En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, casi mil personas han sido víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos por parte de representantes del Estado mexicano, incluida la Policía Federal.
La mayoría han sido cometidas por miembros del Ejército y la Marina, instituciones que aportarán elementos a la Guardia Nacional, una de cuyas funciones será combatir a la delincuencia organizada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En México, prácticamente no hay estado en el que las Fuerzas Armadas no hayan cometido graves violaciones a la dignidad humana desde que se declaró la guerra al narcotráfico hace 12 años. Un análisis de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demuestra que efectivos del Ejército y la Marina están implicados en cientos de casos de desaparición forzada, tortura y asesinato en todo el país.
Sin considerar la tortura ni contar casos de desapariciones atribuidas a los militares, las Fuerzas Armadas aparecen oficialmente como responsables del asesinato de por lo menos 91 personas, incluidos adolescentes y menores de entre menos de un año hasta 11 años.
Tres cuerpos del Ejército y dos de la Marina aparecen como los principales perpetradores. La infantería y la caballería motorizada son los mayormente acusados en el Ejército, lo mismo que la infantería de marina.
La caballería es el arma al que pertenece el nuevo secretario de la Defensa Nacional, el general de división Luis Cresencio Sandoval, quien tendrá el mando operativo de la Guardia Nacional, cuya aprobación en el Congreso está prevista para esta semana.
Las casi mil víctimas de violaciones graves a los derechos humanos no incluyen los casos de delitos de lesa humanidad cometidos por policías estatales o municipales, por tratarse sólo de autoridades federales, ni todas las quejas interpuestas en contra de miembros de las Fuerzas Armadas ante la CNDH.
En los dos sexenios, el número de quejas contra las Fuerzas Armadas ante la CNDH fue de 14 mil 362. Casi todas, más de 11 mil, contra el Ejército, aunque en el sexenio que acaba de terminar crecieron las denuncias contra la Marina, informó el organismo a este semanario. En el caso del Ejército, en el sexenio pasado las quejas bajaron a 3 mil 235, menos de la mitad de las ocho mil uno que tuvo en el gobierno de Calderón. La Marina, en cambio, creció de mil 227 a mil 899.
Entre la declaratoria de guerra por parte de Calderón en enero de 2007 y mediados del año pasado el organismo emitió 790 recomendaciones. Más de una cuarta parte de ellas, 204, fueron por violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con el estudio Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017).
Fuera del estudio quedó la recomendación del 31 de agosto pasado en la que la CNDH documentó detención arbitraria, tortura y agresión sexual cometidas por elementos de la Marina en contra de 17 personas en Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas entre 2013 y 2017.
Elaborado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el reporte identifica patrones de conducta de los militares acusados en el caso de violaciones graves, así como de la respuesta tanto del Ejército como de la Marina para justificar y encuadrar sus acciones como parte del combate al narcotráfico.
En la revisión de las recomendaciones, el común denominador es la impunidad, a pesar de que los perpetradores y sus mandos pueden ser identificados. Por el número de recomendaciones en el caso de violaciones graves a los derechos humanos destacan tres unidades del Ejército, con 19, y dos unidades de la Marina, con nueve.
El gobierno reconoce la crisis
Las violaciones graves a los derechos humanos por agentes del Estado son parte de lo que el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, calificó el miércoles 5 en Washington como la “profunda crisis humanitaria” que padece México.
En audiencia pública realizada en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con motivo de la desaparición de por lo menos 37 personas en Tamaulipas a manos de la Marina, Encinas se comprometió a que el recién iniciado gobierno de López Obrador va a actuar “contra los representantes del Estado o particulares, independientemente de la institución a la que pertenezcan”.
Encinas se refirió en específico a la desaparición forzada de cerca de 38 mil personas, la existencia de más de 2 mil fosas clandestinas –en mil 100 de las cuales no se ha hecho ninguna exhumación– y el registro de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses del país.
En su recuento de 12 años de guerra sostenida por los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña, el subsecretario de Derechos Humanos evitó referirse a otras violaciones, pero admitió también que ha existido “encubrimiento de los agentes del Estado que han dañado a la población civil”.
Encinas compareció ante la CIDH dos días después de que López Obrador firmó el decreto que crea la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa, por la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014.
La CIDH y el gobierno de México acordaron en la audiencia la asistencia técnica internacional para la búsqueda de personas, la exhumación e identificación forense y la elaboración de bases de datos para “conocer la magnitud del problema” de los desaparecidos en el país. Las modalidades de la cooperación se empezarán a discutir en enero próximo.
No es la primera vez que Encinas alude a la investigación de miembros de las Fuerzas Armadas como probables responsables de violaciones a los derechos humanos, pero dejando a salvo al Ejército y a la Marina como instituciones, que en el nuevo gobierno se mantendrán en el centro de la estrategia represiva contra el narcotráfico, ahora bajo la modalidad de Guardia Nacional.
Según dijo López Obrador en su toma de posesión, “previa preparación y capacitación para el respeto a los derechos humanos, y mediante la aplicación de protocolos para el uso de la fuerza”, el Ejército y la Marina son “instituciones fundamentales para garantizar la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública”.
A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la Ley de Seguridad Interior por considerar que los militares no deben realizar labores de seguridad pública, López Obrador mantiene su proyecto de Guardia Nacional bajo el mando operativo del Ejército.
“El presidente de México nunca dará la orden de reprimir al pueblo ni será cómplice o encubridor de eventuales violaciones a los derechos humanos”, dijo también al rendir protesta el 1 de diciembre.
Operativos sangrientos
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares desde que el expresidente Felipe Calderón los llamó para combatir al narcotráfico, han sido señaladas de manera reiterada dentro y fuera de México, incluso por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. El señalamiento más reciente ocurrió en noviembre pasado, en Ginebra, durante el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que participan representantes de más de 100 países.
El número de violaciones graves señaladas como tales por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alcanza a 929 víctimas directas de tortura, malos tratos, asesinatos y desaparición forzada, aunque el estudio de la CMDPDH detectó lo que clasificó como incidentes, relacionados con las cadenas de hechos que sufrió cada víctima, que pudieron ser la detención, tortura en distintos lugares, asesinato y/o desaparición.
Los autores del estudio, Ana Lucía Juárez Armenta, Jorge Luis Amaya Lule y Marion Rouillé Saba, encontraron que, de acuerdo con la propia CNDH, las Fuerzas Armadas mexicanas han sido las responsables de prácticamente la mitad de las desapariciones que tienen que ver con las quejas que llegaron a la CNDH y que ésta consideró como tales.
En las recomendaciones se registraron 239 víctimas de desaparición. De ellas, 188 fueron atribuidas a las Fuerzas Armadas; 94 al Ejército y 26 a la Marina. Es decir, en siete de cada 10 casos el Ejército aparece como responsable.
De ese total hay 19 víctimas de desaparición permanente en cinco casos, cuatro que tienen que ver con soldados y dos con marinos. En uno de esos casos participaron elementos de las dos fuerzas.
En lo que el estudio considera como desaparición transitoria (que la persona fue sustraída para torturarla y declararse culpable de un delito), 45 personas fueron trasladadas a instalaciones militares y retenidas incluso durante semanas. En otro caso fue el de la entrega de uno de esos detenidos por parte de la policía municipal a la Secretaría de Marina.
Las Fuerzas Armadas también prevalecen como responsables de torturas o tratos crueles. Del total de 148 casos que fueron documentados por la CNDH, las Fuerzas Armadas son mencionadas como responsables 75% de las veces, principalmente el Ejército.
Esos casos refieren 323 incidentes de tortura; es decir, hechos en los que las víctimas fueron sometidas a tormento desde su detención y/o fueron trasladadas a otros sitios, en donde se procedió contra ellas de la misma forma.
Los lugares más frecuentes del tormento fueron las propias casas de los detenidos o los cuarteles militares, y el ataque consistió en amenazas, humillaciones, tortura psicológica, desnudez forzada, golpes, toques eléctricos, asfixia, ahogamiento, tocamientos sexuales y violación sexual, entre otros.
Una conducta reiterada es la presencia de médicos para negar o disminuir las señales de tortura, lo cual se registró en 81 personas a manos de las Fuerzas Armadas (65 por elementos del Ejército y 16 de la Marina).
En 46 recomendaciones, la CNDH documentó el uso de uniformes durante la tortura, acompañados en ocasiones con pasamontañas. También identificó el uso de vehículos oficiales, aunque también particulares o decomisados. Incluso, en 12 de las recomendaciones se hace referencia a helicópteros y a 125 víctimas, “lo cual puede revelar el apoyo de autoridades de rango más alto y el uso de recursos oficiales”, dicen los autores del informe.
Como contexto de las detenciones y las torturas está el combate a delitos que tienen que ver con tráfico de drogas, portación de armas, secuestro y pertenencia a un grupo de la delincuencia organizada.
Un patrón de las autoridades militares es que para explicar esas acciones refieren ataques de los grupos delictivos, patrullajes o retenes que permitieron identificar a personas en supuesta flagrancia.
Después de torturarlas para inculparse, las víctimas fueron presentadas al Ministerio Público. Fue el caso de 247 personas que fueron imputadas, aunque a otras 44 no se les inició proceso penal.
Otra violación grave atribuida por la CNDH a las Fuerzas Armadas es el asesinato. Elementos del Ejército fueron señalados como responsables en 39 casos, mientras que los marinos en 24, en hechos ocurridos en 17 estados, principalmente del norte de la República.
Los registros indican que los homicidios ocurrieron en lugares abiertos, como carreteras, calles o caminos, y también en cuarteles militares, el domicilio de la víctima e incluso su lugar de trabajo. Una tercera parte de ellos se cometió durante la noche y la madrugada. De acuerdo con lo documentado por la CNDH, esos homicidios se cometieron con armas de fuego, golpes y asfixia.
Los autores del reporte aseguran que hay una relación entre la desaparición forzada y los asesinatos cometidos por las Fuerzas Armadas. Cuando las personas detenidas no son presentadas de forma inmediata al Ministerio Público, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina han negado sistemáticamente los hechos y tratan de esconder el cuerpo de la víctima o lo abandonan.
La víctima se considera desaparecida hasta que se encuentra su cuerpo, como sucedió en ocho casos en los que los restos fueron encontrados en campos o caminos, abandonados o semienterrados.
De acuerdo con las recomendaciones, las acusaciones contra el Ejército se concentran en tres unidades: 33º Batallón de Infantería, con cinco; 2º Regimiento de Caballería Motorizado, con cinco; y 20º Regimiento de Caballería Motorizado, con nueve.
En la Marina, las unidades señaladas con más violaciones son la 1ª Zona Naval, con cinco recomendaciones, y el 7º Batallón de Infantería, con cuatro.
En el caso del Ejército, el 27º Regimiento de Caballería, asentado en Baja California, fue responsabilizado por acciones efectuadas entre 2009 y 2012, cuando se realizaba el Operativo Conjunto Tijuana, ordenado por Felipe Calderón. Se le acusa de haber torturado a 48 personas, incluidos seis menores, dos personas mayores de 60 años, 14 indígenas de la comunidad Kumiai y 23 policías municipales.
El 20º Regimiento de Caballería Motorizada y el 33º Batallón de Infantería pertenecen a la XI Región Militar y son acusados por hechos ocurridos entre 2008 y 2009, mientras se desarrollaba el Operativo Conjunto Chihuahua, también ordenado por Calderón. Entre los casos de violaciones graves que dejó ese operativo está el llamado “Pelotón de la Muerte”, dado a conocer por Proceso el 12 de enero de 2013.
En el caso de la Marina, el estudio identificó al 7º Batallón de Infantería en el estado de Veracruz, mientras que la 1ª Zona Naval tiene su base en Ciudad Madero, Tamaulipas, y pertenece a la I Región Naval con sede en el puerto de Veracruz.
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