"CIENFUEGOS NO es INOCENTE": EL "EJERCITO esta INFILTRADO por el NARCOTRAFICO,ESTA CORROMPIDO el ESTADO,la MARINA y la POLICIA": AFIRMA GENERAL que "SABE de AGUACATES"...o sease todos en el ajo con total desparpajo.

Cienfuegos no es inocente aunque le hayan retirado los cargos, dijo el General Gallardo, quien asegura que la no acción penal en el caso “Padrino” prueba que el poder civil en México está sometido al poder militar, y que el Gobierno federal está infiltrado por el crimen organizado. Una situación que además de poner en vilo el desarrollo democrático del país, abre la puerta a un posible proceso en contra del Presidente López Obrador por parte de autoridades estadounidenses, explicó.

Ciudad de México, 19 de enero (SinEmbargo).- Salvador Cienfuegos Zepeda “está bajo dos jurisdicciones, y de las dos jurisdicciones se escabulló”, dijo en entrevista el General en retiro José Francisco Gallardo Rodríguez. En su opinión, ni las autoridades civiles ni las autoridades militares actuaron con apego al Estado de derecho, ya que el exsecretario de la Defensa Nacional del peñanietismo (2012-2018) fue exonerado sin un proceso de investigación, sin comisiones de la verdad y con el consentimiento y encubrimiento del Ejecutivo federal y de integrantes de una élite castrense, entre ellos el actual jefe de las Fuerzas Armadas, el General Luis Cresencio Sandoval González.

El 14 de agosto de 2019, un jurado federal estadounidense en el Distrito Este de Nueva York acusó al General Cienfuegos “de participar en un plan de importación y tráfico de drogas” orquestado por Juan Francisco Patrón Sánchez, mejor conocido como el “H2”, uno de los líderes del Cártel de Los Beltrán Leyva, se lee en una misiva fechada al 29 de octubre de 2020 que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) le envío a la Secretaría de Relaciones Exteriores encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón.

El 15 de octubre del año pasado, Cienfuegos fue arrestado en el país vecino; y un mes y tres días después, en medio de tensiones diplomáticas entre México y Estados Unidos, el General de División fue entregado por las autoridades estadounidenses a la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que en dos meses determinó –con base en las pruebas documentales aportadas por la DEA– que el General “nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva” y “tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos”.

El General Gallardo es un defensor de los derechos humanos que ha estudiado a fondo la relación entre el poder político y el poder militar. Foto: Andrea Murcia, Cuartoscuro.

De acuerdo con el General Gallardo, la jurisdicción civil –a través de la FGR– debió de utilizar como base las acusaciones de la DEA para iniciar una investigación propia y entonces lindar o deslindar responsabilidades. En cambio –dijo– hubo una decisión unilateral y exprés desde la Presidencia de la República para dejarlo ir en libertad sin aparentes consecuencias para Cienfuegos, pero con evidentes secuelas en materia de credibilidad institucional relacionada con la impartición de justicia en México.

Para Gallardo, los altos mandos militares tampoco están exentos de responsabilidades en el caso Cienfuegos. Pero explicó que en mayor medida, la responsabilidad recae en el Presidente López Obrador porque él es el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de acuerdo con lo que establece el Artículo 89 (fracciones VI y VII) de la Constitución Mexicana.

“Yo no creo que el Secretario de la Defensa Nacional [Luis Cresencio Sandoval González] no le haya pedido su autorización [al Presidente Andrés Manuel López Obrador] para liberar a Cienfuegos. Tampoco creo que [Sandoval] haya tenido el valor civil para haberle dicho [a AMLO] que no se puede [liberar a Cienfuegos] porque va en contra del Fuero de Guerra”, dijo Gallardo en entrevista con SinEmbargo.

Pese a lo anterior, el también activista en materia de derechos humanos refirió que las probables violaciones del General Salvador Cienfuegos a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada tienen implicaciones de índole militar.

“El Código de Justicia Militar previene en los artículos 275 Bis y Ter que cualquier individuo militar que se coluda con el narcotráfico o se sume a las filas del narcotráfico será sancionado con 15 a 60 años de prisión y baja de las Fuerzas Armadas. Eso le aplica a Cienfuegos, pero tiene varios supuestos, y uno de ellos también dice que cualquier militar que permita la fuga o libere a cualquier delincuente del crimen organizado igualmente le aplica la sanción que dije. Lo digo por lo de Ovidio [Guzmán Loera] a quien liberaron por una orden presidencial. Aquí el asunto es que también le cae esta responsabilidad a Andrés Manuel”, recordó Gallardo.

La falta de ejercicio de la acción penal en contra de Cienfuegos es uno de los grandes errores del actual sexenio, no sólo porque demuestra la debilidad del control civil-democrático que existe en México sobre las Fuerzas Armadas, sino también por las tensiones que genera y que generará con el Gobierno de Estados Unidos, ya que es un asunto que involucra temas de seguridad nacional y de relaciones bilaterales internacionales, frente al cual el Gobierno de México se muestra como el “alcahuete” del crimen organizado, lamentó el también académico universitario.

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–La no acción penal en el caso Cienfuegos pone en duda al Estado de derecho y a la llamada “cuarta transformación”. Pero en realidad, como caso de alto perfil con consecuencias diplomáticas era un escenario previsto. ¿Qué hay que hacer para limpiar al Ejército? Porque si no es Cienfuegos el que hace acuerdos con criminales, es y serán otros. Además hay acuerdos tácitos entre Dios y el Diablo, entre el Estado y el crimen organizado. Siempre han existido e incluso son necesarios o inevitables en la práctica política para contener violencias y controlar poderes fácticos. ¿Qué puede decir de esto último?

–Este tema pone sobre la mesa de discusión muchas cosas. Una de ellas es que desde que los militares empezaron a participar en la lucha contra el narcotráfico todo mundo –académicos, políticos, periodistas, investigadores, etcétera– dijimos que había riesgo de infiltración del crimen organizado y del narcotráfico en las cúpulas del Ejército. De 2007 a la fecha […] eso se está viendo y se está confirmando esa hipótesis que muchos teníamos, que era difícil. Incluso yo siempre he dicho que el Ejército está infiltrado por el narcotráfico. Está corrompido el Estado y el Ejército y la Marina y la Policía. Aquí el tema es que esas reglas no escritas no tienen que ver nada con el Estado de derecho; no tienen que ver nada con el sistema de justicia. 

Lo que sucede es lo siguiente: si hubiera un control civil-democrático, no hubiera estos problemas. El control civil-democrático tiene que ver con los controles institucionales del Ejecutivo sobre la rama militar, así como con los controles del Legislativo sobre los controles del Ejecutivo sobre la rama militar. Aquí también entra la intervención de la Suprema Corte de Justicia para definir los temas de Justicia Militar.

–¿Por qué no hubo una comisión de la verdad en el caso Cienfuegos? No está mal decir “no tenemos pruebas, pero te voy a investigar”. 

–En este punto concreto hay una situación grave: cuando Andrés Manuel permite al Ejército involucrarse en todos los temas que sabemos que le ha adjudicado… Las construcciones de bancos, de hospitales, del aeropuerto Felipe Ángeles, de Dos Bocas, del Tren Maya, entre otros, Andrés Manuel termina dependiendo del Ejército y está gobernando a través de un Ejército que está infiltrado por el crimen organizado. Entonces aquí, lo que a mí me queda claro en lo particular es que tenemos un Gobierno infiltrado por el crimen organizado. Por eso tantas matanzas y por eso no se puede resolver el asunto de la inseguridad. Todos los días hay [matanzas] y ahora el foco está en Guanajuato. Todos los días hay 10, 15, 20 muertos y ay la llevamos. Andrés Manuel ahorita trae un récord de 80 asesinatos diarios por los 23 meses que trae, son 56 mil muertos.

Tampoco no extrañe. Al ratito vas a ver como el asunto de Cienfuegos lo van a reservar no sé por cuánto tiempo. Incluso ya fue reservado desde el punto de vista económico. Hubo un comunicado en el Ejército que decía que estaba prohibido estrictamente hacer comentarios sobre el tema.  

El general Sandoval (izq.) y el General Cienfuegos (der.) durante la ceremonia de cambio de mando en 2018. Foto: Maria Jasso, Cuartoscuro.

–Entonces parece claro que la extradición de Cienfuegos y su liberación es imposible de explicar sin las conexiones políticas del General. Ese es un verdadero ejemplo de ejercicio de poder. ¿Hubo presión del Ejército para que ello sucediera? ¿Qué tan amplio es el poder de Cienfuegos dentro del Ejército?

–Hay una cofradía dentro del Ejército. La cofradía del Ejército que hace su aparición después de la masacre del 68 toma una gran relevancia porque el Ejército antes estaba a cargo de los militares revolucionarios. A partir de allí empiezan a egresar los de la Escuela de Guerra que se conocen como Diplomados de Estado Mayor. Entonces este grupo que es muy pequeño, no pasan de mil gentes en todo el Ejército, son los que manejan toda la información del Ejército. Manipulan, tienen los mejores cargos, los mejores premios, los mejores sueldos, etcétera. Es una élite que está corrompida por el crimen organizado.

Todo el asunto de Tlatlaya, el General que estuvo allí fue un General Diplomado de Estado Mayor; el Comandante que estaba en Ayotzinapa, igual; los comandantes que han estado en todas las masacres últimas, desde 1994, Acteal y todas las que conocemos, todos los mandos son Diplomados de Estado Mayor y están impunes. Tan es así, que ahora Andrés Manuel ascendió en bloque a todas estas personas que estaban señaladas por violaciones a los derechos humanos. Te digo porque esa fue una discusión y un dictamen que hubo y que está disponible en la página del Senado. Entonces sí, efectivamente, hay una presión muy fuerte por parte de estos grupos militares que podrían ser controlados por el Ejecutivo y el Congreso, pero no lo hacen.

Hay diferentes artículos de la Constitución que dicen cómo el Congreso debe controlar la rama militar del Poder Ejecutivo; y aparte de ello hay una situación grave que yo veo: con la reforma que se hizo para crear la Guardia Nacional… Con esa reforma lo que hizo Andrés Manuel es desaparecer los controles para manejar a las Fuerzas Armadas. Entonces por eso está la situación así. ¿Y quienes son los beneficiados? Pues el mismo Ejército. Cualquier cosa que sale, luego luego la declaran como de seguridad nacional. Cuando estaban pidiendo cuentas del asunto del Aeropuerto Felipe Ángeles, se reservó porque fue un asunto se seguridad nacional. Y así te puedo contar un montón: el asunto de Ayotzinapa, ya lo quieren cerrar; el asunto de Tlatlaya, ya lo quiere cerrar… Pero aunque lo cierren o exoneren, el delito allí está. Y si no lo sancionan conforme a derecho, no se va a resolver. Por ejemplo, a mí me decían que Cienfuegos es inocente. ¡No! Cienfuegos no es inocente; le retiraron los cargos. No ha demostrado su inocencia y no ha habido un proceso [que linde o deslinde responsabilidades].

–Porque es un miembro de la élite militar.

–¿Y quién articula dentro del Ejército el Sistema de Justicia Militar? El Secretario de la Defensa. Y el Secretario de la Defensa es parte de lo mismo.

–O sea que, para que todo esto de Cienfuegos pasara, ¿Sandoval tuvo que haber metido las manos?

–Por supuesto, claro que sí, el principal. Él no tiene el valor civil para decirle abiertamente al Presidente que inicie un proceso en contra de Cienfuegos. Por eso hizo lo que hizo cuando mandó al General [Carlos] Gaytán [Ochoa]: para que hiciera la carta [de 2019 en la que cuestiona las decisiones del Ejecutivo federal para pacificar al país] y se hiciera el debate. Incluso se manejo ahí la cuestión de un Golpe de Estado, pero el Golpe de Estado lo dio el mismo Gobierno. Se dio un autogolpe con esa reforma [de la Guardia Nacional].

–Como sea, el caso Cienfuegos lastimó al Ejército. Una acusación de la DEA, aunque no hubo consecuencias legales, es un antecedente serio, más en un contexto de militarización de las acciones de seguridad pública y en que el Ejército mexicano es un pilar de la gobernabilidad del actual sexenio. Es decir, ni la infraestructura ni las vacunas se mueven sin los castrenses. ¿Cuál es y será la consecuencia del caso Cienfuegos en las estructuras de poder del Ejército y cómo impactará la relación Ejército-poder político?

–En este tema en concreto, ¿qué es lo que va a pasar? Pues esa relación [Ejército-poder político] va a demostrar que el poder militar está por encima del poder civil, y esto trastoca el desarrollo democrático del país. Esto lo vamos a ver reflejado en las elecciones que vienen.

Por otra parte está lastimada la relación de poder dentro del Ejército, porque el actual Secretario de la Defensa está encubierto por Cienfuegos. Fue encubierto por Cienfuegos porque él siendo Comandante de la Zona de Piedras Negras en el año 2011-2012 fue responsable de una ejecución que hubo de 300 personas en Allende, Coahuila. Sandoval era el Comandante de allí y lo encubrió Cienfuegos. Hay tres o cuatro investigaciones sobre ese tema. Está una del Colegio de México, una de la Universidad de Austin en Texas y una de una revista que se llama Express o algo así, además de una que hizo la revista Proceso. ¡Y este señor es el Secretario de la Defensa! Entonces si procesan a Cienfuegos, él también se va.

–Hablamos de un pago de favores.

–De lealtades entre comillas. Pero son lealtades mal entendidas. Eso no es lealtad, eso es complicidad. Entonces esa relación que dices está desgastada y hay mucha desconfianza de un lado y otro, pero como Andrés Manuel le ha metido la mano al Ejército, pues él depende de las decisiones de los altos mandos militares y eso está muy mal.

–Más si añadimos las reformas y el uso del Ejército como servicio de paquetería, constructora, policía, guardia electoral, entre otros, en que además del Ejército, el beneficiario es el Ejecutivo. ¿Quien nos asegura que la eliminación de controles del Ejecutivo para manejar a las Fuerzas Armadas no puede terminar en la configuración de camisas negras o pardas? Porque hoy en día también están disfrazados de civiles.

–Aquí veo un asunto bien delicado: si esta situación sigue así, con la aquiescencia y la alta alcahuetería del Gobierno hacia el Ejército, en un momento dado pueden acusar a Andrés Manuel [López Obrador] y a [Marcelo] Ebrard [Casaubón] por conspirar en contra de Estados Unidos. Ve lo que está pasando con el Presidente de Honduras. Ahorita [a Juan Orlando Hernández] lo están acusando de eso más o menos; de lo mismo que está pasando ahorita aquí en México. Él cuando fue Presidente conspiró con el narcotráfico en contra de Estados Unidos. Ahora que viene Joe Biden, pues va a chocar Andrés Manuel porque trae una agenda totalmente diferente con el tema de derechos humanos, tráfico de armas, combate a narcotráfico, el asunto climático, de sindicatos y de migración. Todo es diferente y nos van a presionar más. Esta situación debilita la confiabilidad sobre la estructura del Estado.

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"...y NO LLEGO por TIERRA": "TROCA" VUELCA en CALLES de CDMX con 200 TABIQUES de COCAINA en DOBLE FONDO y el CHOFER se ESCABULLE...si quería llegar rápido,habia que irse despacio.

El conductor de una camioneta que, aparentemente, circulaba a exceso de velocidad sobre la avenida Río San Joaquín, en el cruce con la calle Ingenieros Militares, en las inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo, perdió el control de la unidad y volcó.

Al momento en que elementos de la Policía capitalina llegaron a brindarle los primeros auxilios, encontraron en un doble fondo del vehículo 200 "tabiques" de lo que podría ser cocaína.

Los policías trasladaron la unidad Hyundai a la Agencia Especializada contra Narcomenudeo, ubicada en la avenida Jardín en Azcapotzalco.

En este lugar se harán las pruebas pertinentes para confirmar si se trata de cocaína, la cual estaba en un doble fondo del vehículo. Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.

Primeras versiones señalan que el chofer escapó, por lo que hasta el momento no hay detenidos.

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"PERSEGUIDO por ESCAPARSE de PENAL,la FGR LLEGO a FUNERARIA SINALOENSE a CONFIRMAR MUERTE del "AZUL ESPARRAGOZA" ULTIMADO por el TEMIBLE COVID-19...ráfagas de replicas del virus acabaron con el a los 49 años.

Juan José Esparragoza Monzón, "El Negro", hijo de Juan José Esparragoza Moreno, "El Azul", falleció por Covid-19 en una clínica de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con el semanario Ríodoce, Esparragoza Monzón, de 49 años, ingresó con un nombre falso a la clínica Cemsi y posteriormente su cuerpo fue velado en la funeraria Moreh.

El hijo del Azul había sido detenido el 19 de enero de 2017, en un operativo de la Marina y la otrora Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, en marzo escapó del Centro Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, antes de ser extraditado a Estados Unidos.

A la funeraria Moreh llegaron agentes de la Fiscalía General de la República, quienes intentaban identificarlo, ya que aún se le perseguía.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a otra funeraria.

El cuerpo de "El Negro" fue velado en la funeraria San Martín, del fraccionamiento Montebello, a donde llegaron decenas de coronas florales.

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LA "INOCENCIA del GENERAL CIENFUEGOS APESTA con OLOR a FARSA,DUDA e IMPUNIDAD del EJERCITO que SOSTIENE la FORTALEZA y el ANDAR del PRESIDENTE...bronca toca la puerta y viene enlodadero mayúsculo.

Doble y triple sacudida ha dejado el caso Cienfuegos dentro y fuera de México. El gesto nacionalista de defenderlo a capa y espada le salió por la culata al comandante supremo de las fuerzas armadas. De inmediato fue mal visto y reprobado en todas partes, bueno en casi todas, menos en Lomas de Sotelo, en donde se esperaba con ansias la confirmación oficial de la intocabilidad del general secretario en tiempos de Peña Nieto.

Y así fue. En el primer acto de esta tragicomedia, el presidente López Obrador se vio ingratamente sorprendido por la detención del ex secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en octubre del año pasado, derivado de una operación de inteligencia al estilo norteamericano de la que nadie o casi nadie le avisó, excepto la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, pero solo con 15 días de anticipación.

En ese mismo primero acto, AMLO se enojó mucho. Digerido el golpe, el presidente tabasqueño instrumentó paso a paso una hábil y diabólica campaña en varios frentes en los que hasta el momento ha sacado ventaja. Enojado, nacionalista y arropado por los militares (Ejército y Marina, porque la Fuerza Aérea no tiene voz ni voto), Andrés Manuel se quejó del incumplimiento de los acuerdos bilaterales de asistencia y cooperación en materia judicial, sobre todo en donde la letra grande dice que en casos delicados ambos países compartirán información clasificada para brindarse apoyo mutuo, es decir, para trabajar con base en la confianza mutua.

Sumergidos en el lodazal de las elecciones presidenciales, los funcionarios de Donald Trump mordieron el anzuelo y cedieron y luego de tener y retener al general Cienfuegos en Los Ángeles y en Nueva York, lo repatriaron a México quitándole casi todos los cargos por narcotráfico y lavado de dinero por los que la DEA había pedido su captura.

Segundo acto; la repatriación del general Cienfuegos era con la condición de que acá la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigara a fondo y para ello la Fiscalía General de los Estados Unidos le entregó al canciller Marcelo Ebrard el expediente de 751 páginas de las pesquisas de la DEA que sirvieron para acusarlo en la misma corte que lleva el caso de Genaro García Luna.

Tercer acto: enormes y grotescas dudas se ciernen sobre la FGR, heredera de los estropicios, las mentiras (Ayotzinapa, Tlatlaya, Aguas Blancas, etc), los abusos, las fabricaciones y verdades históricas de la PGR de la era priista y del breve periodo panista. Básicamente esa misma institución se encargaría de investigar ni más ni menos que al ex secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, y a la propia SEDENA, la consentida de la Cuarta Transformación.

Mismo tercer acto: la FGR investiga al general Cienfuegos, pero con base en el expediente de la fiscalía norteamericana, y concluye que no hay materia para procesar al ex secretario de la Defensa de México. Con Donald Trump derrotado y acusado de generar violencia golpista, AMLO se lanza a la yugular de la Estatua de la Libertad y hace pública la investigación de la DEA, descalifica a la agencia antidrogas y además (ya encarrerado el ratón) le advierte al nuevo mandatario Joe Biden que México no va a permitir intimidaciones y menos con base en expedientes fabricados para lesionar a las instituciones. Masiosare, pues.

En cuestión de minutos los gringos se quejan y le advierten a AMLO que la historia no se ha terminado y que ellos pueden reactivar el expediente de Cienfuegos cuando así lo decidan, es decir, pueden poner de nuevo en tela de juicio y sacudir a la SEDENA –en una de esas y también a la Marina–, señalar con nombre, apellido, grado, cargo y lo que surja, a militares en el activo, a generales de tres estrellas en el retiro, a civiles y servidores de la nación de aquel y de este y del otro sexenio (hay que recordar que la investigación de la DEA comenzó en 2013 y en 2015 les brincó el nombre de Cienfuegos Zepeda): pueden o podrían o intentarían exhibir a la SEDENA de ayer y a la de hoy, a la que sostiene en estos momentos la credibilidad, la fortaleza y el andar del presidente. Nada más eso.

Revelar en México el expediente de la DEA contra Cienfuegos no solo provocó el enojo y la “decepción” de la justicia estadunidense: también enredó y contaminó otro posible caso contra Cienfuegos en cualquier corte norteamericana, porque las probatorias hechas públicas serían inválidas en ese mismo proceso e inútiles en otro, aunque fuera en contra de los integrantes del cártel que operaba u opera en Nayarit. Diabólica carambola jurídica del comandante supremo.

Y, por si fuera poco, AMLO ordena revelar también el expediente armado por la FGR para saber si Cienfuegos era o no candidato a un proceso penal en contra.

Horas después de haberlo ordenado, la FGR abrió un espacio y difundió los 118 documentos contenidos en dos tomos divididos en dos secciones; la primera con 14 partes y la segunda con 6 partes, además de 98 Anexos en los que 58 están enfocados al general Salvador Cienfuegos Zepeda y 17 al general Virgilio Méndez Bazán, ex subsecretario de la Defensa Nacional de 2012 a 2014, en el final del gobierno de Felipe Calderón y el inicio del de Peña Nieto.

Otros 23 Anexos se enfoca en datos solicitados a la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (21 documentos) y a entidades financieras y fiscales para conocer información patrimonial del general Cienfuegos (2 Anexos).

En total, el expediente de la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional consta de 6 mil 628 páginas, de las cuales más de la mitad están testadas. Además, no se trata de documentos a hoja seguida, sino con hojas en blanco entre cada elemento de prueba presentado por el abogado Rafael Heredia Rubio, representante legal del general Cienfuegos o solicitado por la fiscalía a la SEDENA como parte de su investigación.

Y ocurrió lo que ya sabemos; que no hubo elementos para someterlo a juicio.

Hasta aquí todo iba bien para el presidente, para Cienfuegos, para la SEDENA y para el gobierno del tabasqueño, pero, en términos mediáticos locales y foráneos, el resultado han sido un boomerang, rotulado con palabras como “duda”, “impunidad”, “farsa” y otras más, firmadas por decenas de organizaciones civiles y ciudadanos demandando no solo una investigación real por parte de la FGR, sino la remoción de su titular, Alejandro Gertz Manero, la publicación de todo el expediente sin tachaduras y que la investigación se extienda a otros personajes de la administración castrense, lo cual ya está sucediendo.

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DE "KIKI CAMARENA al MAÑOSO GENERAL CIENFUEGOS": UNA SERIE de DESENCUENTROS entre la DEA y las AUTORIDADES MEXICANAS...tres décadas de camino tortuoso.

Desde hace tres décadas, la relación entre la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y las autoridades mexicanas ha atravesado por un camino tortuoso de desencuentros, que pasan por la desconfianza y la tensión, y que parecen solucionarse con acuerdos de colaboración institucional, pero en realidad han abierto la brecha entre ambos países.

Especialistas en la materia explicaron que los altibajos entre la DEA y el gobierno mexicano han existido siempre, pero el caso de tortura y homicidio del exagente Enrique "Kiki" Camarena, que ocurrió en 1985, enfatizó las diferencias en la colaboración en materia de seguridad.

El más reciente caso fue el del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Salvador Cienfuegos Zepeda, quien en octubre pasado fue detenido por autoridades estadounidenses en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Posteriormente fue presentado ante una Corte federal en Nueva York por acusaciones de lavado de dinero y narcotráfico. El gobierno mexicano cabildeó con las autoridades de Estados Unidos el regreso del general y la entrega de las pruebas en su contra para investigarlo.

El jueves la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que, luego de dos meses de investigación, decretó el no ejercicio de la acción penal a favor de Cienfuegos Zepeda pues, dijo, no halló pruebas en su contra.

Al día siguiente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó dar a conocer la investigación que Estados Unidos envió a México contra el general, misma que consta de más de 700 páginas de mensajes que supuestamente intercambiaron integrantes y capos del Cártel de los Beltrán Leyva, y en los que vinculaban al general Cienfuegos Zepeda en actividades delictivas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el especialista en seguridad Alejandro Hope señaló que históricamente la relación entre la DEA y el Ejército mexicano no ha sido muy buena, mientras que con la Marina sí hay más cohesión.

“La DEA nunca ha tenido muy buena relación con el Ejército, sí la ha tenido con la Marina (…) El Ejército siempre ha tenido cierto recelo en la colaboración con Estados Unidos porque es más naconalista, la Marina es más cosmopolita en ese sentido y ha sido menos reacia a tener relación con otras autoridades”.

Por el caso Kiki Camarena, Estados Unidos inició una investigación que hasta la fecha mantiene al capo Caro Quintero en el primer lugar de la lista de los más buscados y por el que se ofrece la mayor recompensa económica por parte del gobierno estadounidense.

La recompensa que la DEA ofrece por el capo Rafael Caro Quintero, liberado en México en 2013.

 

En 1989, el gobierno de Estados Unidos detuvo al doctor Humberto Álvarez Machain, acusado de coparticipar en la tortura y homicidio del exagente de la DEA, sin avisar a autoridades mexicanas. El exprocurador General de la República (PGR), Ignacio Morales Lechuga, recordó que, como pasó con Cienfuegos, las autoridades mexicanas hallaron diversas irregularidades en las pruebas que el fiscal estadounidense tenía contra el médico.

Humberto Álvarez Machain fue detenido por la DEA en 1989; el caso fue polémico por el tipo de pruebas que se presentaron en su contra.

 

“En lugar de utilizar el tratado de extradición o bien ofrecernos los datos, lo secuestraron y se lo llevaron a Estados Unidos, lo presentaron ante el juez de instrucción, lo tuvieron detenido tres años y para 1992 no pudieron armar el expediente completamente con el detenido en California.

“Nosotros empezamos en 91, cuando tomé posesión, a intervenir en lo que podría ser una coad- yuvancia y un amicus curiae en el juicio que se estaba ventilando ante la Corte por violación al tratado de extradición y por el secuestro que había efectuado la DEA”, detalló.

En octubre de 1992 un agente ministerial mexicano descubrió que los testigos protegidos que la fiscalía de Estados Unidos tenía para incriminar a Álvarez cargaban un historial delictivo amplio y que cada uno recibía aproximadamente 5 mil dólares mensuales por parte de la DEA para su manutención en territorio estadounidense a cambio de información.

Con esto, el juez del asunto calificó de ilegales las pruebas y ordenó la inmediata liberación del doctor. Cada año, cuando se cumple un aniversario del homicidio del exagente, la DEA lo recuerda con una campaña antidrogas y reprocha públicamente al gobierno mexicano que Caro Quintero permanece prófugo, luego de que, por error judicial, fue liberado bajo el argumento de violaciones al debido proceso.

“Pareciera que el fantasma Kiki Camarena sigue presente en la relación bilateral en materia de cooperación antidrogas”, afirmó Morales Lechuga.

Hope consideró que la DEA permanece obsesionada con el caso Camarena pero enfatizó que la colaboración cotidiana entre México y Estados Unidos en materia antidrogas ha tenido épocas buenas y malas en estos años.

Precisó que la publicación de la investigación que Estados Unidos tenía contra Cienfuegos y los señalamientos de que se trataba de pruebas fabricadas pueden dañar no sólo las relaciones entre ambos países en materia de seguridad, sino otros rumbos, y calificó esta tensión como la peor crisis en por lo menos 20 años.

Raw Deal fue la operación que llevaron a cabo la DEA y los gobiernos de México y China en 2007; incautaron drogas y detuvieron a 127.  

“Esto sí puede tener consecuencias a largo plazo, como que se interrumpa el intercambio de información durante un buen rato, que la asistencia jurídica mutua se vea, si no interrumpida, sí dificultada, que los casos que se están trabajando conjuntamente colapsen, como algunos que probablemente sean importantes para el gobierno de México, que haya una escalada de fricción en esto, es decir, que el tema de seguridad empiece a contaminar otras áreas de la relación, entonces no es un tema menor lo que sucedió.

“Este es el momento de mayor fricción entre el aparato de inteligencia de Estados Unidos en por lo menos 20 años y puede tener una consecuencia en términos diplomáticos, puede contaminar otras áreas de la relación también, no es trivial lo que se vivió en estos días (…) el problema fueron las formas y el momento ese sí va a tener consecuencias, cuáles, todavía no sabemos”, dijo.

Morales Lechuga coincidió en que fue desacertado publicar las pruebas de la DEA sin autorización del gobierno estadounidense: “La forma en que se aceleró el cierre del caso antes de la salida de Trump va a generar muchas dudas y más que ayudar al gobierno o al país y al propio general, tal vez establezcan más dudas.

“Hubo una precipitación en la investigación, debió haberse hecho una investigación más profunda que probablemente llegue a la misma decisión, pero con más evidencias”. Destacó que en el sexenio de Carlos Salinas, cuando él fue procurador, se tuvo que generar un nuevo protocolo de coordinación de México con las agencias extranjeras.

“Estaban acostumbrados como ahora a tomar contacto con policías municipales, federales, estatales, el Ejército, la Marina y lo que dijimos fue: ‘No, el órgano competente para investigar y perseguir delitos es el Ministerio Público, entonces ustedes no pueden entrar en contacto con quien quieran, los delitos contra la salud son federales, en consecuencia ustedes tendrán que tener como interlocutor a la PGR’”.

Jorge Lara Rivera, exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la extinta PGR, coincidió en que la relación entre la DEA y México siempre ha sido compleja y tensa.

“Es una relación compleja, con buenas épocas y con momentos difíciles, porque se está enfrentando a un fenómeno de altísima dificultad que es el crimen organizado transnacional, y las investigaciones de este tipo de grupos suponen el intercambio de información que muchas veces no fluye de manera óptima por falta de confianza o actos de corrupción”.

Lara Rivera explicó que aunque la DEA realiza su trabajo con desconfianza ante las instituciones mexicanas, el Departamento de Justicia estadounidense, del que forma parte esta agencia, debe prevenir que su oficina cometa abusos y excesos.

El especialista agregó que la información en materia de seguridad entre México y Estados Unidos fluye a diario, pero señaló que hay casos donde la comunicación sólo es entre grupos “autocontenidos”, muy pequeños, para evitar fugas de información.

“Esto se justifica cuando se trata de servidores públicos o perfiles que pudieran estar muy vinculados a casos de corrupción, en ese caso no puedes poner en sobreaviso a todo un esquema de gobierno, porque corres el riesgo de que un mal elemento pueda estropear toda una investigación que alomejor llevó años”, adujo.

Indicó que es necesario que México y Estados Unidos reparen sus diferencias en materia de seguridad, de lo contrario los grupos criminales aprovecharán la factura para seguir operando.

En cambio, para Daniel Francisco Cabeza de Vaca, extitular de la PGR, la relación entre México y la DEA “ha sido muy amplia, muy fructífera, no ajena a altibajos y algunos desencuentros, pero desde lo que nos tocó vivir en lo general siempre ha sido una relación de colaboración que ha dado frutos para nuestros dos países”.

Aunque consideró que esta relación ha dejado más saldos positivos, reconoció que la desconfianza de Estados Unidos hacia los funcionarios mexicanos ha generado baches en el intercambio.

“Es una desconfianza que ha nacido últimamente, en algunas épocas anteriores no se percibía tan manifiesta. Debe entenderse que los grupos delictivos están más avanzados muchas veces que nuestras propias autoridades mexicanas y estadounidenses en temas de inteligencia y contrainteligencia, tienen especialistas en desinformación y la capacidad de meter infiltrados a los policías.

“La DEA siempre ha estado consciente de esto y se ha generado desconfianza”, señaló Cabeza de Vaca.

Por ese motivo, el especialista urgió que México y Estados Unidos trabajen en recuperar su confianza y combatan el narcotráfico no como un problema de un solo país, sino como regional.

“Se necesita una relación de confianza y de mayor integración, aspectos que tiendan a una integración no sólo de un intercambio de información, sino una verdadera investigación conjunta, una corporación unificada”, precisó.

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LAS "MENTIRAS NO DESAPARECEN con el MENTIROSO y ESO es lo MALO de MISTER TRUMP"...mejor que se guarde, porque la justicia aguarda.

Cuando Donald Trump se presentó ante sus seguidores el 6 de enero y los exhortó a dirigirse al Capitolio de Estados Unidos, estaba haciendo lo de siempre. Nunca se había tomado la democracia electoral en serio ni había aceptado su legitimidad en Estados Unidos.

Incluso cuando ganó, en 2016, insistió en que las elecciones habían sido fraudulentas, en que su rival había recibido millones de votos falsos. En 2020, consciente de que iba por detrás de Joseph R. Biden en las encuestas, pasó meses asegurando que las elecciones iban a estar amañadas y que no pensaba aceptar el resultado si no le era favorable. Al acabar la jornada electoral, proclamó, sin razón, que había ganado, y después se dedicó a endurecer su retórica: poco a poco, el resultado pasó a ser una victoria de dimensiones históricas y las diversas conspiraciones que, según él, se la querían arrebatar se volvieron más elaboradas e inverosímiles.

La gente le creyó, lo que no resulta sorprendente. Es necesario un esfuerzo tremendo para educar a los ciudadanos y lograr que resistan la poderosa atracción de creer en lo que ya creen, o en lo que cree la gente de su entorno, o en lo que da sentido a sus decisiones anteriores. Platón señaló un peligro concreto para los tiranos: que se rodearan de sumisos y aduladores. A Aristóteles le preocupaba que, en una democracia, un demagogo rico y con talento pudiera controlar con demasiada facilidad las mentes del pueblo. Los redactores de la Constitución estadounidense, conscientes de estos y otros riesgos, establecieron un sistema de controles y contrapesos. El propósito era no solo garantizar que ningún brazo del Estado dominara a los demás, sino también que en las instituciones hubiera siempre distintos puntos de vista.

En este sentido, la responsabilidad del intento de Trump de invalidar las elecciones corresponde también a un vasto número de congresistas republicanos. En lugar de llevar la contraria a Trump desde el principio, dejaron que su engaño electoral prosperase. Tenían distintos motivos para hacerlo. A algunos les interesa, sobre todo, amañar el sistema para conservar el poder y aprovechar al máximo las ambigüedades constitucionales, la manipulación de las circunscripciones electorales y los fondos opacos para ganar elecciones con una minoría de votantes motivados. No les conviene la desaparición de una forma peculiar de representación que otorga a su partido un control desproporcionado de la Administración. El miembro más importante de este grupo, el senador Mitch McConnell, toleró las mentiras de Trump sin hacer ningún comentario sobre sus consecuencias.

Otros republicanos tenían un punto de vista distinto: pensaban que podían romper el sistema y alcanzar el poder sin democracia. La separación entre estos dos grupos, los manipuladores y los rupturistas, se hizo claramente visible el 30 de diciembre, cuando el senador Josh Hawley anunció que apoyaría a Trump recurriendo la validez de los votos el 6 de enero. Ted Cruz se sumó, junto a otros 10 senadores. Más de un centenar de congresistas republicanos asumieron la misma postura. Muchos actuaron de cara a la galería: el recurso de los votos electorales de los Estados se traduciría en retrasos y votaciones individuales, pero no cambiaría el resultado final.

Sin embargo, para el Congreso, degradar su papel fundamental tuvo un precio. Una institución electa que se opone a unas elecciones está invitando a que la derroquen. Los congresistas y senadores que respaldaron las mentiras del presidente a pesar de las pruebas inequívocas en su contra traicionaron su misión constitucional. Al actuar basándose en sus mentiras, hicieron que estas cobraran cuerpo y que Trump pudiera exigirles la sumisión a sus deseos. Trump depositó personalmente en el vicepresidente, Mike Pence, que debía presidir la sesión de ratificación de los votos, la responsabilidad de pervertirla. Y el 6 de enero ordenó a sus seguidores que presionaran a esos representantes elegidos. Le hicieron caso: invadieron el Capitolio, buscaron a quién castigar y saquearon el edificio.

Todo esto tenía algún sentido: si era cierto que las elecciones habían sido fraudulentas, como insinuaban los propios senadores y congresistas, ¿cómo iban a permitir que siguiera adelante el Congreso? Para algunos republicanos, la invasión del Capitolio debió de ser una conmoción o una lección. Para los rupturistas, en cambio, quizá fue solo un aperitivo del futuro. Después de los sucesos, 8 senadores y más de 100 congresistas votaron en favor de la propia mentira que les había obligado a huir del Capitolio.

La posverdad es prefascismo; y Trump ha sido el presidente de la posverdad. Cuando renunciamos a la verdad, cedemos el poder a quienes tienen la riqueza y el carisma necesarios para crear en su lugar un espectáculo. Sin un consenso sobre ciertas verdades básicas, los ciudadanos no pueden formar una sociedad civil que les permita defenderse. Si perdemos las instituciones que producen las realidades que nos afectan, tendemos a obsesionarnos con abstracciones y ficciones llenas de atractivo. La verdad se defiende especialmente mal a sí misma cuando escasea, y la era de Trump —como la de Vladímir Putin en Rusia— ha supuesto el declive de la información local. Las redes sociales no sirven como sustitutas: sobrealimentan los hábitos mentales que nos empujan a buscar estímulo y confort emocional, y se difumina así la diferencia entre lo que parece cierto y lo que realmente lo es.

La posverdad desgasta el Estado de derecho y promueve un régimen basado en mitos. En los cuatro últimos años, los expertos académicos han debatido sobre la legitimidad y el valor de hablar de fascismo en referencia a la propaganda trumpista. Una postura cómoda es tachar esas menciones de comparaciones directas, consideradas tabú. El filósofo Jason Stanley ha hecho algo más productivo, tratar el fascismo como un fenómeno, como una serie de patrones que se observan no solo en la Europa de entreguerras, sino en otros lugares y épocas.

Yo creo que conocer mejor el pasado —fascista o no fascista— nos permite percibir y conceptualizar elementos del presente que, si no, podríamos ignorar, además de pensar en términos más amplios sobre las posibilidades futuras. En octubre vi claramente que el comportamiento de Trump presagiaba un golpe de Estado y lo escribí en algún artículo; no porque el presente sea una repetición del pasado, sino porque el pasado arroja luz sobre el presente.

Como los líderes fascistas históricos, Trump se presenta como la única fuente de verdad. Su uso del término fake news (noticias falsas) recuerda al insulto nazi Lügenpresse (prensa mentirosa); igual que los nazis, califica a los periodistas de “enemigos del pueblo”. Igual que Adolf Hitler, Trump llegó al poder en un momento en el que la prensa tradicional estaba en horas bajas; la crisis financiera de 2008 hizo a los periódicos estadounidenses el mismo daño que la Gran Depresión a los alemanes. Los nazis pensaron que podían usar la radio para sustituir el viejo pluralismo de la prensa escrita; Trump ha intentado hacer lo mismo con Twitter.

Gracias a las posibilidades tecnológicas y a su talento personal, Donald Trump ha mentido a un ritmo tal vez inigualado por ningún otro dirigente histórico. En su mayor parte, se trataba de pequeñas mentiras que solo tenían peso por acumulación. Creérselas implicaba aceptar la autoridad de un solo hombre, porque significaba dejar de creer en todo lo demás. Una vez establecida esa autoridad personal, el presidente podía tachar a todos los demás de mentirosos e incluso hacer que alguien pasara de ser un leal asesor a un mentiroso sinvergüenza con un solo tuit. Sin embargo, mientras no pudo imponer alguna mentira verdaderamente importante, alguna fantasía que crease una realidad alternativa en la que pudiera vivir y morir gente, su prefascismo se quedó en eso.

Algunas mentiras, la verdad, eran de tamaño medio: su triunfo en los negocios, que Rusia no le ayudó en las elecciones de 2016, que Barack Obama nació en Kenia. Esas mentiras de tamaño mediano son habituales entre los aspirantes a tiranos del siglo XXI. En Polonia, la extrema derecha construyó un culto martirológico basado en responsabilizar a los rivales políticos del accidente aéreo en el que murió el presidente. En Hungría, Viktor Orbán culpa de los problemas del país a una minoría cada vez menor de refugiados musulmanes. Esas afirmaciones no son verdaderamente grandes mentiras: estiran lo que Hannah Arendt llamó “el tejido de la realidad”, pero no llegan a romperlo.

Una gran mentira histórica que examina Arendt es la explicación que dio Josef Stalin de la hambruna en la Ucrania soviética en 1932-1933. El Estado había colectivizado la agricultura y después había implantado en la región una serie de medidas de castigo que inevitablemente iban a hacer que murieran millones de personas. Sin embargo, la explicación oficial fue que los que estaban muriendo de hambre eran provocadores, agentes de las potencias occidentales que odiaban tanto el socialismo que estaban suicidándose. Otra ficción aún mayor, en el estudio de ­Arendt, reside en el antisemitismo de Hitler: las afirmaciones de que los judíos gobernaban el mundo, que eran responsables de las ideas que envenenaban las mentes alemanas, que habían apuñalado por la espalda a Alemania durante la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, Arendt pensaba que las grandes mentiras solo son eficaces en las mentes solitarias; su coherencia ocupa el lugar de la experiencia y el compañerismo.

En noviembre de 2020, a través de las redes sociales, Trump contó a millones de mentes solitarias una mentira peligrosamente ambiciosa: que había ganado unas elecciones que, de hecho, había perdido. Esta mentira sí fue grande en todos los sentidos: no tanto como la de que los judíos gobernaban el mundo, pero casi. Estaba en juego algo muy importante, el derecho a gobernar el país más poderoso del mundo y la eficacia y honradez de sus procedimientos de transmisión de poderes. El grado de falsedad era inmenso. No solo era una afirmación falsa, sino que estaba hecha de mala fe, con fuentes poco fiables. Contradecía las pruebas, pero también la lógica: ¿cómo (y por qué) iban a manipularse unas elecciones contra un presidente republicano, pero no contra los senadores y congresistas republicanos? Trump tuvo que hablar de algo absurdo: unas “elecciones (presidenciales) amañadas”.

El poder de una gran mentira reside en que obliga a creer o dejar de creer en muchas otras cosas. Para justificar un mundo en el que las elecciones presidenciales de 2020 fueron fraudulentas hay que desconfiar de los periodistas y de los expertos, y también de los representantes de las instituciones locales, estatales y federales; desde los funcionarios electorales a los cargos electos, el Departamento de Interior e incluso el Tribunal Supremo. Y eso debe ir necesariamente acompañado de una teoría de la conspiración: pensemos en cuántas personas tendrían que haber participado en el plan y cuánta gente tendría que haber ayudado a encubrirlo.

La mentira electoral de Trump flota a la deriva, sin contraste con la realidad. No se basa en hechos, sino en afirmar algo que otro ha afirmado. El sentimiento es que hay algo que está mal porque siento que está mal y sé que otros sienten lo mismo. Cuando unos dirigentes políticos como Ted Cruz o Jim Jordan hablaron así, lo que querían decir era: ya que os creéis mis mentiras, me veo en la obligación de repetirlas. Las redes sociales ofrecen infinidad de supuestas pruebas para cualquier acusación, especialmente si la hace un presidente.

A primera vista, una teoría de la conspiración hace que la víctima parezca más fuerte: pinta a Trump resistiendo frente a los demócratas, los republicanos, el Estado profundo, los pedófilos, los satanistas. Sin embargo, si profundizamos, se invierten las posiciones. La obsesión de Trump por las presuntas “irregularidades” y los “Estados en disputa” se reducen a ciudades en las que viven y votan los negros. A la hora de la verdad, la mentira del fraude se refiere a un crimen cometido por los negros contra los blancos.

No es solo que nunca haya habido un fraude electoral cometido por los afroamericanos contra Donald Trump. Es que ha ocurrido todo lo contrario, en 2020 y en todas las elecciones que se han celebrado en Estados Unidos. Como siempre, los negros hicieron colas más largas que otros para votar y sus papeletas sufrieron más impugnaciones. Tenían más probabilidades de estar enfermos o morir de covid-19 y menos posibilidades de faltar al trabajo. La protección histórica de su derecho al voto quedó eliminada en 2013 por el fallo del Tribunal Supremo en el caso de Shelby County vs. Holder, y los Estados se han apresurado a aprobar medidas que disminuyen el voto de pobres y comunidades de color.

La mentira lleva a la conspiración

La afirmación de que a Trump le robaron la victoria es una gran mentira no solo porque desafía la lógica, hace una descripción mendaz del presente y exige creer en una conspiración, sino, fundamentalmente, porque trastoca el ámbito moral de la política estadounidense y la estructura básica de su historia.

Cuando el senador Ted Cruz anunció su intención de cuestionar los votos del colegio electoral invocó el Compromiso de 1877, que resolvió las elecciones presidenciales de 1876. Los comentaristas subra­yaron que aquel pacto no servía como precedente, porque en aquella ocasión sí existieron serias irregularidades y el Congreso estaba empatado. Sin embargo, para los afroamericanos, esta referencia aparentemente irrelevante era algo más. El Compromiso de 1877 —que dio a Rutherford B. Hayes la presidencia a cambio de retirar poder federal de los Estados del sur— fue precisamente el acuerdo por el que se impidió votar a los negros durante casi un siglo. Supuso el fin de la Reconstrucción (tras la guerra de Secesión) y el comienzo de la segregación racial, la discriminación legal y las leyes (segregatorias) de Jim Crow. Fue el pecado original de la historia de la era posesclavista en Estados Unidos, lo más parecido al fascismo que hemos tenido hasta ahora. En el momento en el que Ted Cruz y otros 10 senadores hicieron su declaración el 2 de enero, la referencia pudo parecer remota, pero resultó mucho más cercana cuatro días después, cuando vimos cómo paseaban banderas confederadas por el Capitolio.

Es evidente que desde 1877 han cambiado algunas cosas. Entonces eran los republicanos, o muchos de ellos, los partidarios de la igualdad racial, y los demócratas, el partido sureño, los que defendían el apartheid. Los demócratas decían que los votos de los afroamericanos eran fraudulentos, y los republicanos, los que querían que se contaran. Ahora sucede todo lo contrario. En el último medio siglo, desde que se aprobó la Ley de los Derechos Civiles, los republicanos se han convertido en un partido predominantemente blanco, interesado —como declaró Trump sin reparos— en que haya el menor número posible de votantes, especialmente de votantes negros. Pero sigue habiendo un hilo común. Al ver a supremacistas blancos entre la muchedumbre que invadió el Capitolio era fácil rendirse a la sensación de que se había violado algo muy puro. Pero quizá valdría más ver este episodio como uno más en el largo debate de Estados Unidos sobre quién merece estar representado.

Los demócratas son hoy una coalición que obtiene mejores resultados que los republicanos entre las mujeres, los votantes no blancos, los sindicatos y las personas con estudios universitarios. Pero no es cierto que frente a esa coalición haya un Partido Republicano monolítico. Los republicanos también son una coalición, de dos tipos de gente: los que quieren manipular el sistema (casi todos los políticos y parte de los votantes) y los que sueñan con romper dicho sistema (unos cuantos políticos y muchos votantes). En enero de 2021, esa división se ha manifestado en la diferencia entre los republicanos que defendieron el sistema actual porque les favorecía y los que trataron de derrocarlo.

En las cuatro décadas transcurridas desde la elección de Ronald Reagan, el Partido Republicano ha superado la tensión entre manipuladores y rupturistas a base de gobernar en oposición al Gobierno, diciendo que las elecciones eran una revolución (el Tea Party) o proclamando que luchaba contra las élites. En esta estrategia, los rupturistas son la tapadera de los manipuladores, porque propugnan una ideología que desvía la atención de la realidad: que el Gobierno, cuando está en manos de los republicanos, no interviene menos, sino que se reorienta al servicio de un puñado de intereses.

Al principio pareció que Trump era una amenaza para este equilibrio. Su falta de experiencia política y su racismo descarado hacían de él una figura muy incómoda para el partido; varios republicanos destacados pensaban que su costumbre de mentir constantemente era una zafiedad. Sin embargo, una vez que llegó a la presidencia, su destreza rupturista pareció ofrecer una enorme oportunidad a los manipuladores que, encabezados por el manipulador en jefe, Mitch McConnell, obtuvieron el nombramiento de cientos de jueces federales y recortes fiscales para los ricos.

Trump se diferenciaba de otros rupturistas en que parecía no tener ninguna ideología. Su objeción a las instituciones se debía a las limitaciones que estas podían suponer para él personalmente. Quería romper el sistema en su propio beneficio, y esa es una de las razones por las que ha fracasado. Trump es un político carismático e inspira devoción no solo entre los votantes, sino entre un asombroso número de legisladores, pero no tiene ninguna visión más importante que él mismo o que lo que sus admiradores proyectan sobre él. En este sentido, su prefascismo nunca ha llegado a ser fascismo, porque su visión nunca ha ido más allá de mirarse en el espejo. Llegó a la mentira más grande de todas no desde una visión del mundo, sino desde la realidad de que podía perder algo material.

Pero Trump nunca preparó un golpe decisivo. Le faltó el apoyo de los militares, después de conseguir indignar a varios de sus jefes (un verdadero fascista no habría cometido el error de declarar abiertamente su amor por varios dictadores extranjeros; quizá no les importara a unos seguidores convencidos de que el enemigo estaba dentro del país, pero por supuesto que molestó a quienes habían jurado protegerlo de enemigos extranjeros). La policía secreta de Trump, los hombres que llevaron a cabo secuestros en Portland, era violenta pero también pequeña y ridícula. Las redes sociales fueron un arma contundente: Trump pudo anunciar sus intenciones en Twitter y los supremacistas blancos pudieron planear la invasión del Capitolio en Facebook o Gab. Pero el presidente, a pesar de sus querellas, sus súplicas y sus amenazas a funcionarios públicos, no logró orquestar una situación que empujara a las personas adecuadas a hacer lo que no debían. Trump consiguió que algunos votantes creyeran que había ganado las elecciones de 2020, pero no logró sumar a las instituciones a su gran mentira. Pudo llevar a sus partidarios a Washington y enviarlos a saquear el Capitolio, pero ninguno de ellos parecía saber a ciencia cierta qué debía hacer ni qué iban a conseguir con su presencia. Es difícil encontrar otro momento de insurrección equiparable, en el que un edificio tan importante fuera tomado con tanto merodeo.

La mentira dura más que el mentiroso. La idea de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial en 1918 por la “puñalada en la espalda” de los judíos tenía ya 15 años de antigüedad cuando Hitler llegó al poder. ¿Qué será del mito victimista de Trump dentro de 15 años? ¿Y a quién beneficiará?

El 7 de enero, Trump habló de un traspaso pacífico de poderes, con lo que reconoció implícitamente el fracaso de su golpe. Aun así, siguió repitiendo e incluso intensificando su mentira electoral, que convirtió en una causa sagrada por la que se habían sacrificado algunas personas. La imaginaria puñalada en la espalda de Trump persistirá, sobre todo, gracias al apoyo de muchos miembros del Congreso. En noviembre y diciembre de 2020, los republicanos repitieron la mentira y le dieron una vida que, si no, no habría tenido. En retrospectiva, es como si el último y frágil pacto entre los manipuladores y los rupturistas fuera para que Trump tuviese todas las oportunidades posibles de demostrar que fue perjudicado. Esa postura sirvió de base para que los seguidores del presidente ya predispuestos a creer la gran mentira, en efecto, se la creyeran. Y no consiguió contener a Trump, cuya mentira siguió creciendo.

Rupturistas y manipuladores

Los rupturistas y los manipuladores empezaron entonces a ver un mundo distinto ante ellos, en el que la gran mentira era o bien un tesoro o bien un peligro a evitar. Los rupturistas no tenían más remedio que ser los primeros en reivindicar la mentira. Como Josh Hawley y Ted Cruz debían competir para apoderarse del azufre y el veneno, los manipuladores se vieron obligados a revelar sus cartas y, el 6 de enero, se puso de manifiesto la división en las filas republicanas, una división agudizada por la invasión del Capitolio. Varios senadores retiraron sus objeciones al voto electoral, pero Cruz y Hawley siguieron adelante, junto con otros seis senadores. Y más de 100 congresistas se sumaron a la gran mentira. Algunos, como Matt Gaetz, incluso añadieron sus propios adornos, como la afirmación de que la turba no estaba formada por partidarios de Trump sino por sus adversarios.

De momento, Trump es el mártir supremo, el sumo sacerdote de la gran mentira. Es el líder de los rupturistas, al menos en opinión de sus fieles. A estas alturas, los manipuladores no quieren saber nada de él. Ha quedado desacreditado en las últimas semanas y, por tanto, ya no sirve. Despojado de las obligaciones de la presidencia, volverá a ser un personaje tan bochornoso como lo era en 2015. Incapaz de ofrecer cobertura a sus manipulaciones, dejará de contar para sus intereses cotidianos. Pero los rupturistas tienen todavía más motivos para querer perderlo de vista: es imposible heredar nada de alguien que todavía no se ha ido. Puede que asumir la gran mentira de Trump parezca un gesto de apoyo, pero, en realidad, expresa el deseo de su defunción política. Transformar el mito y hacer que deje de referirse a Trump para referirse a toda la nación será mucho más fácil cuando se hayan deshecho de él.

Es posible que Cruz y Hawley descubran que contar la gran mentira es caer en su trampa. El hecho de que hayan vendido su alma no quiere decir que hayan sido buenos negociadores. Hawley no rehúye ningún grado de hipocresía: es hijo de banquero y estudió en la Universidad de Stanford y la Facultad de Derecho de Yale, pero critica a las élites. En cuanto a Cruz, si se le atribuía algún principio, era el de creer en los derechos de los Estados, que los llamamientos de Trump han infringido con toda desfachatez. La declaración pública que hizo Cruz sobre los motivos de los senadores para cuestionar el voto electoral refleja muy bien su carácter de posverdad: en ningún sitio decía que hubiera habido fraude, solo que había habido acusaciones de fraude. Acusaciones de acusaciones de acusaciones, hasta el final.

Una gran mentira requiere compromiso. Cuando los manipuladores republicanos no demuestran tener suficiente, los rupturistas los llaman RINO (Republicans in Name Only, republicanos solo en teoría). En otros tiempos, este apelativo indicaba una falta de compromiso ideológico. Ahora significa el rechazo a invalidar unas elecciones. Por su parte, los manipuladores cierran filas en torno a la Constitución y hablan de principios y tradiciones. Los rupturistas tienen que saber, todos (con la posible excepción del senador por Alabama Tommy Tuberville), que están participando en un engaño, pero sigue habiendo decenas de millones de espectadores que no son conscientes de ello.

Si Trump continúa presente en la vida de Estados Unidos, es indudable que seguirá repitiendo constantemente su gran mentira. Hawley, Cruz y los demás rupturistas serán responsables de adónde puede llevar todo esto.

Parece que Cruz y Hawley aspiran a la presidencia. ¿Pero qué significa que un candidato denuncie las elecciones? Si asegura que su rival ha hecho trampas y sus seguidores le creen, querrán que él también las haga. Al defender la gran mentira de Trump el 6 de enero, sentaron un precedente: si un candidato republicano a la presidencia resulta derrotado, el Congreso debe designarlo de todas formas. Es de suponer que, en el futuro, los republicanos, al menos los candidatos rupturistas a la presidencia, tendrán un plan A (ganar y ganar) y un plan B (perder y ganar). No hace falta ningún fraude; solo acusaciones de que hay acusaciones de fraude. El espectáculo sustituye a la verdad, y la fe, a los hechos.

Intento de golpe

El intento de golpe de Trump en 2020-2021, como otros intentos de golpe fallidos, es una advertencia para los partidarios del Estado de derecho y una lección para los detractores. Su prefascismo dejó al descubierto una posibilidad para la política estadounidense. Para que en 2024 triunfe un golpe, los rupturistas necesitarán algo que Trump no ha tenido nunca: una minoría indignada, organizada para ejercer la violencia en todo el país, dispuesta a emplear la intimidación en las elecciones. Es posible que, si se dedican a reforzar la gran mentira durante cuatro años, lo consigan. Cuando uno afirma que el otro bando ha hecho trampas en unas elecciones está prometiendo que su bando las va a hacer también. Y diciendo que el otro bando merece un castigo.

Diversos observadores informados, dentro y fuera de la Administración, están de acuerdo en que el supremacismo blanco de extrema derecha es la mayor amenaza terrorista que sufre Estados Unidos. En 2020, las ventas de armas alcanzaron una cifra asombrosa. La historia nos muestra que, cuando los dirigentes de los grandes partidos políticos abrazan abiertamente la paranoia, el resultado es la violencia política.

Nuestra gran mentira es típicamente norteamericana, envuelta en nuestro peculiar sistema electoral y basada en nuestras tradiciones racistas particulares. Pero también es estructuralmente fascista, con su falsedad extrema, su pensamiento conspiratorio, su inversión de los papeles de los responsables y las víctimas y su conclusión de que el mundo se divide entre ellos y nosotros. Mantenerla viva durante años es fomentar el terrorismo y el asesinato.

Cuando surja esa violencia, los rupturistas tendrán que reaccionar. Si aprueban la violencia, se convertirán en una facción fascista. El Partido Republicano se dividirá, al menos durante un tiempo. Podemos imaginar, desde luego, una reunificación deprimente: el candidato rupturista pierde por estrecho margen las elecciones en noviembre de 2024, clama que ha habido fraude, los republicanos obtienen la victoria en las dos Cámaras del Congreso y los alborotadores, alimentados por cuatro años de gran mentira, exigen lo que consideran justicia. Si se dieran esas circunstancias el 6 de enero de 2025, ¿se alzarían los manipuladores por una cuestión de principios?

Es indudable que este momento también ofrece una oportunidad. Es posible que un Partido Republicano dividido preste mejor servicio a la democracia estadounidense; que los manipuladores, separados de los rupturistas, empiecen a pensar que las políticas sirven para ganar elecciones. Es muy probable que el mandato de Biden y Harris tenga unos primeros meses más sencillos de lo previsto; quizá el obstruccionismo deje paso —al menos por parte de algunos republicanos y durante un breve periodo— a un instante de introspección. Los políticos que quieran acabar con el trumpismo tienen una sencilla manera de conseguirlo: decir la verdad sobre las elecciones.

Estados Unidos no va a sobrevivir a la gran mentira solo con apartar al mentiroso del poder. Necesitará una cuidadosa repluralización de los medios y un compromiso con la verdad como bien público. El racismo incorporado a todos los aspectos del intento de golpe es una llamada de atención para que aprendamos de nuestra historia. Prestar atención al pasado nos ayuda a ver los peligros, pero también sugiere posibilidades para el futuro. No podemos ser una república democrática si decimos mentiras racistas, sean grandes o pequeñas. La democracia no consiste en quitar importancia a los votos ni en hacer caso omiso de ellos, en manipular ni romper un sistema, sino en aceptar que los demás son iguales a nosotros, en escucharlos y contar sus votos.

Autor.-Timothy Snyder (Ohio, 1969) es historiador y profesor en la Universidad de Yale. Autor de ‘Sobre la tiranía’, su último libro es ‘Nuestra enfermedad’ , sobre las carencias del sistema sanitario de EE UU. Ambos títulos, editados por Galaxia Gutenberg.

© 2021, The New York Times Company.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia/

"NARCOCHATS" AMENAZABAN con "YA NO DARLE DINERO a OSORIO CHONG y ESPERABAN NO se ENOJARA el PADRINO CIENFUEGOS"...y debe ser "tan inocente" como Cienfuegos.

Además de Salvador Cienfuegos, el expediente que la Administración de Control de Drogas (DEA) compartió en octubre pasado al gobierno mexicano menciona a otros funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto y a funcionarios estatales.

En las conversaciones de Blackberry entre Daniel Isaac Silva, ‘El H9’ y su jefe Juan Francisco Patrón Sánchez ‘El H2’, destaca el nombre del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

La primera vez que lo mencionaron fue en la conversación del 9 de diciembre de 2015, cuando el ‘H9’ le dice a su jefe que ‘El Padrino’, identificado por la DEA como Salvador Cienfuegos, le va a presentar a un amigo suyo.

“Dice que mañana vamos a ir al golf para que conozca a una amistad que él tiene, que para que vea usted y yo que tampoco lo busca a usted ni le hará daño. No me dijo quién va a hacer el tío”, dice el ‘H2’.

“O el amigo Osorio. A ver a quién le presenta”, responde el H2.

Un mes después, el día que Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue recapturado, el H9 le señala a su jefe que ‘El Padrino’ está en la televisión cantando el himno nacional junto con “Chon”, refiriéndose a Osorio Chong y el “tío”, refiriéndose a Francisco Soberón, entonces secretario de Marina.

En ese mismo lugar se encontraba Claudia Ruiz Massieu, entonces secretaria de Relaciones Exteriores, pues el encuentro entre los secretarios de Estado se llevó a cabo durante la Reunión de Embajadores y Cónsules de ese año.

En otra conversación, los narcotraficantes intervenidos hablan de que ya no le darán dinero al de “ojitos jalados”, presuntamente refiriéndose a Osorio Chong, y que esperan que ‘El Padrino’ no se enoje por ello.

“Paso con el chino ese”.

Los narcotraficantes también hablan en una ocasión sobre Arely Gómez, entonces Procuradora General de la República.

“Me dicen que va a haber operativo aquí, de la PGR de México, que van a catar casas y ranchos”, señala ‘El H9’ en una conversación el 17 de enero de 2016.

“¿Quiere que le pregunte al Padrino?”, responde ‘El H2’.

Un día después reinician la conversación sobre un operativo de la Procuraduría General de la República en Nayarit.

“Aquí andan los 3 boludos de PGR dando vueltas. ¿Le pregunta al padrino a ver qué se sabe de ellos? Según andan buscando plantíos, pero es mentira”, le dice el ‘H9’ a su jefe.

“Dice que es otra cosa pero que ahorita le habla a su mujer para que le de toda la información. Le llama Arely a la mujer porque aquí dijo, comuníqueme con Arely.

El 21 de enero, en una nueva conversación, el H9 responde que Arely Gómez es el nombre de “la vieja”, al ser cuestionado por la procuradora del país. 

En una conversación del 24 de noviembre de 2016, interceptada por la DEA, los narcotraficantes hablan de que Cienfuegos es pariente de un tal “Quirino”, presuntamente refiriéndose a Quirino Ordaz Coppel, actual gobernador de Sinaloa y quien entonces se desempeñaba como diputado federal.

En otros mensajes, capturas de pantalla de la conversación de Cienfuegos, presuntamente, Zepeda, indica que Javier Cruz Rivas, entonces comandante de la Cuarta Región Militar, puede ayudarlo.

“Esos son dígale que me ayude lo que me mando no me alcanzó ya se que me dijo en 8 días me ayudaba con más y el domingo se cumple los 8 días pero estoy en este problema que no me deje solo que me eche la manita el viernes muy de mañana por favor (sic)”.

En la misma conversación del 24 de noviembre, entre Thor, quien presuntamente es ‘El H2’ menciona también a Eruviel Ávila Villegas, entonces gobernador del Estado de México. 

“Eso del Estado de México sí me interesa machín. El DF es mucho desmadre, pero el Estado es más tranquilo”, asevera.

En diciembre de 2015, ‘El H2’ y ‘El H9’ hablaron de que ‘El Padrino’ podía ayudarlos a sacar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de Nayarit y que la clave para llevar a cabo esto era detener a Audias Flores Silva, ex jefe de seguridad de ‘El Mencho’. 

“Agarrando a Flores ya se tiene el acuerdo con el gobierno estatal de que ya no se deje entrar a nadie”, dice ‘El H2’.

Juan Francisco Patrón Sánchez, alias ‘El H2’, asevera que le puede darle el número del Blackberry de Flores a ‘El Padrino’ para que encuentren su ubicación. 

El 26 de julio de 2016, Flores fue detenido en Nayarit por personal de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la Secretaría de Marina. 

Su aprehensión fue dada a conocer por el entonces jefe de la División de Inteligencia de la Policía Federal, Daniel Canales. 

Los presuntos narcotraficantes mencionan también a Arturo Beltrán Leyva, ex líder del Cártel de los Beltrán-Leyva, y señalan que ‘El Padrino’ recibió dinero del capo pero que nunca lo conoció. 

“Lo ayudó por encimita”, dicen. 

También señalan que ‘El Padrino’ conoció a Isidro Meza Flores, otro integrante del Cártel de los Beltrán-Leyva.

Dentro de los miles de mensajes que forman parte de la investigación, destaca uno por el nombre del usuario. “México está de fiesta”. 

Destaca la fecha del intercambio de mensajes presuntamente entre el H2 y una persona identificada como “Tío”. 

Ese mensaje se dio el viernes 8 de enero de 2016, a las 11:28 pm, sólo unas horas después de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto anunció la recaptura de “El Chapo“, Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa. 

El operativo “Cisne Negro” lo encabezó la Marina Armada de México, en Los Mochis, Sinaloa, y la aprehensión se logró en una carretera que llevaba a Navojoa, después de horas de persecución entre casas de seguridad y el sistema de drenaje de la ciudad. 

Un elemento de la extinta Policía Federal detuvo a Guzmán Loera y a su jefe de seguridad Orso Iván Gastélum, alias “El Cholo Iván”, quienes huían en un vehículo robado. Ante la amenaza de un rescate de “El Chapo”, el policía federal los llevó detenidos a un motel de la zona, hasta que llegaron refuerzos.

fuente.-

"EX-AYUDANTE de AMLO,VIDENTES,Ex-PRIISTAS y LIDERES SINDICALES se APUNTAN para CANDIDATURA MORENA al GOBIERNO de SAN LUIS POTOSI...tienen experiencia ? No, Estudios ? Nada,Idiomas ? No...bienvenidos a la 4T

Una ex ayudante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ex priistas, videntes y líderes sindicales se registraron para obtener la candidatura de Morena a la Gubernatura de San Luis Potosí.

Entre las primeras que se registraron está Paloma Rachel Aguilar Correa, quien fue parte de la Ayudantía del Mandatario y recientemente administradora General de Recursos y Servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

Antes de ello, trabajaba en el despacho Torres y Blásquez que asesora al senador priista y ex Gobernador de San Luis Potosí, Teófilo Torres Corzo, además de asistir al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso potosino en 2015. 

Aguilar Correa se afilió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2016 y fue candidata a una diputación federal por San Luis Potosí, pero perdió. 

"El día de hoy realicé mi registro como precandidata a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. Es momento de cerrar filas y trabajar a favor de las y los potosinos en el campo y en calles", informó en su cuenta de Twitter. 

Hace una semana, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dejó ver que en la encuesta que aplicaron en la entidad, no resultó ganadora una de las tres aspirantes que se habían registrado, por lo que la consulta se realizaría únicamente con mujeres. 

Se registraron la diputada local Angélica Mendoza y la activista Teresa Carrizales. 

Se prevé que quienes ya se habían registrado lo hagan nuevamente: María del Consuelo Jonguitud, quien afirma ser cantante y vidente; Marcelina Oviedo, ex oficial mayor del Congreso que dejó el cargo en medio de cuestionamientos; y Francisca Reséndiz, líder sindical de los trabajadores estatales. 

También está previsto que se inscriba Mónica Rangel, secretaria de Salud del Gobierno estatal, de extracción priista. 

Así como Luz María Lastras Martínez, directora general del Registro Civil de la entidad.

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