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sábado, 20 de enero de 2018

"NO SOLO TAMAULIPAS",TAMBIEN en VERACRUZ HAY DOS GOBIERNOS,el QUE ADMINISTRA el CAOS y el QUE MANDA...dos estructuras paralelas

En Veracruz hay dos gobiernos, dos estructuras de poder: el que encabeza Miguel Ángel Yunes desde el 1 de diciembre de 2016 y el de la delincuencia organizada que también impone su ley: mata, secuestra, roba, trafica con drogas y humanos sin que autoridad alguna lo impida.

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A poco más de un año de su gestión, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares ya superó en muertes, secuestros y desapariciones forzadas a los gobiernos que encabezaron sus dos inmediatos antecesores: Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa.
El de Yunes ha sido un gobierno ineficaz para enfrentar al crimen organizado, no obstante que ocupó cargos relevantes en las áreas de seguridad pública durante los aciagos gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
Los propios detractores políticos de Yunes, a pesar de no estar de acuerdo con sus formas de gobernar, alimentaban cierta esperanza de que pudiera resolver el problema de inseguridad pública en el estado. Pero por desgracia eso no ha ocurrido, al contrario, el exsecretario de Gobierno de Patricio Chirinos ha ocupado más tiempo en “hacer justicia” encarcelando a exfuncionarios duartistas –y de paso ejercer venganza –que en resolver la violencia atroz que azota al estado cual campo de batalla donde no hay tregua.

JUEVES, 12 DE ENERO DE 2017

Las cifras son alarmantes y por ello no se puede dejar de considerar que en Veracruz priva la ingobernabilidad y está por demás decir que el gobierno de Yunes y toda su estructura policiaca está totalmente rebasada. En resumen, el gobierno del estado no le puede garantizar a nadie ni la vida ni el patrimonio. Esto en cualquier parte del mundo se llama gobierno fallido, aunque el propio Yunes justifique sus yerros aduciendo que la violencia es entre criminales y que se están matando entre ellos.
Volvamos a las cifras. Hasta noviembre de 2017, es decir, en once meses de gobierno, en Veracruz se habían cometido 2 mil 420 crímenes. Dos meses después las cifras de secuestros, según datos oficiales y no oficiales, se había disparado en un 550 por ciento: se han perpetrado en un año 167 plagios. Esto quiere decir que la delincuencia organizada Veracruz opera en un paraíso: existe toda la posibilidad de asesinar, desaparecer, traficar con drogas de todo tipo y ejecutar a personas tanto de día como de noche sin que haya ningún riesgo de ser encarcelado. Esta oquedad legal, conjuntamente con la ingobernabilidad, es un verdadero escenario de bonanza para el crimen organizado y es la mejor promoción para que las mafias se asienten en la entidad.
Esto también quiere decir que el gobierno de Yunes manda un mensaje constante al mundo del hampa –nacional e internacional –en el sentido de que en el estado sólo se aplica la ley para los enemigos políticos, pero narcotraficantes, secuestradores, traficantes de personas y otros delincuentes pueden hacer y deshacer a sus anchas sin ser molestados.
Todo este desastre de inseguridad ocurre a pesar de que en el estado está toda la artillería pesada de la Federación: La Policía Militar arribó a Xalapa, Coatzacoalcos y Minatitlán. Estos dos últimos municipios, dese hace unos veinte años, han sido considerados un verdadero corredor de la muerte. Aquí matar es un deporte y los policías son meros espectadores de la desgracia.
La Gendarmería Nacional está patrullando la zona de Córdoba-Orizaba, otro corredor de la delincuencia organizada, pero ni así se puede frenar la violencia, los asesinatos y secuestros.
Y cuando la gente se pregunta por qué no se frena la violencia en Veracruz, la respuesta es obvia: porque el gobierno de Yunes, en coordinación con las fuerzas federales, están llevando a cabo una limpieza de la plaza. Por eso nadie se opone a que entre los propios criminales se ejecuten, por eso ninguna corporación local ni federal está implementando operativos eficaces, pues es claro que al gobierno ya no le interesa detener a los delincuentes sino matarlos. A eso en Tamaulipas y en Sinaloa se le ha denominado “Operación Barredora”.
Y es que después de un largo periodo de dominio por parte del cártel de Los Zetas, que arribaron a Veracruz a finales de la década de los noventa con Osiel Cárdenas a la cabeza del cártel del Golfo, lo que está ocurriendo ahora en Veracruz es una guerra entre cárteles por el control de la plaza. Y tanto el Ejército como la Marina están supervisando el reacomodo de fuerzas para que finalmente sea uno sólo grupo o dos los que se queden con el territorio y con el amplio portafolios de negocios que incluyen unas veinticinco tipologías delictivas. Cuando esto ocurra el estado podría comenzar a pacificarse. Pero mientras tanto la violencia, es muy probable, puede aumentar en los próximos meses.
Actualmente son seis los cárteles que a sangre y fuego se disputan el territorio: Los cárteles de Jalisco Nueva Generación y del Golfo; Los Zetas, Cárteles Unidos, Jarochos Unidos y Gente Nueva. Algunos llevan varios años operando en el estado; otros arribaron con el gobierno de Yunes Linares, como fue el caso del Cártel de Jalisco, antiguo brazo de Sinaloa, cuyo asiento es el estado de Jalisco, bastión, en otro tiempo, de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El anuncio de la limpieza de narcos en el estado no es nuevo. En abril de 2016, un nuevo cártel apareció en la entidad. Se autodenominó Jarochos Unidos e irrumpió en el escenario estatal con una “narcomanta” en la que se podía leer: “Empieza la limpieza. Venimos por todos los pinches mugrosos del CJNG, que son los mismos que Los Zetas: rateros, secuestradores y mugrosos que matan inocentes… pero siguen cobrando cuotas”.
Horas después, en Tierra Blanca otra manta apareció con un nuevo narcomensaje: “Aquí estamos aún y no permitiremos que ninguna lacra venga a robarles la tranquilidad (a la población), como ya lo vieron, no jugamos. El viernes fue El Tigrillo, un delincuente dedicado al tráfico, robo y secuestro y que forma parte de los mugrosos Zetas. Les recuerdo: aquí estamos y no descansaremos hasta exterminarlos de la región. Tierra Blanca es de los terrablanquenses. No se equivoquen, lacras. Somos (Ciudadanos Unidos C.U) y estamos aquí para limpiar de basura, secuestradores, ladrones, extorsionadores. Los conocemos a todos. La lista es larga”.
Era la guerra, sin duda, guerra que aún continúa sin que autoridad alguna intervenga, pues la policía, como ya se dijo, es mera espectadora de esta ola de masacres y secuestros.
Y es que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no ha realizado la depuración de los cuerpos policiacos. Son los mismos policías infiltrados por el crimen organizado los que siguen operando. El único cambio que hizo Yunes fue geográfico: rotó a los principales mandos. Los que estaban en Tierra Blanca los mandó a Pánuco y los de Córdoba se fueron a Coatzacoalcos. Sin mayores filtros, sin depurar, sin exámenes de confianza.
De esta forma, la policía del estado –igual que ocurre en Tijuana, Tamaulipas o Coahuila –se ha convertido en un brazo operativo de la delincuencia organizada, por decir lo menos, pues en realidad en muchos otros estados las estructuras policiacas se transformaron en cárteles pagados por el Estado.
Todo el estado de Veracruz está en llamas. Xalapa, la capital, donde están los poderes, es un campo de batalla. Frente a los ojos de la policía el narcotráfico ejecuta y desaparece. El gobernador Yunes sólo justifica la violencia: es guerra entre delincuentes – dice –como si no le importaran las vidas humanas.
En la zona sur del estado –Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y Jáltipan, por citar sólo cuatro demarcaciones –la vida no vale nada. De acuerdo con datos consultados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública esa región lleva veinte años de violencia y en los últimos diez ésta se ha recrudecido. Todos los días –tanto de día como de noche –hay secuestros, asesinatos, levantones, desapariciones y robos.
El tráfico de drogas es un negocio legal: opera abiertamente y con el respaldo de la policía municipal. No hay autoridad que haga algo frente a ese flagelo del narcotráfico ni de la violencia.
En los últimos dos años y medio –se asegura –la gente ha optado por refugiarse en sus casas y las calles principales empiezan a quedarse vacías cuando cae la noche. Es evidente que el miedo penetra entre la gente. Solo en la zona del Malecón los bares y cantinas siguen abiertos, dan servicio a jóvenes que a deshoras de la madrugada siguen la parranda aún con todo el riesgo de enfrentarse a una balacera o a los secuestros que ejecutan las bandas de criminales incluso en el interior de restaurantes y bares. Esto no es vida, pero así es el día a día en un estado sin ley.
Cuando era un opositor político, Miguel Ángel Yunes emprendió una abierta campaña en contra de Fidel Herrera Beltrán, a quien acusó de todo y por todo. Le recriminó la inseguridad, los secuestros, los homicidios; a Javier Duarte le pidió incluso que dejara el cargo si no podía con la inseguridad. Cuando fue candidato a gobernador, en 2016, Yunes ofreció, entre otras cosas, que resolvería la inseguridad del estado y que encarcelaría a quienes habían defraudado a los veracruzanos.
Cumplió con lo segundo, pero no lo con lo primero. El crimen organizado campea impune por toda la entidad sin que el gobernador haya resuelto, a un año de gobierno, el problema que se comprometió a solucionar. Hoy que su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez es el precandidato al gobierno del estado muchos veracruzanos le recriminan que no hay vida posible ni desarrollo sin paz social.
Pero resulta muy claro que el objetivo de Yunes sólo fue cobrar venganza “haciendo justicia” y trabajar para que su hijo sea el nuevo gobernador. De esa forma Yunes Linares gobernaría ocho años. Se asegura que el gobernador tiene toda la estructura electoral bien aceitada por concretar su proyecto por encima de lo que se oponga. Dispone del dinero suficiente para asegurar el triunfo de la coalición PAN-PRD.
Mientras tanto, no se ve cómo el PRI –y su ala mafiosa –puedan superar este escenario, sobre todo porque Yunes –en medio de esta guerra y limpieza de plaza –se ha encargado de romper las estructuras del crimen organizado, aliadas del PRI, con lo cual ese partido se queda sin brazos y sin operadores que puedan sustentar un posible triunfo en las elecciones venideras.
De ahí que tenga sentido la “operación barredora”.
fuente.-Ricardo Ravelo/ 


LA HACIENDA FEDERAL ASIGNO a ESTADOS 300 MIL MILLONES "COMO le DIO SU REGALADA LANA"...sin claridad de reglas y control de criterios.

El Gobierno federal asignó en forma discrecional casi 300 mil millones de pesos extraordinarios a los Gobiernos estatales durante los primeros cinco años del sexenio de Enrique Peña.

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Esta discrecionalidad del Ejecutivo implica un riesgo de control político sobre los Estados y debilita a la Cámara de Diputados en su facultad de aprobar cada año el Presupuesto de Egresos, alertó la organización México Evalúa.

Estudios de este organismo indican que la asignación extraordinaria se concentró en tres programas del "Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas" sin criterios para determinar montos, sin reglas de operación y sin control por parte de la Cámara baja, pese a las cifras multimillonarias asignadas.

Tampoco hay transparencia en los convenios que se firman con cada entidad, ya que ni siquiera están disponibles en la información pública de la Secretaría de Hacienda.

"Por la forma en que se maneja el Ramo 23", afirmó Mariana Campos, coordinadora del Programa de Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, "podemos decir que no se trata de la caja chica, sino la caja grande del Gobierno federal, con montos que son superiores a programas educativos o de salud.

"Es un Ramo muy amplio en el que existen programas que carecen de reglas de operación que obedecen a la discrecionalidad total, en los que hay opacidad de cómo se distribuyen, qué criterios se aplican para entregar tal o cual cantidad a una entidad".

Este Ramo, remarcó, contiene el riesgo cada día de un uso político y discrecional por la dependencia de las entidades de los recursos federales.

En el 2013, al comenzar la gestión de Peña, Hacienda destinó 41 mil 668 millones de pesos a las entidades por medio de la partida Programas Regionales, que el año anterior había tenido una asignación de sólo 5 mil 537 millones de pesos.

Durante el 2014 y el 2015, las asignaciones millonarias a las entidades fueron por 131 mil 771 millones de pesos mediante el programa Contingencias Económicas.

Este programa es el antecesor del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el mismo del que el Gobierno de Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral, reclamó 700 millones de pesos a Hacienda para el ejercicio 2017, monto que aún no se le entrega.

Campos resaltó que la entrega de recursos extraordinarios a las entidades habría sido sólo por medio del Fondo de Fortalecimiento Financiero.

Precisó que en el caso de Chihuahua sí se puede apreciar un manejo discrecional de recursos a lo largo del sexenio.


"Esa entidad sí es ejemplo de cómo se toman decisiones discrecionales y políticas por parte de Hacienda en la entrega de los recursos federales, con cifras totalmente diferentes y sin que se conozcan los criterios tomados", aseguró.

Fuente.-

viernes, 19 de enero de 2018

"PERROS NO se MUERDEN la COLA SOLOS",PERO el "PRICANDIDEDOTE MID" PLANTEA PENA MAXIMA a CORRUPTOS...y quitar bienes a los malos.

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, planteó a los partidos impulsar en el Congreso una reforma para aplicar la pena máxima de cárcel a políticos corruptos.

En la tierra del ex Gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, encarcelado por actos de corrupción, el aspirante a la Presidencia consideró que existen al menos cinco pendientes en materia de corrupción que los precandidatos o coaliciones pueden promover desde ahora.

La iniciativa que propone plantea tres puntos: cárcel con pena máxima ampliada para los corruptos y confiscar dinero, propiedades y bienes de funcionarios corruptos, no solamente los que estén a su nombre sino también aquellos en donde se ostenten como propietarios, aunque los tengan registrados por terceros.

Así como crear una instancia que certifique las declaraciones patrimoniales y de impuestos de funcionarios, a fin de que exista consistencia y "evolución lógica" entre los cargos desempeñados, ingresos obtenidos, bienes y recursos con los que se cuente.

"Ampliaremos y aplicaremos la suspensión e inhabilitación máxima a funcionarios públicos corruptos. Quienes cometan actos de corrupción tendrán que reponer lo robado y quedarán inhabilitados para participar en procesos de contratación. No sólo quedarán inhabilitados de participar en el servicio público", apuntó Meade en un mensaje a medios.

Aseguró que él puede acreditar los bienes que tiene, por lo que, afirmó, no existe ninguna simulación de su parte.

"Por educación y por convicción, estoy contra toda forma de corrupción, en particular si ésta viene de quien debe de servir a la sociedad", agregó.

Plantea que los funcionarios que no puedan acreditar su patrimonio, éste sea confiscado de manera inmediata.

Consideró que se ha abusado de la confianza y el esfuerzo de la gente en el ejercicio de sus responsabilidades dentro del servicio público, por lo que debe existir una legislación más dura.

"El combate a la corrupción no puede esperar, por lo que hago un llamado también a los otros precandidatos, a las otras coaliciones y a los otros partidos políticos, a que también se sumen e impulsen esta iniciativa", demandó.

Recordó que las otras tres propuestas son nombrar a los magistrados de las secciones y salas especializadas en materia de responsabilidades administrativas por actos de corrupción, pues es un asunto que mantiene trunco el Sistema Nacional Anticorrupción.

Además de avanzar en la autonomía del Ministerio Público Federal, así como nombrar a los fiscales General y Anticorrupción, y aprobar una nueva legislación en materia de contrataciones públicas que reduzca los espacios de la corrupción.

fuente.-



ESTRATEGIA del "TOPON,PERSECUCION y TIROTEO" AMENAZA con MATAZON en REYNOSA,POLINEGROS ABATEN a 1...prioridad en las capturas desplaza a ciudadanos como prioridad.

Tras una persecución de policías estatales contra supuestos narcomenudistas, la camioneta gris en la que huían se impactó contra un vehículo estacionado y el chofer resultó abatido.

La persecución comenzó en la calle 20 y Munich, de la Colonia Cañada, y siguió por la Munich adentrándose al primer fraccionamiento de interés social (Infonavit) que tuvo Reynosa, la vieja Colonia La Cañada.

En el cruce con la calle Londres, justo en el crucero lateral del Conalep-Reynosa, la camioneta Ford gris F-150 se estrelló de frente contra una camioneta Van chatarra y un árbol, que desprendió por ir a toda velocidad.

Presuntamente, un acompañante alcanzó a huir, pero vecinos aseguran que iba herido.

Mientras que el chofer de la camioneta quedó golpeado, pero aún así pretendió huir disparando a diestra y siniestra, apenas bajó de la camioneta y fue acribillado por los policías estatales de "Fuerza Tamaulipas".

Los agentes policiacos rodearon el crucero y cerraron el paso al tráfico, pese a ser la calle Londres de alta circulación y apenas arribar alumnos a clases, por permitírseles retrasos por el frío clima de 4 grados centígrados en esa hora de la mañana (8:30 horas).

Tras casi una hora de espera arribó el personal de Servicios Periciales, agentes de la Policía Federal extendieron la zona acordonada.

Dos horas después de los hechos, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense y la camioneta chocada fue asegurada.

Fuente.-



NUEVO INQUILINO del ALTIPLANO,ALOJAN al Z-40 en la "CELDA de la FUGA del CHAPO"...despues de la vergüenza y 2 mil metros cúbicos de tierra.

Omar Treviño Morales, El Z-42, líder de la organización criminal de Los Zetas, es el nuevo inquilino de la celda 20 del área de tratamientos especiales de El Altiplano, que ocupó Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, hasta el 11 de julio de 2015, día de su evasión.
A un año de la extradición de El Chapo y a 17 de la fuga de Puente Grande, Jalisco, el túnel por el que se escapó de El Altiplano quedó sellado con 2 mil metros cúbicos de tierra que fueron removidos con 290 camiones de volteo.
En la celda que ocupó Guzmán Loera ahora está El Z-42, detenido en marzo de 2015 en Nuevo León. En octubre de 2016 fue trasladado al penal de Ocampo, Guanajuato.
Dos meses después, Omar Treviño regresó al Centro Federal de Readaptación Social número 1 Altiplano, para ocupar la celda 20 del área en la que se encuentran líderes de cárteles del narcotráfico como Servando Gómez, La Tuta, de Los Caballeros Templarios; Mario Casarrubias Salgado, El Sapo, de Guerreros Unidos, y Mario Cárdenas Guillén, El M1, del Cártel del Golfo.
El Z-42 enfrenta procesos por portación de arma de fuego, operaciones con recursos de procedencia ilícita y privación ilegal de la libertad. De acuerdo con información de la PGR, entre 2007 y 2016 le fueron aseguradas tres aeronaves, una empresa, ocho inmuebles, 52 vehículos, mil 220 dólares y 400 mil pesos.
En esa celda, Guzmán Loera era vigilado las 24 horas del día con circuito cerrado, pero tenía dos puntos ciegos por respeto a sus derechos humanos, las áreas sanitarias y de regadera, mismas que fueron aprovechados por el líder del Cártel de Sinaloa para planear su fuga.
Tres meses después de haber sido recluido en El Altiplano,Joaquín Guzmán comenzó a preparar su fuga con la ayuda de familiares y amistades cercanas, que compraron un predio a 1.5 kilómetros del penal, donde desembocó el túnel.
Édgar Coronel, cuñado de El Chapo, se encargó de organizar y supervisar la construcción del túnel. A Óscar Manuel Gómez se le identificó como el principal operador y organizador de la fuga.
Héctor Takashima fue el piloto que trasladó en una avioneta de Querétaro a Sinaloa al capo. Lázaro Araujo coordinó la construcción del túnel, Germán Valdez, amigo de El Chapo, fue el encargado de comprar el predio. El empresario poblano Manuel Rodolfo Trillo Hernández habría financiado la fuga.
fuente.-