto legal, ya que no está permitido modificar la fórmula para la asignación de estas diputaciones, pues la fórmula está perfectamente expresada en el artículo 190 de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas”, dijo el dirigente partidista.

Además, Cantu Galván anticipó que presentará una demanda penal contra el senador suplente, Alejandro Rojas Díaz Durán, por probable enriquecimiento ilícito.


fuente.-

EL "CACHORRO" GERENTE del PAN-TAMAULIPAS "ACUSADO de MAÑOSO por el CARTEL del GOLFO" ACUSARA por "ENRIQUECIMIENTO ILICITO" a ALEJANDRO ROJAS el "COCO de CABEZA de VACA"...a quienes no les alcanza con 1 moral,la tienen doble.



El presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Luis René Cantú, anunció que presentarán una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Alejandro Rojas Díaz Guzmán, ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE).

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados ante una persona que ha venido a querer mentir, calumniar y difamar a los tamaulipecos”, expresó esta tarde en rueda de prensa.

HAY QUIENES NO COMPLETAN CON 1 MORAL Y LA TIENEN DOBLE:


Presentó datos que afirmó proceden de publicaciones en diferentes medios de comunicación de nivel nacional. “Están sustentados con documentos del registro público de la propiedad y de comercio de la Ciudad de México”, agregó.

Cantú señaló que en los últimos 21 años el actual senador suplente únicamente ha tenido ingresos como servidor público, “sin embargo, se da una vida llena de lujos a base de corrupción, transas y mentiras”.

Mencionó algunos de los cargos con los ingresos que habría tenido si no hubiera gastado nada, así como se refirió a propiedades presuntamente de Rojas Díaz Durán, “¿de dónde sacó este ladrón, este mentiroso todo ese dinero? Si en toda su vida ha ganado 16 millones de pesos”, cuestionó Cantú.

Antes, en un video que subió a sus redes sociales, Alejandro Rojas Díaz Durán insistió en realizar fuertes señalamientos en contra del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca; además, dijo que el nuevo Congreso del Estado de mayoría Morena debe ratificar que “Francisco García Cabeza de Vaca no tiene fuero”.

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