Doble y triple sacudida ha dejado el caso Cienfuegos dentro y fuera de México. El gesto nacionalista de defenderlo a capa y espada le salió por la culata al comandante supremo de las fuerzas armadas. De inmediato fue mal visto y reprobado en todas partes, bueno en casi todas, menos en Lomas de Sotelo, en donde se esperaba con ansias la confirmación oficial de la intocabilidad del general secretario en tiempos de Peña Nieto.
Y así fue. En el primer acto de esta tragicomedia, el presidente López Obrador se vio ingratamente sorprendido por la detención del ex secretario de la Defensa Nacional (SEDENA) en el aeropuerto de Los Ángeles, California, en octubre del año pasado, derivado de una operación de inteligencia al estilo norteamericano de la que nadie o casi nadie le avisó, excepto la embajadora mexicana en Washington, Martha Bárcena, pero solo con 15 días de anticipación.
En ese mismo primero acto, AMLO se enojó mucho. Digerido el golpe, el presidente tabasqueño instrumentó paso a paso una hábil y diabólica campaña en varios frentes en los que hasta el momento ha sacado ventaja. Enojado, nacionalista y arropado por los militares (Ejército y Marina, porque la Fuerza Aérea no tiene voz ni voto), Andrés Manuel se quejó del incumplimiento de los acuerdos bilaterales de asistencia y cooperación en materia judicial, sobre todo en donde la letra grande dice que en casos delicados ambos países compartirán información clasificada para brindarse apoyo mutuo, es decir, para trabajar con base en la confianza mutua.
Sumergidos en el lodazal de las elecciones presidenciales, los funcionarios de Donald Trump mordieron el anzuelo y cedieron y luego de tener y retener al general Cienfuegos en Los Ángeles y en Nueva York, lo repatriaron a México quitándole casi todos los cargos por narcotráfico y lavado de dinero por los que la DEA había pedido su captura.
Segundo acto; la repatriación del general Cienfuegos era con la condición de que acá la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigara a fondo y para ello la Fiscalía General de los Estados Unidos le entregó al canciller Marcelo Ebrard el expediente de 751 páginas de las pesquisas de la DEA que sirvieron para acusarlo en la misma corte que lleva el caso de Genaro García Luna.
Tercer acto: enormes y grotescas dudas se ciernen sobre la FGR, heredera de los estropicios, las mentiras (Ayotzinapa, Tlatlaya, Aguas Blancas, etc), los abusos, las fabricaciones y verdades históricas de la PGR de la era priista y del breve periodo panista. Básicamente esa misma institución se encargaría de investigar ni más ni menos que al ex secretario de la Defensa de Enrique Peña Nieto, y a la propia SEDENA, la consentida de la Cuarta Transformación.
Mismo tercer acto: la FGR investiga al general Cienfuegos, pero con base en el expediente de la fiscalía norteamericana, y concluye que no hay materia para procesar al ex secretario de la Defensa de México. Con Donald Trump derrotado y acusado de generar violencia golpista, AMLO se lanza a la yugular de la Estatua de la Libertad y hace pública la investigación de la DEA, descalifica a la agencia antidrogas y además (ya encarrerado el ratón) le advierte al nuevo mandatario Joe Biden que México no va a permitir intimidaciones y menos con base en expedientes fabricados para lesionar a las instituciones. Masiosare, pues.
En cuestión de minutos los gringos se quejan y le advierten a AMLO que la historia no se ha terminado y que ellos pueden reactivar el expediente de Cienfuegos cuando así lo decidan, es decir, pueden poner de nuevo en tela de juicio y sacudir a la SEDENA –en una de esas y también a la Marina–, señalar con nombre, apellido, grado, cargo y lo que surja, a militares en el activo, a generales de tres estrellas en el retiro, a civiles y servidores de la nación de aquel y de este y del otro sexenio (hay que recordar que la investigación de la DEA comenzó en 2013 y en 2015 les brincó el nombre de Cienfuegos Zepeda): pueden o podrían o intentarían exhibir a la SEDENA de ayer y a la de hoy, a la que sostiene en estos momentos la credibilidad, la fortaleza y el andar del presidente. Nada más eso.
Revelar en México el expediente de la DEA contra Cienfuegos no solo provocó el enojo y la “decepción” de la justicia estadunidense: también enredó y contaminó otro posible caso contra Cienfuegos en cualquier corte norteamericana, porque las probatorias hechas públicas serían inválidas en ese mismo proceso e inútiles en otro, aunque fuera en contra de los integrantes del cártel que operaba u opera en Nayarit. Diabólica carambola jurídica del comandante supremo.
Y, por si fuera poco, AMLO ordena revelar también el expediente armado por la FGR para saber si Cienfuegos era o no candidato a un proceso penal en contra.
Horas después de haberlo ordenado, la FGR abrió un espacio y difundió los 118 documentos contenidos en dos tomos divididos en dos secciones; la primera con 14 partes y la segunda con 6 partes, además de 98 Anexos en los que 58 están enfocados al general Salvador Cienfuegos Zepeda y 17 al general Virgilio Méndez Bazán, ex subsecretario de la Defensa Nacional de 2012 a 2014, en el final del gobierno de Felipe Calderón y el inicio del de Peña Nieto.
Otros 23 Anexos se enfoca en datos solicitados a la Fiscalía General de Justicia de Nayarit (21 documentos) y a entidades financieras y fiscales para conocer información patrimonial del general Cienfuegos (2 Anexos).
En total, el expediente de la FGR para determinar el no ejercicio de la acción penal en contra del ex secretario de la Defensa Nacional consta de 6 mil 628 páginas, de las cuales más de la mitad están testadas. Además, no se trata de documentos a hoja seguida, sino con hojas en blanco entre cada elemento de prueba presentado por el abogado Rafael Heredia Rubio, representante legal del general Cienfuegos o solicitado por la fiscalía a la SEDENA como parte de su investigación.
Y ocurrió lo que ya sabemos; que no hubo elementos para someterlo a juicio.
Hasta aquí todo iba bien para el presidente, para Cienfuegos, para la SEDENA y para el gobierno del tabasqueño, pero, en términos mediáticos locales y foráneos, el resultado han sido un boomerang, rotulado con palabras como “duda”, “impunidad”, “farsa” y otras más, firmadas por decenas de organizaciones civiles y ciudadanos demandando no solo una investigación real por parte de la FGR, sino la remoción de su titular, Alejandro Gertz Manero, la publicación de todo el expediente sin tachaduras y que la investigación se extienda a otros personajes de la administración castrense, lo cual ya está sucediendo.
fuente.-
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