El Gobierno federal asignó en
forma discrecional casi 300 mil millones de pesos extraordinarios a los
Gobiernos estatales durante los primeros cinco años del sexenio de Enrique
Peña.
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Esta
discrecionalidad del Ejecutivo implica un riesgo de control político sobre los
Estados y debilita a la Cámara de Diputados en su facultad de aprobar cada año
el Presupuesto de Egresos, alertó la organización México Evalúa.
Estudios de este organismo
indican que la asignación extraordinaria se concentró en tres programas del
"Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas" sin criterios para
determinar montos, sin reglas de operación y sin control por parte de la Cámara
baja, pese a las cifras multimillonarias asignadas.
Tampoco hay transparencia en los
convenios que se firman con cada entidad, ya que ni siquiera están disponibles
en la información pública de la Secretaría de Hacienda.
"Por la forma en que se
maneja el Ramo 23", afirmó Mariana Campos, coordinadora del Programa de
Presupuesto y Rendición de Cuentas de México Evalúa, "podemos decir que no
se trata de la caja chica, sino la caja grande del Gobierno federal, con montos
que son superiores a programas educativos o de salud.
"Es un Ramo muy amplio en el
que existen programas que carecen de reglas de operación que obedecen a la
discrecionalidad total, en los que hay opacidad de cómo se distribuyen, qué
criterios se aplican para entregar tal o cual cantidad a una entidad".
Este Ramo, remarcó, contiene el
riesgo cada día de un uso político y discrecional por la dependencia de las
entidades de los recursos federales.
En el 2013, al comenzar la
gestión de Peña, Hacienda destinó 41 mil 668 millones de pesos a las entidades
por medio de la partida Programas Regionales, que el año anterior había tenido
una asignación de sólo 5 mil 537 millones de pesos.
Durante el 2014 y el 2015, las
asignaciones millonarias a las entidades fueron por 131 mil 771 millones de
pesos mediante el programa Contingencias Económicas.
Este programa es el antecesor del
Fondo para el Fortalecimiento Financiero, el mismo del que el Gobierno de
Chihuahua, que encabeza el panista Javier Corral, reclamó 700 millones de pesos
a Hacienda para el ejercicio 2017, monto que aún no se le entrega.
Campos resaltó que la entrega de
recursos extraordinarios a las entidades habría sido sólo por medio del Fondo
de Fortalecimiento Financiero.
Precisó que en el caso de
Chihuahua sí se puede apreciar un manejo discrecional de recursos a lo largo
del sexenio.
"Esa entidad sí es ejemplo
de cómo se toman decisiones discrecionales y políticas por parte de Hacienda en
la entrega de los recursos federales, con cifras totalmente diferentes y sin
que se conozcan los criterios tomados", aseguró.
Fuente.-
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